Desde la política hablan hasta por los codos de la paridad de género; y en el año en que legislativamente se avanzó con la decisión política en ese sentido -que comenzará a regir próximamente en todo el territorio provincial- al elegir sus autoridades, el Concejo Municipal de Reconquista quedó con tres hombres en los tres principales cargos.
Presidente: Eduardo Paoletti - UCR - Frente Progresista Cívico y Social.
Vicepresidente primero: Gustavo López - PJ.
Vicepresidente segundo: Ignacio Correa - PJ.
Quienes votaron así son los cuatro concejales del PJ (entre ellos dos mujeres) y el presidente del cuerpo. Fue clave Eduardo Paoletti, ya que en todos los casos era empate 5 a 5 y le tocó desempatar a él como presidente, con doble voto.
La oposición votó para que esos cargos sean para Coco Báscolo, Fedra Buseghín y Natalia Capparelli, respectivamente.
Una curiosidad. Ninguno de los 10 miembros del cuerpo se expresó al respecto en la sesión, ni antes ni después de la votación. Ni los que en 2018 habían votado la Resolución reclamando la ley de paridad, ni las propias mujeres.
¿Van a decir ahora que están esperando que entre en vigencia la ley?. ¿Y el espíritu que el mismo Concejo enharbola desde octubre de 2018?. Porque hay otro colmo: Fue el Concejo Municipal de Reconquista una de las tantas instituciones que por Resolución habían pedido la ley de paridad. Es otro botón de muestra de la inconsistencia; y peor aún, de la falta de honestidad intelectual.
Firman una cosa y hacen otra.
Aquí otra prueba contundente.
El 18 de octubre de 2018, el Concejo Municipal de Reconquista aprobó sobre tablas la siguiente resolución:
Visto:
La necesidad de promover y garantizar la paridad de género en la conformación de las listas para cargos electivos municipales y provinciales en la provincia de Santa Fe, y;
Considerando:
Que a lo largo de la historia las mujeres han sufrido una gran desigualdad en todos los ámbitos de la sociedad respecto de los hombres, padeciendo la privación de derechos sociales, civiles y políticos.
Que la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres se remonta a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surgiendo en países como Reino Unido y Estados Unidos importantes movimientos sufragistas donde las mujeres se movilizaron exigiendo sus derechos.
Que dicha situación se propagó también en Argentina, donde se lograron desnudar los sistemas sociopolíticos construidos sobre la base de una jerárquica división sexual del trabajo mediante la conquista de derechos civiles y laborales, plasmados en normas como la Ley Nº 11.317 de Régimen de Trabajo Infantil y de Mujeres y la Ley Nº11.357 de derechos civiles de las mujeres.
Que en la República Argentina, uno de los grandes avances en materia de derechos de las mujeres se dio a partir de la sanción de la Ley de Voto Femenino, dictada durante la presidencia de Juan Domingo Perón e impulsada por Eva Duarte, por la cual las mujeres conquistaron para siempre el derecho a participar y definir el destino común del país.
Que, a partir de dicho acontecimiento histórico y fundamental, las mujeres argentinas ingresaron a la vida política nacional, iniciando un camino sin retorno de progreso histórico en términos de protagonismo público.
Que, sin embargo, y teniendo en cuenta los avances en materia de derechos de las mujeres, las normativas vigentes no garantizan la igualdad real de oportunidades en el seno político.
Que es necesario establecer políticas que eliminen esa desigualdad ya que se encuentra en juego el derecho a ser elegido y el derecho a ser representado en el gobierno, siendo inevitable dictar normas que establezcan la paridad entre varones y mujeres para ocupar cargos electivos, pilar fundamental para la vida democrática de la sociedad argentina.
Que es una obligación del Estado adoptar medidas para terminar con la desigualdad entre ambos géneros, reproducida por generaciones de manera inconsciente a través de la tradición, la costumbre y el hábito.
Que la paridad de género en cargos electivos debe ser concebida como un paradigma de igualdad entre varones y mujeres, y no como un cupo más amplio, debiendo incorporarse al sistema de representación política para lograr efectivizar el principio de igualdad de oportunidades para ser elegidas y ocupar cargos políticos.
Que los sistemas de representación democráticos deben ofrecer a las ciudadanas y los ciudadanos iguales condiciones para elegir a sus representantes y acceder al poder.
