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Nueva audiencia por las denuncias contra el médico Pablo Gazze: Qué dispuso el juez para que las víctimas puedan asegurarse la indemnización en caso de ser condenado. 

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Pablo Gazze durante la audiencia del 20 de noviembre de 2020. Está alojado en la Comisaría de Avellaneda desde el 22 de julio.

El juez de la investigación penal Santiago Banegas resolvió disponer la inhibición general de bienes del médico Pablo Gazze, la cual podrá ser sustituida por el ofrecimiento de bienes libres en embargo hasta cubrir la suma de $3.000.000.-  
Dicha medida cautelar será inscripta librándose los oficios a los registros pertinentes una vez que fuere constituida la contracautela por parte de los querellantes en la suma de $750.000.-, depositando dicho importe en una cuenta a abrirse a la orden del tribunal, o bien ofreciendo bienes registrables libres de todo gravamen en su lugar

La inhibición general abarca los registros de la propiedad de inmuebles, automotores y en el Registro Público de Comercio. 

La audiencia -realizada el viernes 20 de noviembre de 2020- fue solicitada por los abogados Eduardo Dolan y Adolfo Maggio, en representación de cuatro de las víctimas, a lo que adhirió otro abogado querellante por otra víctima, Dr. Andrés Ghio; y el fiscal Juan Marichal. Todos coincidieron en la necesidad de asegurar que el sospechoso no pueda transferir todos sus bienes como manera de que las víctimas puedan ser indemnizadas en caso de condena.

El defensor Gabriel Baucero se opuso a la medida, sin suerte; aunque logró que al menos el juez imponga la contra-cautela para garantizar la medida solicitada.

En su petición, en audiencia oral y pública, el abogado Dolan explicó que la inhibición general de los bienes no le impedirá al imputado continuar con el giro diario de sus actividades.

Otra mirada tuvo el defensor, para quien la inhibición "se asemeja a la muerte civil" de Gazze.

El Dr. Dolan pidió al juez que tenga en cuenta que hasta la realización del juicio puede pasar un tiempo largo y ha llegado a conocimiento de las damnificadas que se podrían transferir bienes del imputado, por lo que consideró procedente una medida cautelar en ese sentido, tal como lo establece la ley, para asegurar la reparación del daño a las víctimas, a los fines de poder reparar el daño causado. De no tomarse esta medida, las víctimas podrían sufrir el vaciamiento del patrimonio del imputado, remarcó; y ofreció una contra-cautela juratoria, a la que el juez le pareció insuficiente, y exigió la garantía de $750.000.- "La simple promesa jurada no alcanza para reparar eventuales daños de una petición sin derecho", había advertido el Dr. Baucero.

Frente a la resistencia del defensor, el Dr. Ghio chicaneó que no entendía cuál sería el problema de la inhibición, y preguntó con picardía si "acaso el imputado piensa deshacerse de los bienes".

Antes de fundamentar su decisión, el juez Banegas llamó la atención al abogado Baucero por haberle hecho advertencias que no le gustaron en cuanto a la aplicación de la ley. Dejó claro el magistrado que conoce y respeta la ley, y que es conveniente mantener una línea de respeto, como lo hace él con todas las partes. Contradijo además al Dr. Baucero respecto a lo que sostuvo sobre la incidencia del Código Civil en causas penales, como la que los ocupa. Le explicó además que las medidas cautelares son siempre sobre un sospechoso, nada tiene que ver aquí el principio de inocencia que invocó el defensor. 

Para el magistrado, "claramente" existe peligro de que el Dr. Gazze pueda desprenderse de bienes y quede incapaz de afrontar el pago de los gastos e indemnizaciones del juicio", y sostuvo que la medida requerida "luce razonable porque hay ocho víctimas y reiterados hechos delictivos bajo investigación, sumamente graves para las víctimas, por lo tanto si hay que indemnizar, seguramente habría un monto bastante elevado".

Fundamentó la imposición de la contra-cautela en el hecho que "es absolutamente necesaria y no alcanza con una mera promesa jurada, porque pueden tener toda la buena voluntad pero no los medios para responder por el daño causado. 
Existe derecho de las víctimas a una reparación y a cautelar eficaz y rápidamente bienes para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones, pero deben prestar contra-cautela porque es necesario que así sea".

 El magistrado dio la posibilidad al imputado y a su defensor de ofrecer un bien en embargo en lugar de una inhibición general de los bienes, si es como dijo que eso le causaría daños; y al no tener un "monto certero de la suma que se pretende cautelar, pero entendiendo que hay una enorme cantidad de víctimas que deberían ser indemnizadas en caso de condena, y las deudas que dice tener el imputado", le dio la opción de suplir la inhibición general de bienes por un bien de $3.000.000.- a embargar. 

Pablo Gazze continúa detenido preventivamente y sin plazo determinado, en la Comisaría de Avellaneda, donde fue alojado el 22 de julio.