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POLEMICA DONDE TAMBIÉN NOS INTERESA TU OPONIÓN

Con oposición de la víctima y del fiscal, y de un vidrioso informe penitenciario, el juez Gon benefició con libertad condicional a un hombre condenado por abusar de una niña. Sus argumentos.

Más ruido hace la decisión del Juez Gon, porque la Junta Especial de Dictámenes del Servicio Penitenciario alertó al juez que Mereles "evidencia la ausencia de procesos reflexivos y ausencia de registro del daño y las consecuencias ocasionadas por su delito", por lo que entendió desfavorable la incorporación a la libertad condicional. La opinión de Gustavo Raffin.

Claudio Fabián Mereles, DNI 17.551.561, fue condenado a la pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo, más accesorias legales y costas, conforme a los artículos 125, 45, 12 y concordantes del Código Penal Argentino, al ser declarado autor material y penalmente responsable del delito de promoción de la corrupción de una víctima menor de 13 años de edad. En este caso puntual, la víctima tenía 9 años cuando ocurrieron los hechos reprochados en este juicio que concluyó el 28 de Mayo de 2019 con el dictado de la sentencia de primera instancia, a cargo de la jueza penal Claudia Bressán, en los tribunales de Reconquista, confirmado luego por la Cámara Penal de Apelaciones, al rechazar el recurso presentado por la defensa. Ese fallo fue firmado por los Dres Carlos Renna y José Mántaras.

Mereles fue asistido hasta la ratificación de la condena, por el abogado Ricardo Degoumois; y acusado por el Fiscal Alejandro Rodríguez y la abogada particular Cintia Pellegrini, quien actuó como querellante en nombre de la familia de la víctima.

"La menor transitaba su escolaridad primaria a principios de 2017, cuando Mereles perpetró el delito. El hermano de la niña descubrió mensajes escritos, fotos, audios y videos con contenido sexual que ella recibía en su celular y provenían de una línea telefónica que pertenecía al ahora condenado. Al enterarse de la situación, los padres de la víctima radicaron inmediatamente la denuncia que dio origen a la investigación, la madre se constituyó como querellante y manifestó su acuerdo con lo resuelto por la Cámara", detalló el fiscal.

Luego de cumplir en prisión la mitad de la sentencia (no coincide con la fecha de sentencia porque un tiempo estuvo detenido preventivamente antes de ser condenado), Mereles logró el beneficio de las "salidas transitorias"; y ahora, ya con el 2/3 de la condena cumplida, la defensora pública Silvia Zabala pidió para él otro beneficio más: que un juez transforme lo que resta de su condena efectiva, en condicional, siempre y cuando cumpla con las obligaciones impuestas; a lo que dio lugar el juez penal Gustavo Gon, a pesar de la oposición del fiscal y la querella.

La defensora pública solicitó la libertad condicional de Mereles, porque entiende que "ha cumplido con los requisitos legales, ha tenido un tránsito en la progresividad sin dificultades, está gozando de la libertad condicional, en su momento hubo informes favorables del Director, el organismo técnico EARS y Consejo Correccional, no tiene causas penales en trámite ni sanciones, cumplió las salidas transitorias sin inconvenientes y tiene conducta y concepto ejemplar, muy bueno, mantiene su trabajo en el Frigorífico FRIAR, y ha asistido a los talleres de recuperación personal con valoración positiva".

Pero, por otro lado, la Junta Especial de Dictámenes del Servicio Penitenciario de la Provincia, manifestó que en el condenado Mereles, "se evidencia la ausencia de procesos reflexivos y la ausencia de registro del daño y consecuencias ocasionadas por su delito", por lo que manifestó que es "desfavorable" la incorporación del reo a la libertad condicional. Lo remarcó en la audiencia la abogada querellante que representó a la víctima, señalando que Mereles no reconoce las consecuencias ocasionadas a la niña, "no lo reconoce ni dimensiona", le advirtió al juez Gon, intentando su reflexión. También le hizo saber que Mereles trabaja en Friar, igual que el padre de la víctima (que es otra víctima en el concierto lógico de la paternidad).

Además fueron vanos los intentos del fiscal para convencer al Dr. Gon, quien se inclinó por dar el beneficio al condenado, quien, ahora si, en esta audiencia, le dijo que está arrepentido, que pide perdón, que se equivocó, una manera de debilitar el argumento acusatorio basado en el informe de la Junta Especial de Dictámenes del Servicio Penitenciario, que manifestó que en el condenado Mereles, "se evidencia la ausencia de procesos reflexivos y la ausencia de registro del daño y consecuencias ocasionadas por su delito".

