"Con ese 14% que nos ofrecen, si teníamos que cobrar un 36%, ya el Gobierno arranca el mes de febrero adeudando 22 puntos respecto al mes de diciembre, más toda la inflación, los 25 puntos que seguro va a haber en el mes de enero", advirtió Diego Ainsuaín, el presidente del Consejo Directivo Provincial del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS), luego de la primera reunión paritaria y el anuncio oficial del Gobierno provincial de que comenzará a saldar la Paritaria 2023 con un 14% de aumento sobre los haberes de diciembre.
Él sostuvo que este acuerdo paritario del 2023 es "un compromiso del Estado" y debe ser cumplido, "más allá de que pase un Gobierno, porque si no ¿qué sentido tiene juntarnos ahora, si dentro de dos meses el Ejecutivo viene y dice: Mirá, no voy a cumplir lo que firmé?".
A esto sumó que "no hay ningún acto administrativo que desconozca la paritaria". De hecho que solicitaron durante la reunión que les brinden algún decreto del gobernador o del Ejecutivo que plantee el no cumplimiento, y no hay.
"Lo que se va a hacer esta noche, que es liquidar los salarios incumpliendo las paritarias, no tiene ningún respaldo legal. Por lo tanto, además de en un problema político, estamos con un problema legal", aseveró Ainsuaín.
Él cree que el "no hay plata" pueden usarlo como "una frase para justificar los ajustes".
"Nosotros sabemos que en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, plata hay. El producto bruto no cayó, y si hay algunos que somos más pobres, es porque hay alguien que ha ganado mucho dinero en el último tiempo; en nuestro caso, las empresas del sector Salud", remarcó el dirigente gremial.
Y en ese sentido, observó que "el problema es cómo se incrementan los ingresos que tiene la provincia, y en eso hay que ser coherente y buscar a los que más han ganado, los que han tenido ganancia extraordinaria por fuera de cualquier rentabilidad lógica que se debería realizar".
Por eso su planteo es que, a nivel nacional, "no acompañen con más desregulaciones a sectores económicos que están totalmente desregulados".
"Si no es una contradicción, nos vienen a plantear a nosotros de que nos tenemos que achicar porque no hay plata y, por otro lado, generan las condiciones para que los que tienen ganancias extraordinarias o que tuvieron ganancias extraordinarias en los últimos 8 años sigan teniendo más ganancias extraordinarias todavía. O sea, que terminan siendo muy blandos con los que más tienen y terminan siendo duros con los que menos tienen", reprochó.
Él entiende que "a un profesional de salud que sostiene a una persona intubada y que cobra $300.000.-, $350.000.-, no le pueden venir a plantear que él tiene que resignar un aumento de sueldo acordado en paritarias y la eliminación virtual de la paritaria porque no se cumple lo firmado".
"¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer ese compañero, compañera que se formó 6 años en la universidad y 6 años más de especialización, que está en esa terapia, que está en un gabinete de Salud Mental? ¿Aceptar mansamente que no les paguen lo que corresponde? No, ni siquiera lo que corresponde, lo que está firmado", porque "son $980.000.- lo que nos da el salario mínimo vital inmóvil para un trabajador con estudio universitario, un estudio que venimos haciendo desde el 2014 todos los años para presentarlo en la paritaria. O sea, no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo que nos paguen lo que se firmó el año pasado", cuestionó a continuación.
Además, sobre el argumento del Gobierno de que "la culpa era de los pases a planta que se habían hecho el año pasado", recordó que éstos fueron aprobados por unanimidad por el gobernador y la ministra de Salud, quienes eran legisladores en su momento, junto a los diputados y senadores de la gestión anterior.
