El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, continuará con el Concurso Preventivo de Acreedores de Vicentín saic, y será él quien deberá resolver si acepta o no el acuerdo propuesto por la empresa y aceptado por la mayoría de los acreedores, pero con ruidoso disenso de una minoría.

La Corte dice tener "clara, la importancia económica y social que el referido concurso tiene para la Provincia de Santa Fe y para el país en general", y le recuerda a todos los jueces -evidentemente para que tome nota el Dr. Lorenzini- que "las decisiones deben guiarse por la suma prudencia en el control de legalidad que les compete realizar, a fin de mensurar y poner a seguro resguardo los derechos y garantías de los justiciables; siendo oportuno mencionar que es doctrina de la Corte nacional que, en el análisis del abuso del derecho relacionado con la admisibilidad de una propuesta de acuerdo preventivo, el juez debe apreciar objetivamente si el deudor, en el ejercicio de su derecho, ha contrariado la finalidad económico social del mismo que, en la especie, no está solamente dada por la conservación de la empresa como fuente de producción y trabajo, sino que también está definida por el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores, la cual naturalmente resulta negada cuando la pérdida que se les impone a ellos resulta claramente excesiva, o cuando sea abusiva o en fraude a la ley". Añade: "Esta suma prudencia en la toma de decisiones deberá estar acompañada del riguroso respeto de los deberes procesales de buena fe y probidad que deben guardar los restantes operadores del concurso".

El Dr. Daniel Erbetta, al ampliar su voto, formuló varias consideraciones, como que "los actores del proceso concursal, no pueden ignorar que la actual formulación normativa contenida en los artículos 23 (pena accesoria de decomiso y medidas cautelares suficientes para asegurarlo) y 305 del Código Penal (norma procesal contenida en ley nacional) fueron incorporados por la Ley 26683 del año 2008 y que, en algunos supuestos de eventuales investigaciones penales, se encuentran comprometidos Tratados Internacionales, en los que la Nación es parte, y cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones internacionales. De modo que, para evitar ulteriores desgastes jurisdiccionales en un proceso de la relevancia del presente, las medidas dispuestas en plurales procesos penales no derivan de acciones "...por las que se reclaman derechos patrimoniales..." en los términos del artículo 132 de la Ley 24522. Dicho de otro modo, las eventuales controversias y vinculadas a las medidas adoptadas con motivo de la investigación de hechos con relevancia penal deben dirimirse y agotarse en esa jurisdicción. La extraordinaria relevancia en el orden económico social del presente proceso concursal y las innumerables consecuencias que pueden derivarse de las decisiones que se adopten, importan -en función de lo dicho- priorizar la extrema prudencia con la cual habrá de ponderarse la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal y ajenas a la competencia del juez del concurso, cuestiones éstas, que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad. Ello así, en tanto, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos (como la Ley concursal española que expresamente otorga al juez del concurso competencia exclusiva y excluyente de toda medida cautelar que afecte el patrimonio del concursado), en nuestro ordenamiento vigente el magistrado interviniente en el proceso concursal carece de una atribución similar para decidir el destino de las mismas".

Agrega el Dr. Erbetta: "Es doctrina de la Corte nacional que, en el análisis del abuso del derecho relacionado con la admisibilidad de una propuesta de acuerdo preventivo, el juez debe apreciar objetivamente si el deudor, en el ejercicio de su derecho, ha contrariado la finalidad económico social del mismo que, en la especie, no está solamente dada por la conservación de la empresa como fuente de producción y trabajo, sino que también está definida por el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores, la cual naturalmente resulta negada cuando la pérdida que se les impone a ellos, resulta claramente excesiva, o cuando sea abusiva o en fraude a la ley".

También el Dr. Erbetta indica que "cobra también relevancia lo dictaminado por el señor Procurador General de esta Corte, en orden a que la prudencia y cuidado exigidos a los jueces intervinientes".

Entiende que el Juez Lorenzini "no puede soslayar lo atinente a la concentración del mercado y el historial de quienes aparecen postulándose para la adquisición de los bienes ofrecidos, de y por la concursada, y en particular lo referido en referencia a las prescripciones de la Ley de Defensa de la Competencia N° 27442".

Y remarca el Dr. Erbetta lo dicho por los ministros preopinantes, en cuanto a que "los jueces de esta Provincia tienen una alta responsabilidad institucional en el procesamiento y juzgamiento de la controversia, imponiéndose una vez más señalar que las decisiones deben guiarse por la suma prudencia en el control de legalidad que les compete realizar, a fin de mensurar y poner a seguro resguardo los derechos y garantías de los justiciables. Esta suma prudencia en la toma de decisiones deberá estar acompañada del riguroso respeto de los deberes procesales de buena fe y probidad que deben guardar los restantes operadores del concurso".

