El juez de la Cámara Penal de Apelaciones, Dr. Eduardo Bernacchia, rechazó la pretensión del fiscal Juan Marichal, quien había apelado la decisión del juez de primera instancia, Santiago Banegas, porque el 12 de febrero de 2021 había dispuesto el fin de la prisión preventiva del imputado Pablo Gazze, convencido que no evadirá ni va a obstruir la acción judicial. Gazze estuvo preso desde el 22 de julio de 2020.
Y no es todo: al revisar la decisión de primera instancia, el Dr. Bernacchia agregó más restricciones para el imputado, a quien le prohibió acudir a eventos y/o lugares de concurrencia de un número indeterminado de personas, como cines, espectáculos públicos, entre otros.
Tras esta audiencia, repasamos las condiciones que le permitirán a Gazze llegar al juicio en libertad:
1). Garantía no menor a $5.000.000.- (ya concretado, mediante el embargo de la propiedad de un familiar).
2). Prohibición de comunicación o contacto por cualquier medio del imputado con las víctimas o sus familiares, ya sea por sí o por interposita persona.
3). Prohibición del imputado de hacer uso de redes sociales.
4). Prohibición de acercamiento a las víctimas, sus viviendas o lugares de trabajo en un radio inferior a 200 metros.
5). Prohibición de abandonar la ciudad de Reconquista, sin previa autorización del Tribunal.
6). Obligación de constituir domicilio (ya concretado), del cual no podrá mudarse sin previa autorización del Tribunal.
7). Obligación de concurrir semanalmente a la Comisaría a fin de confirmar su presencia.
8). Obligación de hacer entrega del pasaporte, lo que también ya efectivizó.
9). Prohibición de abandonar el país con conocimiento de la Dirección General de Migraciones.
10). Prohibición de acudir a eventos y/o lugares de concurrencia de un número indeterminado de personas, como
cines, espectáculos públicos, entre otros.
En esta audiencia de apelación, es una de las pocas en las cuales el imputado decidió guardar silencio. Dejó todo en mano de sus abogados.
Quienes si hablaron son dos de sus denunciantes.
Una de ellas reveló ante el juez que no fue bien informada por el abogado que contrató como querellante (Dr. Dolan); o al menos no lo entendió, porque dijo que cuando firmó el acuerdo en primera instancia, pensó que Gazze iba a quedar en prisión domiciliaria, no en libertad; no sabía que Gazze podría andar por todos lados,"fue una sorpresa", sostuvo; y avisó que "no me causa gracia cuando me dicen que lo vieron a una cuadra de mi casa, en el Museo, o que va a su sanatorio". Le informó al juez de la apelación que "hace 3 meses que estoy tomando medicamento para la ansiedad por saber que lo puedo ver por la calle, algo que me pone muy ansiosa", y llorando le mostró al juez el medicamento y la receta correspondiente, recordando que cuanto antes quiere ir al juicio.
Otra de las denunciantes le contó al juez Bernacchia de su "miedo" de encontrarse con Gazze. Le contó que le tuvo que decir a su hija que vaya sola al sanatorio porque ella tiene miedo de encontrarse con él. "Estamos muy ansiosas y nerviosas, es muy feo", referenció.
POSICION DEL FISCAL MARICHAL
Al pedir al juez de la apelación que envíe nuevamente a prisión preventiva al Dr. Gazze, el fiscal Juan Marichal sostuvo que la libertad con restricciones que le concedió el juez de la primera instancia, "careció de fundamentación"; e insistió que la libertad de Gazze pone en riesgo la investigación, y que ya hubo entorpecimientos probatorios concretos, como el que ocurrió el 10 de diciembre de 2020, cuando una de las víctimas fue abordada en Villa Ocampo por una mujer con identidad falsa, quien dijo ser funcionaria de la provincia y la intimidó diciéndole "que tenga cuidado", que Gazze cambió de abogados "y van por todo, y van por ella. La presionaron, y le anticiparon que Gazze iba a salir, que iban a dejar caer la causa porque todas las denunciantes iban a dejar dormir la causa para que caiga". Marichal recordó que esa persona fue identificada como Angeles Soto y ya está imputada por el delito de "coacciones", y confirmó que se comprobó que desde el teléfono de esa mujer hubo comunicaciones con los teléfonos de Gazze y su abogado defensor, Berisso, el mismo día de la intimidación a la víctima y en días anteriores, todo confirmado por la empresa Telecom Personal s.a. Resaltó el fiscal que la imputada Angeles Soto reconoció ser "Gestora" y trabajar para el Dr. Berisso y que conoce la causa Gazze, aunque intentó liberarse de responsabilidades penales.
