Se trata del legajo en el que se investigan maniobras ilícitas por al menos 500 millones de dólares. Los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Nessier representaron al MPA y sostuvieron, entre otros argumentos, que "los actos de corrupción que se investigan hacen viable su consideración como ‘delito constitucional’ y, por ende, son imprescriptibles". Mañana y el martes se llevarán a cabo las audiencias para la constitución de querellantes de la Fiscalía de Estado provincial y de la Asociación Bancaria Argentina.

Los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Nessier representaron al MPA en la audiencia de apelación llevada a cabo el pasado viernes en el marco de la investigación de maniobras ilícitas por al menos 500 millones de dólares que provocaron el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe. El camarista Jorge Andrés estuvo a cargo de la conducción de la audiencia y deberá resolver el planteo.

"A esta instancia se llegó a raíz de la impugnación que realizamos luego de la resolución de primera instancia en la que se declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de todos los hechos denunciados en 1990 por integrantes de la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe", informaron los representantes del MPA.

De la audiencia de Cámara también participaron tres abogados defensores de las 10 personas investigadas que fueron integrantes del directorio del Banco Provincial entre 1983 y 1990.

Al menos 500 millones de dólares

"En nuestro planteo ante el camarista sostuvimos que en primera instancia no se consideraron diversas cuestiones de gravedad institucional y que, en caso de que se hubieran tenido en cuenta –y más allá de los 30 años transcurridos–, no se hubiera declarado prescripta la acción penal", manifestaron los fiscales. En tal sentido, recordaron que "se trata de la investigación en la que se intenta demostrar la responsabilidad de los sospechados, en lo que implicó el vaciamiento de la entidad bancaria más importante de la provincia de Santa Fe y que provocó un perjuicio económico al Estado santafesino estimado inicialmente en no menos en 500 millones de dólares".

Los fiscales puntualizaron que "existen sobrados motivos para considerar que los actos de corrupción que se investigan, sus incidencias en enriquecimientos patrimoniales y la incalculable afectación de las arcas del Estado provincial hacen viable su consideración como ‘delito constitucional’ y, por ende, imprescriptible tal como lo establece el artículo 36 de la Constitución Nacional". Asimismo, refirieron a la "existencia de antecedentes jurisprudenciales en otras grandes estafas cometidas contra el Estado, como el caso IBM-Banco Nación".

En la audiencia, Jiménez y Nessier plantearon que "la pérdida de la capacidad financiera de la entidad fue seguida por su privatización, tras lo cual dejó de ser la herramienta financiera de nuestra provincia". Y añadieron que, "como es sabido, su quiebra y posterior paso a manos privadas generó también una grave afectación a la historia laboral de muchos trabajadores, que se vieron obligados a permanecer en una entidad –ahora mixta– con otras condiciones laborales, o que tuvieron que migrar hacia otras áreas del Estado y perdieron sus antecedentes y trayectoria".

"Los medios a través de los cuales se habría provocado el vaciamiento se centraron en tres ejes: las contrataciones espurias y simuladas; los créditos irregulares e incobrables y el traspaso ilegítimo de fondos a la Provincia de Santa Fe", enumeraron Jiménez y Nessier. En ese sentido, informaron que "son más de 200 las entidades, grupos económicos y personas que se vieron beneficiadas con el otorgamiento de créditos millonarios que nunca fueron recuperados por el Banco".

Funcionario público

Nessier y Jiménez también subrayaron en la audiencia que "la investigación tuvo idas y vueltas entre la justicia federal y la provincial, y estuvo estancada casi 20 años". Especificaron que "durante 14 años estuvo en un juzgado provincial y otros 5 años más en la secretaría de un juzgado federal, y en ninguno de los dos casos se adoptó medida alguna".

Asimismo, refirieron al informe elaborado en 2013 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de la Nación. "En ese documento se afirma que el derrotero errático del legajo no fue más que una estrategia para eludir la investigación y dispendiar actividades jurisdiccionales a lo largo del tiempo con miras a lograr la finalización de la causa por prescripción", destacaron.

"Recién en abril de 2019 se remitió el expediente al MPA, y se dio impulso a una investigación penal que es la que estamos trabajando ahora", especificaron los fiscales.

Por otra parte, los funcionarios del MPA argumentaron que, "en tanto uno de los involucrados reviste el carácter de funcionario público, estamos ante una circunstancia que suspende el curso de la prescripción".

