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Opinión

"El ictus oculi y el necesario diálogo entre justicia y prensa - El rol activista de los jueces"

Dr. Aldo Alurralde.

Fácilmente puede advertirse que el proceso penal se ha convertido en la vidriera pública periodística, ya que generalmente las noticias que más "impactan" y por lo tanto interesan en la opinión pública son aquellas vinculadas a los hechos criminales que bajo el rotulo "inseguridad" son reproducidos por los medios de comunicación. El autor pone de relieve la necesidad de llevar adelante iniciativas de acercamiento institucional, es decir, que el Poder Judicial cuente con una estructura apropiada para comunicar a la opinión pública sobre los sucesos que estime pertinentes y así el ciudadano pueda formar su propio juicio crítico de manera más acabada y no perciba al juez como un sujeto casi desconocido, tribunalicio, indiferente o ajeno a los valores sociales.

 

El ictus oculi y el necesario diálogo entre justicia y prensa - El rol activista de los jueces 

En la actualidad nos encontramos con una sociedad en donde muchas veces se vive la vida para mostrarla ante los demás, no para disfrutarla ingresando en un pantano narcisista del cual muchas veces no queremos salir, todo ello facilitado por el acceso irrestricto a las redes sociales.

La situación antedicha fue advertida hace bastante tiempo y ha sido abordada magistralmente desde las obras "La opinión pública"[1] hasta "El homo videns. La sociedad teledirigida", del politólogo florentino Giovanni Sartori [2], sosteniendo este último que el homo sapiens, formado como tal mediante el lenguaje verbal y fundamentalmente con la escritura, se convierte, por medio de su exposición continua a las imágenes, en un homo videns lo cual lo torna incapaz de desarrollar procesos cognoscitivos. Concretamente pierde la capacidad de abstracción y razonamiento lógico que viene dado por el lenguaje y la lectura. Expresado en palabras del propio autor: "La televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en ictus oculi, en un regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender".

Actualizando estas consideraciones creemos que tanto lenguaje, lectura, medios y redes sociales, no son opuestos, sino que deben complementarse ya que son útiles en la formación integral del hombre contemporáneo ya que la imagen también enriquece posibilitándose, a través de ella, como se dice vulgarmente, sustituir mil palabras.

Dentro del contexto antedicho, encontramos al proceso penal, el cual se ha ido presentando ante la sociedad como el configurador casi exclusivo del sistema de la justicia, habiéndose convertido en la vidriera pública periodística y entendemos que ello es así ya que generalmente las noticias que más "impactan" y por lo tanto interesan en la opinión pública [3] son aquellas vinculadas a los hechos criminales que bajo el rotulo "inseguridad" son reproducidos por los medios de comunicación.

A lo expuesto ut supra se le agrega que en la actualidad existe una concepción de un poder judicial sobredimensionado ya que debe atender las nuevas exigencias que le propone y reclama la sociedad en miras a paliar déficits sociales (ej. acceso a la vivienda, aumentos a los jubilados, Ife, etc.) siendo inclusive el propio Estado uno de los mayores demandantes del servicio de justicia.

Por su parte la labor judicial es compleja ya que una sentencia puede ser técnicamente ajustada a derecho, pero la ley en que se funda puede ser injusta y los jueces deben aplicar las leyes, interpretarlas, pero no fallar en contra de ellas (prevaricar) y ello es así atento a que el poder juri genético legal se encuentra reservado a otro poder del Estado, en este caso, el legislativo.

Otras veces, aunque las leyes en abstracto sean percibidas por la sociedad como justas, cuando se aplican y están en conflicto contra los propios intereses ya no parecen tan justas.

