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Fiscal pide 20 años de prisión.

El joven estudiante imputado por abusar de menores deberá seguir en prisión preventiva tras fracasar un nuevo intento de su defensa, ahora en la Cámara de Apelaciones.

Mateo Cepeda es estudiante del quinto año del secundario y está detenido preventivamente por orden de la jueza penal Claudia Bressán, quien declaró legal la detención dispuesta por el fiscal Juan Marichal, abrió la investigación penal preparatoria y dispuso la prisión preventiva para que el fiscal pueda asegurar las pruebas.

El Dr. Marichal, quien investiga los abusos desde que Cepeda cumplió la mayoría de edad, en enero de 2020, reveló que hay otra causa abierta en el Juzgado Penal de Menores de la Dra. Griselda Delbón, por otros abusos cuando Cepeda aún era menor.

El fallo de Cámara Penal de Apelaciones que confirma la prisión preventiva, firmado este miércoles 20 de enero de 2021 por el juez José Mántaras, dice:

RESULTA:

Que la defensa técnica del imputado Mateo Fabián Cepeda a cargo de los Dres. Andrés Ghio y Juan José Celano interpone recurso de apelación contra la resolución 902 de fecha 22/10/20 por la cual la Jueza Penal de Reconquista, Dra. Claudia Bressan resuelve “1) Rechazar el pedido de libertad y/o prisión preventiva domiciliaria formulado por la defensa técnica, manteniendo todos sus términos la cautelar oportunamente impuesta...".

Que la defensa presenta en fecha 27 OCT 20 el pertinente recurso de apelación, el cual es concedido por la magistrada y luego de las pertinentes notificaciones se designa el Tribunal de integración unipersonal, el que resuelve en fecha 28 OCT 20 admitir el mismo procediéndose conforme la manda del art. 401 CPP y fijando audiencia para el 18 ENE 21 con la intervención de este Magistrado como Juez de Cámara Penal en Feria.

Que en el devenir del trámite la OGJ, como órgano administrativo de apoyo al quehacer jurisdiccional da cumplimiento a lo ordenado, celebrándose el acto jurisdiccional mediante el sistema “zoom” con la presencia del Dr. Ghio por la defensa del justiciable, el Fiscal Dr. Alejandro Rodriguez y la querella a cargo del Dres. Ricardo Degoumois y Daniel Barale.

Dando comienzo – por su orden - al debate partivo, en apretada síntesis, la defensa ratifica los términos expresados en su pieza recursiva, insistiendo en que la Jueza se ha extralimitado en su decisión vinculada a la aplicación de la medida cautelar, integrando ahora el inciso 3ro del art 220 del CPP.

Dice agraviarse por cuanto también la magistrada ha modificado lo resuelto a favor de Cepeda, incorporando  fundamentos propios que contradicen su anterior, agregando que no se han tenido en cuenta los argumentos de la defensa.- Consigna que la decisión apelada es oficiosa, “...negando ahora  el derecho conferido y supeditado a una prueba...”, manifestando que “..existe peligro de fuga dada la magnitud de la pena del delito atribuído...” y que dicha circunsantancia no ha sido invocada las partes acusadoras.

Por su parte el Fiscal contesta los agravios no resultan suficientes, pidiendo ratificar lo resuelto dado que existe peligro de fuga.- Agrega que el MPA ha formalizado, al igual que la querella, su requerimiento acusatorio.

A su turno los querellantes sostienen que lo resuelto en la primera audiencia ha cobrado firmeza y no es motivo de esta apelación.- Alude a que el resultado de la Cámara Gesell ha sido absolutamente lapidario para los intereses de Cepeda, ratificado que ha gestionado su acusación, solicitando se confirme lo resuelto.

Concedida la palabra a la progenitora de los menores, expresa su oposición a que Cepeda recupere su libertad, aludiendo que sus hijos de tan solo 8 y 9 años de edad tienen graves secuelas producto del delito cometido, al extremo de tener que asistirlos mediante intervención psicológica.

