Angelini repudió la usurpación de terrenos y culpó al Kirchnerismo de alentar la violación de la propiedad privada. 

Luego de los hechos ocurridos en el barrio Belén, de la ciudad de Reconquista, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, expresó su repudio y aseveró que “ninguna toma de terrenos puede ser avalada bajo ninguna justificación porque se trata de un delito penal”.

El legislador afirmó que, si bien el déficit habitacional “es una deuda histórica” del Estado argentino, aclaró que “eso no da derecho a usurpar predios ajenos”, por lo que, además de las sanciones que imponga la Justicia, sugirió "quitar planes o subsidios a quienes comentan estas ocupaciones ilegales", en caso de recibirlos. 

A su vez, Angelini recalcó que “la propiedad privada es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, aunque lamentablemente, el Kirchnerismo se ha encargado de violentarlo con intentos de expropiaciones que, gracias a las manifestaciones de la población, no se concretaron, y con declaraciones del propio presidente de la República, la semana pasada, que sostuvo ´que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno´”, recordó.

Para el diputado, “el reclamo por acceder a una vivienda digna es totalmente legítimo, pero ese fin no justifica los medios empleados en Belén, por más que el gobierno arengue y aliente lo contrario”, remarcó. “No podemos seguir el ejemplo que da el presidente de atropellar y violentar la propiedad privada; los mecanismos de reclamo siempre deben ser pacíficos, nunca bajo la violencia que se suscitó en el barrio de la ciudad de Reconquista”, enfatizó el actual vicepresidente del PRO.

Por último, Angelini consideró que, ante estos casos, “es importante que funcionen con celeridad las instituciones democráticas, de manera de poder garantizar un orden que no a que cualquier persona que tiene una necesidad sienta que el robo, la ocupación o cualquier delito contra otra persona no conlleva consecuencias”. Y finalizó: “Insisto, el aumento de la oferta de viviendas es un pedido que el Estado debe atender, pero siempre dentro del marco de la ley”.