A casi tres semanas de haber sido aprobada en el Senado de la Nación, el Gobierno nacional promulgó este miércoles 3 de mayo de 2023, la "Ley Lucio", que busca prevenir las situaciones violentas y abusivas contra las infancias. Se trata de la normativa que surgió tras el asesinato del niño pampeano Lucio Dupuy, que fue asesinado por su madre y la pareja a los 5 años.
La normativa salió publicada en el Boletín Oficial bajo el decreto 253/2023 y las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
Con la promulgación, ahora el Estado debe poner en marcha los mecanismos establecidos para que se cumpla el objeto de la norma.
La ley tiene como finalidad establecer capacitaciones continuas, permanentes y obligatorias en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Esas capacitaciones están apuntadas a que las realicen aquellos profesionales que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, que forman parte "corresponsable" del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Siempre con un objetivo de fondo: que se generen las acciones necesarias para evitar que niños y niñas sean sometidos a situaciones de violencia y abusos que pongan en riesgo su integridad. Así, lograr que no haya más casos como el de Lucio Dupuy, por el que su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de ella, Abigaíl Páez, fueron condenadas a prisión perpetua por la Justicia de La Pampa.
Entre esas medidas que establece la ley también podrán recibir las capacitaciones los agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la ley.
Con la publicación de la promulgación en el Boletín Oficial, ahora la autoridad de aplicación tiene un plazo de seis meses para elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación que contempla la norma.
Los puntos centrales de la ley:
Un eje de importancia es que la normativa fue planteada por un diputado del PRO, Martín Maquieyra, quien estuvo cerca de la familia desde los días posteriores al crimen. El legislador opositor comenzó a trabajar en la elaboración de la ley que consiguió el apoyo de sus pares no solo opositores, sino que del oficialismo también: el 13 de abril fue aprobada por unanimidad.
La autoridad de aplicación de la norma será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente de Desarrollo Social.
Un eje central que establece la normativa es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando "la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad". Es decir, que pueda haber denuncias anónimas.
Además, busca propiciar la perspectiva de género y diversidades, respetar la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas y formar y sostener vínculos afectivos y de confianza durante la convivencia social para beneficiar al desarrollo de las infancias.
Asimismo, la Ley Lucio apunta a la generación de espacios y métodos para que niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar su derecho a ser oídos en procesos administrativos y judiciales, de modo que se habilita su participación en distintos ámbitos sociales y comunitarios.
El camino hacia la Ley
El punto de partida fue el conmocionante asesinado de Lucio Abel Dupuy en Santa Rosa, La Pampa, ocurrido en noviembre de 2021.
Con el correr de los días, el caso puso de manifiesto una situación alarmante: habían existido una gran cantidad de señales de alarma que ningún agente del Estado provincial logró detectar. Es decir, se conocieron al menos cinco ingresos del niño al Hospital Evita de la capital provincial para atenderse diferentes heridas, entre ellas una fractura.
En el ámbito educativo tampoco hubo alguien que detectara comportamientos inusuales del niño o incluso advierta qué podría pasar a partir de sus heridas.
Esa situación motivó a que varios funcionarios estatales de La Pampa sean llamados a presentarse ante la Cámara de Diputados para una interpelación. Qué elementos de la cadena de responsabilidades fallaron y podrían haber evitado el desenlace, es la pregunta central.
La familia Dupuy y su abogado, José Mario Aguerrido, dijeron meses atrás que una vez que termine el juicio contra Espósito Valenti y Páez se iban a concentrar en una denuncia para que se investigue el rol del Estado pampeano. (Redacción Perfil).
A continuación, tal lo publicado en el Boletin Oficial, el 3 de mayo de 2023:
LEY 27709 DE CREACIÓN DEL PLAN FEDERAL DE CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto crear el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niñas, niños y adolescentes.
Artículo 2º- Sujetos Obligados. El Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Podrán, también ser destinatarios del citado plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la presente ley.
Artículo 3º- Alcance. La reglamentación de la presente ley debe determinar los organismos, niveles, jerarquías y funcionarios sujetos a la obligación establecida en el artículo precedente.
En ningún caso podrán ser excluidos organismos o dotaciones de agentes cuyas labores tengan incidencia directa en el respeto del goce efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, la autoridad de aplicación deberá prever capacitaciones optativas para aquellos que, no estando obligados en los términos del artículo 2º, tengan interés en capacitarse en la temática.