Vale recordar que en la víspera, la Corte eligió "por unanimidad" al Dr. Daniel Erbetta como presidente a partir del 1° de enero de 2023. Será la segunda vez que presidirá la Corte Santafesina, habiéndolo hecho con anterioridad en el año 2017. 

En su voto, el Dr. Rafael Gutiérrez expresa: "haciendo uso de las facultades que como miembro de esta Corte Suprema me confiere el artículo 92, inciso 3, de la Carta Magna provincial, en cuanto reconoce a este Tribunal la potestad de dictar las disposiciones que conduzcan al mejor desempeño de la función judicial, es que considero imperioso efectuar algunas consideraciones de carácter general, con el único propósito de lograr una tramitación correcta y efectiva del presente concurso, que afecta a una de las firmas más importantes de la Provincia de Santa Fe, que posee más de 1.600 acreedores verificados, entre créditos granarios, financieros, fiscales, de bienes y servicios y accionistas y sociedades, y cuya trascendencia motivó incluso el interés del Poder Ejecutivo Nacional, de la prensa nacional y de la opinión pública en general. Por ello, con esos fundamentos, considero oportuno señalar las siguientes líneas de actuación, tanto para el juez del concurso como para las demás partes intervinientes, al momento de considerar las propuestas de acuerdo, según lo preceptuado en el artículo 52, inciso 4, de la Ley 24522, que ordena que ´en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley´. Con esta base de razonamiento, estimo que deben ser particularmente valoradas las siguientes cuestiones:

a) La situación general de todos los acreedores verificados, pero también la situación particular de los que no acepten la propuesta de acuerdo. Por ejemplo, la del Banco de la Nación Argentina, que representa los intereses de la República -y, por ende, de todos los argentinos- con aproximadamente trescientos millones de dólares de créditos verificados -entre privilegiados y quirografarios-, que no aceptó la propuesta de la concursada. Y si bien, en lo que respecta a la porción privilegiada de su acreencia, dicho acuerdo no le sería oponible, puede ver igualmente afectado el cobro de su acreencia por las medidas que eventualmente adopte el juez del concurso con el fin de alcanzar el cumplimiento del acuerdo, en caso de lograrse su homologación.

b) La existencia de numerosas causas penales en trámite, tanto ante el fuero provincial como el federal, donde se ordenaron diferentes medidas cautelares con el propósito de asegurar el patrimonio de la firma concursada, evitando la fuga de activos que integran la garantía común de los acreedores. Entre ellas, podemos mencionar las cautelares dispuestas en fecha 18.9.2020 por el doctor Nicolás Foppiani, integrante del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la ciudad de Rosario, entre las que se encuentra la prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentín S.A.I.C. tendría participación accionaria, o respecto de las cuales los denunciados serían sus representantes legales. También la dictada el 11.12.2020 por el doctor Hernán Postma, integrante del mismo Órgano jurisdiccional, que dispuso la prohibición de desprenderse de activos, levantamiento del secreto bursátil, bancario y fiscal, interdicción de cajas de seguridad, congelamiento de cuentas bancarias, medida de prohibición de innovar respecto de bienes, inhibición general de bienes y allanamientos. Dichas medidas cautelares deben ser consideradas por el juez del concurso, a los fines de ser respetadas y armonizadas con la decisión que eventualmente se tome en caso de arribarse a un acuerdo en este proceso falencial.

c) La protección de las miles de fuentes de trabajo que actualmente dependen, directa o indirectamente, del normal funcionamiento del giro comercial de la concursada y que representan sujetos especialmente tutelados por nuestra Constitución nacional como así también por la Ley 24522. Es necesario destacar que las decisiones que se tomen en el marco del proceso concursal deberán procurar maximizar el cuidado de los puestos de trabajo mencionados que, en caso de peligrar su continuidad, dejaría en una situación de vulnerabilidad a numerosas familias, principalmente del norte santafesino donde la concursada tiene su principal actividad.

d) Por último, remarcar que la correcta y eficiente tramitación del concurso que aquí nos ocupa, interesa no sólo a la fallida y a sus acreedores, sino a la sociedad en su conjunto, puesto que se trata de una firma emblemática para la Provincia y para la Nación, que tiene una participación relevante en el mercado de granos. La toma de decisiones acertadas, en tiempo y forma, es la mejor manera de brindar seguridad y transparencia a todos los involucradas y, a través de ello, incrementar la confianza en el Poder Judicial de Santa Fe, concluye el Dr. Rafael Gutiérrez.

vicentin saic  

La Corte tiene en cuenta en su decisión la posición expresada oportunamente por   el Procurador General de la Provincia, quien   cree que el magistrado reconquistense debe tener especial cuidado en cuanto al tratamiento que ofrece Vicentín a los acreedores, para no romper el principio de igualdad. Una minoría sostiene que eso estaría ocurriendo en caso de avalar Lorenzini el acuerdo con la mayoría que presentó Vicentín. 

