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INFORME

ReconquistaHOY te cuenta la situación legal de Gabriel Batistuta frente al aporte "solidario y extraordinario" que le exige el gobierno.

Gabriel Batistuta.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia no dio lugar al recurso de apelación presentado por Gabriel Omar Batistuta, y confirmó la sentencia de primera instancia del juez federal de Reconquista, quien denegó una medida "cautelar" planteada por el exfutbolista, para no pagar el "aporte solidario" impuesto por el gobierno nacional en 2020.

Ahora el Dr. Aldo Alurralde deberá resolver la cuestión de fondo: si es legal ese impuesto que se cuestiona, pero mientras tanto, la AFIP no tiene impedimento legal para avanzar en su gestión de cobro.

Argumentos 

Para justificar el aporte extraordinario requerido a contribuyentes con bienes "en el país" superiores a los 200 millones de pesos al 18 de diciembre de 2020, el gobierno nacional sostuvo que por la emergencia que generó el Covid, reorientó el conjunto de las capacidades estatales hacia la atención de la pandemia, direccionando recursos para fortalecer el sistema sanitario, cuidar la salud, el trabajo, la producción y el ingreso de las argentinas y los argentinos; y -en ese contexto- requiere del aporte "solidario y extraordinario", "para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia".

Así surgió la Ley N° 27.605, sancionada por el Congreso de la Nación "con carácter de emergencia y por única vez", siendo sus objetivos primordiales, "la equidad y la solidaridad".

La obligación alcanza a aquellas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior; y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones de pesos. Se toma el patrimonio neto del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad al 18 de diciembre de 2020.

Para establecer los afectados, la AFIP inspeccionó los bienes y -entre los afectados- encontró a Gabriel Batistuta, quien -asesorado por su abogado tributarista- consideró (y considera) que esa ley es "ilegal" porque no respeta la Constitución de la Nación Argentina.

Sostiene el Dr. Luciano Cativa, que el aporte "solidario" que se le exige, es "inconstitucional" esencialmente por dos cuestiones: porque es discriminatorio, al violar el principio de igualdad ante la ley, ya que graba diferente a bienes radicados dentro y fuera del país; y, por otro lado, porque se trata de una "confiscación", porque el impuesto tiene que ser en base a la renta, no al valor del patrimonio; caso contrario, obliga al contribuyente a liquidar patrimonio para cumplir. Ahí está la "confiscación" que repudia, explicó a ReconquistaHOY. Según sus cálculos, el aporte "solidario" que le exige, es 400% más que la renta que le generaron sus bienes, eso es "confiscatorio".

 

 

El impuesto tiene que ser en base a la renta, no al valor del patrimonio, porque sino, es confiscatorio, ya que obligaría al contribuyente a liquidar patrimonio para cumplir.

 

Dr. Luciano Cativa en ReconquistaHOY

 

Según los cálculos  presentados por la defensa, para justificar su posición, Batistuta debería aportar, de manera extraordinaria, 40 millones de pesos. Eso no podría salir de la "rentabilidad" de sus bienes, sino que directamente tendría que liquidar patrimonio para solventarlo; y eso es lo que sostiene que es "confiscatorio", por lo tanto, ilegal.

En la demanda expuso que "el importe a abonar en concepto de Aporte "Solidario", representa un 1.053% de las rentas obtenidas durante el período 2020, y eso sin considerar que resta detraer lo que debe abonar en concepto de otros impuestos nacionales y provinciales, lo que demuestra mucho más patente aún la evidente desproporción existente entre los impuestos patrimoniales que se pretenden cobrar frente a la renta obtenida de dicho patrimonio. En el caso -agrega- la aplicación del tributo no sólo se traduce en la absorción total en porcentajes sumamente elevados sobre la renta, desde ese tributo hasta su ingreso combinado con el impuesto sobre los Bienes Personales, sino que para hacerle frente debe liquidar su patrimonio, convirtiéndose en un perjuicio a todas luces irreparable".

