En el marco de una investigación de la Policía de la Provincia de Santa Fe, bajo la dirección del fiscal federal Roberto Salum, el juez federal Aldo Alurralde ordenó la realización de un allanamiento en una propiedad del Barrio Obrero de la Ciudad de Romang, concretado este viernes 23 de septiembre de 2022, en el que secuestraron 38,43 gramos de marihuana fraccionada en 23 envoltorios de nylon, dispuesta para ser comercializada; 37,57 gramos de cocaína fraccionada en 19 envoltorios; $15.850.- en efectivo que se encontraban junto con  el material estupefaciente; una balanza digital; y 4 teléfonos celulares.

Además, el magistrado ordenó la detención de Carlos Omar Paniagua, alias "Coqui", DNI N° 29.500.028, quien se encuentra sindicado como vendedor de material estupefaciente.

Vale recordar que el mismo Carlos Paniagua, ya había sido detenido en el año 2020 tras allanar su domicilio en el que también se le incautó material estupefaciente. En esa causa, está procesado por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", y su caso ya fue elevado a juicio, por lo que se espera sentencia, pero estaba en libertad desde el 26 de febrero de 2021, porque la Cámara Federal de Resistencia revocó una decisión del Dr. Alurralde que le había denegado la posibilidad de que espere el juicio en libertad.

Desde fines del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe tiene esa causa a juicio. Y ahora otro proceso en marcha.

Opinión 

Este caso Paniagua es otro botón de muestra de cómo se sobrecarga el Poder Judicial, cuyos actores aburren justificando sus magros resultados en la falta de recursos humanos y presupuesto, sin reconocer que pueden resolver distinto, y que el cambio puede comenzar ya.

Alarma la cantidad de repitencia en los delitos vinculados con las drogas, pero sus actores siguen gozando de beneficios.

Vemos las libertades que otorga la Cámara Federal de Resistencia, revocando sentencias del juez de primera instancia en Reconquista, quien considera que los imputados por narcotráfico deben esperar el juicio en prisión preventiva. 

Vemos también desde ReconquistaHOY, la generosidad del Fiscal Federal de Santa Fe a la hora de concertar condenas con los abogados de los narcos, rebajando calificaciones incluso a personas reincidentes en el delito, además, a los que siguen cometiendo delitos desde el interior de la cárcel (donde montan "Call Centers" para el delito, con las facilidades que les da el corrupto sistema penitenciario para operar), y/o violando las condiciones con los que generosamente también le otorgan beneficios, como las salidas transitorias, o libertades condicionadas. Hay parva de sentencias en ese sentido. 

Tenemos ejemplos de cada caso que ponemos en evidencia en ReconquistaHOY.

Como cuando se condenó a Samuel Emilio Vera, Sebastián Alfredo Wirth, Joaquín Alejandro Orbani, Samuel José Vera; y a Ramón Ariel Orbani, por encontrarlos autores penalmente responsables del delito de transporte de estupefacientes, pero se le quitó la agravante que dice la ley, cuando de un delito participan "tres o más personas". Así también achican la pena, otra maniobra a favor de lo que dicen que quieren combatir. Al respecto, el Juez José María Escobar Cello dijo en su sentencia (en este caso que usamos como ejemplo) que "habiendo homologado el acuerdo celebrado por las partes, corresponde limitar el dictado de la presente a la calificación de transporte de estupefacientes en la que el agente fiscal encuadró la conducta de los encausados, sin emitir juicio de valor respecto de la agravante por la que fueron requeridos a juicio". Ni que fuera un "texto sagrado" el acuerdo del fiscal, como si no existiera margen para el juez. Y se justifican los beneficios. Y crece el narcotráfico. Y se repiten los actores.

Hemos visto cómo aparece cada vez más usada por el fiscal federal de Santa Fe y por el Tribunal Oral, la figura de la "concertación para el delito de tráfico de estupefacientes" para aquellos que llegan a juicio procesados por "comercialización de estupefacientes", calificación confirmada en primera y segunda instancia. Otro beneficio para los que los cónclaves señalan como objetivo a combatir. Y esa recalificación la usan incluso con reincidentes, con quienes ya tienen condena previa, como el caso de Fortunato Montenegro, Martín Rossetti, Ezequiel Cabrera, y sigue la lista.

El congreso de la Nación resolvió oportunamente el fin del beneficio de las libertades condicionales para los condenados por narcotráfico (delitos previstos en los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 23.737), pero para el fiscal federal Suárez Faisal; y para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, eso es inconstitucional, porque "no guarda una adecuada armonía con algunos de los tratados internacionales sobre derechos humanos". Claro que hay montón de jueces que lo consideran constitucional. La "suerte" de los narcos también depende del fiscal y tribunal que les toca. Claro que también la suerte de la sociedad está atado a eso.