Cuestión ya resuelta

Los fiscales hicieron hincapié en que "existen diversos factores por los cuales la acción penal no está extinguida" y trajeron a colación "lo que ya dispusieron otros órganos jurisdiccionales". Mencionaron que "en este mismo proceso y ante planteos formulados por los abogados defensores, la Cámara Federal de Rosario ya señaló que no existe ningún obstáculo para seguir la investigación".

En tal sentido, los fiscales del MPA remarcaron que, "al desarrollar nuestros argumentos, recordamos que la decisión tomada en los tribunales provinciales de primera instancia que declara la prescripción, en realidad, implica volver a expedirse sobre una cuestión ya tratada y resuelta e impide averiguar qué fue lo que realmente ocurrió".

Querellantes

De acuerdo con lo informado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), mañana y el martes se llevarán a cabo las audiencias en las que se tratarán dos pedidos de constitución de querellantes. Uno fue realizado por la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, y otro por la Asociación Bancaria Argentina, informó la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación.

 

Maniobras por más de 500 millones de dólares que provocaron el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe 

El MPA apeló la resolución de primera instancia en la que, por el paso del tiempo, se declaró extinguida la acción penal en la investigación de las maniobras por más de 500 millones de dólares que provocaron el denominado vaciamiento de recursos del Banco Provincial de Santa Fe.

Impunidad 

"La decisión del MPA es investigar las maniobras financieras que se realizaron en lo que era la entidad bancaria estatal de Santa Fe, sin dudas la más importante de toda la provincia y una de las más sólidas del país", sostuvo en el mes de agosto de este año la fiscal Jiménez. "Estamos hablando de un vaciamiento de recursos del banco por más de 500 millones de dólares", agregó.

La funcionaria del MPA señaló que "la resolución que impugnamos causa un gravamen irreparable, de carácter serio, concreto y real". En tal sentido, subrayó que "al declararse extinguida la acción penal no se pueden seguir investigando delitos de extrema gravedad".

"Entendemos que la acción penal no está prescripta", añadió Jiménez. Asimismo, remarcó que "la investigación debe continuar para evitar la impunidad de un sin número de hechos ilícitos que, entre otras cuestiones, podrían acarrear responsabilidad internacional del Estado".

Por último, explicó que "en la apelación pedimos que se revoque la resolución que declara extinguida la acción penal y también solicitamos que el tribunal de Alzada que entienda en el tema resuelva el planteo sin reenvío, es decir sin que tenga que realizarse un nuevo juicio o procedimiento".

Maniobras 

"La modalidad delictiva utilizada entre 1983 y 1990 fue el otorgamiento de préstamos de altísimo riesgo, de muy difícil –cuando no imposible– recuperación y sin justificativos razonables a beneficiarios VIP", precisó la fiscal. Detalló que "también se hizo una transferencia de recursos del banco hacia el gobierno provincial, la cual fue considerada como el ‘golpe de gracia’ a la entidad".

Por otra parte, la fiscal del MPA indicó que, "como surge de las actuaciones y es de público conocimiento, el 12 de julio de 1991 el banco se privatizó. Es decir, al poco tiempo de la implementación de los préstamos, la entidad se transformó en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria".

Denuncia 

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 27 de agosto de 1990 por integrantes de la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe y por el Banco Central de la República Argentina.

"La denuncia estuvo inmovilizada durante 14 años en el juzgado Civil y Comercial de la Sexta Nominación de la justicia provincial, y otros cinco años más en la secretaría del juzgado federal número 1 de Santa Fe", recordó Jiménez. "Finalmente, el 24 de junio de 2013, el juez federal Reinaldo Rodríguez declaró extinguida la acción penal", informó.

"No obstante, el 22 de abril de 2016, la sala A de la Cámara Federal de Rosario resolvió revocar la resolución del juez federal Rodríguez", valoró la fiscal Jiménez. "Además, el 5 de diciembre también de 2016, los mismos camaristas aceptaron una apelación del fiscal federal Walter Rodríguez y concluyeron que no había obstáculo procesal ni de índole jurídica para que se realice una investigación seria", puntualizó.

Por último, la fiscal concluyó que "uno de los abogados defensores presentó un planteo de incompetencia de la Justicia Federal, el cual fue aceptado. Por eso, se remitió el expediente a la Justicia Provincial, y en abril de 2019 se inició una investigación penal preparatoria en el MPA que es la que estamos trabajando ahora".

Agravios 

En su apelación, los fiscales Jiménez, Nessier y Arietti enumeraron cinco agravios y plantearon que "el fallo que declara la prescripción no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción e incurre en diversos vicios".

