La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó los procesamientos dictados por el juez de primera instancia del Juzgado Federal de Reconquista, Aldo Alurralde, para Luisina Belén Ortíz y Víctor Daniel Mazzuchini, por lo que ahora se encaminan al juicio ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe.
Los imputados fueron detenidos el 21 de septiembre de 2023 en un procedimiento de personal de Gendarmería Nacional, cuando en una camioneta VW Amarok blanca regresaban a Reconquista (rumbo Sur) por el Km 797 de la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de la Ciudad de Avellaneda.
La dama tenía oculto pegado a su cuerpo algo más de dos kilogramos de cocaína (2,125 Kg) distribuida en dos paquetes, a la altura de su cintura.
Entiende el tribunal que Mazzuchini sabía de esa transportación, igual que el tercer sospechoso, Alan Nahuel Gálvez (alias Balín) quien sigue prófugo, con orden de captura desde el 15/02/2024.
Todo esto surge de la investigación posterior al hallazgo del estupefaciente, que incluye entrecruzamiento de información obtenida de las líneas telefónicas.
También la Cámara confirmó la continuidad de la prisión preventiva para Mazzuchini, quien irá al juicio preso, mientras que Luisina Ortíz seguirá esperando el juicio en libertad, la que consiguió un mes después de haber sido detenida. El Dr. Alurralde le había denegado la excarcelación, pero apeló y se la otorgó la Cámara de Resistencia, con un polémico argumento del defensor, al que dio lugar, atento a su "vulnerabilidad".
El tribunal entiende que "existen sobrados indicios" que acreditan el delito imputado en el marco de "una presunta organización narcocriminal que se dedicaba al tráfico de estupefacientes", de la que también participaría el prófugo Gálvez, "sin descartar que existan otros integrantes"; y que por eso el procesamiento es por el delito de "transporte de estupefacientes, agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo", según artículos 5 inciso "C" y 11 inciso "C" de la Ley Nacional N° 23.737.
Insiste el tribunal en señalar que la investigación "demuestra que los encartados tenían -prima facie- el dominio y conocimiento sobre la actividad que realizaban, resultando este acto como el típico organizado para llevar adelante el plan delictivo y la necesidad de armar una estrategia tendiente a evitar ser descubiertos. Dicha hipótesis delictiva, se ha plasmado en los hechos a través del material probatorio incorporado al sumario hasta la presente etapa procesal".
Lo curioso es que a pesar de todas estas consideraciones, con el consentimiento de la fiscal subrogante de Resistencia, María Susana Liwsky, la Cámara de Apelaciones (juezas Roció Alcalá, María Delfina Denogens y Patricia B. García) quedó obligada a permitir que a partir del 12/10/2023, la dama (Luisina Ortíz) espere el juicio en libertad (con restricciones) dando valor a las polémicas argumentaciones de la defensa pública (a cargo de los funcionarios Gonzalo Javier Molina y Nicolás Ramayón).
POLÉMICA
Para favorecerla con la libertad condicional, tuvieron en cuenta "las circunstancias personales que atraviesa la imputada" y que "corresponde resolver la cuestión desde una perspectiva de género, ante la situación de extrema vulnerabilidad de Ortíz: que tiene dos hijos menores de edad (el más pequeño, de 1 año) vive sola y ha realizado denuncias contra su pareja por violencia de género, por lo que no existen motivos para presumir que podría darse a la fuga".
Además, el defensor alegó que Luisina "fue instrumentalizada para transportar el material estupefaciente incautado" por Gálvez, quien permanece prófugo. Fue quien "se aprovechó de su condición de vulnerabilidad". Sostiene que la usaron de "mula".
De narco a víctima
También la defensa reprochó que al ser detenida, la dama sufrió "violencia institucional", ya que fue indagada cuatro días después, sin considerar que se encontraba en período de lactancia, con los inconvenientes que de esa situación se derivan". Pidió que "dicho daño debe ser compensado" con algún beneficio, o durante el proceso o al decidir una eventual condena.
Si bien el hecho imputado a Luisina Ortiz resulta ser "grave, atento a la naturaleza de la maniobra desbaratada y tipo de narcótico secuestrado, no lo es menos que, en la especie, no advertimos una especial situación de riesgo procesal que no pueda ser sorteada a través de medidas alternativas menos graves que la prisión preventiva", dijo el tribunal.
De esta manera, Luisina Ortíz espera el juicio en libertad, supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones: Promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se fijen; la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe (art. 210 inc. "a" "b" y "c" del CPPF), todo lo cual deberá ser implementado por el Instructor, así como toda otra medida que prudencialmente considera adecuada al caso de autos". Hasta entonces estaba en prisión domiciliaria, atendiendo a la condición de madre de dos hijos muy pequeños.
A continuación, el fallo de la Cámara que deniega la apelación de Ortiz y Mazzuchini, y confirma el procesamiento dispuesto por el Juez Alurralde, lo que deja el caso a un paso del juicio:
A continuación, el polémico fallo de octubre de 2023 que otorgó la libertad a Luisina Belén Ortíz, quien parece haber pasado de narco a víctima:
