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Pablo Zancada y su colaborador a juicio por el subsidio trucho para comprar un Unimog usando el nombre de una comunidad aborigen

El escándalo derivó en la renuncia de Zancada como funcionario provincial y el fin de su carrera política. En su momento había intentado ser senador provincial, pero consiguió pocos votos.

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Zancada y Fumo detrás de sus abogados defensores en la sala de audiencia.

La Cámara Penal de Apelaciones resolvió "no hacer lugar" al recurso de nulidad y apelación planteado por la defensa de los imputados, y dispone la continuidad del proceso  judicial, lo que pone al exfuncionario del gobierno provincial del Frente Progresista, en las puertas del juicio oral y público. Junto a Pablo Zancada está sometido a proceso quien era su colaborador, un empleado administrativo del gobierno provincial, Roberto Fumo.

El 14 de octubre de 2020, el Juez Penal del Distrito Reconquista, Gonzalo Basualdo, había resuelto rechazar el pedido de sobreseimiento por el delito del uso de documentos privados falsos y abuso de autoridad, y por lo tanto avanzar con el proceso rumbo al juicio. Eso fue apelado por los defensores Raúl Elías y Jorge Salum, y rechazado por la Cámara, con la firma del Dr. José Mántaras.

El fiscal Aldo Gerosa se opuso a la pretensión de los defensores alegando que Zancada, como Director del Establecimiento La Gamas y Coordinador de los bajos submeridionales; y Fumo, como miembro del Tribunal de Cuentas 
que aprobó la compra del camión Unimog, gestionó el subsidio para la comunidad aborigen de Los Laureles retirando $428.000.- por la ventanilla del Nuevo Banco de Santa Fe, sucursal Romang, y el camión comprado no valía más de $128.000.-, pero lo facturaron en $448.000.- presentando una factura confeccionada a mano con fecha 28 octubre 2015, emitida por un señor de apellido Mainero que no vende camiones; y además ese camión Unimog estaba a nombre de otra persona domiciliada en Reconquista. Sostuvo el fiscal que Mainero no vendió ni cobró ese dinero, por eso la factura acredita un hecho falso, de una operación que nunca existió, porque no existió la venta, la fecha, ni el precio, tal como lo reconoció el señor Mainero, quien declaró que a ese camión lo llevaron a su empresa para que un tío de él le haga un arreglo electrónico. Remarcó el representante del Ministerio Público de la Acusación que hay dos facturas, una del 15 de octubre de 2015 y otra del 29 de abril de 2016, o sea, por el mismo camión, dos facturas de empresas distintas, y la última, cuando el rodado ya estaba registrado ante el Registro de la Propiedad Automotor a nombre de la comunidad aborigen.

Sostuvo el fiscal que en el juicio va a demostrar que mediante falsedad se indujo a error a la administración pública. Recordó que el camión estaba a nombre de un empleado del servicio de emergencias 107.

El fiscal remarcó el abuso de autoridad por parte de Zancada, quien hizo llevar el camión a la estancia Las Gamas, pese a estar el camión a nombre de la comunidad aborigen, y luego lo puso a nombre de un particular empleado al servicio del 107.

También reprochó el fiscal que el Tribunal de cuentas "dejó pasar en forma muy rápida" la aprobación con facturas de distintas fechas y distintos proveedores.

Con estos y otros argumentos, el Dr. Gerosa, en consonancia con la querella, pidió a la Cámara Penal de Apelaciones que rechace el recurso y confirmar lo resuelto en primera instancia; y así se resolvió, lo que dejó al exfuncionario y quien fuera su colaborador administrativo en las puertas del juicio oral y público.

El querellante Andrés Ramseyer (quien actúa en nombre de la comunidad aborigen que Zancada usó para sacar el dinero de las arcas del estado para usarlo con otro fin), agregó que la comunidad descubrió la maniobra cuando se enteró que tenían deudas por patentes de un rodado que nunca tuvieron.

 

REPROCHE A LOS CONTROLADORES DEL ESTADO

En su fallo, la Cámara Penal menciona que "el Tribunal Administrativo, cuya principal misión es nada menos que aprobar o desaprobar la percepción e inversión de los caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten, ha apresurado, sin motivo alguno, o que al menos se pueda razonablemente justificar, la aprobación de los fondos confiados, máxime si tenemos presente que contaban con el pleno conocimiento de que el Ministerio Público de la Acusación, MPA, estaba realizando tareas investigativas por sospechas fundadas en la tramitación y adquisición del camión "Unimog", circunstancia que, aplicando los criterios vinculados a las cuestiones previas y/o prejudiciales imponía, responsablemente en la especie, estar a resultas de la causa penal cuyo inicio databa del 26 de octubre de 2016, y no, como en el caso, aprobar sin que "...en modo alguno significa liberar de responsabilidad administrativa patrimonial a los cuentadantes o a los terceros, si como consecuencia de otros procedimientos se manifestaren otros elementos probatorios, errores o falsedades en la documentación considerada conforme al artículo 218° de la Ley 12.510...", norma ésta que solo es aplicable a los aspectos formales, más no cuando mediaban cuestiones penales que hacían procedente suspender provisoriamente el pronunciamiento y/o adopción, entre otras disposiciones, de lo previsto en los arts. 228, 230 sig y conc. de la Ley 12.510.

La causa va rumbo al juicio por los delitos de uso de documento privado falso y abuso de autoridad.

Vale recordar que cuando ocurrió el suceso bajo investigación, Pablo Zancada era funcionario del entonces gobernador Antonio Bonfatti, quien aceptó su renuncia pero jamás cuestionó públicamente su conducta, al contrario, la justificó en un encendido e inolvidable reportaje en ReconquistaHOY/Radio, cuando avaló el accionar de Zancada en la gran discrecionalidad que tienen los funcionarios para disponer de recursos públicos, aún en este caso, cuando su funcionario gestionó un subsidio trucho a nombre de una comunidad

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