Con estos y otros argumentos, acudió al Poder Judicial para que declare "inconstitucional" la ley. Esa cuestión de fondo aún no está resuelta. Remarcamos: Lo que se le denegó es la "medida cautelar".

Entiende el Dr. Cativa, que Batistuta aún no tiene que ir a pagar, ya que quien debe hacer la gestión de cobro es la AFIP, y para eso debe determinar de oficio el aporte a realizar.

 

El por qué "no". 

Lo que dijo el Dr. Alurralde y ahora confirmaron los jueces de la apelación, es que el contribuyente no acreditó que el pago del impuesto cuestionado afecte de tal forma su capacidad económica o financiera, como para poner en peligro su situación patrimonial y sus derechos fundamentales, ni que afecte severamente la supervivencia de su organización económica gravada.

Consideró que la prueba aportada en la presentación, no es apta para probar prima facie la afectación del derecho de propiedad alegado, ni la confiscatoriedad del impuesto argüido.

Consideró que, en principio, no observa "prueba concluyente" de la existencia de arbitrariedad o irrazonabilidad del acto administrativo discutido, situación que deberá dilucidarse a la luz de las probanzas que se produzcan durante el proceso, al momento de resolver sobre el fondo de la controversia.

Estimó el magistrado que el contribuyente tampoco acreditó "el o los perjuicios de irreparable reparación ulterior o el daño inminente que le producirá el pago del aporte instituido por la Ley 27.605 y/o su demora, limitándose sólo a efectuar un análisis de carácter conjetural".

Entienden los magistrados que no se configura, en principio, la verosimilitud del derecho invocado por el accionante, considerando que en el caso estaría comprometido un porcentaje equivalente al 2% de los bienes que tiene en el país y 4,50% de los situados en el exterior, por lo que no puede inferirse la falta de capacidad contributiva para afrontar el pago del tributo en cuestión. 

La Cámara recuerda que el impuesto cuestionado fue creado "ante la situación de extremo peligro que afronta el Estado para remediar los males sociales que provoca la pandemia del coronavirus", así justifica -al menos en esta instancia- que sea "un impuesto directo, personal y general que recae sobre la propiedad o posesión del patrimonio".

Citan una doctrina española, que "quien más capacidad económica detenta, debe ser sometido a mayor presión fiscal que aquellos que menos tienen, lo que convierte a este principio, además, en manifestación de la solidaridad tributaria, por cuanto todos tenemos el deber de contribuir, pero no a todos afecta la misma intensidad de su cumplimiento".

En definitiva, tampoco los camaristas advierten acreditados en el expediente los requisitos exigibles para la procedencia de la medida cautelar pretendida, resultando ello suficiente para desestimar el recurso, sin perjuicio de lo que pudiera resolverse en la acción principal.

 

COMO SIGUE EL CASO 

La AFIP puede avanzar con la gestión de cobro, liquidando lo que considera debe aportar el contribuyente según sus bienes declarados, y para eso puede pedir embargos preventivos e inhibición de bienes, cosa que hasta aquí no sucedió.

A nivel país, la mayoría de los afectados pagó el aporte "solidario y extraordinario" por la pandemia, pero hay un grupo minoritario que no lo hizo, esperando que resuelva el Poder Judicial. Mientras tanto, la mayoría de las cautelares fueron denegadas, que es lo que por ahora han resuelto varios jueces nacionales. Falta saber la decisión final.

La última información que brindó el Ministerio de Economía, indica que hasta el 17 de diciembre de 2021, la AFIP había recaudado $247.500 millones en aportes "solidarios", la creación impulsada por el diputado nacional Máximo Kirchner en plena pandemia.

El fallo de la Cámara de Apelaciones está firmado el 24 de junio de 2022 por los jueces Rocío Alcalá, María Delfina Denogens y Patricia Beatríz García (subrogante), secretaría del Dr Gustavo David Elías Charpin, e incorporado al sistema el 29 de junio.

 

Para acceder al texto completo de la ley, clic aquí

Informe: Gustavo Raffin - ReconquistaHOY