En algunos casos y en una arista ya particular, los justiciables acuden a los tribunales exigiendo justicia, pero no están guiados por la finalidad de alcanzar una decisión equitativa, sino que pretenden venganza y en su cometido no valoran la sentencia porque les otorgue la razón sino porque constituye un instrumento para demostrarle al otro que se le ha ganado, es decir, a veces no son los fines sino los resultados los que interesan. Como es de esperar la parte a quien no se le ha dado la razón, no se encuentra conforme con la sentencia. Pero a veces, el vencedor de un juicio tampoco está conforme con la sentencia porque entiende que no es justo que, para algo que estima era evidente y a lo cual le asistía el derecho, ha debido recurrir a abogados, gastando
dinero y tiempo bajo un contexto de incertidumbre propio de todo proceso judicial.

A lo expuesto anteriormente debemos agregarle que, la mayoría de las veces, la sentencia judicial se presenta como un escrito frio, hosco que no añade nada por lo que debe ser redactada pensando no solo en los letrados sino también en los ciudadanos para facilitar de este modo el acceso a su compresión.

El juez debe brindarles a sus pronunciamientos una textura que facilite el tránsito desde lo interpretativo judicial a lo interpretativo social. En efecto, además de la interpretación judicial que los operadores jurídicos y en distintas instancias efectuarán sobre sus resoluciones, coexiste la 'interpretación social' que en particular los medios de comunicación y en la vidriera publica habrán de instalarse sobre dichas resoluciones [4].

Este criterio fue aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, específicamente en el leading case "Arriola"[5] en el cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo de la Ley 27737 -que penalizaba la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal- siempre que dicha tenencia se realice en condiciones tales que no traiga aparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros, que le quiten al comportamiento el carácter de una acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Es así como en el parágrafo 27 expresa "Que la decisión que hoy toma este Tribunal, en modo alguno implica "legalizar la droga". No está demás aclarar ello expresamente, pues este pronunciamiento, tendrá seguramente repercusión social, por ello debe informar a través de un lenguaje democrático, que pueda ser entendido por todos los habitantes y en el caso por los jóvenes, que son en muchos casos protagonistas de los problemas vinculados con las drogas (Ordoñez - Solis David, "Los Jueces Europeos en una Sociedad Global: Poder, Lenguaje y Argumentación", en European Journal of Legal Studies, vol. I EJLS, n° 2).

Asimismo, en el Poder Judicial existe una especie de principio que, por lo general y difuso, ha sido mal interpretado y este es que "los jueces solo hablan por medio de sus sentencias". Obviamente que en la labor judicial de la causa los jueces se expresaran por medio de este acto jurídico procesal, pero ello no invalida que, luego de dictado el mismo, puedan referirse públicamente a lo que ha sido su pronunciamiento, con palabras claras, lejos de los tecnicismos jurídicos.

Por nuestra parte concebimos la tarea judicial de cara a la sociedad y no de espaldas de ella por lo que los magistrados deben dar cuenta de sus actos e informar, cuando le sea requerido, el porqué de las medidas que tomaron y de este modo, evitar malas o tendenciosas interpretaciones sobre sus decisiones y, en el cumplimiento de sus funciones, deben ir más allá asumiendo actitudes activas y activistas siempre en pos de un mejoramiento del sistema judicial respetando en tal faena los derechos y garantías constitucionales.

Durante mucho tiempo existió una concepción tradicional de un juez "pasivo", lo cual tal vez era producto del positivismo formal-legalista del siglo XIX que, como paradigma, sostenía que el derecho es un conjunto estático, cerrado y completo-autosuficiente por lo que al juez solo le restaba realizar un razonamiento lógico-deductivo para la aplicación de las normas.

Siguiendo al Dr. Roberto O. Berizonce[6], dicha situación contrasta con la actual vinculada con un juez activo y activista. Juez activo, conforme dicho autor, implica un rol protagónico, por su virtud de obrar, operante, actuante, ejecutante, y además dinámico frente a la pasividad que implica inactividad por su quietud e indiferencia. Por otro lado, la concepción de "activista", no se ciñe a una cualidad puramente mecanicista o física, cuál sería la activación o la diligencia, sino un sentido mucho más profundo que deriva del actuar activo pero, además aderezado a la obtención de una finalidad en la que predominan los valores fundamentales. Ejemplifica el autor precitado sosteniendo que: "El juez que pronuncia sus decisiones y cumple sus deberes funcionales diligentemente dentro de los plazos legales, podrá ser considerado activo, ser "activista" si, además, a partir de una visión progresista, evolutiva, reformadora, sabe interpretar la realidad de su época y les confiere a sus decisiones un sentido constructivo y modernizador, orientándolas a la consagración de los valores esenciales en vigor".

