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SENTENCIA FIRMADA ESTE JUEVES

Vicentin saic ya puede volver a exportar por decisión del Juez Lorenzini, quien le ordenó a la AFIP-DGA que le permita liberar Cartas de Porte. Aquí también la primera reacción.

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Fabián Lorenzini.

En un fallo dictado este jueves 23 de diciembre de 2021, el Juez Civil y Comercial de Reconquista que tiene en sus manos el Concurso Preventivo de Acreedores de la firma Vicentín saic, resolvió hacer lugar al pedido de tutela inhibitoria de la sociedad concursada, rechazando los planteos esgrimidos por la AFIP-DGA por improcedentes; y dispuso que la AFIP-DGA deberá abstenerse de limitar o restringir la capacidad de la sociedad concursada Vicentín saic, para emitir cartas de porte electrónicas, como consecuencia de la rebaja de su calificación en el Estado 3 del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), dispuesta oportunamente

El organismo estatal deberá reestablecer la situación de la concursada a la fecha anterior a la adopción de la resolución administrativa que motivó su nueva categorización.

También impuso al Estado cargar con la totalidad de las costas de este incidente.

En la argumentación, el magistrado recuerda que el objetivo neurálgico de la ley concursal es la conservación de la empresa viable, de sus unidades de negocios y establecimientos fabriles, la continuidad operativa, la defensa de la producción, obrando con especial celo en la preservación de las fuentes y puestos de trabajo que dependen de dicha continuidad operativa; y que toda intervención, debe producirse evitando la paralización de un proceso virtuoso que también merece protección constitucional.

Resalta el Dr. Lorenzini que la penalización de la AFIP-DGA, afecta, mediante una punición excesiva, los contratos que la empresa en crisis debe honrar con terceros que han confiado en su capacidad de brindarles servicios (fazón) y que ahora se veían amenazadas a causa de esta situación emergente.

Capítulo aparte dedica a los trabajadores de la concursada, cuyos salarios dependen directamente de la actividad, aunque aclara que "no se trata de utilizar a los trabajadores como escudo invisible para el incumplimiento legal, sino de evaluar eventuales consecuencias nocivas de una actuación extemporánea".

Razona el magistrado: "Debemos ahora acoger el pedido de la sociedad concursada y disponer las medidas judiciales tendientes a evitar el colapso de la empresa en marcha, por la ya mencionada aplicación sesgada de normas fiscales que colisionan con los principios de la legislación concursal".

"Entiendo sobradamente probado el peligro en la demora, tanto para su desarrollo comercial como a su patrimonio -lo que redunda en un mayor beneficio para los acreedores-, sería gravemente afectado en caso de mantenerse las suspensiones e inhabilitaciones ordenadas por el organismo fiscal", escribió el Dr. Lorenzini en su fallo firmado este jueves antes de Navidad.

Argumentó que las Costas del incidente deberán ser pagadas en su totalidad por la AFIP-DGA, por imperativo del principio procesal de la derrota, máxime dado que AFIP-DGA cuenta con un nivel de involucramiento y conocimiento pormenorizado de la situación jurídica, económica y productiva de esta empresa en crisis, lo que no permite que podamos dispensarla de las consecuencias y los inconvenientes que generó mediante su obrar lesivo. Asimismo, debemos considerar la falta de una debida diligencia de AFIP-DGA, ante los reiterados pedidos de autorización especial para emitir cartas de porte que, de haberse atendido tempestivamente, hubieran evitado la situación crítica en la cual nos vemos inmersos. Todo ello nos convence de la responsabilidad de la incidentada que implica asumir las costas generadas".

 

Primeras repercusiones tras la nueva sentencia

Apenas ReconquistaHOY difundió lo resuelto por el juez Lorenzini, el diputado provincial Carlos del Frade emitió un comunicado en el que expresó que entre sus fundamentos, volcados en catorce páginas, sostiene que la concursada es "una empresa dedicada a la compra de cereales en el mercado de producción nacional, en miras a su procesamiento y exportación; por ello resultaba esencial mantener en funcionamiento dicho esquema comercial, propiciando sus actividades empresarias naturales como camino de salida para el conflicto".

¿Cuáles fueron las actividades naturales de Vicentin SAIC entre agosto de 2019 y enero de 2020?, pregunta.

Y agrega que "la empresa concursada no modificó su objeto social, pero si ha variado su modelo de negocios, subsistiendo en este período transicional mediante el alquiler de sus plantas fabriles a terceros, recibiendo mercadería ajena, procesándola y entregándola en el lugar pactado a los locatarios para su posterior comercialización".

¿A qué le llama "transicional" el doctor Lorenzini?.

¿El paso de actividades ilegales a legales sin ninguna consecuencia para la conducción del consorcio que llevaron a tener una deuda de casi 1.500 millones de dólares?.

Y además asegura que Vicentin SAIC "también ha comenzado a alquilar sus dependencias portuarias y sistemas de elevación, permitiendo así que sus clientes puedan servirse de esta infraestructura, mediante el pago de los alquileres acordados (fazones). Sin resignar definitivamente su perfil de empresa agroexportadora, la actualidad de la concursada está determinada por tales circunstancias".

Resulta ofensivo que el juez del concurso crea que la media decena de causas penales abiertas por distintas estafas contra parte del directorio del grupo, del Banco Nación y del Central en aquellos años, sean detalles menores como también los 1.700 productores endeudados y los casi 800 millones de dólares fugados.

Ahora, como regalo de Navidad e impunidad, Lorenzini decide -con sus fundamentos- que Vicentin SAIC, una de las 33 empresas que componen el grupo del que nunca habló en sus resoluciones, puede volver a exportar de manera "natural" como si aquí no haya pasado nada.

Desde ReconquistaHOY llamamos al diputado para que nos aclare si acaso le molesta que Vicentín vuelva a exportar para mantener en pie las fuentes de trabajo, a lo que respondió: "Yo no estoy en contra de que Vicentin vuelva a exportar, para nada"; y reconoció que -aunque no comparta algunas decisiones- "el juez Lorenzini, como siempre, fundamenta sus decisiones". 

Sin embargo, puso en duda dos cuestiones dentro del documento presentado y confesó: "Me llama la atención que, [...] una vez más habla de Vicentin S.A.I.C, no habla del ecosistema de 33 empresas que es el grupo Vicentin". Esta omisión constante es la que Del Frade considera "un callo en todas las resoluciones del juez Lorenzini".

En segunda instancia, el diputado rosarino se expresó completamente en contra de la naturalización de todo el proceso: "No es natural lo que pasó con Vicentin [...] Eso es lo que cuestiono, la calificación del regreso a una actividad natural de Vicentin". Argumentó su opinión explicando que "en el medio hay 1.700 productores que se consideran estafados, hay una deuda de $1.500.000.000 de dólares y hay 5 causas penales abiertas".

Tras estas contundentes declaraciones, finalizó reafirmando sus intenciones: "Lo único que pretendo es que se vayan los delincuentes, y que quede la gente que quiere hacer bien las cosas". Y destacó que es necesario decírselo al juez Lorenzini y explicarle a la gente, que "no son procesos normales los que han sucedido".

 

No podemos naturalizar todo lo que pasó en Vicentín. 

Para mí hubo un proceso delictivo, quiero que se vayan los delincuentes y que se queden los que quieren hacer bien las cosas.

 
Carlos del Frade en ReconquistaHOY

 

 

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Fabián Lorenzini al salir de Tribunales.