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CONTRABANDO Y CORRUPCION

Condenaron a varios años de prisión a quien fuera aquí, jefe regional de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional

Se dio probado que tres gendarmes y el dueño de un campo, conformaron una empresa delictiva con el fin de obtener ganancias ilícitas. Aprovecharon el cierre de fronteras por la pandemia (sin agentes de Aduana-AFIP) para facilitar el paso a Bolivia con granos y aceite, de quienes pagaban hasta $300.000.- por camión; y para tener idea del ilícito, el flujo de transporte pasó de veinte a trescientos camiones por mes. 

Foto del comandante Marciano Páez en su paso como jefe de Gendarmería en la Región Reconquista, año 2018.  

En línea con lo solicitado por el fiscal de la Unidad Fiscal Federal Salta, Eduardo Villalba, el Tribunal Oral Federal N° 2 de esa ciudad, integrado por Domingo Batule, Abel Fleming (presidente) y Gabriela Catalano, condenó a el excomandante principal y jefe del Escuadro 54 "Aguaray", de Gendarmería Nacional, Marciano Alberto Páez, a la pena de cinco años y seis meses de prisión, como autor de cohecho pasivo y partícipe primario de contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y su condición de miembro de una fuerza de seguridad.

Marciano Páez había sido jefe de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional en la Región Reconquista hasta el 6 de febrero de 2018, cuando fue despedido en un emotivo acto realizado en el Auditorio Municipal de Avellaneda, al pasar el mando a su sucesor, el correntino Abel Gunler. "Los voy a extrañar...y hasta siempre!", concluyó su mensaje el formoseño, quien entonces tenía 44 años y pasaba a un nuevo destino, en Salta, donde terminó su carrera y de la peor manera: condenado y preso.

Se había ido diciendo:"mi estadía en el norte santafesino fue marcada, será recordada por mí, por la cantidad y calidad de las personas con las que me relacioné..."; y agradeció entonces a todas las autoridades políticas y judiciales de la región "que siempre demostraron especial interés en nuestro trabajo, en la lucha contra el narcotráfico". Esa tarde, en el emotivo acto, su madre estuvo presente y también se emocionó por la afectuosa despedida que le dio la región a su hijo.

 

OTROS CONDENADOS 

En este juicio, también fue condenado el sargento Rodolfo Ayala, con pena de cuatro años y dos meses de prisión; y el alférez Diego Ernesto Radaelli, a cuatro años de prisión, por los mismos delitos.

Además de los funcionarios, también fue condenado Alberto Martín Crossa, propietario de una finca ubicada en el kilómetro 79 de la ruta 54, en la localidad de Campo Durán, Departamento General San Martín, en el norte de la provincia de Salta, límite con Bolivia. Dispusieron para él la pena de cinco años de prisión, como autor de los delitos de cohecho activo y contrabando de exportación.

Además, el tribunal ordenó el decomiso de $1.880.000.- y U$S 10.750.-, secuestrados en la finca de Crossa, y de los teléfonos celulares de los involucrados.

 

Sancionaron a un abogado 

También, tal como lo solicitó el representante del Ministerio Público Fiscal, previo al veredicto, el tribunal le impuso una sanción a uno de los defensores, por incurrir en violencia de género al referirse, de manera despectiva y sexista, a dos auxiliares de la fiscalía. La medida será notificada al Colegio de Abogados de Salta y la jueza Catalano sugirió que el abogado realice la capacitación establecida en la Ley Micaela.

 

El daño económico del contrabando

Aunque en el juicio no se logró establecer los montos específicos del perjuicio económico, el tribunal concluyó que las pruebas ventiladas en el debate dieron cuenta de que el flujo de transporte pasó de veinte a trescientos camiones por mes. 

 

La maniobra 

En el juicio, que comenzó el 19 de mayo y terminó más de tres meses después, el fiscal Villalba ratificó la acusación penal, y acreditó la responsabilidad de los acusados, en base a los abundantes testimonios y prueba documental recabada.

En su alegato, señaló que el sargento Ayala, junto a otros dos prófugos y el finquero, iniciaron la maniobra en noviembre de 2020.

 

Se dio probado que los gendarmes y el dueño del campo, conformaron una empresa delictiva con el fin de obtener ganancias ilícitas. Aprovecharon el cierre de fronteras por la pandemia (sin agentes de Aduana-AFIP) para facilitar el paso a Bolivia con granos y aceite, de quienes pagaban hasta $300.000.- por camión.

