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OPINION

La real significación del concepto de víctima por homicidio y su receptación en el derecho argentino. La necesaria tutela en su acceso a la justicia.

El reconocimiento y garantía de los derechos de las personas víctimas de delitos, posee un largo recorrido supra legal e internacional y apunta a un sector cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados en los procesos judiciales. El autor realiza un pormenorizado análisis de la temática, de la legislación y de los antecedentes.

Recuerdo de Ana María y su hermano, el Juez Aldo Alurralde.

Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano?.

Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?.

Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra (Génesis 4:10).

En sintonía con lo que ocurre en la legislación nacional -Ley 27372 "Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos"- en la Provincia de Santa Fe se perfila una ley provincial de derechos y garantías de las víctimas del delito y sus familiares próxima a tener tratamiento legislativo.

El reconocimiento y garantía de los derechos de las personas víctimas de delitos, posee un largo recorrido supra legal e internacional y apunta a un sector cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados en los procesos judiciales privándoselos del acceso a la justicia, trato justo, resarcimiento y asistencia entre otros derechos.

Es así que, en noviembre de 1985, la Asamblea General de la ONU adopto? la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (Resolución 40/34) la cual ha actuado como punto fundante en las legislaciones locales para el reconocimiento de derechos a las víctimas.

Otro antecedente supranacional lo constituye el "Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder", elaborado con la participación de expertos de más de cuarenta (40) países para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el año 1999 y las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad", adoptadas en la Asamblea Plenaria de la XIV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde se desarrollan principios básicos para un mejor acceso a la justicia de todas las personas en condiciones de vulnerabilidad.

La Corte Internacional de Derechos Humanos en un comienzo adoptó la postura clásica del concepto de "víctima" en el ámbito de violaciones a los derechos humanos, considerando como tal solo a aquellas personas físicas que hubieran sufrido un daño directo, resultado de una conducta atribuible a un Estado que violara una obligación internacional en materia de derechos humanos aunque también reconoció que la comisión de un delito podía también afectar a los familiares y personas directamente vinculadas con quienes resintieran los daños de manera directa lo cual llevó a un concepto un tanto impreciso de distinguir entre "víctimas directas" y "víctimas indirectas" de las violaciones a derechos humanos, englobando en este último supuesto a quienes sin haber sufrido los daños directos se encuentran afectados por las consecuencias del mismo.

No obstante, y como lo adelantáramos, lo impreciso del término ya que ambos sujetos son víctimas, la extensión del mismo permitió ampliar el concepto de daño como así también los ítems reparatorios ya que ello permitió considerar no solo las consecuencias físicas, sino que también comenzaron a incluirse las repercusiones psicológicas, morales y emocionales de sus familiares y la tutela del acceso a la justicia de los mismos.

Es así que, en el Caso Blake Vs. Guatemala, sentencia de 24 de enero de 1998 y el resonante caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre 1999 ambos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se consideró que los familiares de las personas ejecutadas eran, al mismo tiempo, víctimas directas de violaciones a los derechos a la integridad personal, protección judicial y debido proceso, entre otros.

En el último leading case precitado se sostuvo que las autoridades nacionales no tomaron providencias para establecer la identidad de las víctimas, las cuales permanecieron registradas como XX hasta que sus familiares se apersonaron a reconocerlos, a pesar de que tres de los jóvenes tenían antecedentes penales consignados en los "archivos delincuenciales". La negligencia por parte del Estado así puesta de manifiesto, debe sumarse al hecho de que las autoridades no hicieron esfuerzos adecuados para localizar a los parientes inmediatos de las víctimas, notificarles la muerte de éstas, entregarles los cadáveres y proporcionarles información sobre el desarrollo de las investigaciones. El conjunto de esas omisiones postergó y, en algunos casos, negó a los familiares la oportunidad de dar a los jóvenes una sepultura acorde con sus tradiciones, valores o creencias y, por lo tanto, intensificó sus sufrimientos. A ello se agrega el sentimiento de inseguridad e impotencia que le causó a esos parientes la abstención de las autoridades públicas en investigar a cabalidad los correspondientes delitos y castigar a sus responsables[2].

En la Argentina actualmente existe el OBSERVATORIO DE VÍCTIMAS DE DELITOS (OVD) de la Argentina con radicación y funciones en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación[3] y, de acuerdo con su misión y atribuciones, actúa como organismo de monitoreo en las tareas de seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con los derechos y garantías que le asisten a las personas víctimas de delitos (Decreto 421/2018 reglamentario de la Ley 27372). El mismo actúa a través de un equipo técnico especializado, con la interacción con las diputadas y diputados nacionales y el aporte de los damnificados y colabora para fortalecer las políticas tendientes a garantizar a las víctimas de delitos el cumplimiento efectivo de sus derechos, así como para producir recursos útiles a la toma de decisiones en las políticas públicas coordinando las acciones y medidas necesarias para reconocer, promover, hacer respetar y permitir el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos de las Víctimas y las garantías destinadas a su plena protección.

La Ley 27372 que referenciamos en su artículo 2 considera víctima tanto a la persona ofendida directamente por el delito como al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer su derecho.

En la Provincia de Santa Fe en agosto del 2020 se creó el Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales que tiene por objeto velar por el efectivo cumplimiento de la Ley 27372, cooperando en lo concerniente a la investigación, monitoreo y seguimiento de asuntos relacionados con las víctimas de delitos y con la finalidad última de arribar a diagnósticos eficaces que permitan el diseño de políticas públicas preventivas.

A su vez es un órgano de investigación, monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas de delitos, sus familias y entornos, y presenta entre sus principales funciones participar en la elaboración de proyectos de ley que involucren los derechos de las víctimas de delitos.

