El Derecho a la Salud, en cuanto derecho al acceso de un derecho humano de orden vital, está garantizado en la Argentina, y nuestra querida provincia de Santa Fe, a través de la Constitución Nacional –y su par provincial-, y la Legislación interna, nacional o provincial, junto a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Su trascendencia para las personas humanas, no requiere de mayor fundamentación, que el de decir, que en todos/as en un punto de nuestras vidas, necesitamos imperiosamente de la atención de la medicina para la salvaguarda de nuestras vidas.
Ello así, EL DERECHO A LA SALUD, es un derecho prioritario y vital, que el Estado –y todos sus estamentos-, deben garantizar y proteger, porque una Sociedad que tiende a un progreso económico y bienestar social sostenible, debe ser una comunidad sana.
En este trabajo, que tiende a ser algo que dé una mirada somera del tema, dará cuenta de cómo está estructurado el sistema, y cuáles son los órganos del sistema de salud, y quienes brindan tutela efectiva de esos derechos humanos, tanto a nivel administrativo como judicial.
Tanto la teoría como la práctica, están unidas en una insoluble solución que integra el conocimiento, con la forma útil de hacerlos valer en la realidad, procurando el valor Justicia en las relaciones intersubjetivas.
DERECHO A LA SALUD. ¿EN QUÉ CONSISTE?
El derecho a la salud, es el derecho sustancial –tiene raigambre constitucional junto al derecho a la vida (Arts. 14 bis, 33, 41, 42, 43, 75, incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional), y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (conf. Art. 75 inciso 22 CN)- y adjetivo –el Estado debe garantizar procedimientos eficaces que garanticen su rápido y amplio acceso-, que tiene toda persona humana, de que el Estado le garantice el pleno goce de la salud y su bienestar individual y familiar, a través de políticas públicas de Estado, que tiendan a la satisfacción integral del más alto grado de salud posible, procurando el bien común de toda la población.
Cuando hablamos de Estado, debemos referir que en nuestro país, rige el sistema Federal, por lo que en lo que refiere al mismo, debemos mencionar el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de buenos Aires, y los Municipios (Arts. 1º, 5º y 121º Constitución Nacional).
El Derecho a la Salud consiste justamente en la posibilidad, de que cuando una persona humana en nuestro país, que necesite de los cuidados de su salud o de su grupo familiar, tanto a nivel de consulta con un profesional de la medicina, una intervención quirúrgica, una medicación, etc., pueda primero ostentar el derecho humano a reclamar la atención de tal requerimiento, y segundo, pueda encaminar la solución del mismo a través de los encargados de dar respuesta, tanto en la faz administrativa como la judicial. Por ende, es un derecho humano fundamental, que tiene la garantía constitucional y convencional, que puede ser exigible como obligación al Estado y a los sujetos responsables de brindar la cobertura de salud, de acuerdo al régimen aplicable.
Es que la respuesta al derecho de salud, puede brindar tanto, a saber: a) del sistema público; y b) del sistema privado. Dentro del sistema público (según ley 23.660 que establece el sistema de salud), podemos mencionar los efectos públicos, como ser los Hospitales y Samcos, o centros de atención municipales o comunales, incluyendo en el subsistema público de la Seguridad Social, a las Obras Sociales sindicales, reguladas por la Ley. 23.661 de obras sociales nacionales, que tienen un régimen jurídico especial. También debe mencionarse que a nivel nacional, el PAMI, es la obra social que nuclea a los jubilados y pensionados nacionales del país; con igual consideración jurídica –ambas son entidades autárquicas-, dentro de la Provincia de santa Fe, el IAPOS –que nuclea a sujetos o agentes activos y pasivos de la Administración Pública en Santa Fe-, que si bien tiene la figura jurídica de entidades autárquicas –entes descentralizados de la Administración Pública-, son en definitiva, quienes deben brindar las prestaciones a sus afiliados o beneficiarios en materia de salud.
Y dentro del sistema privado, podemos mencionar a las empresas de medicina prepaga (Ley 26.682) y las Mutuales que están autorizadas por el INAES, para brindar un servicio de salud previamente reglamentado.
Si bien, vemos que el sujeto responsable de brindar la prestación concreta de salud, a veces difiere del Estado mismo, es éste quien en primer lugar, y de forma “ambivalente”, debe garantizar el derecho humano fundamental al acceso a la salud.
Y muchas veces, esos derechos a la salud son satisfechos de manera espontánea e instantánea, cuando se concede lo peticionado (art. 14 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades), pero quedan casos o que no son resueltos, o son denegados justa o injustamente, quedando la posibilidad de que la persona pueda iniciar algún tipo de reclamo.
Toda la legislación en su conjunto, que regula el Derecho a la Salud, tanto pública o privada, siempre refieren que la persona afectada en sus derechos fundamentales, debe hacer un primer reclamo ante el sujeto obligado de brindar la prestación de salud, rigiendo el principio jurídico de la tutela efectiva de los derechos.
Y el principio general del Derecho, de la tutela efectiva de los derechos, sobre todo en Derecho Administrativo, es que la persona humana afectada puede reclamar en sede administrativa o judicial.
Dentro de la sede administrativa, lo que podemos mencionar como tutela administrativa efectiva, por lo general refiere –en cuanto al reclamo administrativo previo- a que se debe realizar un primer reclamo ante el órgano responsable de brindar cobertura de salud –por ejemplo, en Santa fe, IAPOS-, y ante la demora, denegatoria o insuficiencia de lo contestado o brindado como prestación, existen instancias de reclamos ante las denominadas Defensorías del PUEBLO, que tienen su ámbito territorial de funcionamiento y funciones específicamente establecidas normativamente. También en lo que refiere a las instancias nacionales, y como primer órgano de contralor en materia de salud, se encuentra la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, dependiente del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, órgano administrativo de fiscalización de obras sociales, medicinas prepagas, etc..-
No debe olvidarse, hablando de la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, que la Constitución nacional y su reforma del año 1994, agregó el art. 43 y reguló constitucionalmente el Recurso de Amparo, en sede judicial, para ser un remedio judicial efectivo y eficiente, para dar respuesta a las demandas judiciales en materia de salud de los habitantes de la Nación.
Por ello, el derecho a la salud encuentra en nuestro sistema jurídico, debida protección jurídica, siendo muy importante saber en qué consisten tales derechos, como fueran planteados, y ante la eventualidad de su desconocimiento o denegación o retardo, saber los mecanismos de reclamos administrativos o judiciales que se encuentran disponibles para ejercerlos !!!
CONCLUSION.
Como conclusión, de este muy corto trabajo sobre la materia de salud, de la que volveremos a escribir en otras oportunidades, complementándolo, debemos decir que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, que toda persona humana debe conocer en su verdadera extensión, y saber ante una eventualidad donde debe recurrir para defenderlos y hacerlos valer jurídicamente -incluyendo a todos los profesionales del derecho que trabajamos la temática-, como un ejercicio cívico y democrático!
Dr. Alfredo Segado, abogado.
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