 

Crossa, según explicó el fiscal, resultó funcional a las maniobras de contrabando, al poner su propiedad, que lindaba con el país limítrofe, a disposición del resto de los acusados.

En una primera etapa, se pactaba con determinados transportistas el pago de una coima y se pasaba la chapa patente a Ayala, quien allanaba el camino para que esos camiones tuvieran el paso libre hasta la finca de Crossa, que fungía como la puerta hacia Bolivia.

El fiscal añadió que ese negociado fue advertido por Páez y Radaelli, quienes -lejos de ponerle fin- tomaron la posta y agrandaron el radio de ilegalidad, como también el flujo de ingresos por el sistema de "peaje" que habían impuesto, el cual incluía, por otra parte, la aplicación de un férreo control a los transportistas que no accedían al pago de coimas, las cuales llegaban hasta 300 mil pesos por camión.

Villalba sostuvo que, de esta manera, los acusados llegaron a percibir sumas siderales por liberar la ruta, accionar que se facilitó debido a que otros organismos de contralor, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por ejemplo, retiraron el personal del puesto de control a raíz de las medidas sanitarias dispuestas en el orden nacional.

La maniobra, sin embargo, fue advertida por la AFIP, que se presentó ante la fiscalía para pedir que se investigue el caso. La solicitud también fue impulsada por "las principales autoridades de Gendarmería Nacional, fuerza que se puso a disposición del fiscal, pues también habían percibido que algo raro sucedía en Aguaray", explicó el representante del MPF.

Añadió que, en materia de evidencias, se sumaron una denuncia anónima, información aportada desde otro expediente derivado desde la provincia de Santa Fe, la declaración de un testigo de identidad reservada y el secuestro del celular de uno de los prófugos.

Según surgió de los audios, el propietario de la finca disponía de las patrullas a través de Páez y lo hacía para controlar a los camiones que no se sumaban al peaje espurio que habían instalado.

Esta modalidad, sin embargo, tuvo un tropiezo que reveló la actividad los acusados. El fiscal destacó que el 12 de marzo de 2021 la operación quedó en evidencia "cuando dos camiones pasaron fuera del horario estipulado y fueron detenidos por una patrulla del Escuadrón de Santa Victoria". Ante ello, recordó el fiscal, Rodrigo Torrico -imputado por contrabando, actualmente prófugo, cabeza visible de los transportistas que accedían al pago de coimas- intentó hacer valer un supuesto "arreglo" pactado con el Escuadrón 54, lo que despertó la sospecha de los gendarmes, quienes consultaron con la Sede Descentralizada de Tartagal de la Unidad Fiscal Salta, que ordenó la detención y el secuestro de los celulares.

La cantidad de pruebas y el resultado de tareas de campo e inteligencia criminal en torno al caso llevaron a la fiscalía a solicitar la detención de los acusados, pues todo indicaba la connivencia de los efectivos del escuadrón de Aguaray en el contrabando. En efecto, de los peritajes al celular de Torrico se pudo llegar a una enorme cantidad de audios, mensajes y contactos que terminaron de delatar la maniobra y la identidad de todos los implicados. Esta prueba fue ampliamente cuestionada por las defensas y mereció en el fallo una mención directa por parte del juez Fleming, quien respaldó los argumentos de la fiscal al respecto, al sostener que el estudio del teléfono fue ordenado bajo las previsiones establecidas por el Código Procesal Penal Federal, con el control judicial y sin que el defensor de Torrico planteara ninguna nulidad al respecto.

Los funcionarios de la AFIP refirieron que durante la apertura del corredor clandestino hubo un importante aumento en la emisión de cartas de porte con destino a Salvador Mazza, que luego eran anuladas. Ese documento fungía como un pase libre para llegar hasta la zona de frontera, donde el transporte ilegal se completaba a través del corredor libre montado por los acusados.

 

Perjuicio al Estado 

En su alegato, el fiscal Villalba describió los hechos y dio por probados los delitos imputados. En tal sentido sostuvo que "si los integrantes de esta fuerza hubiesen empleado todos los medios dispuestos por el Estado Nacional, desde la capacitación hasta la flota de móviles, al menos, no habría una organización delictiva como la que se montó en Aguaray".