"El primero de los agravios se centra en la afectación de las garantías de imparcialidad e impartialidad del juzgador", especificaron los fiscales y reiteraron que "el juez que resolvió la prescripción debería haberse apartado, ya que tiene un vínculo familiar muy estrecho con uno de los 30 principales deudores que más perjuicio le causaron al banco".

En relación al segundo agravio, los fiscales argumentaron que "es por la aplicación arbitraria del instituto de la prescripción de la acción penal".

Los funcionarios del MPA consideraron que "la prescripción resuelta está en abierta contradicción con las resoluciones dictadas por la Cámara Federal que ya señaló que no existe obstáculo procesal ni de índole jurídica que impida avanzar con una investigación seria".

Acerca del tercer agravio, informaron que "la razonabilidad de la duración de los plazos –tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos– debe ajustarse en cada caso a la complejidad del asunto, la conducta del órgano judicial, la actividad de la defensa y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada".

Por último, los fiscales finalizaron que el cuarto y quino agravio son "por el apartamiento de la normativa legal aplicable en cuanto a la suspensión de la prescripción de la acción penal y a la afectación del principio constitucional de ‘ne bis in idem’, respectivamente".

En tal sentido, concluyeron que "la resolución que impugnamos omitió aplicar al caso la normativa que prevé la suspensión de la prescripción ante la presencia de imputados que son funcionarios públicos de alto nivel, que es lo que ocurre en este proceso".

Oficina de Prensa y Difusión MPA (sede de los fiscales de la Provincia de Santa Fe).

 

Papá 

Pablo Osvaldo  Busaniche, el juez de primera instancia que el 13 de agosto de 2021 falló a favor de la prescripción de la acción penal en la causa por el vaciamiento de la entidad de crédito provincial estatal, es el hijo de uno de los principales deudores del Banco, informó la publicación "Zona Crítica".

Su padre, Osvaldo, empresario importante en la región en los años ochenta y noventa; y ex presidente de Colón, dejó un "pagadiós" millonario en representación del Complejo Turístico Piedras Blancas, de acuerdo a lo que señala el Informe Nogueras , elaborado en los años noventa por el equipo de Alfredo Nogueras, integrado por legisladores y técnicos de las universidades públicas.

En 50 páginas, Busaniche resolvió dictar la prescripción de la causa reproduciendo casi en su totalidad los argumentos de los defensores de los acusados de vaciar el banco.

Es el tercer juez que lo hace, primero fue el condenado por delitos de lesa humanidad, Víctor Brusa, en los años noventa, luego fue el juez federal Reinaldo Rodríguez, en 2015.

La causa se abrió en los años ochenta y se tramitó primariamente en Rosario, en la justicia ordinaria, pero luego fue girada a la justicia federal en Santa Fe. Allí Brusa desplegó una serie de acciones fraudulentas que presagiaban que el expediente iba a terminar naufragando.

En 2013, el Fiscal Federal Walter Rodríguez desempolvó la casa que estaba en el fuero federal sin siquiera un movimiento desde 2008 y pidió un informe a la Procelac, la Procuraduría Criminal contra el Lavado de Activos.

Con la devolución de los expertos no dudó en plantear que no se cierre la causa porque había encontrado maniobras fraudulentas y planteó que se siga tramitando bajo la certeza que había "cosa juzgada írrita", es decir, que existió un simulacro de investigación penal.

El juez Rodríguez se tomó dos años para definir en favor del archivo.

Luego la causa fue radicada en la justicia santafesina y allí siguió su derrotero. En medio, el ex gobernador Miguel Lifschitz anunció en 2017 que la provincia se iba a constituir como querellante en la causa, situación que nunca concretó, tampoco la gestión actual.

La causa se abrió por una denuncia de la Comisión Interna del Banco en los años ochenta y pasó por distintos momentos, algunos de ellos violentos, como el atentado a la casa del ex ministro de la Corte Jorge Barraguirre, padre del actual Procurador.

Créditos impagabales con garantía de la provincia que se usaron para tapar rojos financieros u otras maniobras alejadas de la producción y el apalancamiento financiero formaron parte del desaguisado en donde participaron un conjunto de directores y oficiales del banco con el visto bueno de la política, reprocha el informe de Zona Crítica.

Uno de los deudores más importantes que refleja el Informe Nogueras es el de la empresa "Complejo Piedras Blancas" que explotaba en su momento bares y una aerosilla sobre la laguna Setúbal.