Y siguiendo con el tribunal que compete a nuestra región -desoyendo otros dos poderes del Estado que dieron curso a la ley votada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo), siguen beneficiando a condenados con salidas anticipadas.

De hecho que -como en este caso del Sr. Paniagua, de Romang- hay numerosos casos de que estando en proceso por narcotráfico; o recientemente condenado, vuelven a ser detenidos por el mismo delito, o perfeccionado.

Más se sobrecarga el Poder Judicial, y otra vez, sus actores justificarán su ineficiencia y volverán a pedir más recursos humanos y más presupuesto. Hartos nos tienen, siendo que no empiezan los cambios con lo que tienen disponible. Todo suena a excusas para no cambiar. Y siguen las "cumbres" del Poder Político y Judicial para analizar la situación, especialmente luego de un nuevo escándalo de gigantes repercusiones; y otra vez cada uno contará lo que no tiene para justificar lo que no hace; y todo sigue igual, que es peor, porque crece el narcotráfico.

Es notable cómo creció la presencia de cocaína en los procedimientos en nuestra región, lo confirmó este viernes el fiscal federal Roberto Salum en declaraciones a ReconquistaHOY.

Y crecen los delitos en general, y crece la violencia con la que se cometen.

También crece el dolor en tantas familias ya atravesadas por este flagelo de la droga, tan fácil de conseguir en cada ciudad, en cada barrio, en cada pueblo. Impresionante el narcomenudeo, cuyo esparcimiento notable complica aún más al Estado para identificar a los autores. Y con lo que cuesta identificarlos y demostrarles la comisión delictiva, a los pocos que logran condenar, también los devuelven a la sociedad con beneficios.

Se entretienen en un circulo vicioso de entradas, condenas y salidas; y, encima de no subir la escalera del delito, a los organizadores les facilitan no solo la impunidad, sino de poder seguir contando con operadores para transportar y comercializar la droga.

Y observamos otra acción grave, que es la de devolver bienes secuestrados, como los vehículos utilizados para la comisión del delito. Salen rápido y ya tienen la moto o el automóvil para volver al ruedo. ¿Quién se las facilita?. El mismo Poder Judicial, el mismo Tribunal Oral que los condena, con una gran mano que les da el fiscal santafesino, que cierra esos acuerdos y los sostiene ante el Tribunal que los avala.

Desde ReconquistaHOY analizamos que el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe no lesiona "el corazón del negocio", que son los bienes.

Y, esta claro, que mientras sea negocio, seguirá la actividad floreciente, porque no es un país con tantas oportunidades.

Es un país con su mitad excluida, caldo de cultivo para conseguir mano de obra.

Y cae la moral media, cada vez hay más personas dispuestas a incursionar en el delito.

Ya hay padres que predican a sus hijos que en este país, "el camino no es el de la legalidad". Lo pintan muy dificultoso, desprecian el sacrificio. Quieren todo ahora, y allí consiguen la droga.

Todo impacta en la sociedad, todo es parte de un proceso cultural que se profundiza, y alarma que los que más oportunidad de estudio tuvieron, no lo vean, encima ejerciendo magistraturas.

A quien atenta contra su vida no se le puede exigir que valore la del prójimo.

Y el prójimo que quiere trabajar lícitamente, no solo debe lidiar con la pesada carga del Estado, sino también con la competencia de las unidades de negocio que genera el lavado de activo. Con plata sucia compran o alquilan locales, compran los mejores equipamientos y parten de una condición muy despareja con el que empieza la actividad con un préstamo bancario.

El ciudadano normal pierde estímulo, lucha contra gigantes.

La sociedad ve cómo los que se enriquecen ilícitamente lavan sus activos.

Al político únicamente le importa recaudar para insistir con un sistema que reparte más dinero que oportunidades. 

El Estado no replantea estrategias, más de lo mismo, idénticos resultados, consecuencias cada vez más graves.

Encima, los enriquecidos ilícitamente ascienden en la valoración de un sector que los llena de elogios porque dan trabajo, escalan posición social, y consiguen que ingresen a sus negocios, incluso los que "de boca" condenan el delito original.

El árbol venenoso no puede dar frutos virtuosos.

Hay que sembrar distinto, para cosechar distinto.

El cambio no se ve en camino. Suerte que un sector de la población no baja los brazos.

Gustavo Raffin - ReconquistaHOY

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