Parece que la Dra. Norma Senn confundió su antiguo rol de abogada defensora con el actual, de jueza.
Sucedió con su fallo que benefició a Joaquín Mariano Martínez, un imputado que espera el juicio oral por abuso sexual de una nenita, entre numerosos hechos delictivos más, para quien el Ministerio Público de la Acusación procura una condena de 12 años de prisión.
Frente a un caso de tamaña gravedad, con una persona de perfil peligroso, encaminado al juicio, la jueza de primera instancia le puso plazo a la prisión preventiva de Martínez (hasta el 26 de junio de 2021) y sin que se lo pida la defensa.
Una decisión "irrazonable y contradictoria", sostuvo el fiscal, ya que ni siquiera se lo había planteado la defensa; pues su pedido era que le permitan estar preso en la casa para estar en contacto con su nenita, polémica aparte frente al historial del sospechoso.
Lo que hizo la magistrada lo interpreto como un insólito cruce de carril en un sistema acusatorio que tiene roles claramente definidos por la ley y su espíritu.
Lo que hizo la magistrada lo interpreto como un peligroso cruce de carril en un sistema acusatorio que tiene roles claramente definidos por la ley y su espíritu.
No se lo dejó pasar por alto el fiscal Juan Marichal, quien apeló y la Cámara, con la firma del Dr. José Mántaras, procedió al correctivo, dejando la prisión preventiva sin plazo.
Y hay más. En su fallo, el camarista toma en cuenta lo expresado por el representante del Ministerio Público de la Acusación, quien refirió a la "mala práctica" que incurrió la jueza de fijar plazo a la prisión preventiva, "apartándose de los imperativos legales".
Si bien está claro que la decisión de Cámara es la virtud del sistema, que da lugar a revisiones, es mejor que las máximas autoridades tomen nota de situaciones de este tipo porque lesionan la credibilidad del aparato judicial -que no tiene tanta para despilfarrar- y es fundamental para que las víctimas busquen reparación.
Demasiado caro sale el aparato para pagar ineficiencia.