El Dr. Jorge Barraguirre debilitó la posibilidad de aprobar el acuerdo presentado por Vicentín con el grupo mayoritario de los acreedores, porque observa que en la propuesta "hay situaciones muy disímiles". Mientras que Vicentín ofrece pagar la totalidad a algunos acreedores, para otros, solo el 20% y en 12 años. 

Barraguirre sugiere que haya una "ficha limpia";  pues entiende que "no se puede traer a cualquiera a reemplazar a una empresa de capitales nacionales", apuntando al Grupo Glencore (Viterra se llama ahora aquí) que tiene condena por prácticas corruptas en el extranjero, con multas de más de mil millones de dólares, por haber pagado sobornos y por manipular mercados en varios países. 

Vale recordar que si el Poder Judicial no avala el acuerdo con los acreedores que presentó Vicentín saic, el paso siguiente será el Cramdown; y en ese caso, los dueños de Vicentín perderán la exclusividad en el manejo de la transferencia de la empresa, quedaría en manos del juez. 

El senador Marcón volvió a manifestarse en apoyo a la posición de Vicentín

En la última sesión del Senado Provincial, Orfilio "Chacho" Marcón presentó su posición sobre la situación concursal de la empresa Vicentin S.A.I.C., diciendo:

Cada uno de nosotros en el ejercicio de nuestras funciones, hemos actuado siempre en defensa de los legítimos intereses de nuestros respectivos Departamentos,  pero siempre teniendo en cuenta, además, los intereses de la región y de la Provincia en su conjunto.

Dada la importancia que tiene el caso Vicentin, en gran medida para la región Norte, en especial para nuestro Departamento General Obligado, como así también  para el sur Provincial, quiero dejar plasmada en esta sesión del Senado Provincial, mi posición respecto de los últimos acontecimientos relacionados con el destino del complejo industrial de la concursada.

Ante todo, debo decir que defiendo la continuidad de la empresa como tal, o sea que cada una de las plantas productoras tanto del Norte como del Sur provincial sigan activas produciendo y, de esta manera, defendiendo los 7.000 puestos de trabajo de forma directa o indirecta.

Quiero decir también que, si algún integrante del Directorio hubiera cometido algún acto ilícito, que en la justicia penal se juzgue su responsabilidad. Pero que la empresa como tal, que en la justicia comercial ha actuado dentro del marco legal, continúe realizando las acciones que permitan llevar a feliz término el proceso del concurso preventivo.

Dicho esto debo informar que, a pesar de que no ha concluido aún el periodo de exclusividad (por la suspensión de los términos ordenados desde el máximo tribunal), la propuesta de acuerdo presentada por Vicentín, ha obtenido (y con creces), las conformidades legalmente necesarias para que rápidamente se pueda HOMOLOGAR el acuerdo.

Dicho acuerdo concordatario permite asegurar y garantizar por parte de los Interesados Estratégicos, la continuidad de los fazones (y por ende del financiamiento para cubrir la totalidad de los sueldos, jornales, aportes y retenciones de leyes sociales, impuestos y demás gastos y pagar a los acreedores). Esto permite dar garantía de continuidad de la empresa en marcha por muchos años más. El accionar de un minúsculo grupo de acreedores, ha impedido que esa homologación no esté aun dictada en el Juzgado concursal competente.

Es por ello que manifiesto lo siguiente:

El norte santafesino no resiste la paralización o la quiebra de Vicentin.

Como lo he dicho siempre, el empresariado del Norte provincial, a pesar de las enormes dificultades, es un ejemplo de compromiso con la región, y uno de los engranajes importantes lo constituye el complejo industrial Vicentin.  La planta de bio etanol,  la de alimento balanceado, la de biodiesel, la de biogás, las de almacenaje y acopio, y los servicios prestados a todas las unidades productivas propias y de terceros, son sumamente importantes para todo el conjunto. Vicentín es, sin lugar a dudas, un motor de la economía regional (tanto actuando en forma directa como con fazones). Es por eso que la población está muy inquieta y  sensibilizada por las demoras que provoca la paralización del expediente concursal y su solución definitiva.

