Eugenio Darío Pérez, conocido también como "Picurú Pérez", DNI N° 29.409.565, continuará en libertad, a pesar de la reciente condena en primera instancia que dispuso la Cámara Penal de Apelaciones, con la firma de los jueces Carlos Renna y Eduardo Bernacchia, a la pena de diez años y siete meses de prisión, por haber matado a Alexis Oscar Díaz. 

En una audiencia realizada este martes 26 de marzo de 2024 en los tribunales de Reconquista, el juez penal Gonzalo Basualdo le dijo que "NO" al pedido del  fiscal Juan Marichal, quien le había pedido que disponga la inmediata detención de Pérez, para evitar que fugue, a partir de tener ya una sentencia que quebró su inocencia. Esperar que el fallo adquiera firmeza va a llevar mucho tiempo.

El fiscal Marichal recordó que en este caso hay "presunción de certeza" porque ya hay condena de primera instancia a más de diez años de cárcel; y recordó la cantidad de fallos que hay confirmando la prisión preventiva, avalado por la posición de la Corte Nacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Remarcó el daño provocado por Pérez, quien terminó con la vida de una persona y no hay indicio alguno de que haya intentado reparar u ofrecer algún tipo de reparación frente al daño moral causado, también daño emergente y psicológico a los deudos de la víctima.

También refirió que correspondía la prisión preventiva porque el condenado no tiene arraigo, no se sabe dónde vive, con quién vive y de qué vive. "El peligro de fuga se ve abonado por no tener arraigo. Cuando fue al juicio lo teníamos en aquel momento como que vivía en Alejandra, lo cual en este momento no es así, está viviendo en otro localidad de la provincia de Santa Fe. Además, tiene en cuenta que se dedica a la caza y pesca, por lo cual, puede que conozca lugares para evadirse, para prófugarse por el fácil acceso al río Paraná y a otras provincias como Corrientes".

Recordó además que, al matar a Díaz, Pérez salió corriendo del lugar y nunca se encontró el arma, otro hecho que abona el "riesgo procesal".

El juez penal que denegó la detención inmediata de Pérez es el Dr. Gonzalo Basualdo, quien argumentó su sentencia diciendo que él disiente con el fiscal, ya que no ve "presunción de certeza" por el hecho de tener Pérez una condena de primera instancia.

Refirió a una reciente resolución del juez de la Cámara Penal, Eduardo Bernachia, quien ordenó la libertad de Hugo Ruíz Díaz, a quien un juez de primera instancia (Claudia Bressán) le había dispuesto la prisión preventiva luego de ser condenado en primera instancia por abuso sexual. Ese condenado también espera el doble conforme en libertad.

El Dr. Basualdo consideró que, además, el fiscal no demostró el riesgo de fuga; y resaltó que Pérez estuvo siempre a derecho, se presentó a todas las audiencias, tiene arraigo laboral, está trabajando en el campo de la Familia Zilli; y tiene arraigo familiar, tiene hijos.

Para el Dr. Basualdo, "el peligro de fuga debe demostrarse", cosa que considera que no hizo el fiscal, por lo que sentenció en contra del representante del Ministerio Público de la Acusación.

Dispuso que Pérez continuará en libertad, con la obligación de concurrir de manera semanal a la Comisaría de Gobernador Crespo (localidad donde está el campo donde está trabajando), con la prohibición de contacto y/o acercamiento con las víctimas, la prohibición de poseer armas de fuego; y la prohibición de circular con elementos o armas de cualquier tipo o con elementos que puedan ser utilizados como armas, salvo para las custiones de trabajo rural que normalmente se necesita. Deberá someterse al cuidado de Juliana González, domiciliada en calle Moreno al 124 de Gobernador Crespo.

 

  OPINIÓN                   

Por un absurdo de la legislación provincial (Código Procesal Penal de Santa Fe) un tribunal puede condenar, incluso a prisión perpetua, pero no puede ordenar una prisión preventiva. Se tiene que abrir otra instancia, con otro tribunal, para discutir puntualmente esa medida cautelar. Dicen que "respetan las garantías".

Exitosa manera de sobrecargar el sistema penal, el mismo que no puede ocuparse de la gran mayoría de los hechos denunciados, y se entretiene con los poquísimos que decide abordar.