Por último, el imputado niega que en libertad trate de evadir su responsabilidad o que fugue de la justicia, ofreciendo residir en otra localidad para evitar todo contacto con los menores.

Así escuchadas las partes, y

CONSIDERANDO;

Que habiendo solicitado este Tribunal la totalidad de los antecedentes necesarios para resolver sobre el objeto del recurso, advierto que en la carpeta de la baja instancia obra acta de audiencia de fecha 14 JUL 20 en la que se ha resuelto la legalidad de la detención del imputado y la fijación de fecha para tratar la medida cautelar peticionada por el Fiscal.- En ella, la defensa no se opone al anticipo jurisdiccional de prueba vinculado a las entrevistas de los menores mediante el método de Cámara Gessel y al mismo tiempo se gestiona por el titular de la acción la efectiva prisión preventiva sin plazos, medida que es concedida en la continuidad de la audiencia (fs. 7) en la forma que fue pretendida, pero con la dispensa o relevo de los términos del art. 225 para todo supuesto de revisión.

Que lo resuelto por la magistrada, a partir de conocerse las conclusiones del abordaje en Cámara Gessel, luce motivado y fundado en los recaudos previstos en el art. 220 del CPP, especialmente cuando se toma en consideración las evidencias probatorias y la magnitud de la pena en expectativa, a lo que puedo sumar, dada la condición de las víctimas, la especial protección que deben recibir en este caso.

Analizando las pruebas aportadas, caso concreto de las entrevistas en Cámara  Gessel, la profesional actuante ha abordado en fecha 15 OCT 20 a los menores (cuyas identidades se reservan por razones obvias) de tan solo siete y nueve años de edad, respectivamente.

Que la labor profesional plasmada en los informes, a pesar de ser copias y/o formatos idénticos en su estructura, al menos ofrece conclusiones que bajo el concepto de que “Detalla circunstancia de tiempo por asociación, acciones, lugar, personas, imágenes visuales en las que, según él, recuerda como fueron ocurriendo los hechos....que se puede vislumbrar verosimilitud en la modalidad de su relato durante el transcurso...” en definitiva, términos que aún ante su falta de precisión fáctica, no pueden ser desatendidos por este juzgador en atención al bien jurídico protegido e interés superior que revisten los menores.- Vale para futuras intervenciones recomendar a las entrevistadoras, sin perjuicio de lo que pidan las partes, que todas las evaluaciones contengan datos concretos y precisos respecto de los hechos que se someterán a juzgamiento, y no solo aludir a conceptos idénticamente genéricos, especialmente cuando la diligencia se enrola en los presupuestos de un anticipo jurisdiccional de la prueba a rendirse en el debate.

Asimismo se evidencia un avance en el proceso que se materializa en ambos requerimientos acusatorios de fechas 16/17 DIC 2020, cuyas descripciones fácticas y calificaciones típicas son de idéntico contenido, solo distinguibles por el formato escritural.- Los hechos, ahora sí detallados, revisten una extrema gravedad, y como bien se lo consigna por las partes, sus relatos, tanto ante las Licenciadas Michelli y Cripovich, prima facie, nos ofrecen graves y repudiables situaciones descriptivas que han merecido la credibilidad de las examinadoras, atribuciones que de acuerdo a las previsiones normativas guardan coherencia con la importante magnitud de la pena solicitada.

Ante todo este escenario procesal, la medida cautelar aplicada luce coherente y razonable, especialmente ante las conclusiones de la prueba anticipada que es indudablemente reveladora de su gravosa entidad, circunstancia que advierto como debidamente considerada por la a quo en su resolución de fecha 22 OCT 20 tomando como base fundacional que el el riesgo procesal de  fuga se puede elucidar por la magnitud de la pena en expectativa y el grave daño a resarcir.

La entidad de los relatos, sus reiteradas y diversas ejecuciones y pruebas colectadas con relación a los hechos achacados, ponen de manifiesto su irrefutable “peligrosidad sexual”, concepto que en su acepción genérica se encuentra previsto expresamente por el legislador en el artículo 41 del código penal, participando asimismo de las pautas a considerar en la negativa dimensión del acto, tal cual lo prevén las reglas generales que operan la procedencia de las medidas cautelares ( Arts. 205, 220, 221 sig y conc del CPP ), máxime frente a los hechos que nos ocupan.