Los acreedores necesitan empezar a cobrar rápido.

Debo señalar que apenas homologada la propuesta que ya obtuvo las mayorías legales, más de la mitad de los acreedores, a los que se les adeuda hasta 30.000, cobrarán la totalidad de sus créditos verificados en pesos a valor actualizado conforme la cotización de la divisa norteamericana.

Cabe señalar, como es de público conocimiento que, con la sequía pronosticada, todos (y más aún los pequeños y medianos productores) van a necesitar los dólares que ya están disponibles para el cobro. Prueba de ello es la cantidad de llamadas que hemos atendendido, reclamando se arbitren los medios para obtener ese pago por parte de la concursada.

NO AL CRAM DOWN.

Algunos pocos acreedores granarios han realizado acciones que tienden a frustrar la solución concursal a través del acuerdo que obtuvo las mayorías legales. Pretenden que no se homologue el mismo y buscan que se decrete el Cram Down.

Ante esta situación, categóricamente debo afirmar que con esa pretensión vamos en forma directa a la quiebra de la empresa. Y lo digo por lo siguiente: Antes de ingresar al Cram Down, hay que tener certeza de que se puede salir. Atento a que los interesados estratégicos determinaron, a través de una auditoria,  el  valor de la empresa en marcha. Tampoco ha habido endeudamientos luego del concurso. Es importante destacar que todos los acreedores pudieron participar de las reuniones de Mesa Técnica convocadas por el Juez concursal. Además, el Juez Concursal convocó a una novedosa figura denominada "Espacio Restaurativo", de excelente labor, y cuyo equipo fuera  coordinado por el prestigioso profesional español, el Dr. Raul Calvo Soler, con el objetivo de acercar las partes.

Además, hay que tener certeza de que la operación de la empresa no se detiene mientras dure el proceso. Sin homologación no hay continuidad de los fazones. ¿Quién garantizaría que los 7.000 puestos de trabajo puedan seguir trabajando? No hemos escuchado ninguna respuesta a esa pregunta.

Como es conocido, y ante esas circunstancias, lamento pronosticarles que "PLANTA QUE CIERRA, PLANTA QUE NO REABRE". Ya sabemos lo que ocurrió luego de que un expresidente se refiriera en términos parecidos a los ferrocarriles (ejemplos hay hasta el cansancio).

No hubo interesados en dos años, menos ahora. Curiosos y aventureros hubo siempre. El agravamiento de la situación económica del país, y sus consecuencias, pronostican nulas posibilidades de que algún inversor pueda mejorar la propuesta, eso hoy es imposible.

No hay capacidad financiera más grande que la de los tres Interesados estratégicos. Por algo los Bancos del Exterior manifestaron la voluntad a través de la firma de la conformidad a la propuesta presentada. Por lógica, consideran que no hay otra mejor posible en las actuales circunstancias.

Por otro lado, plantear la conformación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (nacional o provincial), tal como hemos escuchado, implica una propuesta altamente riesgosa y un desconocimiento absoluto de la actividad de este tipo de agroindustrias, además de embarcar a la Provincia o a la Nación, en sumas de cientos de millones de dólares, que como todos sabemos, el país no dispone, y mucho menos para estos fines.

Es beneficioso para toda la Provincia de Santa Fe, la homologación de la propuesta presentada por la concursada. 
No solamente para nuestra región, sino también para el nodo Sur (San Lorenzo y región), el Cram Down resultaría un desastre social, pues no solamente se paralizaría Vicentin, sino gran parte del cordón agroexportador.

Hay que observar que la no homologación del acuerdo que actualmente consiguió las mayorías legalmente necesarias, implica la no renovación de los contratos de fazón, y consecuentemente, la falta de financiamiento de 7000 familias que dependen directa o indirectamente del funcionamiento de esas plantas.

Para llevar tranquilidad a toda la población de nuestro norte provincial, me comprometo a trabajar arduamente para que la actividad del Nodo Norte, se fortalezca a partir de la homologación de la propuesta concordataria. Por la experiencia adquirida en muchos años y por la constancia y fuerza de nuestros empresarios de la región, en conjunto lo lograremos, concluye el mensaje del senador Marcón.

A continuación, el texto completo del veredicto de la Corte frente al pedido de ab ocamiento. También se puede leer la posición ampliada del Dr. Erbetta.

A continuación, completo, el fallo de la Corte Suprema: