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Gendarmes detectaron otra encomienda con droga y esperaron pacientes que la vayan a retirar en Vera.

Personal de Gendarmería Nacional con sede en nuestra región, esta vez con su propio olfato, sin la ayuda de "Patón", el perro que suele acompañarlos, detectó el martes 23 de febrero de 2021, una encomienda "con olor a marihuana" y el juez ordenó la interdicción, apertura y sustitución de los 995 gramos de estupefacientes por otro objeto de igual peso, para darle continuidad al envío y bajo el método de "entrega vigilada", proceder a determinar partícipes del ilícito de transporte de estupefacientes, penado en el art. 5 inc. C de la ley 23.737, con pena de 4 a 15 años de prisión.

El paquete tenía origen en la provincia de Chaco; y destino final en la ciudad de Vera, donde el miércoles 24 de febrero de 2021 fue a retirarla el señor Jorge Olivio Mendoza, 75; oriundo de Calchaquí, quien en ese acto fue detenido por personal de Gendarmería, y lo pusieron a disposición del juez federal de Reconquista quien se aprestaba a indagarlo este jueves 25 de febrero de 2021 por el delito de transporte de estupefacientes. Mendoza estaba asistido por el defensor oficial proporcionado por el Estado a quienes no nombran abogado particular.

Trascendió que el señor Mendoza tiene un hijo preso en la Cárcel de Santa Felicia, Vera.

Una curiosidad: El paquete que contenía la marihuana estaba cubierto con café, lo que se interpreta como un intento de ocultar el real contenido.

Gendarmería encomienda 23 feb 2021 en Vera detenido Mendoza
Personal de Gendarmería con la marihuana secuestrada en la encomienda que fue a retirar en la ciudad de Vera el señor Jorge Olivio Mendoza, quien quedó detenido.

 

 

La Cámara Federal avaló investigación contra el tráfico de drogas en encomiendas que llevan adelante fiscalía y juzgado federal de Reconquista.

Respalda que se revisen las encomiendas sospechosas a partir de la confianza en el perro detector y la prisión preventiva. Recordamos aquí un caso concreto informado en julio de 2020 en ReconquistaHOY.

Especialmente en tiempos de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, al presentar mayores dificultades transitar con estupefacientes debido a las restricciones y mayores controles, se sospecha que se incrementaron los envíos en formato de encomiendas, razón por la que por decisión del juez federal de Reconquista, se incrementaron los controles en ese tipo de envíos mediante la utilización de un perro adiestrado, lo que permitió detectar varios envíos de ese tipo en los últimos meses, razón por la que hay en la actualidad varias personas bajo proceso judicial y en prisión preventiva; entre ellos Ariana Fernanda Soria, de Buenos Aires; Agustina Soledad Pérez, de Villa Mercedes, San Luis; Daniel Alejandro Luna, de Córdoba capital; Diana Soledad Coronel, de Buenos Aires; Marianelli Elvira Manganelli, de Villa Carlos Paz, Córdoba; Gabriel Horacio Echenique, de la localidad de Nono Provincia de Córdoba; y Lidia Elizabeth Gaona, de Buenos Aires, todos por el delito de transporte de estupefacientes, artículo 5° Inc. C de la Ley de Drogas 23.737, que prevé pena de 4 a 15 años de prisión.

El defensor oficial, Dr. Nicolás Ramayón, en representación de Gabriel Horacio Echenique, quien es uno de los detenidos, intentó la nulidad de la causa argumentando que el juez de Reconquista no tenía legitimidad para la intromisión en la encomienda, porque no se daban los recaudos de excepción que prevé la ley procesal para efectuar una requisa.

