El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, había secuestrado el 6 de setiembre de 2018, un cargamento de cigarrillos de contrabando que era transportado ilegalmente (con documentación aduanera falsificada) por la Ruta Nacional 11 en un camión Scania dominio FYU-240, con semirremolque marca Ast-Para dominio HYN-666, el que estaba "repleto".
Para tener idea del dinero involucrado, el valor en plaza de esa mercadería, en el año 2018, era de $43.754.036.-
El magistrado confió la custodia de ese camión, con todo el cargamento, al personal de la Subdelegación Reconquista de la Policía Federal, y luego se determinó que "sin autorización judicial", los policías federales habían procedido a trasladar el camión a otro estacionamiento, y que el precinto estaba dañado. Faltaba parte del material en custodia.
De las intervenciones telefónicas, surgieron comunicaciones de la que surge la complicidad entre los agentes de la Policía Federal Carlos Alberto Carrión y Víctor Ramón Alfonso, por lo que, sumado a otras evidencias, el Juez Federal de Reconquista dictó el procesamiento contra ambos, por considerarlos -prima facie- autores penalmente responsables de los delitos de malversación de caudales públicos (Art. 261, Código Penal) en concurso ideal (Art. 54) con los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 y 249, Código Penal).
En consonancia con el trabajo del fiscal federal Roberto Salum y del juez Alurralde, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, confirmó los procesamientos y el caso se elevó a juicio, de donde llegó la sorpresa.
En el inicio del juicio oral y público, el fiscal federal Martín Suárez Faisal avisó que no iba a mantener la postura acusatoria del caso elevado a juicio, sino que solicitaría la nulidad de los actos procesales y en consecuencia, la absolución de los imputados, porque la investigación comenzó con una denuncia anónima, la que consideró inválida, e inválidos sus frutos.
Frente a esa posición, el tribunal compuesto por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Elena Dilario, absolvió de culpa y cargo a los dos acusados.
Fundamentaron que, si bien en reiteradas oportunidades dieron lugar a denuncias anónimas, en este caso no, porque fue recepcionada en sede judicial, y al ser recibida la denuncia por el Secretario del Juzgado Federal de Reconquista, ineludiblemente debieron requerirse los datos de identidad del denunciante; y que de necesitar protección, se la podrían haber ofrecido, incluso la posibilidad de declarar bajo identidad reservada.
Jueces y fiscal observaron otro error en la actuación del juzgado de origen, ya que ordenó actos de la instrucción sin haber dado intervención al fiscal federal; y que al introducir unilateralmente prueba de cargo, estaría perdiendo la imparcialidad que requiere su función. Curiosamente, todas las actuaciones habían sido confirmadas por la Cámara Federal de Resistencia.
Como defensores trabajaron Alfredo Enrique Olivan, Martín Francisco Calvet Salas y Daniel Alcides Baralle.
Carlos Carrión y Víctor Alfonso fueron echados de la Policía Federal por la vía administrativa, pero no les quedará el antecedente penal.
A continuación, completo el veredicto del Tribunal Oral Federal que absolvió de culpa y cargo a Carrión y a Alfonso.
AHORA
El camión con los cigarrillos secuestrados está hace años estacionado en el muelle de Prefectura, en Puerto Reconquista. Y el juicio por la causa principal aún no se realizó. Desde el 12 de mayo de 2022 lo tiene el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe, quien debe llevarlo a cabo.
En esa causa fueron elevados a juicio por el Juez Federal de Reconquista, Flavio Gastón Báez, D.N.I. Nº 32.305.153; y Claudio Fabián Garay, D.N.I. Nº 21.492.921, considerados prima facie, penalmente responsables como autores del delito de encubrimiento de contrabando (art. 874 C.A.) en concurso real con uso de documento falso o adulterado (art. 296 C.P. en función del art. 292 C.P.) manteniéndose las condiciones de libertad que oportunamente se dispusiera".
También dispuso oportunamente trabar embargo sobre los bienes libres de ambos, hasta cubrir la suma de tres millones de pesos ($3.000.000.-) por cada uno; y mantener el secuestro del camión Scania con semirremolque, atento a que se encuentra vinculado a los delitos y, por lo tanto, sujeto a decomiso.
Flavio Báez tiene domicilio en calle Concejal Ballesteros S/N de la localidad de Leandro N. Alem, Provincia de Misiones; y Claudio Garay en calle La Paz Nº 3438, San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Baez era quien manejaba el camión transportando el contrabando; y Garay el propietario del equipo.
Sostuvo el juez en su Resolución que "tengo por cierto que Flavio Gastón Báez, DNI N° 32.305.153, en fecha 06 de setiembre de 2018 se encontraba conduciendo el camión con semirremolque en el que venía transportando cigarrillos de origen extranjero de distintas marcas, que ingresaron ilegalmente al país, sin cumplir los requisitos legales y fiscales aduaneros, y con documentación aduanera falsificada".
"Asimismo, tengo por acreditado que el titular registral del camión con semirremolque es Claudio Fabián Garay, cuya participación en la actividad delictiva también se tiene por acreditada, toda vez que al momento de brindar declaración indagatoria, el mismo se abstuvo de declarar, pero presentó un escrito en el que intenta desincriminarse, aduciendo que él había alquilado el camión en cuestión al Sr. Flavio Báez, y ofrece como prueba de ello un contrato de alquiler que carece de los requisitos formales necesarios al efecto pretendido, ya que al carecer de certificación de firma por escribano o estar debidamente sellado por la entidad bancaria oficial, dicho instrumento privado carece de fecha cierta. Asimismo, acompaña tres recibos firmados por él mismo, de modo que no tienen absolutamente ningún valor probatorio, pudiendo todo ello haber sido firmado con posterioridad a los hechos a él imputados; y en coincidencia con esta hipótesis, en fecha 23 de noviembre de 2018, firmaron un nuevo contrato a los fines de su certificación, todo lo cual demuestra que la única finalidad fue desvincularse de la causa penal y lograr la devolución del camión y semirremolque secuestrados".
"Tengo por acreditado que ninguno de los imputados en autos registra movimientos migratorios que me permita inferir que fueron ellos quienes ingresaron los cigarrillos al país burlando el control aduanero... por lo que tengo por acreditado, al menos hasta el presente, que las 1.439 cajas de cigarrillos no habrían sido ingresadas al territorio nacional en el camión, en esta oportunidad".
También dio por acreditado que "tanto la documentación aduanera que llevaba consigo el chofer -Flavio Gastón Báez- como los precintos aduaneros colocados en cada una de las aberturas del semirremolque en cuestión, es falsa, toda vez que los datos volcados en dicha documentación no coincide con los registros de la Dirección General de Aduanas. Asimismo, tengo por acreditado que los imputados hicieron uso de la documentación apócrifa, toda vez que cuando le fue requerida la documental, por el personal preventivo, el Sr. Báez entregó la documental apócrifa... al tiempo que manifestó que provenía del Paraguay hacia el Puerto de Buenos Aires, lo cual también es falso, teniendo en cuenta que Flavio Gastón Báez registra como última fecha de egreso e ingreso al país el 06/11/2017, según el informe de la Dirección Nacional de Migraciones".
Sostuvo el magistrado que los llevó a juicio, que "de esta última maniobra no pudo resultar ajeno el imputado Claudio Fabian Garay, quien dispuso de su propio vehículo (camión y semirremolque) a tal efecto, utilizándose documental y manifestaciones falsas insertas en los mismos que le fueron propicias a ambos para el cometido del delito de encubrimiento enrostrado".
Conforme aforo y liquidación de AFIP, la mercadería secuestrada en aduana tenía entonces un valor de $8.063.005,95, pero el valor en plaza llega a $43.754.036,71, (valores del año 2018) por lo cual correspondería haber abonado los montos en concepto de Derecho de Importación, Tasa de estadística, IVA, Impuesto a las Ganancias e Impuestos internos previstos en dicha liquidación, he de disponer la traba de embargo y en su caso inhibición por la suma de$3.000.000 por cada uno, teniendo en cuenta que la medida cautelar no debe corresponderse con la situación personal de los imputados, sino con las pautas previstas por el art. 518 del CPPN, es decir, a efectos de garantizar en cantidad suficiente la pena pecuniaria que pudiera corresponder en instancia administrativa (Art. 876 C.Aduanero) y las costas.
Video del día que fue secuestrado el camión térmico con su cargamento repleto de cigarrillos.