Artículo 4º- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ente rector en las políticas de infancia, adolescencia y familia, conforme lo establece el artículo 44, inciso i), de la ley nacional 26.061.
Artículo 5°- Principios rectores:
a) Velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22, y por las disposiciones de la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
b) Generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como "buen trato", fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones;
c) Promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la ley 26.061 como en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. En este marco se deberá propiciar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos;
d) Propiciar la perspectiva de género y diversidades, conforme a los marcos normativos vigentes;
e) Recomendar la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de las autoridades administrativas o judiciales de protección de derechos que intervenga cuando se solicite de manera fundada, procurándose la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad.
Artículo 6º- Contenidos. La autoridad de aplicación debe elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación, en el plazo de seis (6) meses desde su publicación en el boletín oficial de la presente ley, en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), teniendo presente:
1. Las distintas realidades institucionales y territoriales de cada provincia de nuestro país.
2. La Constitución Nacional, y el plexo normativo nacional vigente en la materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
3. Tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, tengan o no jerarquía constitucional.
4. Recomendaciones y resoluciones de organismos de monitoreo de las convenciones internacionales de Derechos Humanos vinculadas a la temática.
5. Sugerencias de órganos administrativos de niños, niñas y adolescentes, vinculados al trabajo e implementación de políticas públicas destinadas a las infancias y la adolescencia.
6. Normas de procedimientos, nacionales y provinciales, como así también protocolos de intervención que se encuentren vigentes en las distintas jurisdicciones.
7. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los tribunales provinciales y de otros tribunales internacionales del sistema internacional de derechos humanos con competencia en la temática.
8. Los recursos públicos, privados o comunitarios, donde un niño, niña, adolescente y su familia puedan acceder para hacer efectivo el pleno goce de sus derechos.
9. Las herramientas didácticas y pedagógicas para la generación de espacios de reflexión sobre las concepciones sociales y culturales de las infancias a fin de deconstruir distintos tipos y modalidades de violencia.
10. La promoción del derecho al juego y al esparcimiento en espacios comunitarios.
11. El deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en los artículos 30 y 31 de la ley 26.061 y ley 27.455.
La autoridad de aplicación podrá suscribir convenios con distintas universidades nacionales, así como también con entidades de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y asociaciones de trabajadores/as, al efecto de que la asistan en el diseño, homologación y monitoreo de las distintas instancias de capacitación que se implementen en el marco de la presente ley.
Artículo 7º- Implementación. Cada organismo o ente sujeto a lo establecido en el artículo 2º puede optar por elaborar su temario o programa de capacitación, e implementarlos una vez que la autoridad de aplicación haya homologado los contenidos mínimos y su calidad. A tales efectos, la autoridad de aplicación podrá proponer modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad.
Artículo 8°- Campañas de concientización. La autoridad de aplicación implementará campañas de concientización cuya finalidad sea la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el buen trato en la vida cotidiana. Las campañas deberán tener difusión en los medios de comunicación nacionales, provinciales y entidades públicas nacionales, como así también en distintas plataformas de redes sociales.
La autoridad de aplicación deberá generar materiales didácticos, de promoción e información vinculadas a la promoción y efectivo goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los distintos ámbitos comunitarios, educativos y familiares.
Artículo 9º- Revisión. La autoridad de aplicación deberá permanentemente revisar y actualizar los programas, contenidos incorporados en las distintas capacitaciones con la periodicidad que establezca la reglamentación de esta norma, a fin de determinar las modificaciones y actualizaciones que crea convenientes.
Artículo 10.- Acceso a la información. La autoridad de aplicación debe brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de esta ley mediante soporte electrónico, página web o medio similar accesible, con indicadores cuantitativos, cualitativos, estadísticas y evaluaciones sobre el impacto de las capacitaciones realizadas.
Artículo 11.- Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley deben ser atendidos con los créditos que anualmente determine la ley de presupuesto correspondiente.
La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión y ejecución de ejercicios anteriores.
Artículo 12.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 13.- Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
Artículo 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.
REGISTRADA BAJO EL N° 27709
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - CECILIA MOREAU - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
e. 03/05/2023 N° 30745/23 v. 03/05/2023
Fecha de publicación 03/05/2023
(Del Boletín Oficial de la República Argentina).