EL CRITERIO DE LA DEFENSA

El defensor interpuso recurso de apelación contra lo resuelto. Sostiene que la requisa efectuada respecto de la encomienda debe ser declarada nula en razón de que ex ante no había motivos para invadir la privacidad del propietario de la misma.   Agrega que de la lectura del auto de procesamiento no surge que hubiera ninguna investigación previa ni sospecha razonable de que la pieza postal contuviera material estupefaciente. El sustento en la supuesta reacción del can detector, no alcanza para superar el estándar de sospecha razonable, según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Afirmó que según la experiencia, los perros detectores pueden reaccionar ante distintos estímulos por tratarse de animales, que son falibles y condicionados a distintos factores ambientales, a diferencia de la seguridad que ofrecen otros dispositivos o máquinas, cuyos resultados pueden ser objetivamente constatados por las partes de un proceso. Agregó que   el juez federal no tenía legitimidad para la intromisión en la encomienda, porque no se daban los recaudos de excepción que prevé la ley procesal para efectuar una requisa: que ex ante hubiera motivos de sospecha suficientes para presumir que, en el interior de la pieza postal hubiera sustancia estupefaciente. Sostuvo el defensor que si bien el derecho a la intimidad o a la privacidad puede ser limitado, la restricción a un derecho debe perseguir una finalidad legítima. Que por el contrario, la finalidad de “prevenir ilícitos” es abstracta, indeterminada y genérica. Añade que aun cuando se pretenda justificar una finalidad legítima (lucha contra el
narcotráfico) deja de ser tal cuando los medios que se utilizan para alcanzar dicho objetivo son desproporcionados. Explica que sobre esa base la jurisprudencia de la Corte Suprema exigió siempre la existencia  de una sospecha previa  como presupuesto habilitante  para invadir el ámbito de privacidad de una persona. Por tal motivo, entiende que se ha vulnerado el derecho a la intimidad del destinatario del envío -que no es su asistido-­ por lo que solicita se declare la nulidad absoluta de la requisa practicada y de todo lo actuado en consecuencia. Reprochó incluso el defensor que "un procedimiento previsto para combatir los eslabones más altos de las organizaciones  de narcotráfico se tergiversó en un simulacro con autorización del juez para detener a la primera persona que se presentó a reclamar la encomienda. Manifiestó además que durante el procedimiento se excedió la orden del  juez, que se circunscribía a la aprehensión de cualquier persona que se presentara a retirar la encomienda, cuando su asistido declaró –sin que se hubiera desvirtuado su descargo­ que él solamente se limitó a consultar si había llegado el envío, por lo que su situación no encuadraba en la orden de arresto judicial, por lo que entiende que "se violó el art. 18 de la Constitución Nacional".

Agregó el Dr. Ramayón en sus argumentos defensivos que, aun cuando se considerara legítima la requisa y el procedimiento de entrega controlada ficticia y la detención, lo cierto es que los elementos de juicio incorporados al legajo resultan absolutamente insuficientes para adjudicarle la autoría del transporte, máxime si se considera que la encomienda no estaba dirigida hacia su persona, por lo que era imposible que él retirara la misma. Afirma que tampoco se ha probado que Echenique hubiese tenido conocimiento del contenido de la encomienda, por lo que no se encuentra demostrado el dolo que requiere el tipo penal mencionado –dolo directo­.

Planteó que el transporte se vio frustrado antes de que comenzara la conducta que se le imputó, por lo que el riesgo al bien jurídico ya en ese momento se encontraba neutralizado por el accionar prematuro y anticipado de la fuerza de seguridad, que no permitió el arribo de la mercadería a destino mediante el procedimiento de entrega controlada ficticia. Opinó el Dr. Ramayón que se trataría, en el peor de los casos, de una tentativa inidónea o de una tentativa putativa que exime de responsabilidad al imputado; y que no resulta justo ni proporcional adjudicarle el rol de transportista cuando evidentemente él no era el dueño de la sustancia, ni siquiera la transportó o tuvo contacto, ni figuraba como destinatario, por lo que tampoco podía retirarla, sino que fue utilizado por terceros para exponerlo al riesgo de averiguar sobre la encomienda en el correo y que en verdad debería ser tratado como víctima del proceso. 

Subsidiariamente, el defensor solicitó que, en el peor de los casos, se lo considere a Echenique partícipe secundario del delito de transporte de estupefacientes, en razón de que el presunto aporte (de consultar por un envío) de ningún modo puede considerarse imprescindible para el transporte en el que él no intervino.

También apeló la prisión preventiva al argumentar que Echenique posee arraigo, vive con su pareja en la ciudad de Mina Clavero, Córdoba,­ trabaja como artesano en un puesto de la plaza, que  jamás  evidenció peligrosidad y carece de antecedentes penales.

