Cuando Rocío Vera tenía 14 años y estaba en un reciente embarazo, fue atacada por un grupo de seis personas (cuatro mayores y dos menores de edad) quienes la golpearon hasta la agonía. En ese estado, la violaron y persistieron en el ataque hasta matarla a golpes. Arrastraron su cuerpo hasta un baldío, donde fue abandonada sin vida, sin ninguna posibilidad de auxilio.
Quedó su cuerpo entre los pastos altos de un baldío contiguo a la propiedad abandonada donde fue el ataque (donde pernoctaban varios de los condenados) sobre la Avenida Interbarrial Sur (calle San Martín) al 4.100 de la Ciudad de Reconquista. Tras la búsqueda desesperada, encontraron su cadáver el 13 de julio del año 2020.
Son seis los condenados. Pero dos de ellos (Juan Godoy y Brian Altamirano) más recientemente, porque al cabo del juicio oral y público que concluyó el 8 de junio de 2023, el tribunal había condenado solamente a Leonardo Godoy y a Pascual Fagundes; mientras que había absuelto a Juan Godoy y a Brian Altamirano. Ese tribunal de la primera instancia estuvo compuesto por los jueces Sergio Alberto Olivera, Martín Gauna Chapero y Gustavo Adrián Gon. Los dos menores fueron condenados en el fuero correspondiente.
El fiscal Valentín Hereñú apeló la absolución de Juan Godoy y Brian Altamirano, y logró que también ellos sean condenados a prisión perpetua, en fallo firmado por los jueces Sebastián Creus, Enrique Ramón Álvarez y Fernando Marcelo Gentile Bersano; que, además, dio el doble conforme a la sentencia que había condenado a Leonardo Gastón Godoy y Pascual Fernando Fagundes.
Todos son considerados coautores de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado: por la intervención de dos o más personas, y por la intervención de menores de edad; en concurso real con homicidio, con cuatro agravantes: por haber sido cometido con alevosía, por haber matado para ocultar otro delito, por mediar violencia de género; y por la intervención de menores de edad, imponiéndoles a todos la pena de prisión perpetua.
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El 30 de mayo de 2024 la Cámara dictó la primera condena para Juan Daniel Godoy y Brian Carlos Altamirano; y al otro día, a pedido del fiscal Valentín Hereñú, de los querellantes por la familia y del Centro de Acción Judicial, quienes argumentaron el riesgo de fuga, la jueza penal Claudia Bressán ordenó (31 de mayo de 2024) la inmediata detención de Juan Daniel Godoy y Brian Carlos Altamirano.
Godoy fue esposado en la misma sala donde se realizó la audiencia, en los tribunales de Reconquista, mientras que Altamirano fue detenido en la Comisaría de Rufino, donde se acercó para participar vía internet de la audiencia oral y pública. Contó que estaba trabajando allá y que su propio patrón lo acompañó a la audiencia.
La defensora pública María Noel Severo se había opuesto al pedido del fiscal. Pidió a la jueza que les permita continuar en libertad, como hasta aquí, ya que siempre estuvieron a derecho. No pudo convencer a la jueza.
AHORA
Esa prisión preventiva es la que apeló la defensora pública María Noel Severo, a lo que este 18 de julio de 2024 contestó mediante un fallo la Cámara Penal, con la firma del Dr. José Mántaras, quien ratificó la vigencia de la prisión preventiva al aguardo de que la sentencia adquiera firmeza.
"Sin dudas que la reciente condena impuesta es una innegable condición para que los justiciables, en el pretendido recupero de su libertad, traten de eludir los alcances de ésta, lo cual se patentiza con la magnitud y el modo de cumplimiento que conllevaría un reproche perpetuo, al que se le suma, entre otos, la futura imposibilidad del egreso anticipado por libertad condicional", expresa el fallo de la Cámara Penal de Apelaciones de la 4a Circunscripción Judicial, citando el artículo 14, inciso 1° del Código Penal.
La sentencia que confirma la prisión preventiva, también tiene en cuenta "especialmente, la cruel y deshumanizada naturaleza comisiva del ilícito, los medios empleados, el obrar plural y desenfrenado, el enorme daño causado por la pérdida irreparable de la vida de una joven mujer, cuyo cuerpo, como si algo les faltara, trataron de ocultar para lograr su impunidad".
Considera aplicable el informe 2/97, punto 26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde expresa que "la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tomarse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia..." .- Asimismo, "... La Comisión considera que la presunción de culpabilidad de una persona no solo es un elemento importante, sino una condición sine qua non para continuar la medida restrictiva de la libertad".
Explica que para considerar la posibilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia, "se deben analizar varios elementos, incluyendo los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada, circunstancias que, por cierto, aun cuando reste otra instancia revisora, no podemos obviar que ha sido seriamente alterado el estado de inocencia…".
Y refiere a algo no siempre presente en todos los jueces: que no solo hay que enfocar en los derechos de los imputados, "sino también, y especialmente en el caso que tratamos, el de los familiares de quien resultara víctima y el de la sociedad en su conjunto".
La prisión preventiva en este caso, "sin dudas guarda relación y proporcionalidad con lo previsto en el inciso 1°, 2° in fine y última parte del art. 227 del ritual", concluye.
