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Otro contundente mensaje de la Cámara Penal de Apelaciones al revertir una decisión de la jueza Norma Senn en un caso de abusos sexuales.

El juez José Mántaras ordenó este martes la inmediata detención de Sebastián Alberto Masín, de Villa Ana; y la policía ya lo hizo esta misma noche. Antes, otro camarista había ordenado la detención del padre, quien se suicidó antes de ser detenido.

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José Mántaras, juez de cámara.

El fallo firmado este martes 27 de octubre de 2020 por el juez de la Cámara Penal de Apelaciones José Mántaras, resolvió:

1 - Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el fiscal Norberto Ríos y por ende revocar la Resolución 191 de fecha 03 de agosto de 2020 que había firmado la jueza de la investigación penal preparatoria Norma Senn, quien le había permitido al imputado de abusar de su hermana, continuar en libertad.

2 - Disponer la Prisión Preventiva de Sebastián Alberto Masin.

3 - Ordenar la inmediata detención y puesta a disposición del encartado, librándose oficio a la Unidad Regional IX de Policía, lo que ya se cumplió en la misma noche de este martes.

4 - Notificar a la víctima y/o su representante legal.

 

Sebastián Alberto Masin está imputado de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el vínculo, al ser las víctimas sus hermanas.

La jueza de la investigación penal preparatoria, Norma Senn, había denegado al fiscal su pedido para que deje a Masín en prisión preventiva porque entendió que no había logrado acreditar ni el peligro de fuga ni el riesgo de entorpecimiento probatorio, que se limitó a apreciaciones subjetivas; y le señaló que la protección de las víctimas no es un fin legítimo de la prisión preventiva, sino los peligros procesales, ya que de lo contrario -a su entender, implicaría un dictado automático e ilegal de encierros cautelares.

 

Para la Dra Senn, era suficiente cautelar el testimonio pendiente de la niña (en Cámara Gesell) mediante restricciones a la libertad que le concedió al imputado. 

 

Pero para el juez superior, estaban dadas las razones legales como para dar lugar a la prisión preventiva solicitada por el Dr. Ríos, ya que están acreditados los extremos que fija el Código Procesal Penal.

 

Dice el Dr. Mántaras: "no puedo obviar que estamos en presencia de un inescrupuloso delito cometido en el ámbito familiar, podríamos decir que de acuerdo a las constancias ventiladas, estaba naturalizado, y esto se desprende de la absoluta falta de factores inhibidores, culturales y morales por parte de ambos imputados, máxime por la condición de parentesco directo de padre y hermano".

El Dr. Mántaras coincide con lo que ya resolvió previamente su colega de la Cámara, Dr. Eduardo Bernacchia, el jueves 24 de septiembre de 2020, cuando ordenó la inmediata detención preventiva de Jorge Oscar Masín, padre de Sebastián, ya que "estos abusos intrafamiliares fueron detonados a partir de que el padre del imputado (quien también estaba imputado y se suicidó antes de ser detenido) impusiera que su hija viva con él en el campo con la finalidad de mantener relaciones sexuales, y que otra hija (que también menciona) le proveyera los preservativos, a lo que podemos sumar ahora, no solo el testimonio que ésta ha referido de haber visto a su hermano (imputado) abusar de (su hermana), sino también que esta última ha padecido los mismos abusos". Los indicios que se requieren para resolver en este estado del proceso, "razonablemente nos conduce a entender que las degradantes conductas abusivas se replicaron en el tiempo para con sus dos hermanas ", sostiene el Dr. Mántaras, quien tiene en cuenta la evaluación psicológica de una de las víctimas menor de edad, quien -a pesar de ser acompañada por su madre, se la observó muy atemorizada, con una postura corporal abatida y reticente al diálogo. Expresó que no se sentía preparada para hablar de todo, hizo largos silencios, no mantuvo contacto ocular, miraba hacia abajo de manera constante, lloraba, evidenciaba sentimientos de temor y culpa por la repercusión de la revelación de estas situaciones en la dinámica familiar, parecía indefensa y que no percibía seguridad y apoyo en sus vínculos familiares.

En otra intervención evaluadora, la menor dijo que quería contar "todo lo que me pasó de una vez, yo lo quiero hacer y terminar con esto". Fue el 18 de agosto de 2020.

Para el juez de la apelación, "es evidente que los parámetros para evaluar los riesgos procesales juegan en función de la amenaza punitiva", y entiende que a partir del análisis de las circunstancias surge la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. 1) Por la magnitud y modo de cumplimiento de la pena en expectativa; 2) por la importancia del daño a resarcir y la actitud que el imputado adoptará voluntariamente frente a él, "extremos que aún en esta etapa preliminar los considero acreditados y relevantes para la consideración de la medida cautelar, máxime cuando es la propia resolución apelada la que los reconoce, como así también que frente a la eventualidad de una sanción penal de menor cuantía, ésta sería de efectivo cumplimiento".