EL CRITERIO DE LA CÁMARA FEDERAL

Para las juezas de la apelación, María Delfina Denogens y Rocío Alcala, la orden judicial para la apertura de la encomienda estuvo debidamente motivada a partir del comportamiento del can detector ante determinados bultos que eran transportados en el vehículo de la empresa Correo Argentino.

Hábilmente las camaristas dejan entreveer que el control de la encomienda no debería causarle ningún agravio al imputado porque ni figuraba en el envío.

Reconoce la Cámara Federal el "conocimiento práctico" de las autoridades para actuar en este tipo de casos, "conforme a las pautas informales de su experiencia profesional, en la prevención y represión delictiva e infraccional, y exhibió un procedimiento respetuoso de los derechos fundamentales, según criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Tratados que rigen la materia y con arreglo al derecho".

ACCIÓN OPORTUNA

Para los jueces de la alzada, lo que dispone el juez federal de Reconquista al encontrar droga en las encomiendas, secuestrar el contenido y darle continuidad al envío con el correspondiente seguimiento policial, es "una técnica investigativa destinada a descubrir y desbaratar la intrincada cadena de tráfico ilegal de estupefacientes, otorgándole al juez la posibilidad de postergar la detención de personas en caso de que la ejecución inmediata de la medida pudiera comprometer un éxito mayor en la investigación. Tal es el caso que nos ocupa, donde se ha dispuesto el seguimiento de la encomienda hasta su lugar de destino (Córdoba), para así poder dar con el destinatario y allí proceder a su detención.

Respecto a la pretensión del sobreseimiento de Echenique, al decir el defensor que el accionar de las fuerzas de seguridad ­al impedir el arribo de la mercadería a destino­ neutralizó el peligro para el bien jurídico protegido, con la consecuente imposibilidad de consumación del delito, lo que define como "tentativa inidónea o putativa", las juezas de la Cámara de Apelaciones se la rechazan porque al momento de realizarse el operativo los narcóticos ya se hallaban en tránsito y ese "delito permanente" se consuma desde el momento en que la mercancía ilícita se halla en tránsito y se sigue cometiendo hasta que llega al lugar de destino, y está corroborado que el imputado se presentó a retirar la encomienda una vez arribada a destino, por lo que el delito imputado por el juez Alurralde se agotó recién en dicho acto.

Remarca la Cámara que "a su vez, el referido injusto reviste particular gravedad" porque afecta un bien jurídico protegido que es la salud pública; y que el transporte permite que los estupefacientes lleguen desde el lugar de producción a su destino final: los consumidores.

La Cámara Federal define que "transporte de estupefaciente es el acto de desplazamiento de un lugar a otro,   con independencia de la distancia o el medio utilizado, y sin que importe el destino que vaya a darse a la sustancia trasladada".

Sostienen que "no existe dificultad para tener por configurado el actuar doloso del imputado", considerando   las   particulares circunstancias del caso que fueron debidamente valoradas por el juez federal de Reconquista en el pronunciamiento examinado, y que dan cuenta de que el Echenique "conocía que formó parte del transporte de la sustancia estupefaciente remitida vía encomienda desde la ciudad de Itatí, provincia de Corrientes, hasta la ciudad de Nono, provincia de Córdoba, donde fue finalmente requerida por Echenique. ...En virtud de lo hasta aquí expuesto, concluimos en que la resolución recurrida, en cuanto dispuso el procesamiento de Gabriel Horacio Echenique en orden al delito de transporte de estupefacientes (art. 5 inc. c) Ley 23.737) se encuentra ajustada a derecho, debiendo ser confirmada".

