Evelyn Micaela Martínez, 26, quien dijo ser ama de casa; y su hermana Nazarena Martínez, 23, quien dijo que trabaja en repostería y panadería, ambas domiciliadas en inmediaciones de Bulevar Perón y calle 68 de la Ciudad de Reconquista, son las dos primeras personas detenidas en Reconquista, en aplicación de la Ley de Narcomenudeo que acaba de poner en vigencia la provincia de Santa Fe, impulsada por el gobernador Pullaro, supuestamente para avanzar en el ataque contra el drama cotidiano y violento que generan las drogas.
La detención de las hermanas Martínez fue dispuesta por el fiscal Nicolás Maglier, quien les imputó que desde fechas que no puede precisar, pero que se extiende hasta el día antes de la detención practicada el 12 de marzo de 2024, en la vivienda que habitaban en inmediaciones de Bulevar Perón y calle 68, Evelyn Martínez vendía cocaína en número reiterado e indeterminado de veces, actos ejecutados con la colaboración de su hermana Nazarena Martínez.
CLIENTE ESPECIAL: UN POLICÍA
El fiscal sostuvo que uno de los que les compró cocaína es el policía Kevin Andrés Walker, a las 13:48 del 4 de marzo de 2024, habiendo pagado $6.000.- mediante transferencia a su nombre. Walker es policía y en su declaración confirmó la transacción. Ahora lo pasaron a disponibilildad.
Evelyn Martínez fue imputada de comercialización de estupefacientes (cocaína) en calidad de autora en número reiterado de hechos que concurren en forma real entre sí; y el mismo delito pero como partícipe secundaria, su hermana Nazarena, ambas defendidas por los abogados Ricardo Degoumois (padre e hijo) y Daniel Baralle.
La jueza Claudia Bressán declaró legal las detenciones y dispuso prisión preventiva por treinta (30) días. Cuando recuperen la libertad, será con las siguientes condiciones: fijar domicilio donde puedan ser localizadas, prohibición de acercamiento y/o contacto con los testigos, prohibición de tener y/o portar armas de cualquier tipo, prohibición de emborracharse y drogarse; y no cometer nuevo delito doloso.
Cuando acrediten la existencia de menores a cargo, podrán dejar la celda para continuar en prisión domiciliaria hasta completar los 30 días, debiendo el Ministerio de Seguridad proveer las tobilleras electrónicas, dispuso la jueza, quien no dio lugar al pedido de fiscal de que la prisión preventiva sea sin plazo determinado.
ALARMANTE
Al defensor le llamó la atención que la investigación comenzó a partir de que le robaron el arma reglamentaria a un policía (Walker) quien participaba de una fiesta consumiendo drogas.
"Los que tienen que combatir la droga y lo que nos tienen que cuidar, en una fiesta, consumiendo droga y le roban la pistola...", comentó Degoumois buscando debilitar al testigo que mandó al frente a su defendida.
"El policía que nos tiene que defender estaba enfiestado con drogas y ni siquiera se dio cuenta que le estaban robando el arma", resaltó Degoumois, quien advirtió que no hay otras personas imputadas, como el remisero Villa, que era a quien contrataban para que vaya a comprar la droga. Pintó de muy pobre y débil la imputación del fiscal, resaltando que ni siquiera han encontrado vestigios de estupefacientes cuando allanaron sus viviendas. Solo algo de dinero y una balanza de precisión pero sin pilas, y recortes de polietileno que hay en cualquier casa. (Quien acusa dirá que es el que se usa para preparar las bochitas de cocaína para la venta al público. Típico).
También criticó que no hubo investigación previa, ni hubo intervención telefónica. Remarcó que la investigación comenzó "porque un policía en una noche de jolgorio perdió la pistola".
"Claramente que trabajando así, indudablemente, el narcotráfico va ganando", sostuvo el defensor, aunque no resistió la detención ordenada por el fiscal Maglier. Solo resistió la prisión preventiva.
La pérdida de la pistola es otra causa, que en ese caso complica al policía Walker, quien se supone será echado de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
DESPROLIJIDADES ABERRANTES
A su turno, la jueza Bressán hizo referencia a las "desprolijidades aberrantes" que tiene esta investigación del Ministerio Público de la Acusación. "La verdad que es tristísimo estos antecedentes como inicio para la presente causa", remarcó; y otra cosa le llamó la atención es que no se formó causa por el delito de amenazas que padeció "la señora Silva", quien fue a rescatar a su pareja (Benítez) porque tiene un problema de adicción. "Aquí estamos en una situación que debe ser corregida", advirtió la magistrada.
Más allá de las desprolijidades, la jueza convalidó las imputaciones del fiscal por comercialización de estupefacientes, y advirtió que en la investigación aparecen otros sospechosos que, al menos por ahora, no fueron imputados.
La jueza consideró oportuno cautelar la declaración de los testigos, "cautelar que debe ser por un tiempo prudencial", por lo que fijó 30 días de prisión preventiva para ambas.
OPINIÓN:
Curioso apuro de la magistrada en imponer plazos perentorios al MPA en una provincia azotada por la circulación de droga y la violencia que genera.
Y frente a la razonabilidad de la imputación que ella misma confirmó en su sentencia, más allá de sus críticas a la investigación, a quien apura es al Ministerio Público de la Acusación que, sabe ella, no tiene tiempo ni siquiera para atender todas las causas más urgentes.
Un policía que le compra droga a quien debería perseguir y se queda sin arma en medio de una festichola con drogas; y una jueza con llamativo apuro en favorecer la libertad de una sospechosa de vender drogas. Botones de muestra del por qué la Provincia de Santa Fe sangra el drama de la inseguridad.
Rige la Ley de Narcomenudeo y en el primer caso, ya se extraña al juez federal Aldo Alurralde.
Gustavo Raffin