En consonancia con lo expuesto y a través de cinco Audiencias Públicas -realizadas en Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista, Rosario y Rafaela- a partir de marzo del 2021 se debaten distintos proyectos presentados en la Cámara Baja en la materia con la finalidad de que el proyecto final que se redacte sea fruto del consenso entre los tres poderes del Estado, los tres niveles de gobierno, todas las fuerzas políticas y las asociaciones que representan a las víctimas y a sus familias.

A su vez uno de los proyectos de ley que se debatirán en los próximos meses en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe en su artículo 1ero. dispone que a los efectos de la presente se considera víctima a la persona ofendida directamente por el delito. En los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos, se considera víctima al cónyuge, conviviente, padres, adoptante, hijos, hermanos, tutores o guardadores, curadores o, en su caso, el o los apoyos designados.

Estos y otros conceptos que se utilicen para tratar de comprender en la normativa el término "victima" resultaran palabras vacías en la ley si los operadores del derecho no la comprenden y aprehenden en su real dimensión para su correcta interpretación y aplicación y será tal vez porque una palabra o conjuntos de palabras no podrán abarcar nunca en su plenitud este sentimiento humano tan profundo como es el dolor que se ocasiona con un homicidio.

Es así que nunca surgirá del diccionario ni de la fría letra de ley que los familiares de víctimas de homicidios recomponen su vida en base a silencios generados por ausencias, ya no está la persona amada, se las arrancaron, lisa y llanamente. Nunca más volverán a verlos, a besarlos, a tocarlos, a disfrutarlos.

A partir del hecho cruento y junto con esa preciada vida se va la de sus afectos directos, aunque en estos últimos más lentamente, cada día, en cada cumpleaños o aniversario, en cada acontecimiento familiar en que se nota la ausencia, en cada pensamiento que los lleva a la misma pregunta del porque lo mataron.

Estas víctimas, que no eligieron y por supuesto nunca hubieran querido serlo, no pudieron hacerse a la idea de la muerte de sus seres queridos ni tampoco despedirlos en una plácida cama de hospital y si es que hallaron sus cuerpos, los mismos estaban mutilados, quemados, desfigurados[4], tirados en una zanja, una cuneta o un auto. El peor de los destinos que por supuesto nadie merece.

El victimario muchas veces tiene un motivo para proyectar su futuro y luchar por él, aunque mas no sea para lograr su libertad, reencauzar su vida o lograr su impunidad en cambio a los familiares de las víctimas del delito de homicidio se les truncó el proyecto de vida y quedan a la espera de justicia. Una espera que, cuando cesó la atención lógica de la prensa, muchas veces se traduce en desinformación sobre el estado de la causa, prolongados términos para la realización del juicio y destrato siendo históricamente un sujeto ignorado en el proceso.

Cuando reclaman justicia, no pretenden lástima, simplemente respuesta, consideración y sentido común. Respuesta rápida para que su dolor no se reviva día a día con la espera interminable de un juicio, consideración respecto de los derechos y trato digno que les asisten y sentido común al momento de resolver, principalmente si liberar o no anticipadamente a un homicida.

La búsqueda de justicia de los familiares no implica únicamente una condena, sino que alberga la secreta esperanza que ese homicidio objeto de juzgamiento sea el último, que no existan nuevas víctimas ni familiares de víctimas, que haya un antes y un después, aunque lamentablemente esto no se logre, lo cual nos advierte que nadie está exento de encontrarse en el futuro ante esta situación.

Es por ello que celebramos la iniciativa provincial y junto con ella toda esta corriente doctrinaria y normativa que amplía derechos quedando luego en manos de los operadores judiciales aplicarlos en su real significación recordando en este sentido al médico psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan[5], quien sostenía que: "El poder de la violencia no sólo se evidencia en el acto, sino en las marcas perpetuas que deja, en los contenidos que deposita en el cuerpo y las estructuras sociales, y en los referentes imborrables que incorpora".

[1]
El autor es familiar directo de una persona cuya vida se sesgó producto de un femicidio. Cfr. https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/211570-hallaron-muerta-a-ana-maria-alurralde-hermana-del-juez-federal-de-reconquista-enel-norte-de-la-ciudad-de-santa-fe-sucesos.html

https://www.lanacion.com.ar/seguridad/el-asesino-que-conquisto-a-la-hermana-de-un-juez-nid2300775/ (Consultado el 13/05/2021).

[2]
La Corte señaló, entre las conductas de los agentes estatales que intervinieron en los hechos del caso y que produjeron un impacto sobre sus familiares, la correspondiente al tratamiento que se dio a los cuerpos de los jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en los Bosques de San Nicolás, Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes. Consideró el fallo que estas personas no sólo fueron víctimas de la violencia extrema correspondiente a su eliminación física, sino que, además, sus cuerpos fueron abandonados en un paraje deshabitado, quedaron expuestos a las inclemencias del tiempo y a la acción de los animales y hubieran podido permanecer así durante varios días, si no hubieran sido encontrados fortuitamente agregando que en el presente caso, es evidente que el tratamiento que se dio a los restos de las víctimas, que eran sagrados para sus deudos y, en particular, para sus madres, constituyó para éstas un trato cruel e inhumano.

[3]
 Dispuesto por Resolución Presidencial Nº 432/2020 del 1 de marzo de 2020.

[4]
 https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/211911-investigan-si-fernandez-intento-desintegrar-el-cuerpo-dealurralde-con-acido-femicidio-de-ana-maria-alurralde-sucesos.html?utm_source=relacionadas

[5]
 Escritos. Siglo XXI. 2009 [Primera publicación 1966]. ISBN 978-607-03-0057-8. OCLC 471471348.