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POLITICA Y PODER JUDICIAL

Martínez accedió al pedido de Mai y nombró otro fiscal para que siga la acción penal contra funcionarios municipales por instigar la usurpación de terrenos, rumbo al juicio

El fiscal Mai pidió su apartamiento teniendo en cuenta la posible candidatura a intendente de su esposa, la concejal Natalia Capparelli, opositora al intendente Vallejos, quien a pesar del proceso penal mantiene en el cargo a los funcionarios imputados.

Parte resolutiva.

El Fiscal Regional Rubén Martínez, dice en los considerandos que tiene en cuenta que el fiscal titular Leandro Mai solicitó su apartamiento de la causa vinculada con supuestos delitos vinculados con la usurpación de terrenos, causa caratulada: "Benítez Pinto Leonel y otros, s/ usurpación", acumulada con otra causa caratulada: "Agustini María Karen y otros, s/ usurpación".

El 28 de junio de 2022, el fiscal Mai solicitó al Fiscal Regional que disponga su apartamiento, esgrimiendo como motivo, la presunta existencia de hechos con apariencia delictiva cometidos por funcionarios de la Municipalidad de Reconquista que habrían presuntamente instigado a un grupo de personas a cometer delitos, como así también, al haber asumido funciones correspondientes a otro cargo, incumpliendo sus deberes como funcionarios públicos, y que luego de realizadas las audiencias imputativas, acontecieron una serie de circunstancias que podrían ir en desmedro de la garantía de garantizarle a la ciudadanía objetividad en el obrar; y menciona que su esposa, la doctora Natalia Capparelli, luego de ser reelecta concejal en el año 2021, "se posicionó electoralmente, atento al caudal de votos obtenidos, como una candidata eventual a disputar la intendencia. También cobra notoriedad, que como miembro del Concejo Municipal, a la doctora Capparelli, luego de la renovación de la banca, se le ha asignado la presidencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, cuya incumbencia está intrínsecamente vinculada a la problemática del acceso a la vivienda, de la aprobación y regularización de loteos a realizarse en la Ciudad de Reconquista, cuestiones o incumbencias de estrecha conexión con la presente investigación".

Recuerda Mai que los imputados "resultarían de confianza del intendente" Amadeo Enrique Vallejos, quién, anoticiado de la existencia de un presunto hecho ilícito en el ejercicio de sus funciones, "ha optado en el marco de sus atribuciones, sostenerlas en los respectivos cargos, sin iniciar procedimiento disciplinario alguno, tal cual lo informó a la unidad fiscal, el 18 de abril de 2022, el Departamento de Asuntos Legales de la Municipalidad". 

Recuerda el Dr. Mai que la investigación penal ya está agotada, o sea que va rumbo al juicio, donde se pondrá en tela de juicio la responsabilidad penal de los funcionarios de la actual gestión, sospechados de instigar a cometer delitos (usurpar), de ser inductores de usurpaciones masivas de inmuebles, lo que a la postre ha culminado con un enfrentamiento con las fuerzas policiales y con la usurpación e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y que el juicio "donde se ventilarían estos hechos", estimativamente coincidiría con la "plena etapa electoral" del año 2023, donde su esposa sería "la principal contrincante electoral del actual intendente", por lo cual "podría la ciudadanía poner en tela de juicio" que la actividad persecutoria del Dr. Mai es utilizada "con fines electorales, circunstancia esta que pondría en riesgo innecesario la imagen de objetividad en el obrar fiscal".

Añade Mai, que "ya surge palmariamente" de la evidencia colectada, puntualmente de la apertura de los teléfonos secuestrados a las sospechosas, que le endilgan a él parcialidad hacia los intereses de su esposa, que encima podría ser testigo de cargo en el juicio. "Por todo ello, y a los efectos de garantizar a la ciudadanía en el obrar, es que vengo a solicitar mi apartamiento en la presente carpeta judicial, solicitando que la misma sea asignada a otro acusador público, que también proceda a llevar adelante la investigación del hecho que aquí se revela, todo conforme a las prescripciones del artículo 12 de la Ley N° 13.013".

Remarca Mai que ahora "existen motivos suficientes y graves que pueden afectar la objetividad y eficacia en el desempeño de la tarea investigativa".

Citando los argumentos del peticionante, el Fiscal Regional Rubén Martínez dice en su resolución, que puede resolver "coherentemente" cotejando los argumentos expresados por el fiscal Mai, "con las circunstancias cotidianas que conozco por ser el supervisor jerárquico de este órgano fiscal", concluyendo que "al peticionante le asiste razón en su requerimiento de apartamiento, por afectación al deber de actuación objetiva".

Agrega Martínez que si bien es cierto que las posibles consecuencias que relata el acusador deben ser tenidas como "de potencial concreción, como responsable del buen funcionamiento territorial de las unidades fiscales que componen esta regional, es mi deber avizorarlas en aras de una persecución penal estratégica, y que a su vez conjugue con principios de celeridad y economía procesal".

Menciona el jefe de los fiscales de la región que "sobre el acusador público pesan 3 deberes concatenados y esenciales: Legalidad, Objetividad y Lealtad, y que los mismos deben subsistir a lo largo de todo el proceso penal acusatorio. Si alguno de ellos se ve afectado gravemente, da sustento legal para disponer el apartamiento", cosa que hizo.

