Con 57 votos a favor y 7 abstenciones (ningún voto en contra), la Asamblea Legislativa aprobó el jueves 13 de abril de 2023, el pliego del abogado Leandro Mai para que sea el nuevo Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación en la Provincia de Santa Fe. De esta manera, a partir de la semana próxima -cuando asuma- Reconquista perderá un fiscal.
Las abstenciones fueron por su desempeño en la causa penal en la que imputó a varias personas por las usurpaciones de terrenos en Reconquista, entre ellas, dos funcionarias del gabinete del intendente Amadeo Enrique Vallejos. Para la diputada Lucila Di Ponti, fue un caso de Law Fare, según dijo en la Legislatura.
Al fundamentar su pedido para no votar, De Ponti explicó en la Asamblea Legislativa que decidió "no acompañar al doctor Leandro Mai en el nombramiento como auditor general del Ministerio Público de la Acusación, por sus actuaciones respecto al legajo fiscal que lleva el nombre de "Benítez Pinto Leonel S/ Usurpación", iniciado en junio del año 2021 por hechos sucedidos en la Ciudad de Reconquista, en el marco de un conjunto de tomas de tierras o usurpaciones, como las consideró la justicia; y en el marco de lo cual, el doctor Leandro Mai, en su rol de fiscal, imputó a dos funcionarias municipales: a las señoras Haydee Vargas y a Adriana Aranda, además de los elementos que haya colectado en términos de prueba, por una fuerte denuncia pública de características políticas, que era fundamentalmente impulsada por una persona que formaba parte del núcleo familiar íntimo del doctor Leandro Mai, frente a lo cual, decidimos pedirle al Fiscal General que el Fiscal Mai sea apartado en términos de conducir la acusación de esa causa, porque entendíamos que estaba afectada su objetividad, tal como lo establece la ley 13.014 o el código procesal penal de la provincia. Entendíamos que había causales suficientes para que sea apartado de este rol, pedido que fue rechazado en este caso por una decisión del doctor Martínez en su rol de fiscal general (aclaración: en realidad el Dr. Martínez es el Fiscal Regional) y por eso también entendíamos que era coherente abstenernos en la designación de del doctor Martínez.
Al ser rechazado nuestro pedido de apartamiento continuó con la investigación de la causa, imputando a estas dos personas por el delito de instigación a la usurpación, pero, sin embargo, no imputando a nadie por el delito material de la usurpación; es decir, que ahí vemos en primera instancia una incoherencia flagrante. Además de esta afectación a la objetividad que nosotros entendíamos por ser su esposa quien estaba públicamente manifestando o dándole cuerpo en términos mediáticos a esta denuncia.
Esto sucedió en junio del año 2021. Un año después, fue el propio fiscal Mai quien le solicitó al fiscal Regional Martínez que lo aparte de conducir esta investigación; y los motivos que utilizó para fundamentar el pedido de apartamiento, fueron exactamente los mismos que nosotros habíamos solicitado para pedir su apartamiento un año antes; es decir que, había una afectación a su objetividad por el rol público que ocupaba su esposa, y que, evidentemente, había habido alguna modificación en el transcurso de un año para el doctor Leandro Mai. Sino, no se entiende que, en una primera instancia no haya sido consciente de la afectación a la objetividad, y luego sí.
Teniendo en cuenta esto, y por haber sido un caso que desde la legislatura también acompañamos; y sobre todo a las personas que entendemos que fueron injustamente acusadas, injustamente imputadas en un juicio que continúa su curso, pero que, entendemos, no tiene pruebas suficientes para condenar a las acusadas, pero, sobre todo, nos parecen elementos que manifiestan la incompatibilidad en términos del cumplimiento de las funciones que se requieren para ejercer el rol de Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, una conducta que, entiendo, implica una manipulación selectiva del sistema penal, o lo que algunos llaman Lawfare. Lo podemos decir en otros términos: creo que tiene que ver con utilizar las herramientas de la justicia desde un rol de muchísima responsabilidad, con fines que no tienen que ver con investigaciones serias, y que están más vinculados a cuestiones políticas. En este sentido hemos decidido desde el bloque, abstenernos de acompañar el nombramiento del doctor Mai como Auditor General. Entendemos que hay motivos suficientes para argumentar esta decisión", concluyó la diputada De Ponti ante la Asamblea Legislativa. La diputada Matilde Bruera -Bloque PJ- adhirió a sus fundamentos, y también se abstuvo de votar.
