El gobernador firmó la reglamentación de la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos. Qué cambios establece
Su impulsor, el diputado provincial Oscar "Cachi" Martínez, dialogó con ReconquistaHOY.

En el Salón Blanco de la sede del Gobierno de Rosario, el miércoles 3 de mayo de 2023 el gobernador Omar Perotti encabezó la firma del decreto de reglamentación de la Ley Provincial Nº 14181 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, en el marco del "Día Provincial del Familiar y la Víctima de Inseguridad", en conmemoración del fallecimiento de Marianela Brondino, que ocurrió el 3 de mayo de 2010, como consecuencia de un acto delictivo en la ciudad de Santa Fe.
En la actividad estuvieron presentes familiares y víctimas de la inseguridad, quienes participaron en la elaboración de la ley; y el diputado provincial Oscar "Cachi" Martínez, quien la impulsó.
Cabe recordar que ésta fue sancionada por la Legislatura Provincial en diciembre de 2022 y tiene como finalidad reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito; asegurar el asesoramiento, asistencia, representación, protección, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley Nacional N° 27.372 de Personas Víctimas de Delitos; y establecer y adaptar normas procedimentales para permitir el efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas.

En diálogo con ReconquistaHOY, el legislador precisó los cambios que implica: la posibilidad de que las víctimas declaren en forma personal, virtual o desde sus domicilios; también van a poder ingresar al expediente de prueba sin necesidad de constituirse como querellante; la obligación que a partir de ahora tienen los funcionarios de evitar que las víctimas se crucen con los imputados durante las audiencias; y se les exige que se preserve la identidad de las víctimas, sus familiares y testigos.
Según la nueva ley, la actuación de las autoridades responderá a principios como la rápida intervención; enfoque diferencial, mediante el cual las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección de la víctima se adoptarán atendiendo al grado de vulnerabilidad de la misma; efectiva participación de la víctima en el proceso; no revictimización; transversalidad; y un abordaje integral e interdisciplinario en la asistencia y acompañamiento a la víctima, entre otros.
Para hacer efectivos estos principios, se introduce la creación de la Defensoría de Víctimas, en la órbita del Poder Judicial; y la capacitación en perspectiva de víctimas para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Aquellos que no hagan la capacitación, serán pasibles de exoneración.
Asimismo, constituye un "mecanismo de protección integral" que fortalecerá el Centro de Atención Judicial (CAJ), que actualmente "no brinda un servicio adecuado"; y una coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social que va a "generar los mecanismos para dar una respuesta completa".
Martínez aclaró que el CAJ permanecerá y, separadamente, la Defensoría de Víctimas se encargará de monitorear la atención de todas las medidas de protección que proporciona la normativa. Además, destacó que la ley establece que se realicen convenios con los colegios de profesionales para brindar atención en áreas donde no hay oficinas de atención a la víctima; como así también dispone la creación de una "mesa pública comunitaria" para el diálogo, en cada región de la provincia.
"Hoy es una concreción efectiva y creo que a partir de ahora podemos decir que la provincia es un poquito más justa", celebró el diputado.
"ES UN PASO IMPORTANTE"
En la oportunidad, el gobernador manifestó que "es un paso importante tener una ley, reglamentarla, haber podido trabajar con cada una de las organizaciones de familiares y tener la posibilidad que, dentro del proceso, las victimas tengan un rol importante, un rol protagónico".
Asimismo, dirigiéndose a los familiares y víctimas de la inseguridad, Perotti destacó: "Quiero ser agradecido con cada uno de ustedes por haber transformado ese dolor en un aporte para toda la comunidad".
Y se comprometió a continuar trabajando "para que la ley tenga visibilidad, cumplimiento y se vaya capacitando a cada uno de los organismos que tienen que intervenir en el análisis y en la atención de las víctimas".
Sobre el final, explicó que "es clave, dentro del mismo Estado, tener la posibilidad de capacitar, para que cada uno pueda ponerse en el lugar del otro en la atención, el trato, en los procedimientos a llevar adelante y lógicamente la vinculación con el Ministerio Público de la Acusación y todas las instancias judiciales. Nos queda un trabajo de implementación muy importante y necesario para darle permanencia, visibilidad y real cumplimiento a la ley".
"POLITICA DE ESTADO"
Por su parte, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena, remarcó que "esto, que es un hecho administrativo, tiene una carga muy fuerte, porque indica una política de estado que pone a las víctimas de la inseguridad en el centro de atención del Estado y es muy importante que lo hayamos construido juntos".
Y resaltó: "Todos los ministerios tienen un rol y nosotros aprovechamos esta ley para crear un Concejo Interministerial que será el que pondrá en cuestión cada una de las demandas que vayan surgiendo del otro punto, que contiene el decreto, que es la creación de una mesa pública comunitaria, una mesa de diálogo donde las víctimas estén representadas".
Finalmente, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo que "creo que no se toma cabal dimensión del logro, y lo quiero premiar, porque este es el acto que no debería nunca suceder. Pero, a la vez, en toda sociedad existe la necesidad del estado de reparar derechos de víctimas. Quienes nos formamos en el tema sabemos el cambio sustancial de este paradigma, porque durante muchísimo tiempo la víctima no era parte del proceso".
También participaron del acto la vicegobernadora Alejandra Rodenas; los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach; de Seguridad, Claudio Brilloni; de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro; y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, entre otros.