Conteste con la burocracia judicial, tras lograr la condena de primera instancia, el fiscal del caso, Juan Marichal, tuvo que solicitar otra audiencia, con otro juez, para pedir la detención del condenado, alegando el riesgo de fuga. Eso ocurrió este martes 26 de marzo de 2024 en los tribunales de Reconquista, donde el juez penal Gonzalo Basualdo le dijo que "NO". Por lo tanto, Pérez continuará en libertad, a pesar de su inocencia quebrada, sabiendo que quedó a un paso de ir a la cárcel por varios años. 

¿Quién piensa en las víctimas?

Hay certeza de que los Díaz son víctimas.

A Díaz lo mataron. Sus familiares y demás afectos son víctimas, y las más dolientes. Más a partir de que la persona condenada por matar a un ser querido, sigue en libertad con restricciones (que sabemos que el Estado no controla).

El Estado agrega más dolor y más temor a las víctimas.

¿Y si Pérez, condenado por matar a Díaz, ahora está enojado con sus familiares porque lucharon por su condena? ¿Y si ardiendo por el dolor de la condena e inminente cárcel decide otra ejecución?. Suponiendo que todas esas respuestas son negativas, la revictimización se produce igual si su libertad infunde temor a las víctimas. 

Pero el Estado sigue preocupado solo por el condenado.

El Estado santafesino (incluye a los tres poderes) sostiene una tradición de atender principalmente el derecho de los condenados y de los procesados. En ellos deposita toda su empatía, con la misma energía que ignora a las víctimas. Por eso también crece el número de víctimas.

Es el sistema "garantista", de cuyo resultado podemos evitar dar detalles. Hay señales muy contundentes.

EL CASO

Pérez fue condenado como autor del homicidio de Alexis Díaz mediante un disparo de arma de fuego (carabina calibre 22 largo) el que impactó en la región torácica izquierda, a la altura de la quinta costilla, inmediatamente por delante de la línea axilar anterior. La bala quedó alojada en la médula y había quedado "tetrapléjico". De haber sobrevivido, nunca más hubiera caminado. Contó la familia que el temor a eso ponía muy mal a Alexis.

La ejecución fue a las 00:50 h del 7 de agosto de 2017, en la intersección de las calles 25 de mayo y Colón de la localidad de Alejandra, Departamento San Javier, Región Reconquista.

Díaz fue derivado al Hospital de Reconquista y luego por su gravedad al Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde falleció 43 días después (el 19 de septiembre).

Según el fiscal Juan Marichal, Eugenio "Picurú" Pérez estaba con su hermano Julio César Pérez y otra persona conocida como "El Santafesino", cuando uno de ellos le gritó a Díaz: "Vení puto, te voy a matar". 

Arrastraban un "entripado" porque los Pérez sostenían que Díaz había estado involucrado en el asesinato de su hermano Sebastián, conocido como "Batán Pérez". A partir de este suceso, la relación 
entre ambas familias era sumamente tensa; recibiendo Alexis Díaz amenazas 
constantes por parte de la familia Pérez. 

Frente a ese desafío, Díaz respondió: "Bueno, mátenme, acá estoy", abriendo los brazos en cruz. Fue entonces cuando Picurú le pegó el tiro mortal.

Según el fiscal, los que estaban con el ejecutor fueron cómplices (partícipes secundarios), porque ayudaron a sorprender a la víctima, aunque el único condenado es Picurú.

En la acusación, el MPA había solicitado que Eugenio Picurú Pérez sea condenado a la pena de 11 años y 6 meses de prisión (uno más de lo conseguido ahora en Cámara); y 5 años de prisión para Julio Pérez, pedido que en los alegatos de clausura convirtió en absolución, y finalmente quedó definitivamente absuelto de culpa y cargo.

Los hermanos Pérez fueron los únicos dos acusados penalmente.

Julio César Pérez es portador del DNI 41.657.277, nacido el 09 de julio de 1999, también en Alejandra.

EL ASESINO FUE PICURÚ PÉREZ

Para los camaristas no hay dudas de que el fiscal logró probar en el juicio oral y público, que Picurú Pérez fue el autor del homicidio.

Se acreditó que Julio César Pérez incluso llegó a realizar una publicación en Facebook en la cual decía que vengaría la muerte de su hermano. Además, los Pérez publicaban fotos de las armas que tenían en sus casas.