Respecto a la apelación de la prisión preventiva, la Cámara Federal analizó que "si bien el nombrado carece de antecedentes penales computables, lo cierto es que al constituirse el personal policial en el domicilio denunciado por el imputado se entrevistaron vecinos del lugar que manifestaron no conocer a Echenique, por lo que no pudo darse cumplimiento  al informe socio­ambiental  solicitado, lo que descarta lo manifestado por el recurrente en punto a que cuenta con arraigo en la ciudad de Mina Clavero". También justifican la prisión preventiva dispuesta por el Dr. Alurralde por el riesgo de fuga, ya que Echenique carece de arraigo y por la pena que se espera como resultado del procedimiento, que sería la prisión efectiva; además porque "la cantidad de   tóxico secuestrado y la manera en que se encontraba acondicionado, permite presumir   que   el   accionar   del   imputado   podría   constituir   un   eslabón   en   una   cadena   de narcotráfico, pudiendo contar con diferentes operadores de quienes recibiría colaboración si decidiera fugarse, lo que justifica confirmar lo resuelto por el Juez (Alurralde) con el fin de asegurar el objeto del proceso y la necesidad de asegurar la presencia del imputado para estar a derecho durante el juicio".

También comparten que hay peligro de entorpecimiento de la investigación ya que "la maniobra intentada brinda indicios de que el encartado podría pertenecer a una organización dedicada al tráfico de narcóticos, la cual cuenta con miembros en distintas provincias de nuestro país (como ser, en el caso, Corrientes y Córdoba) y que posee una capacidad económica apta para trasladar sustancias estupefacientes a largas distancias, circunstancias que permiten pronosticar que, de recuperar su libertad el encausado, podrían poner en riesgo los fines del proceso...".

Al confirmar la prisión preventiva de Echenique, la Cámara instó al juez de la instrucción (Alurralde) "que eleve a la mayor brevedad posible la presente causa a juicio".

 

 

Sobre el incremento de las encomiendas con estupefacientes en épocas de pandemia. Autor: Aldo Alurralde. 

El avance del Covid-19 implicó un cambio sustancial en los hábitos de la vida y en los comportamientos de todos los ciudadanos, incluso, para quienes se dedican al tráfico de estupefacientes, que han encontrado en el envío de encomiendas una oportunidad para continuar con esta actividad. El autor analiza los procedimientos de interceptación de mercaderías ilícitas, haciendo especial hincapié en la entrega vigilada.

 

El incremento de las encomiendas con estupefacientes en épocas de pandemia

Autor: Aldo Mario Alurralde.

Quemá esas cartas.

El incremento de las encomiendas con estupefacientes en épocas de pandemia.

La llegada de la pandemia COVID-19 implicó un cambio de hábitos de vida y sobre todo de comportamientos para todos los ciudadanos. De un día a otro se empezaron a controlar exhaustivamente las vías terrestres, a solicitarse permisos para circular, a prohibirse el transporte de colectivos de línea interurbanos e interprovinciales. Cada provincia controla sus límites y requiere determinadas condiciones para habilitar el ingreso y tránsito por la misma.

Obviamente esto no pasó desapercibido para quienes se dedican al tráfico de estupefacientes debido a que, por las circunstancias antedichas, ya no resulta tan fácil tomarse un colectivo de línea interurbana y dirigirse a las provincias norteñas o países limítrofes en busca de estupefacientes para transportarlos y comercializarlos en las grandes urbes.

En la tarea de reinventarse en el delito quienes se dedican a esta actividad ilícita han encontrado en el envío de encomiendas generalmente por Correo Argentino una oportunidad para continuar con la misma ya que, como es de suponer, no hay tráfico de estupefaciente sin transporte del mismo. Es por ello que los procedimientos de interceptación de mercaderías ilícitas se han incrementado exponencialmente en épocas de pandemia y dejan al desnudo una absoluta falta de control en el lugar de despacho de las mismas, tal vez sea porque existe la creencia que las encomiendas no portan COVID-19 y por eso no se las verifica, desidia o, lo que es más serio, existe participación delictiva en algún tramo de la operación postal.

La mayoría de las veces, localizar el remitente suele ser difícil, ya que suelen operar con datos falsos o insuficientes para proceder a una identificación precisa y así dificultar su hallazgo, por ello si el magistrado solo se limita a interrumpir la diligencia del tránsito de la sustancia prohibida en la mayoría de los casos provocará, ante la insuficiencia probatoria antes citada, que el caso se archive sin identificar fehacientemente a ninguno de sus autores. No obstante ello y frente a esta modalidad delictiva en crecimiento, los magistrados cuentan con la Ley 27319 que tiene por objeto proporcionar a las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público Fiscal (fiscales) y al Poder Judicial (jueces), herramientas y facultades necesarias que faciliten la "investigación, prevención y lucha de los delitos complejos" (conf. art. 1), regulando las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción.

