COMUNICADO DEL CIC (Centro Industrial y Comercial de Reconquista):
Desde nuestra Institución queremos manifestar nuestra disconformidad en relación al Decreto 438/23 firmado por el Ejecutivo Nacional, que determina el pago de una suma fija de $60.000.
Sostenemos y ratificamos la posición de que este tipo de medidas inconsultas, abruptas, con impacto patrimonial, se apartan de las buenas prácticas, ya que las remuneraciones son acordadas mediante el instrumento "Paritarias", de los convenios colectivos de trabajo y no colaboran a la seguridad jurídica que debe regir la actividad comercial e industrial.
La intervención del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación de empleadores y empleados, sino que también pone aún más en riesgo la difícil situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente.
Asimismo, hacemos saber que muchas pymes adheridas a la ley de alivio Fiscal post pandemia, vieron cuadriplicada la cuota de sus planes, debido al excesivo incremento de los intereses producto de las altas tasas, lo que imposibilita aún más su cumplimiento.
No desconocemos el deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes motivada por la persistente y elevada inflación que soporta la economía nacional, pero entendemos que este no es el camino, necesitamos medidas de fondo que promuevan la inversión, que la industria pueda producir, generar valor agregado a nuestra producción, no este tipo de paliativos que genera un ahogo financiero para las empresas.
COMUNICADO DEL CICA (Centro Industrial y Comercial de Avellaneda):
Desde el sector empresarial repudiamos fervientemente las medidas económicas del Gobierno Nacional sobre la suma fija para empleados
Ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía de la Nación con relación al pago de una suma fija para empleados, desde el Centro Industrial y Comercial de Avellaneda consideramos que la medida es totalmente perjudicial y maliciosa para el sector empresarial en un contexto nacional de desequilibrio económico.
En primer lugar, porque en el ámbito de las negociaciones paritarias es donde deben determinarse las remuneraciones, conciliando las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector.
En segundo lugar, todos los aportes o sumas no remunerativas realizadas en los últimos años se hicieron sólo con el esfuerzo de los empleadores, sin ningún tipo de aporte por parte del Estado, como se había anunciado en un principio para la devolución de dichos bonos. Y ahora los anuncios hacen referencia a la "intención" de retribuir sólo a micro y pequeñas empresas, quedando el resto excluidas, y con la desconfianza latente por las experiencias anteriores.
En tercer lugar, porque la difícil situación que cada sector de la economía y cada empresa en particular vienen atravesando, la elevada inflación y la consecuente caída de las ventas, hacen insostenible el pago a término de las contribuciones patronales por cada empleado. Por lo tanto, sumarle el otorgamiento de una suma fija a trabajadores del sector privado es inaudito.
Por último, cabe aclarar que somos conscientes del deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los empleados, y que la suma pretendida es insignificante por la devaluación del peso y la creciente inflación, pero para el empleador es significante, difícil e imposible afrontar ese costo. Entonces, si el Estado pretende que los empleados cobren más, sugerimos que les reduzca o elimine los aportes que se les descuenta todos los meses, o que les pague y reduzca el impuesto a las ganancias.
