Juan Manuel Portella, 46, ex empleado Municipal, echado el 1 de junio de este año, por el robo de combustibles, ahora fue condenado a la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, por haber abusado sexualmente, con acceso carnal, de una niña de 11 años de edad, hija de quien entonces era su pareja, quien aceptó el acuerdo que evitó el juicio oral.

Fue producto de un acuerdo del defensor público, Orlando Toniolo, con el fiscal Juan Marichal y el abogado querellante por la víctima, Ricardo Degoumois, avalado el 6 de octubre de 2022 por el juez penal Mauricio Martelossi, según artículos 45, 119 tercer párrafo, en función del inc. "b" y "f" del Código Penal.

La violación puesta al descubierto, fue en la madrugada del 7 de mayo de 2022, en el dormitorio de la vivienda que el condenado compartía con su víctima y la madre.

Quien ordenó su detención fue el fiscal Alejandro Rodríguez, cuando se convenció de la verosimilitud de las evidencias aportadas.

La abuela de la víctima, reveló que la nena contó del ataque sexual en la noche del miércoles 4 de mayo de 2022, e inmediatamente acudieron a radicar la denuncia, previo increparlo a Portella; y el día siguiente la revisó un médico que dio crédito al abuso relatado por la niña.

"Esta persona no merece vivir en esta sociedad. Y no solamente por mi nieta, por todas las niñas que han pasado por ésto. Solamente pido justicia, no me voy a cansar y no voy a parar hasta que esté preso, que se pudra en una cárcel, o terminaremos nosotros con la vida de él. Eso es todo", había dicho la abuela el día en que imputaron a Portella en los Tribunales de Reconquista.

"Este inhumano la violó, le arruinó la vida con tan solo 11 años. Justicia pido cómo mamá, como hija y como mujer. Le arruinó la vida a una inocente, que se haga justicia", había expresado ese mismo día la madre de la niña.

Por entonces, Portella era un operario de la cartera de Servicios Públicos de la Municipalidad de Reconquista. Al ser detenido, ya estaba suspendido del trabajo, en el marco de la investigación por el robo de combustibles, por lo que luego fue exonerado.

El hecho sucedió en el Barrio Nuevo de Reconquista, y luego, Portella se domicilió en inmediaciones de calle España y Rossi, donde fue detenido.

Portella fue echado de la Municipalidad

El 1° de junio de 2022, a través del Decreto N° 174, se determinaron diferentes sanciones a empleados municipales de Reconquista que, según indica, han tenido participación en hechos investigados relacionados a la utilización indebida de las tarjetas de carga de combustible del municipio, conforme a las pruebas colectadas.

El decreto lleva la firma del intendente Amadeo Enrique Vallejos; del secretario general, Guillermo Romero Mansur; y de la secretaría de Servicios Públicos, CPN Florencia Gasparutti. 

Entre los sancionados, estaba Juan Manuel Portella, por haber sido encontrado responsable de haber utilizado indebidamente, sin autorización ni necesidad alguna para fines ajenos al servicio público, las tarjetas de carga de combustible propiedad de la Municipalidad de Reconquista.

Por igual situación, también fue exonerado Mario Andrés Romero.

Vale señalar que la exoneración, es la pena máxima que existe en la Administración Pública, significa la expulsión permanente de un empleado público, quien de por vida no podrá volver a trabajar en ningún nivel estatal, explicó Romero Mansur en declaraciones a ReconquistaHOY.

El tercer expulsado de su trabajo en la Municipalidad de Reconquista es Darío Víctor Olivera. En su caso fue cesanteado por haber encubierto las conductas de sus compañeros, no haciendo conocer las mismas a sus superiores y faltando a la verdad en su declaración testimonial.

Esteban Julián Alvarez, Gustavo Ariel Moreira, Andrés Gregorio Altamirano y Leonardo Andrés Sánchez, fueron suspendidos por 30 días sin goce de haberes y removidos del lugar que ocupaban. Cuando terminen de cumplir la sanción, no volverán a Servicios Públicos, sino que pasarán a cumplir tareas en la Secretaría de Planeamiento, Obras Públicas y Hábitat.

Romero Mansur dijo en ReconquistaHOY que, además, denunciaron penalmente el caso en fiscalía (Ministerio Público de la Acusación), donde aportaron todas las pruebas para que avance la investigación judicial.