Además, el representante del Ministerio Público de la Acusación se sintió agraviado cuando el juez de la primera instancia, el Dr. Banegas, sostuvo que no fue el imputado quien presionó a la víctima, y si así fuera, eso revela que la prisión preventiva no es eficaz, ya que preso o libre Gazze igual podría entorpecer la investigación. El fiscal le dijo al juez de la apelación que confirmar la libertad del imputado sería darle impunidad a la intimidación de las víctimas y testigos.
Confirmar la libertad del imputado sería darle impunidad a la intimidación de las víctimas y testigos.
También le señaló el Dr. Marichal al Dr. Bernacchia, que Gazze ya tuvo otro intento de entorpecer la investigación cuando se comunicó con el esposo de otra de las denunciantes; y le recordó la necesidad de proteger a víctimas y testigos.
Marichal le informó al juez de la apelación que procura que Gazze sea condenado a 29 años de prisión efectiva; y que el juicio oral y público es algo cada vez mas concreto, que la audiencia preliminar del juicio será este mes (28 de abril) y subsisten los riesgos procesales; no están dadas las condiciones para la soltura de Pablo Gazze, por lo tanto solicitó al Dr. Bernacchia que revoque el fallo de primera instancia por la falta de fundamentación y que disponga la prisión preventiva sin plazo del Sr. Gazze. Le recordó al juez que lo escuchaba para decidir, que él antes ya había considerado necesaria la prisión preventiva.
QUERELLANTE GHIO
Para el Dr. Andrés Ghio, querellante por una de las víctimas, "no existen riesgos procesales ni de fuga", aunque aclaró que no va a bregar por la libertad de Gazze.
Para Ghio, "en esta causa, hoy se hace imposible el entorpecimiento probatorio, ya que las víctimas son todas mayores de edad, con carácter firme para denunciar y sostener las denuncias".
Dijo estar convencido de las pruebas que hay contra Gazze, pero que no observa riesgos procesales ni de fuga. Quiere ir cuanto antes el juicio.
QUERELLANTE DOLAN
El abogado Eduardo Dolan, querellante en representación de 4 de las víctimas, dijo que compartía las expresiones de su colega Ghio en cuanto lo que había dicho que no existen riesgos procesales ni de fuga. Recordó que ya hay un embargo a favor de las víctimas; y que la finalidad del sistema acusatorio es el juicio, lo que esta cerca; y no duda que Gazze será condenado porque está convencido de las pruebas que hay en su contra.
DEFENSOR BERISSO
El abogado defensor Raúl Berisso solicitó al juez de la apelación que rechace los agravios expresados por el fiscal para fundamentar el pedido de prisión preventiva; y criticó opinando que "parece que el fiscal desconoce que la prisión preventiva es excepcional".
Sostuvo que la intimidación denunciada en Villa Ocampo no está probada y negó vinculación entre Gazze y ese acto de diciembre de 2020 contra una de las denunciantes.
"Poco favor nos hizo al manifestarle que se cuiden que los abogados de Gazze son unos delincuentes", sostuvo Berisso en relación a los dichos imputados a una mujer de apellido Soto, procesada por intentar entorpecer la investigación intimidando a una de las víctimas. (Para el fiscal, haberle dicho eso fue para causar temor en la denunciante, no una mala propaganda para los abogados defensores de Gazze).
Recordó el acuerdo presentado oportunamente entre la defensa y querellantes de cuatro de las víctimas, quienes aceptaron que Gazze continúe el proceso en libertad mientras lo garantice con al menos $5.000.000.-, lo que se hizo; y pidió al Dr. Bernacchia que confirme la resolución de primera instancia, para que Gazze siga el proceso en libertad.