La fiscalía también señaló que la conducta de los gendarmes y Crossa no sólo causó una reversión de esa fuerza en la frontera, sino un grave perjuicio económico en materia impositiva, lo que afectó directamente al Estado Nacional.

Según explicó el fiscal Villalba, el paso ilegal de los camiones era "vox populi en Salvador Mazza y Aguaray" y "hasta los medios de prensa lo dieron a conocer". Señaló, además, que, en el contexto de pandemia, la AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA) habían retirado sus puestos de vigilancia de la zona, por lo que la tarea de tarea del Escuadrón 54 pasó a ser clave en materia de control.

El representante del MPF destacó que el incremento del flujo de camiones no pasó desapercibido para AFIP, que acudió a la fiscalía y sumó otro indicio clave, el cual surgió del registro de cartas de porte que eran tramitadas para el transporte de granos.

 

TENTACION EXTRA 

Al dictar el fallo, el juez Fleming explicó los vaivenes en la política de cambio de divisas extranjeras, y sostuvo que el fenómeno cambiario se convirtió en "un motivo adicional" para el contrabando de granos, ya que las retenciones a las exportaciones se modificaron y las expectativas económicas también. En tal sentido, destacó los testimonios de las autoridades de la AFIP y de la DGA respecto a la liquidación de la exportación, que se hacía a valor del dólar oficial.

Aunque no se logró establecer los montos específicos el perjuicio económico, el juez concluyó que las pruebas ventiladas en el debate dieron cuenta de que el flujo de transporte pasó de veinte a trescientos camiones por mes,  evidencia por demás clara respecto al daño, si se tiene en cuenta que cada camión puede transportar un mínimo de veinte toneladas.

 

Fundamentos 

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta tuvo por acreditada la acusación fiscal y condenó a los cuatro hombres, al cabo de mas de tres meses de juicio. Rechazó además una serie de nulidades planteadas por las defensas, la mayoría de ellas centradas en aspectos formales. El juez Fleming las definió como un resabio del sistema mixto, cuando -explicó- las actas tenían un valor preponderante, mientras que en el sistema acusatorio vigente vale la prueba que se produce en el juicio, en el cual la oralidad adquiere un gran valor. "Esta idea de que aquello que no está en los papeles, no está en el mundo era propia del decálogo inquisitivo. Acá no se documenta, aquí se sostiene en el debate", remarcó el presidente del TOF.

El tribunal rechazó también el planteo de una defensa que cuestionó al fiscal por no haber utilizado otra fuerza para la investigación del caso, tal como lo establece el artículo 97 del CPPF. En tal sentido, el juez Batule indicó que el fiscal no advirtió maniobras de impunidad o encubrimiento por parte de la Gendarmería, pues esta es una de las razones para dar intervención a otra fuerza, lo cual "aquí no sucedió".

Fleming añadió que el cambio de fuerza, según la norma procesal, puede ser de oficio o bien a pedido de las partes, lo cual tampoco fue impulsado por las defensas. El magistrado destacó el "apoyo institucional" de la Gendarmería Nacional, cuyas autoridades nacionales se presentaron en la Unidad Fiscal Federal Salta y mostraron un rol proactivo en la investigación del caso.

La condena fue dictada el 31 de agosto de 2022.

 

Imágenes del juicio en el que condenaron al ex gendarme Marciano Páez y otros.

 

Otro gendarme condenado

Fue condenado por haber revelado información clave, que puso sobreaviso a otro gendarme, jefe de un escuadrón de la zona de frontera, que lo estaban investigando por el contrabando de granos y aceites hacia Bolivia.

El fiscal federal de Salta señaló que, al margen de revelar datos que perjudicaron el proceso, "Alegre se burló de las premisas que promulga no sólo esa institución, sino también la justicia misma". Señaló que, pese a tratarse de un delito con una escala penal menor, su comisión tiene "un efecto brutal" en la investigación, aunque reconoció que, en este caso, se logró avanzar penalmente contra el oficial alertado por Alegre.

 

El mismo Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, en un juicio anterior, que concluyó en febrero de 2022, le impuso 8 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos al cabo primero  de Gendarmería, Aníbal Alegre, quien tenía 15 años de servicio en la fuerza. Revistaba en la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Salta.