Superada la situación respecto del rol de los jueces, resta ahora que analicemos en que oportunidad y como debe ser el discurso de los magistrados hacia la sociedad, es decir, aquel enunciado o conjunto de enunciados con que expresaran, de forma escrita u oral, el razonamiento jurídico teniendo en cuenta la particular característica de la función del juez, quien siempre debe decidir o resolver las cuestiones traídas a su conocimiento.

Respecto a la oportunidad en que el magistrado deba entablar ese dialogo o acercamiento institucional nos resulta acertado el criterio seguido por el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba el cual establece en su punto 3.14 que: los magistrados y funcionarios guardan reserva de los asuntos en que intervienen, en la medida en que lo impone el secreto profesional. Resueltos los mismos, el conocimiento puede utilizarse con fines científicos, profesionales u otros de bien público, salvaguardando en lo posible los derechos de terceros, mientras que seguidamente y el punto 3.15 agrega que el magistrado no confronta públicamente su resolución con opiniones ajenas, favorables o adversas. No obstante ello agrega que puede hacerlo cuando se afecte el prestigio del Poder Judicial, o la credibilidad pública en la independencia,
imparcialidad o equidad de sus decisiones [7].

Con relación al otro interrogante, este es, el contenido del enunciado del magistrado, entendemos que, para poder dar respuesta al mismo, resulta esclarecedor y a modo de ejemplo -podemos recurrir a un dictamen elaborado por el Tribunal de Ética para Magistrados y Jueces del Poder Judicial de Santa Fe[8] el cual desestimó in limine una denuncia realizada ante la Presidencia de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, con motivo de declaraciones formuladas por un Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción, de la Segunda Nominación de la ciudad de Santa Fe al entender que "... a modo de, obiter dictum, puede decirse que la sociedad actual goza de modernos medios de comunicación e información social, ámbito éste donde se acuña un cúmulo de opiniones e informaciones emitidas por personas e instituciones de la más diversa condición y naturaleza y al que no resultan ajenos, indudablemente, los jueces instructores, investigadores, por las características de su propio accionar en la medida que no traspasen los límites legales. A través de los medios de comunicación social se pretende, con libertad, promover el debate, lo implica un prohijar la creatividad y el conocimiento; asegurando de tal suerte, a través de la información que brindan -como en este caso, la que se plasma en el reportaje- no sólo un ejercicio pleno de los derechos y garantías básicas de las personas que puedan resultar afectadas por su contenido, como al desenvolvimiento ordenado de la comunidad.

En fin, no se advierte que las declaraciones del doctor J. M. G. P. en el medio periodístico capitalino, pusieran en juego el derecho al honor, a la dignidad y a la honra del doctor E. S. C. Al respecto, cabe recordar que a través de estos derechos no se tutela la privacidad -como en el derecho a la intimidad- sino el hecho de que su estado público no afecte ilegítimamente estos derechos personalísimos. Estos derechos no quedan lesionados por la mera exposición pública, sino cuando ésta es deshonrosa, pues la honra o el honor pueden ser afectados sin necesidad de irrupción en la intimidad del ofendido ("Información Social: Derecho y Regulación". Jorge J. Zaffore. Editorial Depalma)". Sic menos negrillas.

Por otro lado, encontramos en el derecho comparado el ejemplo contrario, en donde el Tribunal de Ética Judicial de la República del Paraguay [9] resolvió que, en hechos totalmente distintos a los que analizamos ut supra, se había verificado falta ética por parte del Miembro Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Lo importante de este decisorio es que no solo se aplicaron al caso las disposiciones del Código de Ética Judicial de ese país sino también las del Código Iberoamericano de Ética Judicial.

Como lo esboza el propio código, en Iberoamérica se asiste en los últimos años a la sanción de códigos de ética judicial o reglamentaciones particulares análogas con contenidos y diseños institucionales diversos. A su vez la Cumbre Judicial Iberoamericana ha avalado esa alternativa incluyendo en el Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en Canarias en el año 2001, un capítulo dedicado específicamente a la "Ética Judicial". En sintonía con esos antecedentes, en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano (Cancún, 2002), se reconoció "un derecho fundamental de la población a tener acceso a una Justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa". Es por ello por lo que en la Declaración Copán-San Salvador, 2004, los presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia y de Consejos de la Judicatura pertenecientes a los países que integran Iberoamérica aprobaron dicho código que fuera reformado el 2 de abril de 2014 en la XVII Reunión Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, llevada a cabo en Santiago de Chile.

Si bien la normativa precitada, no constituye un cartabón legal que establezca que lo que el juez debe decir o no, si establecen las bases para abonar nuestra postura comunicacional del mismo. Es así como el artículo 56 del Código Iberoamericano de Ética Judicial establece que "La transparencia de las actuaciones del juez es una garantía de la justicia de sus decisiones" y en consonancia con ello el articulo siguiente (57) establece: "El juez ha de procurar ofrecer, sin infringir el derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable".

Con respecto este último artículo los parámetros son claros respecto de la información a suministrar, a saber: debe ser útil, es decir, que produzca un provecho o beneficio hacia la comunidad que es la que se informa. El requisito de la pertinencia implica que sea adecuada u oportuna en un momento u ocasión determinados mientras que, por último, la información será comprensible si se suministra, como dijimos, con meridiana claridad, lejos de los tecnicismos jurídicos y su fiabilidad surgirá por la propia fuente de la cual dimana, es decir, las manifestaciones del juez.

También resultan interesantes y aplicables en la materia los llamados "Principios de Bangalore sobre la conducta judicial"[10] que contemplan, en el quehacer de los jueces, los valores de independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia aclarando en el punto 4.6. que "Un juez, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión y de creencias, derecho de asociación y de reunión pero, cuando ejerza los citados derechos y libertades, se comportará siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura".

Con todo lo antedicho pretendemos poner de relieve que se deben llevar adelante iniciativas de acercamiento institucional, es decir, el Poder Judicial debe tener una estructura apropiada con funcionarios preparados para comunicar debidamente a la opinión pública cuando entienda que es útil y pertinente brindar explicaciones a modo formal o informacional para que el ciudadano (verdadero destinatario del servicio de justicia) pueda formar su propio juicio crítico de manera más acabada y no perciba al juez como un sujeto casi desconocido, tribunalicio, indiferente o ajeno a los valores sociales. A tal fin debe existir una necesaria convivencia y complementación entre los medios de comunicación y el Poder Judicial en post de una mayor transparencia comunicacional.

Asimismo, estimamos propicio la creación de códigos deontológicos para los periodistas y su formación en materia legal facilitando la forma y modo en que se transmite la noticia.

Por último cabe hacer mención a la brillante semblanza que realizara el admirado y querido profesor en mis tiempos de carrera doctoral, el Dr. Rodolfo Vigo [11]: "El servicio profesional se presta a un semejante o prójimo, es decir se canaliza a través de una relación humana, en donde está comprometida recíprocamente la dignidad y el respeto de las partes (...). Por supuesto que también sobre el juez pesa esta exigencia en sus relaciones con las partes, abogados, colegas y auxiliares, quién además debe recordar que la autoridad no se construye en base a falta de respeto, desplantes, impuntualidades o gritos. Cualquier ciudadano en base a una experiencia humana consolidada puede legítimamente asociar esa beligerancia o indisposición para el trato respetuoso a cierta falta de prudencia o descontrol incapaz de analizar pausada, racional y dialógicamente los problemas complicados propios de la tarea judicial. La autoridad preocupada por obtener el mejor premio al que puede aspirar -según Tomás de Aquino- que es el "afecto", "amistad" o "amor" de los ciudadanos, debe tratarlos del modo idóneo a tales fines, pues sólo un masoquista puede apreciar o respetar a aquél que lo maltrata".