 

Para el juez, parece que pesó más la palabra de un condenado urgido por un beneficio, que el informe de los profesionales del Estado, que supuestamente están allí porque fueron capacitados para expedirse.

 

¿Por qué para un juez penal pesa más lo que se dice que lo que se hace?. Esta pregunta la hacemos desde ReconquistaHOY, porque además de informar, queremos que cada uno de los lectores haga su propio análisis. (Gustavo Raffin se ocupa de hacer el suyo, al final de este artículo).

 

En sus consideraciones, el juez Gon tiene en cuenta en su decisión que el penado Claudio Fabián Mereles "cumple condena de siete años de prisión y los informes producidos acreditan suficiente que cumplió los requisitos exigidos por el art. 13 del Código Penal", en cuanto al tiempo de detención, que por ser hechos anteriores al 28 de julio de 2017, puede ser beneficiado con la modificación de la condena de efectivo cumplimiento, en condicional. (Desde esa fecha en adelante, ese beneficio fue prohibido por ley, lo que explicamos más abajo, en este mismo informe).

Argumenta el juez que el Equipo de Acompañamiento para la Reintegración Social refiere que en relación al delito, admite la autoría, fue oportunamente incluido al Taller de Actividad de Recuperación Personal, accedió a la etapa final del Programa de Control de la Agresión Sexual, mostrando interés por los contenidos vertidos y trabajados en el contexto grupal. Dentro de la progresividad, del régimen penitenciario, fue incorporado al Período de Observación y Evaluación de Necesidades Básicas, se desempeñó laboralmente en la huerta del penal, luego fue incorporado a la Fase II del Período de Tratamiento y Promoción para Reintegración Social, lo que le posibilitó desarrollar actividades laborales en sector extramuros, desempeñándose entonces en el Economato; que cuenta con conocimiento en el oficio lo que le permite desarrollarse satisfactoriamente, con claros hábitos laborales, predisposición y compromiso; que fue incorporado al período de prueba y ampliación de oportunidades de autogestión, autorizándole las Salidas Transitorias;  que registra conducta y concepto ejemplar; que cuenta con el acompañamiento de su hija, Noelia Mereles, quien se comprometió a buscar un domicilio acorde para que su padre puede egresar de dichas salidas transitorias, al domicilio de su amigo Daniel Núñez; y que tiene perspectivas laborales de retomar trabajo en el frigorífico Friar, entre otros argumentos.

Confía además el juez Gon, que el condenado continuaría asistiendo al taller que brinda la Dirección Provincial del Patronatos de Liberados, y se lo impuso.

Tiene en cuenta el magistrado quesi bien Mereles admite su delito, apela a "mecanismos defensivos, como la justificación", y que por eso está incluido en un Taller de Recuperación Personal, dispositivo colectivo destinados a los internos condenados por delitos contra la integridad sexual, transitando el Primer Eje, denominado "toma de conciencia", correspondiente al programa Control de la agresión sexual, sosteniendo la asistencia de manera regular, mostrando un rol participativo y de interés por los diversos temas abordados.

Sobre la condición del condenado, de que no valora el daño causado a la víctima, el juez Gon opina que "no puede exigirse al condenado que se arrepienta del delito. El sistema penal no puede meterse dentro de la cabeza o del sentir de la persona más allá de haber sido condenado".

Eso sí, también sabe el Dr. Gon, que la ley penitenciaria concede beneficios, y que si bien debe valorar los informes, la decisión final es del magistrado. Se hace cargo, e inclinó la balanza, con la siguiente resolución final:

RESUELVO:

1) Conceder la Libertad Condicional al penado Claudio Fabián MERELES, D.N.I. N° 17.551.561, Prontuario Policial N° 123.318 Sección I.G. de la U.R. IX, a partir de la fecha, si éste no se encontrare a disposición de otra autoridad y /o magistrado competente en causa que interese la detención, bajo las siguientes condiciones;

a) residir en el domicilio de Daniel Nuñez, sito en Manzana 3 casa 23 Barrio Guadalupe de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, cuya residencia no podrá variar sin autorización de este juzgado y/o de la Dirección de Patronatos de Liberados de Santa Fe y posteriormente concurrir mensualmente el mencionado Instituto para la asistencia y supervisión de las condiciones que a continuación se detallan;

b) desempeñar un trabajo, oficio o profesión o adquirir conocimientos necesarios para ello;

c) asumir el compromiso de residir en el domicilio consignado;

d) abstenerse de cometer nuevos delitos;

e) abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas en exceso y consumir estupefacientes;

f) abstenerse de comunicarse por cualquier medio (epistolar, telefónico u electrónico) y acercarse a una distancia menor de trescientos metros de domicilio y lugares públicos que se encuentre la víctima y su grupo familiar, con la salvedad del lugar donde cumple sus tareas laborales;

g) Deberá continuar asistiendo a un abordaje terapéutico psicológico a los fines de tratar problemas de conducta que se manifiestan en agresión sexual, lo que deberá ser realizado en un efector de salud público o privado, debiéndose acompañar constancia del inicio o asistencia de los mismos.

Estas condiciones deberá cumplir hasta el 27 de abril de 2024 en que vence su condena, bajo apercibimiento de revocársele su libertad en caso de inobservancia de las mismas, conforme a lo dispuesto por en artículo 15 del Código Penal.

2) Notifiquese a la víctima de lo resuelto (artículos 80 inciso 10° del C.P.P. y 12 de la Ley 27.372.

Firmado: Dr. Gustavo Gon, juez penal.

 

A Mereles también lo favoreció una ley anterior: 

A partir del 28 de julio de 2017, rige la ley (Art. 14 del Código Penal Argentino) que establece que la libertad condicional no se concederá cuando la condena fuera por delitos contra la integridad sexual, como en este caso, pero Mereles zafó de esta traba, ya que los hechos probados fueron "a comienzos del año 2017, justo antes de que entre en vigencia la nueva ley, que es más restrictiva.

 

Otro beneficio polémico 

Mientras Mereles cumplía la prisión preventiva, pero ya con condena de primera instancia, sorprendió el polémico fallo del juez Gonzalo Basualdo, quien lo había beneficiado con la posibilidad que siga preso, pero en su casa, lo que fue apelado y revocado, por lo que lo regresaron a la cárcel por orden del juez de la Cámara Penal de Apelaciones, Eduardo Bernacchia, quien derribó el fallo de primera instancia del juez Basualdo, quien benefició al reo en contra de la posición del fiscal y la querella.

El fallo de primera instancia del juez Basualdo fue el 14 de abril de 2020. Entonces dispuso la morigeración de la detención y que Mereles pueda retirarse a prisión domiciliaria bajo fianza de $500.000.- Autorizó que Mereles cumpla la prisión preventiva en la casa de su hija, Noelia Mereles, quien se ofreció como "guardadora" en su domicilio de calle Brown 2305, Barrio Zorzón, Reconquista.

Ni Coronavirus, ni presión alta, ni várices como excusa para sacarlo de la cárcel, dejó en claro la Cámara Penal, que además recordó que los jueces deben explicar bien los argumentos, entre otras conclusiones que podés leer haciendo clic aquí.

 

Otro dato curioso: 

Mereles ya había sido beneficiado con la libertad condicional por el juez Martín Gauna Chapero, pero la Cámara la revocó por un detalle no menor: ese magistrado procedió con la audiencia sin la presencia del fiscal; por lo que se tuvo que realizar otra audiencia, en la que ahora otro juez (Gustavo Gon) también le concedió el beneficio al condenado.

 

La opinión de Gustavo Raffin 

Tal vez esta causa es otro botón de muestra para dónde inclina la balanza, recurrentemente, el Poder Judicial, el que repite beneficios a favor de los condenados, sobrecargándose con causas porque -en alto porcentaje de hechos delictivos, en general, aquí no refiero solo a delitos contra la integridad sexual- los autores suelen ser repitentes.

Lo curioso es que para justificar su ineficacia, los actores del Poder Judicial refieren a que están sobrecargados de trabajo, cuando evidentemente son ellos mismos parte del problema, son quienes aceleran el regreso a la libertad de los condenados, máxime con un servicio estatal tan deficitario, donde tanto cuesta identificar a los autores de los delitos. Y de los ínfimos que son llevados a proceso (menos del 4%) sabemos lo que cuesta demostrar la autoría de los hechos, con otro calce a favor de los reos, que como la capacidad de trabajo judicial es escasa, la inmensa mayoría (casi todos los procesos) terminan en acuerdos, con procedimientos abreviados, los que para facilitarlos, el acusador público (fiscales) siempre resignan calificaciones y descartan hechos, lo que también acelera la vuelta a la libertad de los autores. Sigue intacta la famosa puerta giratoria del Poder Judicial. 