Que la Organización de las Naciones Unidas cuenta con una entidad para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer conocida como la ONU Mujeres, que tiene como objetivo promover la igualdad de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el mundo, apoyando a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de normas internacionales para lograr su cometido y trabajando con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que se implementen los objetivos planteados.
Que los Tratados de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional prevén el ejercicio pleno e indiscriminado de los derechos políticos de las personas, tal como lo establecen la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 23), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (art. 25) y especialmente sobre la mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 7.
Que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha entendido que los derechos políticos, consagrados en diversos instrumentos internacionales, “propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político” tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en sus principales pronunciamientos en materia de derechos políticos, en los casos Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos (Corte IDH 2008b, 42, párr. 141) y Yatama vs. Nicaragua (Corte IDH, 2005b, 88, párr. 192).
Que el artículo 75 inciso 23 de nuestra Constitución Nacional dispone como atribución del Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Que la Constitución Nacional en su artículo 37 garantiza la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios a través de acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.
Que el Constituyente de 1994 incorporó la Cláusula Transitoria Segunda en la que estableció que las medidas positivas del último párrafo del artículo 37° no podrán ser inferiores a las vigentes al momento de sancionarse
la reforma.
Que en el año 1991 se promulgó la Ley de Cupo Femenino que estableció que las listas que se presentasen debían tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas, resultando un avance en materia de derechos políticos de las mujeres y marcando un punto de partida y no de llegada respecto de la participación real de la mujer en la esfera política.
Que en el año 2009, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 26.485 de "Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales" que presenta entre sus objetivos la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida.
Que veintiséis años después de la sanción de la Ley de Cupo, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.412 que establece la paridad de género en ámbitos de representación política, estableciendo como requisito para la oficialización de listas de candidatos para senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur que se integre ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente.
Que en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe se encuentra en tratamiento un proyecto de Ley sobre Paridad de Género que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, que establece como requisito que se respete una equivalencia del cincuenta por ciento (50%) de mujeres y otro cincuenta por ciento (50%) de varones en las listas de precandidatos/as o candidatos/as de los Partidos Políticos, Confederación de Partidos o Alianzas Electorales para la elección de Diputados Provinciales, Concejales Municipales, Comisiones Comunales y Convenciones Constituyentes así como en las listas de candidatos/as que compitan para la designación de autoridades
partidarias.
Que en nuestra provincia, entre 1983 y 1995, menos del 5% de los integrantes de la Cámara de Diputados fueron mujeres; y desde 1995 a la fecha, la cantidad de mujeres ascendió pero nunca superó el 35% sobre el total de bancas. En lo que refiere al Senado Provincial, desde 1983 a la fecha, el máximo de escaños ocupados por mujeres fue de 2 sobre un total de 19 asientos que componen el cuerpo.
Que en lo que concierne al Poder Ejecutivo Provincial, en 2016, sólo dos Ministerios -de los catorce existentes eran ocupados por mujeres y en la actualidad, ese número asciende a cinco Ministerios.
Que existen provincias argentinas que han legislado sobre la paridad de género tales como Córdoba, Río Negro, Santiago del Estero y Municipios tales como Neuquén, Corrientes, Hurlingham, entre otros.
Que la paridad de género en el Concejo Municipal permitirá garantizar a la mujer su inclusión en la vida pública, asegurándole la vigencia y ejercicio real de los derechos políticos y sociales en condiciones de igualdad.
Que este proyecto busca generar la paridad en el armado de las listas, estableciendo “el cupo” del 50% para las mujeres y la confección de listas con el sistema de cremalleras, que implica el intercalado de géneros.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, SANCIONA LA SIGUIENTE:
R E S O L U C I O N Nº 4.242/18.
1).- DIRIJASE a la Honorable Cámara de Senadores de la Legislatura de la provincia de Santa Fe a fin de MANIFESTAR el expreso apoyo de este Cuerpo al proyecto de ley sobre Paridad de Género que establece como requisito que se respete una equivalencia del cincuenta por ciento (50%) de mujeres y otro cincuenta por ciento (50%) de varones en las listas de precandidatos/as o candidatos/as de los Partidos Políticos, Confederación de Partidos o Alianzas Electorales para la elección de Diputados Provinciales, Concejales Municipales, Comisiones Comunales y Convenciones Constituyentes así como en las listas de candidatos/as que compitan para la designación de autoridades partidarias, que está pendiente de tratamiento y resolución por ante esta Honorable Cámara y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de
Diputados de esta Legislatura.
2).- COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal.
SALA DE SESIONES, 18 de octubre de 2018.