También el Dr. Mántaras tomó en cuenta la Resolución 2005/20 de Naciones Unidas respecto a las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, norma que recuerda las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General en su Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, y en particular sus artículos 3 y 39, así como las disposiciones del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño; y en particular el artículo 8 que reconoce que se debe garantizar justicia a los niños que son víctimas y testigos de delitos, salvaguardando al mismo tiempo los derechos de los acusados.

"En dicho contexto -señala el camarista- también se ha reconocido en la sentencia que la tensión que vive la niña resultaría de que evidenciaría una contradicción interna por que no quería que su padre vaya preso. Sin embargo, nada ha señalado en relación al imputado Sebastián Masin, más allá de las lógicas  referidas al contacto familiar...".

Entiende el Dr. Mántaras que los indicios aportados por el Fiscal Norberto Ríos reúnen la suficiencia para satisfacer el umbral mínimo... "se ha descripto un contexto de abuso intra-familiar caracterizado por un silencio que incluso podría ser de años; así es que debe procurarse el contexto adecuado donde la niña se sienta protegida y contenida para liberar la palabra y que su relato fluya. En conclusión, los elementos arrimados por el fiscal, el contexto y características del hecho, considero son suficientes en esta instancia y con el grado de provisoriedad que la caracteriza, para tener por acreditado el primer inciso del art. 220 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe".

El Dr. Mántaras se inclina por "dar preeminencia a que los niños que son víctimas y testigos de delitos son especialmente vulnerables y requieren protección especial, asistencia y apoyo apropiados para su edad, nivel de madurez y necesidades especiales a fin de evitar que su participación en el proceso de justicia penal les cause perjuicios y traumas adicionales por las graves consecuencias físicas, psicológicas y emocionales de la delincuencia y la victimización para los niños que son víctimas y testigos de delitos".

Recuerda además el magistrado que "el Estado Argentino ha asumido el compromiso de proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales" y otras reglas.

Recuerda que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos refiere que la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tomarse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia; asimismo, la Comisión considera que la presunción de culpabilidad de una persona no sólo es un elemento importante, sino una condición sine qua non para continuar la medida restrictiva de la libertad. Además, significativo es cuando en el referido informe la CIDH tiene especialmente en cuenta para el dictado de la medida cautelar, "la posibilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios elementos, incluyendo los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada, "circunstancias que, por cierto, aún en esta precoz etapa del proceso, lucen suficientemente demostradas; y en consecuencia, frente a este escenario, se impone, como en todos los casos, un obrar mesurado y responsable, que al momento de evaluar la pretensión partiva tenga un enfoque dual, o sea, el concerniente a los derechos no solo del imputado, sino también el de la víctima, y en el caso que tratamos, una mujer menor de edad a la que se le ha vulnerado ultrajantemente en forma reiterada el preciado bien jurídico de su integridad sexual, sin obviar las graves secuelas que conllevan para su normal y armonioso desarrollo estos execrables sucesos intrafamiliares".

Señala el Dr. Mántaras que el respeto de la inocencia constitucionalmente consagrada, "no nos puede convertir en necios" porque el juicio que se hace al establecer parámetros para juzgar la probabilidad de fuga (dado que la seguridad absoluta es inaccesible para el entendimiento humano) entraña un pronóstico donde cabe evaluar si la condena es poco o muy probable. "Con relación a este caso, siempre en base a la entidad objetiva de la prueba colectada, la pena en grado de expectativa luce verosímilmente aplicable, circunstancia que mella sustancialmente el estado de presunción de inocencia, generando con ello un serio peligro de elusión", menciona.

En consecuencia, analizados los antecedentes vinculados al recurso instado, el juez de Cámara Penal de Apelaciones, Dr. José Mántaras, resolvió:

1 - Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público de la Acusación y por ende revocar la Resolución 191 de fecha 03- AGO -20 inserta en el Libro de Autos y Sentencias al N° 9, Folios 319/324.

2 - Disponer la Prisión Preventiva de Sebastián Alberto Masin, demás datos de identificación personal obrantes en autos y/o Oficina de Gestión Judicial, la cual, conforme a los preceptos procesales de los artículos 225 sig y concordantes del CPP podrá ser jurisdiccionalmente revisada.

3 - Ordenar la inmediata detención y puesta a disposición del encartado, librándose oficio a la Unidad Regional IX de Policía (Dep. Gral. Obligado).-

4 -Notifíquese a la víctima y/o su representante legal (Art. 80 inciso 3, sig y conc del CPP)

5 - Regístrese protocolarmente, adjúntese copia a los autos, notifíquese por el órgano administrativo oportunamente, archívese.- 

Producción periodística: ReconquistaHOY. 

Gracias a los colegas que citan la fuente.

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Norma Senn, jueza.
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Norberto Ríos, fiscal.