Claudio Daniel Ojeda, DNI 23.651.297, fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba (probation) por el término de dos años a partir del 8 de noviembre de 2021, con la firma del Juez Penal Santiago Banegas, quien aceptó el acuerdo del fiscal Juan Marichal, la víctima, el imputado y su defensa, por considerarlo "razonable".
Para evitar el juicio, el imputado deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta:
1. Fijar residencia permanente, la que no podrá mudar mientras dure la suspensión del proceso, sin previa autorización del tribunal competente.
2. Prohibición de tener en su poder armas de fuego o de portar armas de cualquier tipo.
3. Prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio con la víctima, Silvina Beatriz López.
4. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas en exceso y de consumir estupefacientes en cualquier cantidad; y
5. Obligación de someterse a diagnóstico y posterior tratamiento psicológico, de acuerdo con lo que determine el profesional idóneo.
El arma de fuego y el material balístico secuestrado quedó en posesión del estado.
Si hasta el 08 de noviembre de 2023 cumple con todas las obligaciones impuestas, el estado abandonará la persecución penal por los hechos imputados, y no le quedará ningún antecedente penal.
Fundamentos
Para concederle este beneficio al imputado, el magistrado consideró que no tiene antecedente penal, que de continuar la persecución podría obtener condena de ejecución condicional, y que la víctima aceptó la suspensión del juicio poniendo a prueba su conducta durante dos años, entre otras consideraciones que aquí repasamos.
Teniendo en cuenta el antecedente del "Caso Góngora", donde el máximo tribunal de justicia de la República Argentina sostiene que, para dar cumplimiento al compromiso internacional asumido por nuestro país al suscribir y ratificar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, los casos en los cuales se investigan hechos delictivos ocurridos en un contexto de violencia de género deberían ser siempre investigados
y llevados a juicio, no resultando posible -en consecuencia- recurrir a salidas alternativas al conflicto penal que eludan la realización de un debate para decidir la responsabilidad penal del imputado, el juez reconquistense sostuvo que esa decisión de la Corte "no puede ser aplicada genéricamente sin realizar un análisis en profundidad de cada caso".
Entiende el Dr. Banegas que la víctima y el fiscal "se encuentran en un mejor lugar para realizar una valoración sobre la conveniencia de llegar a una salida alternativa o -en su defecto- seguir el caso hasta las últimas consecuencias, procurando la aplicación de una condena al imputado".
Añade que la salida alternativa de la probation "luce mucho más razonable y eficaz que una eventual aplicación de pena a Ojeda", sostuvo el magistrado, porque "las medidas propuestas, si son debidamente supervisadas, privilegian la reparación del daño causado y permiten atender el punto de vista de quien surge como víctima del presente hecho. Rechazar esta salida alternativa recurriendo a conceptos dogmáticos, resultaría absurdo".
También considera que "nadie mejor que la víctima sabe sobre la conveniencia o no de llevar adelante el proceso; careciendo de sentido obligar a aquella a afrontar un proceso penal, en contra de su voluntad".
Opina que una salida alternativa al castigo penal, "bien implementada y debidamente supervisada", como supone será ésta, "comportan la posibilidad de que Ojeda pueda reparar el daño que le ocasionó a la damnificada, teniendo la posibilidad de convertirse en un miembro de la comunidad socialmente apto; evitándose la repetición de este tipo de conductas en el futuro", lo cual considera que según enseña la experiencia, "no ocurriría" si se recurre al encierro.
Además entiende que es "absurdo creer que resultaría materialmente posible para cualquier sistema penal -no solo el nuestro- poder llevar a juicio eficazmente todos los casos que se presentan".
Añade que la persecución penal trae aparejado "dos enormes problemas: Que una enorme cantidad de casos ven como fin la prescripción de la acción penal -porque no se permite una salida alternativa pero tampoco resulta capaz el Estado de llevarlos a todos a juicio- y que muchos otros son llevados a debate con mala preparación, lo cual conduce a una gran cantidad de sentencias absolutorias, enviando a la sociedad el mensaje contrario al que, en reiteradas oportunidades, ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al referir que "la negligencia y falta de efectividad del Estado para procesar y condenar a los agresores (...) no solo viola la obligación de procesar condenar, sino también la de prevenir estas prácticas degradantes. Esa inefectividad judicial crea el ambiente que facilita la violencia doméstica, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos".
Agrega que la Convención de Belem do Pará no exige la realización de un juicio oral y público en el que se procure, a ciegas, la condena del imputado, sino un "juicio oportuno" y una "sanción", lo cual puede ser satisfecho si a cada caso se le aplica la solución más efectiva para el conflicto subyacente, que puede ser una condena en juicio oral y público o, como en este caso, una salida alternativa.
"En razón de lo sostenido, entiendo que la salida anticipada propuesta por las partes implica, en el caso concreto, la verdadera interpretación del deber de debida diligencia asumido por el Estado argentino para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres exigida por la Convención de Belem do Pará, que no se conseguiría -en principio, al menos- mediante el encierro de Ojeda, cumpliéndose así acabadamente con la obligación que tenemos los magistrados de procurar la resolución de los conflictos en los cuales nos toca intervenir, contribuyendo así a restablecer la paz social y la armonía entre sus protagonistas".
El hecho
Silvina Beatriz López, 42; vivió la escena de terror en manos de su pareja, Claudio Daniel Ojeda, 46, en la vivienda que compartían en calle San Lorenzo 1146, en la noche del sábado 18 de julio de 2020.
Allí mismo fue detenido Ojeda en un rápido accionar policial, que incluso logró secuestrar el arma y las balas, que hoy constituyen pruebas del concurso real de delitos.
El revólver es marca "Arizmendi Hermanos", y no tiene numeración visible.
Claudio Ojeda es camionero. Maneja un camión jaula.
Según Elba, su hermana Silvina comenzó a padecer la violencia de género un año antes de ser detenido; y en el transcurso del tiempo hubo distintos episodios; y lo peor fue cuando le puso la pistola en la cabeza, descontrolado por los celos, porque ella es podóloga y sale a trabajar.
Elba contó que su hermana ya viene de otra relación tormentosa, "repitió el patrón de violencia de género. Creyó, confió, se jugó la cabeza y se hundió. Tiene naturalizada la violencia de género y termina tomando pastillas para dormir, sufre contracturas y otras consecuencias".
La imputación:
El fiscal que ordenó oportunamente la detención y llevó ante el juez a Claudio Ojeda es el Dr. Alejandro Rodríguez, quien le imputó coacciones agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego en el contexto de relación de pareja. "El agravante de la coacción es el uso de arma de fuego, no por tratarse de una cuestión de género", explicó el representante del Ministerio Público de la Acusación en declaraciones a ReconquistaHOY.
La audiencia se realizó el martes 21 de julio de 2020 en los tribunales de Reconquista, donde el juez Sebastián Banegas declaró legal la detención y dio continuidad a la investigación penal preparatoria.
El acusado se abstuvo de declarar, dejó su defensa en manos de su abogada, que entonces fue la Dra. Dean, quien no resistió la detención.
El fiscal sostuvo que el arma fue secuestrada por la policía en el lugar del hecho, que es el departamento que compartía Ojeda con su pareja, y que no tenía autorización para portarla, lo que constituye delito.
La medida cautelar:
El miércoles 22 de julio, se llevó a cabo la audiencia para establecer medidas cautelares. En la misma se resolvió la prisión preventiva de Ojeda por 60 días.
