Hace 20 años asesinaron a Francisco Meza, de 67 años; su hijo Rafael Meza, de 28; y a su vecino, Matías Bustamante, de 18 años, cuando estaban en su ranchada de pescadores en la zona de El biguazal, 5 minutos aguas arriba de Puerto Reconquista, en la costa del Río Correntoso, hecho que para los familiares de las víctimas "quedó totalmente impune ".
"Hasta el día de hoy los seguimos recordando con cariño y afecto ", dicen los familiares mediante un comunicado, donde señalan que "por parte de la justicia, este asesinato quedó impune"; y dicen que es "de tanta corrupción que hubo en el recopilado de pruebas de jueces, fiscales y abogados ".
Finalmente expresan que "el fin de este mensaje es recordar esta tragedia a la comunidad; y que lo que sucedió sigue presente y no lo olvidamos, pero salimos adelante como familia, siempre unidos, alegres y recordando a nuestros seres queridos ".
Se ordenó la realización de un nuevo juicio
Por este hecho, ya había sido condenado a prisión perpetua Carlos Cano, en el año 2004, pero luego el juicio fue declarado nulo a partir de la hecatombe del sistema penal santafesino ocasionado por los cuestionamientos del Dr. Fraticheli, un ex juez penal que había sido condenado -igual que su esposa- por el homicidio de su hija. Eso derivó en el cuestionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a todo el sistema penal de la provincia; se declararon nulos varios juicios en toda la provincia y liberaron a los condenados; y aceleró un cambio histórico.
Mientras tanto, Carlos Cano estuvo preso seis años y medio; luego liberado a la espera del nuevo juicio; el que ahora debería afrontarlo, ya que a mediados de 2019, la Cámara Penal de Apelaciones integrada por los jueces Eduardo Bernacchia (presidente), Sebastián Creus y Alejandro Tizón, resolvió que el caso no ha prescripto, por lo que la Oficina de Gestión Judicial debe designar un tribunal para que se lleve a cabo nuevamente el juicio, dentro de lo que es el nuevo sistema penal acusatorio.
Carlos Cano está acusado de ser coautor del triple crimen de los pescadores Francisco Aureliano Meza; su hijo Rafael Aureliano Meza; y Matías Alberto Bustamante, hecho ocurrido el 01 de enero de 2001 en la zona de El Biguazal, cinco minutos de navegación aguas arriba de Puerto Reconquista, por el Río Correntoso.
El abogado Ricardo Degoumois, como defensor de Cano, había planteado la prescripción del caso, pero no consiguió su objetivo. En las dos instancias no dieron lugar a su pedido. En julio de 2019, cuando fue noticia la decisión de realizar de nuevo el juicio porque se considera "no prescripto", Degoumois dijo a ReconquistaHOY que entiende que es "inaceptable" que Cano siga sometido a proceso luego de 19 años del hecho "porque la morosidad judicial es tremenda". También sostuvo que el sospechoso ha sido "estigmatizado con este delito, se le ha causado un daño irreparable, ha estado 6 años y 6 meses detenido hasta que la Corte ordenó la nulidad de todo lo actuado y entendemos que la Justicia no lo ha juzgado en tiempo oportuno. Someter a una persona 19 años a un proceso es absolutamente lesivo de cualquier garantía constitucional, entonces nosotros entendemos de que se debe expedir sobre el particular la justicia y ordenar la insubsistencia de la acción penal dado el tiempo transcurrido sin que se realice el juicio; no olvidemos que no hay una actitud dilatoria provocada por la defensa sino que el propio Poder Judicial, vaya Dios a saber por qué circunstancia, se ha negado siempre a realizar este trámite conforme a derecho".
Degoumois dijo que "los testigos fundamentales y esenciales de la causa no van a poder prestar testimonio porque han fallecido".
Como imaginaba que no iban a dar lugar a su planteo, anticipó entonces que presentaría un Recurso ante la Corte para que el juicio no se haga. Lo anticipó advirtiendo que "conozco el modo y forma en que el Poder Judicial de Santa Fe maneja la circunstancia, sobre todo con prescripciones en causas como ésta, donde lo va a dejar mal parado fundamentalmente ante de la comunidad y la prensa ".
Vale recordar que en el juicio oral y público realizado en el año 2014, Carlos Javier Cano fue condenado a prisión perpetua como coautor del triple homicidio calificado con alevosía, agravado por el uso de armas de fuego y robo calificado con uso de armas en concurso real. Los jueces fueron Mario Balestieri, Carlos Corti y Roberto Prieu Mántaras, quienes además dispusieron la extracción de copias y remisión al Juzgado de Instrucción por la presunta comisión de falso testimonio de los testigos Abel "Pepe" Sánchez, Alcides Borda, Darío Fernández, Alicia Fleyta y Andrés Romero. También le habían ordenado al entonces Juzgado de Instrucción que continúe con la investigación porque entendían "inadmisible que una sola persona haya podido ejecutar a las víctimas en forma simultánea”.
Si bien nunca se determinó el móvil de la masacre, el tribunal sostuvo que “podrán discutirse los móviles que llevaron a ejecutar este crimen, inusual y aberrante para la zona por la frialdad de los autores, pero no se puede negar desde ningún punto de vista que Cano estuvo y participó”. Determinaron que uno de los cartuchos encontrados en la escena del crimen fue disparado por la escopeta en poder de Cano; y además arribaron a la certeza de que el reloj secuestrado en poder de Cano pertenecía a una de las víctimas.
¿Por qué nuevo juicio?.
Porque en el año 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación derribó el viejo sistema penal santafesino. Fue cuando ordenó revisar las condenas dictadas por los tribunales de la Provincia de Santa Fe por considerar que el sistema penal santafesino no garantizaba la imparcialidad de los jueces intervinientes. Fue precisamente a raíz de un recurso presentado por la defensa en la causa donde habían condenado al ex juez de Venado Tuerto Carlos Fraticelli por el homicidio de su hija de 15 años, donde él y su mujer habían sido condenados.
Entonces la Corte Nacional obligó a la Corte Santafesina a dictar una acordada de emergencia para que las causas roten entre las distintas Cámaras, de manera que los mismos jueces que evaluaban los procesamientos no fueran los encargados de confirmar las condenas. A partir de allí, por ejemplo, las causas en las que se había pronunciado la Cámara Penal de Vera luego eran revisadas por la Cámara Penal de Rafaela, y viceversa, hasta que el 10 de febrero de 2014 Santa Fe comenzó a utilizar el nuevo sistema procesal penal que cambió rotundamente los procedimientos hasta la actualidad. Antes, por ejemplo, los mismos jueces que confirmaban un procesamiento luego podían confirmar una condena, lo que entendió la Corte Nacional no aseguraba la garantía constitucional de la imparcialidad.
