Según la legisladora provincial esto se da en un contexto donde millones no pueden trabajar o vieron fuertemente mermados sus ingresos por la pandemia.
Agravado por la retroactivad al mes de enero, lo cual es manifiestamente inconstitucional.
Seguir aumentando la presión fiscal al sector privado es garantizar la eliminación de trabajo y empleo genuino, a la vez que aumenta la dependencia del Estado como medio de subsistencia incrementando la miseria y la pobreza del país.