[1] Lane, Robert E. y Sears, David O., La opinión pública, Barcelona, Editorial Fontanella S.A., 1967.

[2] Editorial Punto de Lectura, México, Traducc. Ana Diaz Soler, Año 2005.

[3] Con respecto a los temas que interesan, siguiendo a Lane y Sears (op. cit.) podemos afirmar que hay temas "racionales" y temas "irracionales" en cuanto a la respuesta que suscitan en el individuo. Dichos autores aun cuando advierten que se tratan de "comentarios especulativos", citan algunos criterios sobre temas capaces de suscitar pensamientos irracionales: a) cuanto más vagos sean los puntos de referencia de una opinión; b) cuanto más remotas y difíciles de percibir sean las consecuencias de la acción; y c) cuantos más abstractos sean los términos de la discusión.

[4] Confr. Andruet (h.), Armando S., "Jueces, ética y comunicación social", TR L.L., AR/DOC/4764/2010.

[5] Arriola, Sebastián y otros s. Causa N° 9080, CSJN, A.891.XLIV, 25/08/2009, Rubinzal Online, www.rubinzalonline.com.ar, RC J 12360/10.

[6] Cfr. Berizonce, Roberto Omar, "Activismo judicial y participación en la construcción de las políticas públicas", en http://publicacionesicdp.com/index.php/Revistasicdp/article/view/63/pdf (Consultado el 03/03/2022).

[7] Agrega dicho código en el punto 4.5 bajo el acápite "Publicidad" que hace al régimen republicano que el servicio de justicia se proyecte a los medios de comunicación social agregando que los magistrados y funcionarios se refieran a los casos cuando tengan repercusión pública y no comprometan su deber de reserva, manteniéndose en los límites de lo indispensable para satisfacer el interés público que despierta la labor judicial.

[8] Cfr. Dictamen en la causa Nº 2 - Año 2002, caratulada "C. E. S./ Su denuncia" de fecha 11/02/2002. Tribunal de Ética, presidido por su titular, Dr. Eduardo Guillermo Spuler, e integrado por los Dres. Hugo E. Papa Lavarino y Norberto Juan Iturralde. En dicha causa el Dr. E. S. C. había formulado denuncia ante la Presidencia de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, con motivo de declaraciones formuladas por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la Segunda Nominación de esta ciudad, en una nota periodística titulada "Los jueces no pueden estar encerrados en su despacho" de fecha 3 de agosto de 2002, publicada en el suplemento "Nosotros" del Diario "El Litoral". El abogado denunciante consideró que dicho magistrado, al referir a hechos que han entrado en la órbita de su competencia funcional, en especial, al mencionar en el párrafo segundo, segundo apartado de la nota que "... Y a llevar adelante acciones, entre otros, contra ... el ejecutor fiscal E. C...", se había apartado de las reglas de prudencia, dignidad y transparencia funcional, encontrándose incurso, por consiguiente, en la causal prevista por el artículo 6.13 del Código de Ética. Delimitada así la temática a resolver, este tribunal luego de ponderar las declaraciones vertidas por el doctor J. M. G. P. en la nota periodística a la luz de las normas del Código de Ética (Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe) y del Reglamento del Proceso de Responsabilidad Ética, estima que dicho magistrado formuló consideraciones genéricas sobre cuál es la postura que han de asumir los jueces frente a la creciente criminalidad y la respuesta que desde el Poder Judicial se debe brindar a la sociedad. No advierte, además, que el magistrado al citar las distintas causas que han pasado por su juzgado, entre ella, la seguida al Dr. E. C. como Ejecutor Fiscal, "efectuara" comentarios específicos sobre el caso; hiciera "trascender" detalles de la causa; comprometiera la "dignidad de la persona; efectuara las declaraciones en forma "imprudente". Además, las expresiones consistentes en que "... le tocó estar en el lugar de las respuestas a una sociedad aterrorizada por la inseguridad e indignada por la impunidad de los ladrones de guantes blancos..." se encuentran enmarcada en el contexto de los diversos interrogantes que se le formula en el reportaje, guardando coherencia con el párrafo siguiente, en el que expresó que la Justicia de Instrucción es "el paragolpe entre la delincuencia y la sociedad". Por lo demás, no pueden desconocerse las realidades a que refiere el magistrado, tanto en lo que respecta a la inseguridad, nota distintiva de la sociedad actual como así a la impunidad de ciertos sectores. En virtud de lo expuesto se desestimó "in límine" la denuncia incoada por el doctor E. S. C., por juzgar que no existen elementos suficientes que justifiquen la apertura de la investigación prevista por el artículo 15 del Código de Ética para Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (artículo 4 5 / 6 del Reglamento del Proceso de Responsabilidad Ética y artículo 14 del mencionado código).