También pidieron para abstenerse de votar, los tres integrantes del bloque que lidera el diputado Carlos del Frade, quien hizo de vocero, y explicó que vieron en el Dr. Mai, "más bien una participación política, con mucho de prejuicio", aunque valoró "la solidez demostrada por el doctor Mai en la entrevista de ayer, que fue muy sólido. Nosotros consideramos que, evidentemente, hubo más un prejuicio social de clase, muy pero muy fuerte, así que pedimos el permiso para abstenernos a votar la moción", concluyó.
EL NUEVO CARGO DEL DR. MAI
La Auditoría General de Gestión (AGG) es un órgano de apoyo que garantiza el correcto funcionamiento de la actividad que realizan las y los fiscales. Se encarga de asegurar la eficacia y eficiencia del trabajo a través de la definición de estándares de desempeño y de la identificación de buenas y malas prácticas de actuación. Tal como lo establece la ley 13.013, tiene autonomía funcional para organizar controles, fijar criterios y emitir conclusiones sobre el funcionamiento de las diversas dependencias del MPA.
La AGG está al servicio de la ciudadanía y su objetivo primordial es procurar la mejora institucional continua. Con su tarea, garantiza la rendición de cuentas -dentro de un estado democrático de derecho-, y contribuye a la responsabilidad y transparencia del MPA. Para ello, en el marco del desarrollo de prácticas de calidad, diseña una planificación con los objetivos a trabajar anualmente.
Para cumplir sus funciones, la AGG se divide en dos áreas: una de Control de Gestión, que es preventiva, y otra Disciplinaria, cuya función es sancionatoria.
El Área de Control de Gestión es la encargada de diseñar los lineamientos de monitoreo para detectar funcionamientos defectuosos en las distintas dependencias del MPA. Evalúa planes, programas, proyectos y actividades para controlar la gestión institucional a través de instrumentos y procedimientos establecidos.
El Área Disciplinaria interviene cuando existen denuncias o quejas por faltas graves o mal desempeño, ya sea para formular cargos y recolectar evidencias o para desestimar, archivar o remitir la causa a quien corresponda. Actúa bajo los lineamientos del Ordenamiento Sistemático de los Procedimientos del Régimen Disciplinario.
OTROS PLIEGOS APROBADOS
Recordamos que en la misma sesión, los legisladores aprobaron los pliegos de Rubén Martínez para otro mandato de 6 años como Fiscal Regional; y el de Valeria Lapissonde para otro mandato de igual período como Defensora Regional.
TRASPIÉ
En la misma sesión, la Asamblea Legislativa rechazó el pliego de Orlando Toniolo para que sea Fiscal Regional en Rafaela. Luego de superar todas las instancias, con una prueba "ampliamente superada" y sin ninguna impugnación, lo bochó la Comisión de Acuerdos. Dijeron que no convenció en la entrevista personal que tuvieron con él un día antes de votar. Uno de sus integrantes, el diputado Fabián Bastía, explicó en ReconquistaHOY que observaron "confusión en las respuestas, pero que, especialmente, notaron falta de conocimiento de la región" donde debería desempeñar su tarea. La diputada María Laura Corgniali votó en contra del pliego de Toniolo, mientras que el tándem que conforman la diputada Marlén Espíndola y el senador Orfilio Marcón, pidieron autorización para abstenerse (para no tener que votar).
Video de la sesión completa de la Asamblea Legislativa del 13 de abril de 2023.