Añade el Fiscal Regional que "se torna necesario dar continuidad a la investigación del hecho denunciado, y para ello es menester la designación de un nuevo director"; entonces, haciendo uso de sus facultades, reasignó la causa al fiscal adjunto subrogante, Dr Nicolás Aureliano Maglier.

 

LA CAUSA

Vale recordar que los funcionarios del intendente Amadeo Enrique Vallejos, Adriana Aranda, Haydee Vargas y Víctor Vargas, están imputados penalmente desde hace un año (julio de 2021); y hay otras cuatro personas investigadas por ilícitos cometidos en el marco de la ocupación de terrenos ajenos.

A los funcionarios municipales, quienes transitan el proceso en libertad, el fiscal Mai les atribuyó la coautoría de los delitos de instigación a cometer delitos; usurpación en carácter de inductoras; usurpación de funciones correspondientes a otro cargo; incumplimiento de los deberes de funcionario público e inducción a la usurpación.

La investigación se inició a partir de una denuncia por usurpación que radicó uno de los propietarios del inmueble ubicado en calle 47, entre pasaje 74 y calle 76, de los sucesores de Orlando Luis Cian.

En la atribución delictiva, el fiscal Mai relató que uno de los ilícitos que cometieron los imputados fue entre las 8:30 y las 11:30 del jueves 10 de junio, cuando los funcionarios municipales imputados, "convocaron a un grupo de más de 200 personas" para que se congreguen en inmediaciones del inmueble que luego fue usurpado. Los imputados "instigaron" las usurpaciones sobre la propiedad privadas de la familia Cian, incluso "les indicaron con un plano del terreno privado donde asentarse ilegítimamente".

Los funcionarios "actuaron con pleno conocimiento de que dichas tierras eran de un particular", argumentó Mai; y agregó que "esas conductas provocaron que, aproximadamente a las 11:00 de ese jueves 10 de junio, se iniciara una usurpación masiva del inmueble".

El fiscal señaló que "la víctima fue despojada del bien, en primer lugar, de forma clandestina, ya que no estaba en el lugar"; asimismo, recordó que "estas personas –que fueron instigadas por los imputados– también desplegaron un sin número de ataques contra los agentes del Estado que trabajaron ese día en el lugar para intentar una solución pacífica del conflicto".

Para el fiscal, los imputados "ejercieron funciones para las cuales no tienen competencia", ya que "se atribuyeron la competencia del Concejo Deliberante de Reconquista, ya que el jueves 3 de junio (de 2021) procedieron a afectar el espacio verde identificado como la Mitad Parte Oeste del Lote B de la Manzana H del Plano 89387/79 –inmueble del dominio público ubicado en el barrio Belgrano– para que 10 familias ocupen y tomen posesión ilegitima y clandestina de dicho espacio público como destinatarios de lotes sociales", informó el fiscal.

Mai advirtió que el accionar de los imputados fue realizado "sin que previamente el Concejo de Reconquista hubiera desafectado dicho inmueble para afectarlo al dominio privado"; y reprochó que "actuaron dolosamente en desmedro a lo que establece el juego armónico del artículo 39 inciso 19 de la Ley Orgánica de Municipios número 2.756 y la ordenanza número 8.324 y sus modificatorias"; encima, "tampoco iniciaron ningún expediente ante el cuerpo deliberativo reconquistense con el objeto de realizar el trámite de desafectación y posterior adjudicación de lotes, ni ingresaron listado alguno con los nombres de las personas como eventuales y futuros destinatarios de lotes o viviendas".

Evidencias

"Para realizar las imputaciones llevadas a cabo en la mañana de hoy, contamos con profusa evidencia que sustenta nuestra teoría del caso. Se ordenaron diversas diligencias desde que se radicó la denuncia, entre ellas, se destacan la gran cantidad de testimonios que recepcionamos de diversas personas, quienes dieron cuenta de lo ocurrido. Todas las declaraciones fueron coincidentes y dan cuenta de que (los imputados), efectivamente fueron las que convocaron a las personas a ir al predio de la víctima para usurparlo", aseguró el Dr. Mai al terminar las imputaciones delictivas.

En el marco de esta causa (que acumula dos expedientes) hay otros dos imputados que estuvieron un tiempo en prisión preventiva, no así los funcionarios. ¿Por qué?. Porque se les imputó ser coautores de los delitos de portación de arma de guerra; abuso de arma de fuego; atentado contra la autoridad agravado (por ser a mano armada, por poner manos en la autoridad y por ser cometido por una reunión de más de tres personas) y daño calificado (por haber sido cometido a los fines de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones), explicó.

A otro imputado se le ordenaron medidas alternativas de la prisión preventiva. Se le atribuyó la coautoría de los delitos de atentado contra la autoridad agravado (por ser a mano armada, por poner manos en la autoridad y por ser cometido por una reunión de más de tres personas) y daño calificado (por haber sido cometido a los fines de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones).

"Utilizaron la violencia y atacaron a los agentes del Estado que trabajaron en el lugar para intentar llegar a una solución pacífica del lugar", puntualizó Mai, e hizo hincapié en que "13 policías resultaron lesionados y fueron daños cinco móviles policiales y una motoniveladora de la municipalidad de Reconquista".