El presidente Alberto Fernández anunció el lunes 18 de julio de 2022, la extensión del plazo de la moratoria previsional, sancionada en 2014 y que vencía el sábado próximo, hasta que el Congreso sancione una nueva ley.
"Hoy me reuní con Fernanda Raverta para analizar la situación de las y los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014", publicó Fernández en su cuenta de Twitter.
"La moratoria previsional fue una política indispensable en nuestro país para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación", amplió el mandatario.
Y anunció: "Por eso tomamos la decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley".
De este modo, reforzamos nuestro compromiso con garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación", completó el jefe de Estado.
El 2 de junio pasado, la diputada Gisela Marziotta (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para prorrogar la moratoria de las jubilaciones para las mujeres que tienen más de 60 años, pero carecen de los 30 años de aportes para acceder al régimen previsional.
Hoy me reuní con @FerRaverta para analizar la situación de las y los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014. pic.twitter.com/OOjj3BaAe9
— Alberto Fernández (@alferdez) July 18, 2022
De este modo, reforzamos nuestro compromiso con garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación.
— Alberto Fernández (@alferdez) July 18, 2022
Conclusiones del CEPA (Centro de Economía Política Argentina):
Actualmente, en el Congreso de la Nación hay un proyecto que cuenta con media sanción para ampliar la moratoria previsional.
Según datos actuales, más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la Ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno.
Sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de hacerlo, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho.
Solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio.
En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, sólo 16% tiene entre 25 a 27 años de aportes, al tiempo que un 17,6%, no tiene ningún aporte.
El sector privado, el sector público y los autónomos son los ámbitos con mayor cantidad de personas en condiciones de jubilarse (aportes de entre 25 y 27 años). Pero sólo alcanzan 18%, 36% y 20% respectivamente.
A la vez, se percibe la crítica situación para monotributistas, monotributistas sociales y trabajadoras/es de casas particulares, donde sólo superan los 25 años de aportes 5,7% (11.922 casos), 0,06% (36 casos) y 0,1% respectivamente (103 casos).
Los datos históricos del mercado de trabajo para personas cercanas a jubilarse dan cuenta de un derrotero difícil de sortear a los efectos de poder jubilarse.
Desde 1990 en adelante se observa un nivel promedio elevado de desocupación (10,3%) y empleo no registrado (34,7%) y picos sensibles (21,5% en desocupación en mayo 2002 y 50% de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003).
La desocupación e informalidad laboral persistente implica fundamentalmente que buena porción de trabajadores y trabajadoras no logran cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria.
En este escenario, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones, lo que se vincula alas desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral que repercuten directamente en el acceso a derechos de las mujeres pasivas (trabajan menos horas fuera de sus hogares y tienen menos aportes registrados en su recorrido laboral, en buena medida porque suelen estar sujetas a trabajos de mayor precarización e informales, y porque ocupan gran parte de su tiempo en el desarrollo de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas).
Es posible constatar que, para las mujeres, el escenario de evolución histórica tanto en desempleo como en trabajo no registrado fue sensiblemente peor a las de los hombres. Mientras que para el período mayo 1990 a tercer trimestre 2021 el promedio de desocupación de mujeres ascendió a 11,6%, en el caso de los hombres el dato alcanza 9,2%. La brecha, en promedio, ascendió a 2,4%.
En el caso del empleo no registrado, para el período que va del tercer trimestre de 2003 al tercer trimestre de 2021, el promedio ascendió a 40,0% para las mujeres, para los hombres sumó 33,4%, es decir, un diferencial para dicho período de 6,6%.
Para CEPA, la moratoria se vuelve una herramienta indispensable para, por un lado, no penalizar dos veces a trabajadores/as informales o desocupados/as: en su vida activa, sin derechos laborales y, en su vida pasiva, con pensiones por vejez que otorgan menores ingresos que las jubilaciones. Y por el otro, mitigar la brecha de género existente en el sistema previsional.
Si se considera que todas y todos los adultos mayores sin 30 años de aportes se jubilaran de manera inmediata, el costo fiscal de este proyecto, en caso de aprobarse, alcanzaría aproximadamente 0,04% del PBI.
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