Tan evidente era el peligro, que la familia Díaz no quería que Alexis pase siquiera por la calle de los Pérez. Y esa noche desobedeció la súplica y decidió pasar; y allí quedó abatido en el piso, herido de muerte, lo que se consumó 43 días después.

Se acreditó que cuando Díaz cayó herido, su mamá se acercó corriendo, lo abrazó porque él le pedía que por favor lo abrace y que no lo suelte, mientras avisaba: "Pícurú me tiró, mami, Picurú". 

También dan crédito a que, estando internado en el Hospital Cullen, Alexis reiteró en presencia de su Papá y de su Mamá que "Picurú me tiró, mami. Los otros dos se pusieron así en el medio, y él me tiró".

Fue entonces cuando rogaron que la policía le tome la declaración, a lo que la enfermera se negó porque tenía que conectarlo al respirador. Poco tiempo después, falleció. 

También sirvió para acreditar que "fue Picurú"  el autor, los testimonios de un hermano de la víctima, Wilson Jonatan Díaz; y de una tía, Liliana Beatriz Pereyra, quienes también escucharon que Alexis sostuvo siempre que el que lo ejecutó "fue picurú". 

Otra prueba es que los hermanos Pérez había publicado en Facebook, tras la muerte de su hermano Sebastián: "QEPD hermano. Va a haber venganza". 

Otro elemento que pesó es que los Pérez vivían de la caza y la pesca, y poseían armas de fuego. Varios testigos lo acreditaron.

Ariana Bianca López, pareja de la víctima, también fue testigo de cargo. Contó que después de beber, "Alexis enloqueció" y fue a pasar por la cuadra de los Pérez, sabiendo que lo tenían amenazado.

Ella, con la ayuda de Yeni Miranda (prima de Alexis) arrastraron a su marido herido para que no le peguen otro tiro, y señaló que le gritaban: "¡Malenseñado, tenés mañas!, ¡vos le pegas a las mujeres!".  

Allí, en la escena del crimen estaba Picurú, "con un arma grande, a unos diez u once metros de distancia".

También la Cámara tuvo en cuenta el testimonio de Oscar Díaz, padre de la víctima, quien declaró que cuando fue a visitar a su hijo al hospital, también a él le dijo: "Papi, yo te voy a decir quiénes fueron. Fue el tal Picurú, el hermano y el Santafesino".  "Este testimonio de cargo es contundente en contra del imputado y fue expuesto en el fallo por el juez (Banegas), por lo que no se encuentra controvertido",  sostuvo la Cámara al revocar el fallo del juez de primera instancia.

También cita la declaración de la subinspectora de policía Elvia Lorena Hurt, quien declaró que en el lugar todos referían a que "fue picurú" el autor, aunque nadie dijo haberlo visto, salvo la esposa del herido, Arianna López, a cuyo relato refirió como "el más contundente".

Cita también la Cámara la declaración de la médica con especialidades en cardiología y terapia intensiva, Antonela Guadalupe Baialardo, quien declaro que ella cree que -al menos en el Hospital Cullen- la víctima nunca pudo haber hablado por la gravedad de su cuadro. Allí estuvo del 8 de agosto hasta su fallecimiento. Había llegado derivado del Hospital Reconquista. "No hablar, puntualmente. Algún gesto con la cara, pero por su compromiso medular tampoco podía escribir. Puntualmente, no. Pasaron muchos años; pero sí, puedo decir que no pudo hablar en ningún momento"... ", declaró la experta, aunque esa declaración no derribó el plexo probatorio.

Refiere la Cámara que condenó a Picurú Pérez, que "la defensa no ha impugnado ninguna prueba como ilícita o nula", por lo que entiende que el juez Banegas, "por el principio de adquisición procesal", debió apoderarse de las pruebas para fundamentar adecuadamente su decisión.

Remarca que "esas pruebas cazadas por el juez, que fueran ofrecidas por las partes, deben visualizarse en su conjunto, dado que brindaría mayores garantías a lo que ellas quisieron probar. Son las pruebas, las que tienen un rol central, las encargadas de crear certeza, indistintamente de la parte que la ofreció, pues las probanzas no tienen como fin beneficiar a ellas, sino que el benefactor directo es el proceso en sí mismo. En este caso, las mencionadas han sido propuestas por la parte acusatoria, todas ellas superaron la parte acusatoria".