Esta técnica especial de investigación de entrega vigilada[1] permite que el juez, de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal, en audiencia unilateral, pueda autorizar que se postergue la detención de personas o secuestro de bienes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación.

El juez incluso se encuentra habilitado mediante resolución fundada a suspender la interceptación en territorio argentino de una remesa ilícita y permitir que entren, circulen o salgan del territorio nacional, sin interferencia de la autoridad competente y bajo su control y vigilancia, con el fin de identificar a los partícipes, reunir información y elementos de convicción necesarios para la investigación siempre y cuando tuviere la seguridad de que será vigilada por las autoridades judiciales del país de destino.

Se ha sostenido al respecto, que si bien esta figura efectúa una expresa referencia a los estupefacientes que se hallan en tránsito hacia otro país, se puede emplear esta técnica investigativa dentro del país cuando el juez Federal con asiento en una provincia descubre una remesa de estupefacientes que circula por el territorio provincial bajo su jurisdicción y que tiene por destino final otra provincia, comunicándolo inmediatamente al juez federal competente en esa jurisdicción para el secuestro de la remesa y la detención de los destinatarios[2].

También y por imperio del artículo 16 de la Ley 27319 el juez puede disponer en cualquier momento, la suspensión de la entrega vigilada y ordenar la detención de los partícipes y el secuestro de los elementos vinculados al delito, si las diligencias pusieren en peligro la vida o integridad de las personas o la aprehensión posterior de los partícipes del delito sin perjuicio de que, si surgiere ese peligro durante las diligencias, los públicos encargados de la entrega vigilada apliquen las normas de detención establecidas para el caso de flagrancia.

En síntesis, mediante está técnica excepcional de investigación se toma conocimiento del ilícito en curso pero es no impedido, con el propósito de obtener pruebas de la participación en el mismo de determinados integrantes de la organización criminal. Es decir que no tiene como función la averiguación de un delito -ya que el delito constituye su presupuesto básico- sino la búsqueda o pesquisa de pruebas que permitan imputar a sus participes desbaratando la organización delictiva. Por tal motivo el instituto de entrega vigilada difiere de las actividades policiales de seguimiento simple, orientadas sólo a la constatación de las sospechas de un delito y a la detención, en su caso, de los responsables.

Para llevarse a cabo la entrega vigilada la experiencia demuestra que una vez detectado, mediante perros adiestrados u otro tipo de circunstancias que alienten la sospecha cierta de la pesquisa, el envío o tránsito de la encomienda con droga la misma deberá ser interdictada, aperturada y constatada en su tipo y peso, obviamente que en presencia de testigos y previa orden judicial. A partir de allí la encomienda deberá inmediatamente seguir su tránsito por su canal normal de circulación ya que los participes de este tipo de delito al tener un código de seguimiento de la misma[3] observan minuciosamente y detectan a través del mismo si existe un desvío o demora de la misma, es decir, no es recomendable que la encomienda la acerque directamente el personal preventor a la sucursal de destino del correo ya que si se observa un desvío dentro del circuito normal y habitual de los distintos centros por lo que pasa la encomienda, ello despierta sospechas en remitente y destinatario y ante la duda no se acude a retirarla en la sucursal de destino.

Esta situación que referimos precedentemente nos enfrenta a un dilema no menor: permitir que la encomienda con la droga continúe viaje en el vehículo del correo o bien sustituir el estupefaciente reemplazando su contenido por otro material de similar peso, cerrar los bultos o cajas labrando la correspondiente acta en presencia de testigos colocando este último en el camión del correo en que fuera hallada la encomienda originaria y apostarse en el lugar de destino[4] a la espera de su recepción por parte del destinatario para proceder luego a su detención.