La fiscalía pedía el máximo de la pena: dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para Alegre; mientras que la defensa buscó el mínimo de la escala, y para ello resaltó la condición primaria de su cliente y su conducta proactiva durante el debate.

Fue el primer debate realizado en la jurisdicción por violación de secreto cometido por un investigador.

Al momento del hecho, Alegre cumplía funciones en la UNIPROJUD, unidad que llevaba adelante diversas tareas de inteligencia criminal, entre ellas el análisis de información extraída de intervenciones telefónicas, cuyos datos eran de alta sensibilidad para el éxito del caso.

Alegre, además, provenía del Escuadrón 54 de Aguaray de esa fuerza, unidad que a su vez era investigada por las maniobras ilegales en el paso de camiones con granos, de las cuales participaba un comisionista que, a la postre, fue también condenado por ese delito.

La fiscalía puso de relieve que el acusado actuó con un fin retributivo, pues en el primer mensaje de Whatsapp le dijo a su colega investigado: "Che tigre, tirame una moneda…". 

Los mensajes 

Con la asistencia de la auxiliar fiscal Roxana Gual, la fiscal presentó todos los detalles del caso, entre ellos los chats de WhatsApp que Alegre envió al personal sospechado, cuyo teléfono estaba siendo intervenido. Así, se demostró claramente cómo el acusado, primero, pidió una retribución monetaria por la información secreta.

Segundo, reveló que había una investigación en curso sobre los camiones de granos, la cual estaba a cargo de la unidad de Delitos Económicos y, por último, develó que había escuchas telefónicas en las que el comisionista sospechado los había delatado.

Esta prueba fue ratificada por testimonios de otros gendarmes, tanto compañeros como jefes de las unidades investigativas, quienes explicaron cómo se descubrió que los mensajes de advertencia provinieron del teléfono de Alegre. También se refirieron a la modalidad de trabajo y al deber de confidencialidad.

En su alegato, el fiscal consideró probado con grado de certeza el delito cometido por Alegre, cuya defensa trató de justificar la conducta delictiva del suboficial en una supuesta preeminencia que tenía el oficial alertado sobre su cliente.

Esta hipótesis, pese a los argumentos defensivos, fue desbaratada por la fiscalía a partir de los chats que los jueces pudieron examinar, correspondientes a fechas en que la investigación se llevaba adelante en su etapa inicial, cuando debía permanecer secreta y fuera del alcance del investigado.

Por otra parte, los jefes inmediatos de Alegre, entre ellos el comandante Rafael Sanabria, responsable de la UNIPROJUD, remarcó el carácter secreto de esos datos, a la vez que aclaró que la subordinación se debe hacia los jefes y la unidad en la que se desempeña y no solamente por el cargo.

Villalba señaló que, al margen de revelar datos que perjudicaron el proceso, "Alegre se burló de las premisas que promulga no sólo esa institución, sino también la justicia misma".  

Villalba señaló que, pese a tratarse de un delito con una escala penal menor, su comisión tiene "un efecto brutal" en la investigación, aunque reconoció que, en este caso, se logró avanzar penalmente contra el oficial alertado por Alegre.

Culpable 

Al referirse a la corrupción, el fiscal general sostuvo en el debate que existen aquellos que se valen de ella, como Alegre, y otros que la sufren como personal idóneo de la fuerza que busca desarticular el delito en cualquiera de su especie, en especial en esta región del país. "Es destacable señalar que sus jefes inmediatos, que podían haber hecho la vista gorda, no lo hicieron y activaron así los mecanismos de saneamiento", dijo.

Describió el caso como una alerta hacia adentro de esa y otras fuerzas involucradas en la investigación criminal.

La fiscalía señaló que Alegre no tenía ninguna urgencia económica u otra necesidad, como podría suceder con un "bagayero", y destacó el rol del acusado, quien trabajaba en una unidad especial de investigación.

Reconoció el dolor que significa llevar a juicio a un funcionario en quien la fuerza invirtió mucho para capacitarlo.

Al resolver, el tribunal condenó a Alegre a 8 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación. Esta decisión, según lo explicado por los jueces, se debió al hecho de que el delito cometido no frustró la investigación, aunque también reconocieron el grave riesgo que se corrió.

 

 

Fuentes: Fiscalía federal y ReconquistaHOY