Cabe tener presente que de acuerdo al Informe 2/97 de la CIDH se dan en el caso dos elementos para determinar la legitimidad de la prisión preventiva, como son la presunción de culpabilidad y el peligro de fuga que se puede construir ante la enorme seriedad del delito, el reproche punitivo y/o la severidad de la pena, los valores morales de la persona sometida a proceso, su ocupación, su patrimonio, los probados vínculos familiares, su educación, etc.

Que conforme a estas valoraciones, la medida encuentra sustento en las previsiones de los arts. 220 y 221 del CPP, toda vez que con estricta sujeción a la pruebas reunidas, la responsabilidad del justiciable se encuentra – prima facie – seriamente comprometida a raíz del resultado de las entrevistas psicológicas, sin perderse de vista que la eventual sumatoria concursal de los hechos achacados pueden alcanzar montos de mayor y significativa entidad punitiva, todo lo cual autoriza a presumir tanto el peligro de fuga como el de entorpecimiento del proceso, adquiriendo por ende especial relevancia para abastecer el análisis del recurso, y merituar que la decisión apelada se corresponde con el marco cautelar necesario a los fines de este (art 208 CPP), todo ello sin perjuicio – como lo ha dispuesto la baja instancia - del derecho de los justiciable a peticionar la revisión de la medida de acuerdo a lo normado en el art. 225 del CPP.

Tampoco podemos olvidar que el estado Argentino ha asumido una obligación, cual es; " proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales " al suscribir la Convención de los Derechos del Niño (art. 34), brindando un marco práctico para el trabajo con niños víctimas y testigos de delitos dentro del proceso de justicia bajo el prisma de la Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (O.N.U.), se proclama que “ cada niño tiene derecho a que se le trate como un testigo capaz y a que su testimonio se presuma válido y creíble, a menos que se demuestre lo contrario y siempre y cuando su edad y madurez permitan que proporcione un testimonio comprensible, con o sin el uso de ayudas de comunicación u otro tipo de asistencia  (Justicia para los Niños Víctimas y Testigos de Delitos, apartado B.2.d, Oficina Internacional de los Derechos del Niño, Canadá, 2003, en “Infancia y Adolescencia. Derechos y Justicia”, Oficina de Derechos Humanos y Justicia, Colección de Derechos Humanos y Justicia Nº 5, Poder Judicial de Córdoba, pág. 169). (Valoración del testimonio de las victimas en “pensamiento penal” en fallos “Diaz Juan Alberto y otros s/abuso sexual; Cámara Criminal sexta de la ciudad de Córdoba).

Como lo tengo dicho frente a estos escenarios, se impone un obrar mesurado y responsable, que al momento de evaluar la pretensión partiva tenga un enfoque dual, o sea, el concerniente a los derechos no solo del imputado, sino también el de la víctima, que en el caso que tratamos, como en tantos otros, son menores de edad a los que se le ha vulnerado sistemáticamente desde su despertar adolescente el preciado bien jurídico de su integridad física y psíquica, con el grave aditamento que estos traumáticos y excecrables sucesos tuvieron por autor a un sujeto vinculado familiarmente.

En mérito a la cita de los antecedentes aportados y debatidos en la audiencia, el suscripto, Juez Penal – en Feria - del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad de Vera – Departamento Vera, constituyendo el presente Tribunal Unipersonal en nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe;

1  - No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la decisión de la Jueza de Primera Instancia de fecha 22 OCT 20, confirmando la plena vigencia de la medida cautelar oportunamente ordenada.-

2 – Hágase conocer lo decidido a los representantes legales de las víctimas con copia de la presente resolución (Art. 80 sig y conc del CPP).

 

El fiscal procura que Mateo Cepeda sea condenado a 20 años de prisión.

 

Testimonios 

Recordamos a continuación lo que sobre este caso se dijo en ReconquistaHOY.