Explica que "el esclarecimiento de la verdad en el sistema penal adversarial, da cuenta de que los elementos de prueba son del proceso, brindándose el equilibrio o igualdad que debe existir en todo litigio, donde las partes deben tener las mismas posibilidades de ataque y defensa. Por tal motivo, entendemos que la parte que ofrece pruebas, una vez declarada su admisibilidad y pertinencia, posteriormente debe ser valorada por el magistrado de juicio en su conjunto, dando paso a la resolución judicial".

Enseña también el tribunal superior que "ante la duda, se debe estar siempre a favor de las pruebas, aun cuando sean elementos que a simple vista no gozan de mucha solvencia, pero que, producidos, podrían ser potables para la decisión que se adopte de acuerdo a la sana crítica racional".

Ante la pregunta si Picurú Pérez mató o no a Alexis Díaz, la misma Cámara se responde: "La respuesta es claramente positiva, es decir afirmativa, no hay dudas que así fue" .

Añaden en la condena que "no quedan dudas de los testimonios rendidos en el juicio, que los mismos indican como sucedieron los hechos".

 

Una correcta valoración de los hechos concluye en la autoría y la responsabilidad penal de Picurú Pérez.

 

La Cámara no encuentra otra interpretación posible, más allá de que el defensor sostiene que existen algunas contradicciones que en definitiva "son absolutamente irrelevantes , porque en el contenido de lo que debe apreciarse -el objeto procesal de juicio- es el homicidio su acción típica, antijurídica y culpable, y no hay otra posibilidad que las relatadas por los testigos, siendo que ya existía una posible causa motivada por la venganza de la muerte de un hermano de los Pérez un tiempo atrás, y que se atribuía su autoría a Díaz".

 

La idónea y apta valoración e interpretación de la prueba conduce necesariamente a la autoría directa de Picurú Pérez.

 

RELATIVO

El tribunal que condenó a Picurú Pérez dedica una explicación sobre lo dicho por la Dra. Baialardo, en cuyo testimonio se apoyaron el defensor y el juez de la primera instancia que lo favoreció.

Resalta la Cámara el trabajo del fiscal Marichal cuando enfatizó que la especialista declaró que en tantos días de internación, "en algún momento se bajó la sedación como para tratar de sacarle el respirador y progresarlo como para que pase a la sala", y que la madre de la víctima declaró que "habló con el antes de que lo enchufen, es decir, antes que se provoque el estado de sedación completo, por lo que no serían incompatibles los testimonios".

Predica la Cámara al revocar la consideración del juez inferior, que "el principio de congruencia mencionado en el artículo 335 del Código Procesal Penal, "obliga al juzgador" a que la resolución guarde una "relación lógica, congruente, clara y exhaustiva" de aquellos puntos que se sometieron a su consideración. Es decir, un juzgador debe resolver aquellas cuestiones que específicamente se le hayan planteado. "Si el juzgador da cumplimiento a esto, hablaremos de que existe congruencia entre lo que las partes solicitaron y lo que el juzgador resolvió", pero "si el juzgador no resolvió lo que las partes solicitaron, o resuelve y concede mayores pretensiones de las que alguna de las partes pudo haber solicitado, entonces estaríamos allí frente al dictado de una sentencia que es incongruente, porque no guarda una relación lógica entre lo que las partes pidieron dentro de un proceso y lo que el juzgador resolvió.

Recuerdan que al dictar una sentencia, el juzgador "debe ser claro, congruente, lógico y exhaustivo".

EL JUEZ EN EL MEDIO, IMPARCIAL 

Sentencia la Cámara que aquello que sobrevino "intempestiva y sorpresivamente" sin estar en el marco de la enfrentada dialéctica de las partes, no puede ser materia de la decisión del magistrado, pues lesionaría las reglas de una discusión franca, convergente y sin trampas.

Para la Cámara hubo una correcta imputación y el imputado tuvo derecho a ser oído. 

Concluye que los testimonios rendidos en juicio, "son suficientes para considerar al imputado como autor responsable del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, siendo culpable".

LA PENA

En cuanto a la condena a diez años y medio de prisión, la Cámara considera justa teniendo en cuenta que el autor no tiene condena previa, tiene educación básica y su situación económica es precaria.

Como en su sentencia firmada el 19 de marzo de 2024 la Cámara Penal local revocó la sentencia de primera instancia, queda sujeta a una nueva apelación de las partes.

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A continuación, la sentencia de Cámara: