Al terminar el juicio oral y público, el 15 de febrero de 2024, el reconquistense Leandro Enrique Ramírez, de 33 años, portador del DNI 36.013.685, fue condenado en forma unánime a la pena de dieciocho (18) años de prisión efectiva como autor penalmente responsable de abusos sexuales con acceso carnal por introducción peneana por vía oral y vaginal, y por introducción de objetos por vía vaginal de una menor de trece años y cometido mediante abuso coactivo o intimidatorio de una relación de autoridad, al ser el progenitor de la víctima, agravado por el vínculo de ascendiente de la víctima y por haber sido cometido contra un menor, aprovechando la situación de convivencia, en concurso ideal con promoción de la corrupción de una menor, con los mismos agravantes, según artículos 119 tercer párrafo en función de los incisos B y F, 125 en función del segundo y tercer párrafo y 54 del Código Penal Argentino.

También fue condenado por lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género y por el vínculo con su otra víctima, quien había sido su pareja; más amenazas, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida mediante violencia y amenazas y daño, todo en concurso real de delitos, según artículos 89 en función del 92 y 80 inciso 1 y 11, 149 bis, 141 en función del art. 142 inciso 1, 183 y 55 del Código Penal Argentino; y por lesiones leves agravadas por el vínculo (contra una de sus hijas) según artículos 89 en función del 92 y 80 inciso 1 del Código Penal, todos en concurso real entre sí, según artículo 55 del Código Penal, tal la acusación del fiscal Juan Sebastián Marichal.

El tribunal integrado por los jueces Natalia Palud, Santiago Banegas y Gustavo Gon como presidente, consideró probados los delitos por los que acusó el fiscal Juan Marichal y consideró justo los 18 años de prisión que había solicitado. 

La defensa de Ramírez estuvo a cargo de la defensora pública María Noel Severo, quien había pedido la absolución de culpa y cargo. 

En representación de las víctimas trabajó Mariana Cisera, del Centro Atención Judicial.

Para el tribunal del juicio, Marichal probó que Ramírez abusó sexualmente de su propia hija desde que tenía 10 años y hasta los 13, al menos desde el año 2018; y que los abusos terminaron cuando la nena fugó de su casa el 12 de mayo de 2022, oportunidad en la que reveló su infierno y el de su madre, la otra víctima.

Entonces vivían en una casaquinta en la que Ramírez trabajaba sobre Ruta Nacional A-009, en inmediaciones del Club Banco Nación; y los abusos siguieron luego cuando se mudaron al Barrio Belén, ambos domicilios en la Ciudad de Reconquista. Ramírez dijo que también era "profesor de tenis".

 

Los abusos sexuales fueron graduales. Comenzó con manoseos genitales y de forma progresiva llegaron a constituir abusos con acceso carnal. Incluso le introducía objetos en su cuerpo.

 

Fiscal Marichal

Además de violar a su propia hija, el fiscal relató al tribunal que Ramírez golpeaba a la madre, quien era su pareja, incluso delante de los tres hijos.

Y cuando ya no eran pareja, porque ella decidió huir a la Provincia de Buenos Aires, cuando regresó a Reconquista para ver a sus hijos, concertaron que ella se alojaría en la casa de Ramírez, pero con la condición de respetarse. No cumplió: nuevamente la atacó brutalmente, tomándola de los pelos, la arrastró y le pegó patadas y puñetes en la cabeza, rostro y costillas, lesiones que fueron constatadas.

A la par de que, frente a sus hijos, le dijo que se la iba a quemar viva si llegaba a encontrar algo en su celular y la encerró dos horas en una pieza, mientras se lo quitó y se lo revisó, para finalmente romperlo. Liberó a su víctima recién cuando la obligó a prometerle volvería a vivir con él.

Obviamente, no volvió, pero sus tres hijos quedaron a vivir con él un tiempo más en la casaquinta donde trabajaba y luego se mudaron a una vivienda en el Barrio Belén, donde siguió ejerciendo violencia contra una de sus hijas, la mayor, quien finalmente tomó la decisión de huir del hogar. Fue después que en la madrugada del 12 de mayo de 2022 la atacó a golpes por la cabeza, nuca y los brazos, sufriendo múltiples lesiones. 

A partir de esa fuga, ventiló la situación de violencia que derivó en el inicio de la causa penal que ahora avanzó hasta la sentencia de primera instancia.

Aclaró el fiscal que los relatados en el juicio no fueron los únicos hechos en los que fueron objeto de lesiones esta niña y esta mujer. Solo expuso en el juicio los hechos que pudo probar con certeza en tiempo, modo y lugar y, sobre todo, contactados médicamente.

En el juicio, declararon los profesionales que acreditaron las lesiones y el contexto de violencia del que fueron víctimas. También se accedió al resultado de la Cámara Gesell, donde la menor relató los hechos violentos que padecieron ella, sus hermanos y su madre, entre otros testigos que pesaron para condenar a Ramírez.

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"BUEN PADRE, VÍCTIMA DE UN PROBLEMA FAMILIAR"

La defensora pública pintó al acusado como un buen padre, víctima de un problema familiar. Fue él quien se encargó de la crianza de sus hijos cuando la pareja se fue a vivir a Buenos Aires, resaltó.

Pidió al tribunal: "presten especial atención al contexto en el cual surge la denuncia de la señora hacia Ramírez. La denuncia surge cuando la separación entre ellos era reciente y cuando los tres hijos de la pareja vivían con mi defendido. Luego surge la denuncia de la hija mayor, meses después de que ella vivía con su madre en Buenos Aires, como bien refirió el fiscal, y los dos últimos niños vivían en ese momento con su padre. La señora se hizo presente inmediatamente después de que Ramírez quedó detenido, para llevarse a sus hijos a Buenos Aires con ella, pese a que los niños no querían irse con su madre".

También pidió tener en cuenta el enojo de la denunciante al comenzar la adolescencia, con su padre, aparentemente porque no le permitía que tenga novio, y tenía. Dijo que ese enojo de la menor denunciante quedó probado en la declaración de un hermanito en Cámara Gesell.

Cree la defensora pública que "no existen pruebas suficientes como para condenar a Ramírez por los hechos que se lo acusa", por lo que pidió al tribunal que respeten sus más elementales derechos y garantías constitucionales y que lo absuelvan de culpa y cargo. No tuvo éxito en esta instancia, pero seguramente apelará para que la escuche un tribunal superior.

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AHORA

FALLÓ LA CÁMARA PENAL DE APELACIONES

El tribunal de Cámara, con los votos unánimes de los jueces Carlos Renna y Eduardo Bernacchia, ratificó los hechos y las figuras que dio probado por unanimidad el tribunal del juicio, pero creyó justo rebajar la condena a 16 años de prisión, en lugar de 18.

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EL INFIERNO DE LA CÁRCEL

En su apelación, la defensora pública, María Noel Severo, había argumentado que la pena de 18 años impuesta a Ramírez era "desproporcionada e irracional"; y "afecta los fines de resocialización de la pena, si tenemos en cuenta que en este en caso en concreto, el Sr. Ramírez tiene 33 años, es decir, que terminaría de cumplir su condena a los 51 años".

Juzgó que "la cárcel es un medio sumamente violento"; y pidió tener en cuenta "la superpoblación carcelaria, las condiciones de hacinamiento que están nuestras prisiones hoy en día, y también que, por el tipo de delito por el cual fuera condenado, no va a gozar de los derechos de los períodos de pruebas previstos en la ley de ejecución penal. En la práctica, en estas condiciones, una pena de 18 años operaría prácticamente como una prisión perpetua, no solo por no dar las posibilidades de reinsertarse socialmente, sino por este contexto, que prácticamente no da las condiciones posibles para que haya una sobrevida luego del cumplimiento de esta extensa condena".

Pidió que en caso de confirmar la culpabilidad, se le reduzca la pena, "para que sea constitucional y no afecte todos los principios constitucionales y convencionales".