En nuestra opinión resulta recomendable la sustitución de la remesa ilícita por otro material lícito[5] ya que en la práctica resulta muy peligroso para el éxito del procedimiento en cuestión permitir que personal civil continúe trasladando y manipulando la encomienda con estupefacientes en las rutas del país hasta arribar a los centros de clasificación, distribución y entrega del correo en donde la fuerza prevencional probablemente la perderá de vista generando un cierto riesgo de "robo", "extravío"[6], "sustitución" de la misma o inclusive delación si se advierte en dichos centros la presencia policial. Es por ello que la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, Sala III Causa Nº FPA 91002271/2012/TO1/CFC1 "Lamas, Emanuel Augusto Carim y otros s/recurso de casación", mediante sentencia del 23/04/2015 sostuvo "El tribunal de juicio fue claro en este punto, al sostener que "… el juez adoptó como medida para individualizar al destinatario de la carga estupefaciente, cuyo transporte la prevención abortó en Chajarí, una suerte de entrega vigilada ficticia (pues la sustancia había sido secuestrada y no continuaba su viaje), contando para ello con la colaboración del imputado/arrepentido que había sido detenido y con la apuntada finalidad de individualizar a su/s destinatario/s. La urgencia de la situación y la premura con la que debía actuarse en procura de esclarecer la configuración total del comprobado hecho de transporte en flagrancia, en lugar de ´contentarse´ con la detención de la ´mula´, llevó al juez a delinear -por cierto con éxito- estas diligencias investigativas relativamente simples y efectivamente realizables. Si, por imperio del art. 33, Ley 23737, el juez tenía facultades para disponer -en el marco de la investigación- una entrega vigilada (real), postergando la detención de García y el secuestro del tóxico para dar con sus destinatarios o partícipes y, en cambio de ello, apeló -merced a la colaboración del imputado detenido y las exigencias de la situación- a una medida de menor complejidad operativa y logística, según lo indicaba la premura del caso, como lo fue esta entrega vigilada ficticia con igual finalidad que aquélla pero sin riesgo para el bien jurídico protegido (salud pública) y sin comprometer el éxito de la investigación, la objeción invalidatoria no puede prosperar".

Celebramos en este sentido una interpretación y aplicación judicial simple, práctica y efectiva del procedimiento de entrega vigilada ya que los estados requieren herramientas efectivas para contrarrestar la amenaza que conlleva la existencia de la delincuencia organizada[7] y en respuesta a la cada vez mayores exigencias de la sociedad de combate frontal al narcotráfico.

A nuestro criterio esta técnica de investigación es totalmente idónea para alcanzar el fin de indagación e investigación sobre la comisión de la conducta punible y sus partícipes, constituye un medio mucho menos restrictivo para la obtención de pruebas que otros como el allanamiento, el registro y la interceptación de comunicaciones y además se encuentra sujeta al debido control judicial.

Queda como tarea urgente, por parte de quien corresponda, intensificar y optimizar los controles en los lugares de despacho de la remesa ilícita a fin de dar no solo con el destinario sino también con el remitente de la misma quien indudablemente actúa como partícipe necesario del delito de transporte de estupefacientes en encomiendas.
A diferencia de la entrega controlada, la entrega vigilada se caracteriza por ser un procedimiento en el cual los funcionarios policiales no se involucran directamente en el ilícito, su actuación sólo se circunscribe en hacerle un seguimiento a la droga hasta que la misma llegue a su destino. Conf. Carlos Enrique Edwards "El arrepentido, El agente encubierto y la entrega vigilada" editorial Ad Hoc S.R.L., Ed. 1996 pag. 11.

 El sistema de trazabilidad Track & Trace permite hacer el seguimiento de los envíos a través del ingreso del código de barras de las etiquetas autoadhesivas que se le proporcionan al remitente y que obviamente se los pasa al destinatario. El circuito comienza desde el ingreso al correo, proceso de clasificación, llegada al centro de procesamiento, las siglas CTP (centro de tratamiento postal) seguidas del número asignado implica la llegada al Centro de tratamiento postal que es el nodo donde arriba toda la correspondencia de la región y se clasifica en forma primaria. CTA: Centros de Tratamiento Automatizado. CDP: Centro de distribución de paquetería. Es el lugar donde arriba los paquetes grandes clasificados por el CTP, generalmente hay un centro en toda sucursal grande. CLOG" y el nombre de una ciudad implica que está en el "Centro de Logística" (C. Log) con lo cual está en proceso de "clasificación" para su entrega al destinatario en sucursal o a domicilio.