Pero la inundación de 1983 arrasó con todo el predio y Osvaldo Busaniche tenía aún pendiente devolver el crédito pedido en 1980 por 800.000 dólares para montar el lugar. Un año después recibieron más.

De acuerdo a la pericia contable que hizo la Universidad del Litoral dentro de la Comisión Nogueras, la deuda consolidada de Busaniche con el Banco fue de 2.300.000 dólares con la gravedad que en el segundo crédito el Estado santafesino fue el garante.

Don Osvaldo Busaniche siguió haciendo negocios en la ciudad a pesar de su deuda con el Banco, fue socio de Ondafé, empresa que controlaba a la radio LT 9 Brigadier López, y luego fue presidente del Club Colón. Falleció en junio de 2017. (Fuente: Informe de Zona Crítica).

La web "Pausa" indicó que "ninguno de los 44 directivos del Banco implicados en el vaciamiento siquiera fueron convocados a declarar. 

Piedras Blancas quedó en el grupo de los 16 privados que mayor perjuicio le ocasionaron al banco de todos los santafesinos, según reporta el Informe Nogueras, que además reporta las relaciones entre empresas, empresarios y funcionarios del banco.

 

Los 16

Además de Piedras Blancas, esas 16 empresas –y particulares– fueron Agritec s.a., Florencia s.a., Frigorífico Hughes, Industria Aceitera Río Paraná, Lainatti Hnos (vinculados también a Florencia s.a.), Massey Ferguson, Molino Arrocero San Javier s.a., Ospim, Orlando Didier y Sra (vinculados también a Industria Aceitera Río Paraná), Padoan y Cía-Colonia Yatay SA, Sellares s.a., Siderurgia del Litoral s.a., Vicco Agropecuaria, Welbers y Wultrich s.a.

Agrega "Pausa" en su informe periodístico que para cuando se privatizó el banco, el 73,49% de la cartera de créditos estaba en mora. El 44,9% de todos los préstamos era irrecuperable.

La mecánica venía desde tiempos de la dictadura, señala el Informe Nogueras.

Más allá de otorgar créditos a personas o empresas sin un peso, "a pesar de su manifiesta insolvencia se los continuó manteniendo como cartera viva, ya sea con la renovación continua a sus vencimientos, sin mejoras de garantías o demostración de solvencia alguna".

El total de deudores acumulados desde 1980 a 1997 fue de 5747.

El 66% de esos deudores tomaron préstamos entre 1993 y 1995.

 

 

Los fondos otorgados no han ingresado para inversión en las empresas de los deudores sino para cancelar otros pasivos o retiros particulares.

 

 

 

De los 30 principales deudores, 18 no tenían garantías reales para tomar sus préstamos y 12 sí tenían, pero de poca significación.

 

 

Las características de cada caso son muy diferentes

Van algunas muestras y datos. Sus deudas serán presentadas en pesos dólares –recuérdese el 1 a 1– pero sin actualización: si se les hubieran calculado debidamente los intereses, serían mucho más altas.

• Un solo deudor, Orlando y Noemí Didier, tenía el 7,5% del total de préstamos. Con el saldo contable congelado a 1991, para el banco debía $33.555.000, pero si se le cobraba el interés promedio, su deuda debió haber ascendido a $110.731.500 para 1997.

• Florencia s.a., conocida como "la alcoholera", producía alcohol para cuando los autos llevaban alconafta. Le quedó debiendo al banco $7.468.247.

El primer préstamo, que genera toda la bola, se origina en 1979 para montar la planta misma. Pasó por varios nombres y dueños, la deuda se mantuvo hasta que llegó a manos de los hermanos Luis y Omar Lainatti (los hermanos que aparecen, también y por sí mismos, entre los más dañinos deudores).

El propio Informe Nogueras señala que Lainatti Hnos libró fondos de la empresa en favor de dos ex directores del banco y que un perito tasador del banco sobreestimó en seis veces la productividad de la planta.

Como sea, el gobernador Víctor Reviglio apoyó a la alcoholera con un decreto en 1989, obligando al Banco darle más créditos.

• Dedicada a la venta de maquinaria agrícola, la deuda de Agritec s.a. se origina en 1991 por cuatro préstamos para importar cosechadoras. Recibió 1.309.700 dólares.

Fuentes: Ministerio Público de la Acusación, MPA; Revista Pausa; y Zona Crítica.

Más info oficial del caso, en el siguiente link: https://www.santafe.gob.ar/informe_nogueras/