[9] Resolución 29/2008 del Tribunal de Ética Judicial, Caso Nº 91 del 29/10/2008 dictada en la causa "Juan Manuel Morales, Vicepresidente del Tribunal Superior de la Justicia Electoral s/ presunta violación al Código de Ética Judicial". Quien había realizado manifestaciones públicas por medios masivos de comunicación social en términos tales como: - Respecto de asuntos relacionados con procesos judiciales en materia electoral: "Yo tengo 50 años de política y de coloradismo, así es que a mí no me asustan esas cosas". (La Nación, 14/08/2008, pág. 4). - Respecto de Alberto Ramírez Zambonini, colega magistrado del Tribunal Superior de Justicia Electoral: "Es un indeseable para la justicia y para el país. No tiene la cola limpia para hablar", "que tome su tranquinal y disfrute con su sentencia por un tiempo más, ya le vamos a caer de golpe con otra sentencia", "Es un tipo que está muerto, este muchacho no existe pobrecito" (La Nación, 11/08/08, pág. 8), "Que se saque la careta de impoluto" (Abc Color, 24/06/2008, pág. 13). "Es un gordo acabado" (La Nación, 10/07/08). "El gordo molesta y tiene que irse de acá" (Abc Color, 24/01/2008). - Respecto del Abogado Martín Almada: "Debe ir a la calle Venezuela... (por el Neuropsiquiátrico)". También habría manifestado que tiene una paciencia de chino y que tarde o temprano enviará a Almada a la cárcel (Abc Color, Semanario Judicial, pág. 16, 28/07/2008). - Respecto a contactos con medios de comunicación social: En una declaración a radio 1º de Marzo en entrevista con Carlos Peralta: "Carlos, dejá de jorobarme...", y que con los votos de un sector político la oposición nunca va a conseguir sacarle del cargo (Abc Color, 24/01/2008).

[10] En julio de 2006, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que reconoció que los Principios de Bangalore constituían un nuevo desarrollo de los Principios Básicos relativos a la Independencia de los Jueces aprobados en 1985 por las Naciones Unidas y eran complementarios a ellos. El consejo invitó a los Estados a que alentaran a sus judicaturas a tomar en consideración los principios al examinar o elaborar normas con respecto a la conducta de los miembros de la misma. En nuestro Derecho Interno, el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Nacional (Mensaje nº 51/20) de "Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias". Con media sanción en el Senado en fecha 28/08/2020, dispone en su artículo 72, "Invítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco de sus respectivas competencias, a dictar códigos de ética de conformidad con los lineamientos que se establecen en los "Principios de Bangalore sobre la conducta judicial" adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) y en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, así como también establecer instancias que permitan evaluar su cumplimiento en el marco de audiencias públicas".

[11] Vigo, Rodolfo, "Ética Judicial e interpretación jurídica", Revista Criterio y Conducta N° 1, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Enero-Junio 2007, pág. 226/227. El mismo fue redactor junto a Manuel Atienza del Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, por encargo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que esta aprobó en 2006. Primer secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial 2006-2010.

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