Generalmente el lugar de destino es una sucursal del correo ya que no es común que el delincuente se arriesgue a recibir la droga por correo en su propio domicilio. No obstante y como esto último ha sucedido puede otorgársele a la fuerza de prevención una orden de allanamiento de dicho domicilio supeditada su ejecución a la recepción en el mismo de la encomienda que debe estar claramente identificada en la orden. 

Así sucedió por ejemplo en un caso en donde la encomienda debía ser enviada a la Isla de Santiago, en Cabo Verde, África. Supuestamente, en la caja solo había una pieza metálica de 30 centímetros de diámetro que había sido despachada por una empresa metalúrgica. Pero no pasó los controles en el punto de partida: la Argentina.

Primero, un inspector de la compañía de correo privado advirtió en el escáner la presencia una "sustancia orgánica de alta densidad y textura inusual" y después, un agente aduanero descubrió que había tres kilos de cocaína ocultos en el paquete despachado. Ese día, el 16 de junio de 2019, comenzó una investigación que derivó en la detención de dos sospechosos en el archipiélago situado en el Atlántico Norte, frente a las costas de Mauritania, y la captura, en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas y Encarnación, de un argentino acusado de ser quien despachó la encomienda con la droga. La cocaína fue sustituida con harina y arena asimilando el peso del envío original y su acondicionamiento", explicó una fuente judicial. Una agente de la Dirección General de Aduanas (DGA) viajó a Cabo Verde, previas escalas en España y Portugal. Finalmente la funcionaria de la DGA llegó a la Isla de Sal, en Cabo Verde, el 8 de julio pasado.

Después de un encuentro con la Policía Judiciaria local, la encomienda siguió el recorrido hacia Praia, capital de la Isla de Santiago, donde le entregó el paquete al inspector en jefe de la Policía Judiciaria de esa ciudad caboverdiana. El 12 de julio de 2019 la Policía Judiciaria de Cabo Verde informó que la entrega controlada había sido exitosa y en las cercanías del puerto de la Isla de Sal se había logrado detener a dos personas que se acercaron a retirar la encomienda. 

Basta recordar aquel caso de alta repercusión pública ocurrido en Febrero de 2006 en Argentina en donde se produjo la desaparición de un cargamento de 160 kilogramos de cocaína, ocurrido durante un importante operativo internacional, realizado por personal de la Gendarmería Nacional, con la colaboración de agentes de la agencia de lucha contra el narcotráfico de los Estados Unidos (DEA) y de la policía peruana. Dicho embarque se les extravió a los agentes antidrogas durante un procedimiento denominado "entrega vigilada". El operativo consistió en el seguimiento de un importante cargamento de cocaína que había sido embarcado en la ciudad peruana de Tacna en una avioneta que, luego de hacer escala en la provincia de Salta, llegó al aeropuerto de San Fernando. Allí, los investigadores antidrogas de la Gendarmería Nacional debían vigilar la entrega del embarque a la banda de narcotraficantes que se dedicaba a enviar una parte de la droga hacia Europa y a distribuir otra parte en la Argentina. Acompañados por los cuatro agentes de la DEA y por los dos investigadores de la policía peruana que habían partido desde Tacna, el personal de la Gendarmería siguió a los narcotraficantes que habían cargado la cocaína en un Mercedes-Benz y en un Meriva pero al llegar a la zona de Congreso en la ciudad de Buenos Aires, los efectivos de la Gendarmería y el resto de los agentes que los acompañaban perdieron de vista los dos vehículos en los que viajaban los narcotraficantes y el cargamento de droga. (Conf. Editorial I. ¿Se pueden perder 160 kg de cocaína? Diario La Nación de fecha 14 de Febrero de 2006).

 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cuyo propósito es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional, dispone que por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos razonando en su prefacio que si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no sólo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas. 

Aldo Alurralde es juez federal en Reconquista, Santa Fe, Argentina.

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Dr. Aldo Alurralde, juez federal de Reconquista.
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