Luis Miguel Zacarías, vecino de la localidad de Los Laureles, fue condenado por el delito de abuso sexual simple y desobediencia al mandato judicial, en calidad de autor, a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional; y la resolución del caso es polémico.
La sentencia la firmó el juez penal Santiago Banegas, tal lo acordado por la fiscal Georgina Díaz con la defensora pública María Noel Severo, en el marco de un procedimento abreviado.
Zacarías estaba imputado de que desde el año 2013, aproximadamente, cuando la víctima tenía 3 años, y desde el año 2020, cuando la niña ya tenía 10 años de edad, abusó sexualmente en un número indeterminado de veces.
El último de los abusos fue alrededor de las 18:00 h del 18 de junio de 2021, en el interior de un automóvil, en la zona urbana de Los Laureles, cuando lo descubrieron y su accionar quedó en evidencia.
Los reiterados abusos sexuales consistían en tocamientos y manoseos en las partes íntimas de la niña, había dicho el fiscal en la imputación de los hechos.
Según había sostenido en su momento quien era fiscal del caso (Aldo Gerosa), además, Zacarías mantenía a la niña (que es de su núcleo familiar) bajo amenaza para que no cuente. Le decía que, de hacerlo, le haría daño a sus seres queridos y que iba a matar a sus propios hijos, que son del mismo círculo afectivo de la niña.
Además, entre fines de diciembre de 2022 y hasta el 4 de marzo de 2023, Zacarías incumplió el mandato judicial del juez de la investigación penal preparatoria, Santiago Banegas, quien -mediante resolución del 13 de septiembre de 2022- le había impuesto restricciones a su libertad, como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima o acercarse a menos de 200 metros del domicilio, ocasionando voluntariamente peligro procesal a la conclusión de la causa penal. Por ese incumplimiento lo tenían en prisión preventiva, la que finalizó gracias a este polémico acuerdo que, curiosamente, incluye el beneficio que ya había incumplido.
No es todo: A pesar de las imputaciones que pesaban sobre Zacarías, el caso fue cerrado -sin juicio oral y público- mediante un acuerdo en procedimiento abreviado, calificándolo como "abuso sexual simple y desobediencia al mandato judicial, en calidad de autor", según artículos 119 primer párrafo y 239 del Código Penal Argentino.
Lo que dice la Ley:
Artículo 119. - Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
Artículo 239. - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal.
EXPLICACIONES SOBRE EL POLEMICO ACUERDO
El Ministerio Público de la Acusación desistió de la acusación por los reiterados abusos sexuales, dejando como probado solamente uno (el último); se eliminó, además, la consideración de que los abusos fueron "gravemente ultrajantes"; y también desistieron de acusarlo por el delito de coacciones, en relación con las graves amenazas que le hacía a la niña para que no cuente lo que le hacía.
En la audiencia del polémico acuerdo, el juez explicó que, originalmente, los hechos habían sido calificados como "gravemente ultrajantes", pero la fiscal modificó la calificación con la anuencia de su superior, el fiscal regional Rubén Martínez, tal como exige la ley para estas decisiones.
La fiscal explicó al respecto que "del análisis de los elementos reunidos en la causa, consideré y así también se lo expliqué al fiscal Regional, cuando solicité su aval, de que no existían elementos suficientes para demostrar que, si bien los abusos sexuales habían existido y fueron reiterados, estos no pasaban, o no extralimitaban las vallas, por así decirlo, de abusos sexuales reiterados; y que no teníamos elementos para determinar de que con el accionar del imputado, este la haya cosificado, o la haya expuesto o humillado". Suena impactante el argumento, pero eso es solo una parte de la polémica.
Añadió la funcionaria del MPA que, "si bien son hechos repudiables que atentaron contra la integridad sexual y la libre elección en su sexualidad de una niña, tenemos los informes de Cámara Gesell, donde la niña, más allá de que también argumentó, y creo que existió cierta retractación, en cuanto a la cantidad de hechos, la niña argumenta o expresa en su relato, que fue en una sola oportunidad y que la oportunidad es la fecha que usted expresó en el hecho número uno cuando se lo explicó al imputado. Es por eso que, haciendo caso al principio de objetividad que reza sobre esta fiscalía, y también respetando todos los derechos que tiene el imputado; y en base a los elementos que tiene la carpeta judicial, es que solicité la modificación de la calificación, quitándole la agravante de ser gravemente ultrajante, considerando que es el momento oportuno, por cuanto siquiera se había realizado la audiencia preliminar en esta causa".
A su turno, la defensora María Noel Severo, expresó que estos cambios en la acusación de parte de la fiscalía, son "más acordes a las evidencias que se han recolectado en la investigación; y sobre todo, entiendo que hace honor al principio de objetividad con el que cuenta la institución; y sobre todo, y principalmente, es más respetuoso de los derechos y garantías de mi defendido". Se entiende el conformismo de la defensora frente al gran acuerdo que logró a favor del imputado.
Evidentemente, algo le hacía ruido al magistrado, porque nuevamente tomó la palabra para pedir a la fiscal que explique más sobre por qué se desistió del delito de coacciones contra la niña. Y la Dra Díaz contestó que ese delito había sido descripto "en la plataforma fáctica" por el fiscal que tenía anteriormente el caso, Dr. Aldo Gerosa, pero que no se lo había siquiera imputado formalmente. También lo descartó ella, por si le faltara pimienta a la polémica resolución del caso.
Vale recordar que, actualmente, el Dr. Gerosa está suspendido en sus funciones bajo investigación por presunto "mal desempeño"; y su suerte está en manos de la Legislatura de la Provincia. Por eso el caso recayó en manos de la fiscal Georgina Díaz.
Luego de escuchar el acuerdo de las partes, el juez lo avaló, condenando a Zacarías a la pena de tres (3) años de prisión ejecución condicional, más las siguientes reglas de conducta: constituir residencia fija; abstenerse de concurrir a determinados lugares (en particular a la localidad de Los Laureles que es el lugar donde se domicilia la víctima); relacionarse con determinadas personas o comunicarse por cualquier medio o acercarse a menos de 100 metros de la víctima; abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas; someterse a un tratamiento médico o psicológico previo informe que acredite su necesidad y eficacia; designar como guardador a su padre Adelaido Zacarías, lugar donde va a constituir domicilio en la ciudad de Romang. Curiosamente, restricciones que en su momento, el nuevamente beneficiado había incumplido.
Otra resolución polémica en los tribunales de Reconquista.