Allí  está el nido de la repitencia que satura al Poder Judicial, pero a nadie satura tanto como a la sociedad, que espera un Estado más eficiente para vivir en libertad, transitar en libertad, disponer en libertad, que los hijos vayan y vuelvan por donde deseen, que no haya ni corredores ni horarios prohibidos, ni temores, ni que haya que seguir pagando el impuesto de la inseguridad con más rejas, más alarmas, más videovigilancia, más remises, en lugar de caminatas y bicicletas; y lo que es peor aún, el impuesto más caro: el vivir con temor, ese que aplasta los ánimos y condiciona para todo; el temor de salir del trabajo, o de un espectáculo, o de un trámite, y no encontrar la bici o la moto; o de volver a casa y encontrar que fue invadida y robada; cuando no que suceda un arrebato en el camino.

No es un escrito de terror, es la vida en sociedad, descontrolada, dolorosa, la que podrá empezar a cambiar a partir de varios cambios... políticos, sociales, pero también del Poder Judicial; y cada uno deberá hacerse cargo de inicar ese cambio. Cada vez que se agita la sociedad por un nuevo caso extremo, hacen cumbres donde todos tienen algo de qué quejarse (presupuestos, falta de medios, de recursos humanos, etc), todos piden algo y nadie concede nada, y todo sigue igual. Usan las cumbres como una crema para apaciguar las reacciones sociales.

Con iguales prácticas, nada va a cambiar.

La situación es extraordinaria y requiere acciones extraordinarias, obvio que siempre dentro de la ley. Desde ReconquistaHOY jamás se pidió "mano dura", solo "justicia".

El juez que libera anticipadamente a un condenado, no tiene consecuencias legales ni pone en riesgo su trabajo, tampoco si deniega el beneficio. Pero hay una alarmante inercia en la acción que inclina la balanza siempre para el mismo lado. Deberían observar todas las circunstancias.

Es hora que también cuenten las víctimas, sino la sociedad toda paga las consecuencias.

El Poder Judicial es caro e ineficiente; y lo que es peor, no inicia un proceso que transmita esperanza de cambios.

Tampoco la acción política está cambiando las condiciones sociales.

Y sigue cayendo la moral media, se desmorona "la sociedad", esa que se forma a partir de ciertas reglas.

Cada vez más gente viola los códigos, cada vez más gente cruza la raya de lo ilegal, es una sociedad en descomposición notable, alarmante, lo que debe incomodar y provocar reacciones.

Por ejemplo, cada vez más son quienes compran cosas a precio vil, ni se sonrojan por la lógica de lo que es robado. Y crecen los ilícitos. Hasta pueden elegir modelo y color de moto y bici, que alguien se encargará de robar. Saben que en el peor de los casos, se les formará una causa por "encubrimiento" con lógico final: la prescripción; es decir, sin ninguna consecuencia.

Ni hablar de adultos que, aunque todavía no salen a robar, empiezan a recibir en casa lo que traen sus hijos, los que aparecen en los partes policiales sin nombre ni apellido, ni de los padres, solo con edades recurrentes: 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años, lo que termina en un aviso a una funcionaria de la Secretaría de la Niñez de la Provincia o al primer nivel de la Municipalidad, o en el Juzgado Penal de Menores, con resultados que ya conocemos.

Y así llegamos al descontrol actual que tanto incomoda a un porcentaje de la sociedad que quiere vivir con reglas, en paz y en libertad, porque un Estado -que tiene códigos para todo: convivencia, penal, civil, comercial, laboral, de planeamiento, etc- puede organizar su poder de policía y de sanción, en base a una cantidad mínima de autores, pero cuando los que pasan la raya son tantos, sobreviene la impunidad. Hay que tener en cuenta que el 96% de los hechos denunciados jamás llegan siquiera a una resolución judicial; y está claro que la impunidad anima a nuevos actores, sobre todo en un país con tantos dramas sociales, donde a muchos les robaron la dignidad. 

Que sea justicia, pero también para las víctimas.

Porque podemos vivir peor... pero también mejor. Suerte que todavía estamos a tiempo de decidir.

Gustavo Raffin - ReconquistaHOY

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