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Pretendian que pague $4 millones de plus por no declarar que estaba embarazada

El Juez Federal de Reconquista ordenó a una prepaga restablecer la afiliación y cobertura médica a una mujer embarazada de gemelas 

Dr. Aldo Alurralde.

El Juez Federal de Reconquista,  Dr. Aldo Mario Alurralde, mediante sentencia ordenó a una Prepaga, que restablezca la afiliación e inmediata cobertura de los servicios médicos asistenciales a una mujer que cursa un embarazo de gemelas.

La accionante, M. J. S. había iniciado ante el Juzgado una acción de amparo en los términos del Art. 43 de la Constitución Nacional, contra A. M. S. Salud,  al entender que la no cobertura por parte de esta última de todo lo indispensable para la cesárea y consecuente internación importaría una flagrante violación al derecho a la salud y a la vida.

En el mes de abril del 2021, la mujer había iniciado el trámite de afiliación a la Prepaga, y en mayo presentó declaración jurada de estado de salud en la cual había colocado la palabra "No", en respuesta al cuestionario en donde se le preguntaba si se encontraba embarazada; situación que, sostuvo, no tenía conocimiento aun por ser muy reciente, y no presentar síntoma alguno. Dicho embarazo se corroboró mediante exámenes ginecológicos que la mujer se realizó semanas después de confeccionar dicho cuestionario.

En fecha 9 de septiembre del 2021, la Prepaga envió una carta documento a M. J. S. en la cual la intimó a comunicarse telefónicamente para aclarar su situación y en tal oportunidad se le hizo saber que si deseaba seguir manteniendo la cobertura debía abonar el monto de cuatro Millones de pesos en concepto de "plus", caso contrario se le daría la baja de la prestación.

Finalmente, y con posterioridad, la Prepaga, mediante carta documento, le hizo saber a la mujer embarazada que rescindió el contrato, alegando inconsistencias y haber falseado los datos aportados, alegando en tal caso mala fe.

El Dr. Alurralde entendió que el contrato que ligaba a M.J.S. con A. M.S. Salud se ha perfeccionado y se encuentra vigente en la forma y condiciones en que las partes primigeniamente han establecido, y así deberá permanecer hasta tanto se verifique una nueva situación jurídica por cualquier causa que fuera; entre tanto y hasta ello no ocurra, deberá la Prepaga continuar brindando la prestación a la que se había comprometido; siendo inoficiosa y jurídicamente inadmisible la desafiliación unilateral y/o la exigencia de pagos adicionales para mantener la cobertura.

Para así decidir, el magistrado tuvo en cuenta que desde el punto de vista de los derechos humanos y más específicamente desde la óptica de los derechos del niño, cuya inclusión en la Carta Magna obliga a la directa operatividad de las disposiciones allí contenidas; compelen a efectuar un análisis de las relaciones jurídicas bajo el principio pro homine; es decir, que debe aplicarse la interpretación más extensiva para proteger los derechos de las personas.

Sostuvo el magistrado que: "…la protección del niño por nacer, de raigambre constitucional; sometida a tensión con una alegada y no probada "falsedad de la madre" al momento de contratar; invita a proteger a la persona por nacer por encima del conflicto en el que pudieren hallarse las partes.

Que, en su caso, si la obra social no hubiera aceptado la contratación –y recibido el pago-, bien podría haberse negado a cubrir la asistencia complementaria del Estado; caso contrario, se coloca junto al Estado mismo en la garantía de los derechos del niño, para lo cual percibió la contraprestación económica que exigió como condición. En otros términos, antes de contratar, con un simple análisis de sangre, pudo verificar la existencia o no de persona por nacer; la aceptación sin cotejo alguno hace presumir un obrar cuanto menos desentendido por tal eventualidad. Nótese que la co-contratante es una mujer presumiblemente –desde el punto de vista biológico- en plena etapa fértil.

"Es la Obra Social quien en mejores condiciones está de exigir y establecer los requisitos previos para evaluar a quienes se le presentan como requirentes del servicio, remarca.

En dicha sentencia, el Dr. Alurralde analizo la cuestión también desde una perspectiva de género, en virtud de la Ley 26485 -Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Publicado en el Boletín Oficial 14/04/2009); que lleva a analizar el conflicto suscitado desde tal mirada.

En tal sentido, entendió el magistrado que resultaría una interpretación discriminatoria la revisión de un contrato en plena vía de ejecución cuando una mujer gestante, a quien no se le exigiera examen alguno para comprobar si estaba o no en estado de gravidez, luego de conocida tal circunstancia se le pretende interrumpir un servicio de salud que se le estaba brindando.

Sostuvo asimismo que: "… a partir de la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22) en 1994, se ha ido receptando jurisprudencialmente el concepto de bloque de constitucionalidad federal, el cual contempla una serie de derechos fundamentales que el Estado Argentino está comprometido a respetar y al cual la legislación interna debe adecuarse.

En lo que respecta a las mujeres, podemos mencionar como más significativos y específicos los siguientes instrumentos: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que establece el principio de igualdad jurídica entre hombre y mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también llamada como Convención de Belém Do Pará) y las Reglas de Bangkok que referenciamos con anterioridad (De nuestra publicación en Ed. Abeledo-Perrot, Cita: RC D 2017/2019)".

Agrega el Dr. Alurralde que: "…la pretensión de la accionada se encamina a que la mujer tenga un conocimiento pleno y cabal de su cuerpo, más aún de su ciclo menstruar y de su posible estado de embarazo; superior al que puede ser constatado por la propia obra social con simples análisis previos.   Esta exigencia coloca a la mujer en una situación de discriminación inadmisible.   Es así como la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: "…los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación resultan elementos estructurales del orden jurídico constitucional argentino e internacional". Especialmente hicieron referencia a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que insta a que "Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar (…) el derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección (…) y el derecho a elegir libremente profesión y empleo" (extraído de: S., M. G. Y OTROS C/ TALDELVA SRL Y OTROS S/ AMPARO. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - 20/05/2014).

Por último, en dicha sentencia, el magistrado acudió a la jurisprudencia comparada, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el leading case Artavia Murillo y otros ("Fecundación in vitro") vs. Costa Rica, sentencia del 28 de Noviembre de 2012, Serie C-257, párrafo 150, sostuvo que "…el derecho a la vida privada y la libertad reproductiva guarda relación con el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho.(…) Del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer las decisiones reproductivas que correspondan en cada persona". En tal sentido, se entendió que la exigencia previa de la obra social tiende a generar restricciones a la libertad reproductiva de la mujer, penalizándola por la toma de decisiones en tal sentido, dejándola tanto a ella como a la persona por nacer sin el resguardo médico elegido por la actora. Se agrega a mayor abundamiento que la decisión de tener hijos debe adoptarse en el seno íntimo e intrafamiliar, lejos de cualquier interferencia arbitraria de una obra social.

Que, concluye el Dr. Alurralde,  el prisma de la protección de los derechos de la mujer, sumado al de las personas por nacer; ofrecen un marco legal suficientemente fuerte como para conservar el acto jurídico creado por las partes en la misma forma y condiciones en que ambos contratantes lo han concebido; con prescindencia de presunciones posteriores que unilateralmente se efectuaran sin sustento fáctico irrefutable, máxime si ello obedece a omisiones de la prestadora por lo que no puede alegar su propia imprevisión.

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Aldo Alurralde juez federal