El Dr. Berisso le pidió al Dr. Marichal "que tenga cuidado con sus expresiones, que deje de repetir por los medios que los abogados defensores de Gazze son unos delincuentes"; y le reiteró al fiscal que él "no debe comunicarse con las denunciantes que tienen abogado querellante".
Mencionó el defensor lo que considera son argumentos que restringen la prisión preventiva a cuestiones excepcionales, recordó que Gazze puso garantizó su respuesta a la causa con un inmueble tasado en más de $5.000.000.-, y que ya entregó su pasaporte porque "evidentemente no tiene ninguna intención ni de profugarse ni de entorpecer la investigación, solo quiere que se haga justicia, como corresponde".
La resolución del juez de la apelación
El Dr. Eduardo Bernacchia da por superados los dos primeros presupuestos que exige la ley para disponer una prisión preventiva, ya que ni siquiera fueron discutidas por la defensa, concretamente en este caso hay elementos de convicción suficientes para sostener la probable autoría de Gazze en los hechos investigados (art. 220 inc. 1° del C.P.P.); y que la pena privativa de libertad, que razonablemente pudiera corresponderle en caso de condena, sería de efectiva ejecución, ya que las penas solicitadas por los acusadores van de 9 a 29 años de prisión (art. 220 inc. 2° del C.P.P.).
Lo que el juez Bernacchia no encontró son los "fundamentos" para sostener la prisión preventiva, ya que la preservación de la prueba ya esta asegurada porque ha culminado la Investigación Penal Preparatoria, el 28 de abril ya será la audiencia preliminar del juicio; y tampoco encontró fundado el riesgo de fuga, ya que el sospechoso tiene familia y arraigo, garantizó cumplir con sus obligaciones con una propiedad valuada en $5.000.000.-, entre otras medidas cautelares; y los abogados querellantes incluso han expresado en la audiencia que no ven peligro de fuga.
Eso si, expresó el magistrado de alzada que "las medidas impuestas al justiciable son correctas en general, pero no son suficientes" por lo que decidió agregar como cautelar, "prohibir al señor Gazze la posibilidad de acudir a eventos y/o lugares de concurrencia de un número indeterminado de personas (ej. cines, espectáculos públicos, entre otros) a excepción del cumplimiento de sus obligaciones laborales -atendiendo fundamentalmente que estamos ante numerosas víctimas en una comunidad como la de Reconquista en las que la mayoría de las personas se conocen"; y en cuanto a las prohibiciones impuestas, achicó el radio de movimiento del sospechoso, prohibiéndole que abandone la ciudad de
Reconquista hasta la realización y finalización del juicio oral respectivo". El fallo de primera instancia le permitía moverse dentro del Departamento General Obligado, ahora solo dentro del distrito REconquista.
EL CASO
El médico Pablo Gazze está imputado de 8 abusos sexuales en perjuicio de quienes eran sus pacientes. Todos los hechos denunciados fueron dentro de su consultorio, durante las prácticas propias de su especialidad de flebólogo.
29 AÑOS DE PRISION
El fiscal quiere que Gazze sea condenado a 29 años de prisión y está convencido que será condenado ya que "son ocho las víctimas, todas pacientes que no se conocian entre sí, sus relatos son choherente, psicológicos y verosimiles". Los querellantes, quienes representan a parte de las víctimas, piden entre 9 y 14 años de prisión.
DENUNCIA Y PEDIDO DE APARTAMIENTO
Los abogados defensores de Gazze denunciaron al fiscal Juan Marichal porque consideran que "perdió el deber de objetividad"; y pidieron su apartamiento. Así lo informó el Dr. Germán Corazza en ReconquistaHOY. En el mismo programa, el representante del Ministerio Público de la Acusación respondió: "Por supuesto que no es cierto", y dejó claro que "no es la primera vez que ocurre" que cuando se investiga a una persona con poder económico o de un sector alejado de lo que habitualmente persigue el Poder Judicial, que son los pobres, se hacen planteos de este estilo, que ahora tendrá que resolver el fiscal regional.
