Roberto Ricardo Lutri, de 67 años, fue condenado por el juez penal Sergio Alberto Olivera, a la pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión de ejecución condicional, la inhabilitación por seis (6) meses para ejercer actividades de turismo rural y/o cinegético, la prohibición de portar armas de fuego, la prohibición de drogarse y de emborracharse; y el pago de una "donación" de quinientos mil pesos ($500.000.-) a favor del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia (dentro de un plazo de 30 días).
Se ordenó el decomiso y destrucción de los elementos secuestrados, excepto la camioneta Toyota Hilux patente AB785IU, color blanca; y una escopeta semiautomática marca "Beretta" modelo A303, calibre 12 AUB, que ya fueron devueltos al condenado, quien, vale resaltar, ya tenía antecedentes por tráfico de fauna, y violó la prohibición de portar armas y de cometer nuevo delito, que le había impuesto el mismo juez, hace menos de dos años, como informamos en detalle más abajo.
Otro curiosidad del acuerdo es que el depredador no tendrá que pagar todas las costas del proceso, porque acordaron que será "en el orden causado".
La sentencia firmada por el juez penal Sergio Olivera, en los tribunales de Vera, fue acordada por el fiscal Aldo Gerosa y el defensor del depredador, Dr. Roberto Baccarezza, en el marco de un procedimiento abreviado que evitó el juicio oral y público, con el acuerdo del gobierno de la provincia, que estuvo representado por Mariela Castiglioni funcionaria de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia.
Las aves habían sido cazadas ilegalmente en la zona de Intiyaco (90 Km al Norte de Reconquista) donde Lutri guiaba a los matadores, dos franceses que pagaron ocho mil euros por el placer (4.000 euros cada uno).
Vale recordar que esta causa penal se formó a partir de que el 7 de junio de 2024, durante un operativo de control de fauna, a cargo de personal de Gendarmería Nacional, secuestraron 84 piezas de patos silvestres que eran transportados en una camioneta.
- - -
EL CONDENADO
Roberto Ricardo Lutri, DNI Nº 12.348.783, de nacionalidad argentina, nació el 10 de noviembre de 1956. Estado civil: casado. Cuando le preguntaron por su profesión, oficio u ocupación, dijo ser jubilado, con domicilio real en zona rural de Intiyaco, sobre la Ruta Provincial 31. No terminó la escuela secundaria.
OPORTUNO CONTROL
La matanza quedó al descubierto gracias al trabajo de personal de Gendarmería nacional (sede Reconquista-Avellaneda) que minutos después del mediodía del 7 de junio de 2024, estaba en actitud de control sobre la Ruta Provincial 3, entre Intiyaco y Colmena.
Allí controlaron la camioneta Toyota Hilux propiedad de quien la conducía, Roberto Lutri, acompañado por Julio César Villalba, DNI: 25.912.143, Gustavo Javier Verón, DNI: 23.646.999; y los franceses Denis Julien Albert Gaston Poincheval; y Jean Cherles Nicolas Rabache, quienes en ese momento regresaban de una matanza de patos.
En la caja de la camioneta transportaban tres escopetas semiautomáticas. Una marca "Franchi", modelo AFFINITY, calibre 12UAB; y dos de la marca "Beretta", una modelo A303, calibre 12UAB; y otra modelo AL391 URIKA calibre 12 UAB. El único que acreditó su condición de legítimo usuario de su arma fue Lutri. Curiosamente, siendo una persona con antecedentes de depredador, quien podrá celebrar el acuerdo judicial, porque le devolvieron tanto su arma como su camioneta.
LO SECUESTRADO EN EL PROCEDIMIENTO
En ese procedimiento, los gendarmes también secuestraron 37 cartuchos calibre 12 con munición de plomo; 37 proyectiles calibre 9 mm; 20 cartuchos calibre 22 LR (todos los proyectiles o cartuchos sin utilizar); 2 señuelos mecánicos con batería y alas; 5 soportes de hierro para señuelos; 2 silbatos; 2 contadores de ganado analógicos; 3 llamadores de pájaros; 2 bases circulares imantadas; 3 potes de sustancia gomosa que se consideran "artesanía de caza prohibida"; 2 sordinas (para disminuir la intensidad de los disparos); 1 silenciador para rifle: 4 equipos waber; 2 linternas mineras; 1 tela camuflada para apostadero; 2 elementos de transporte para aves; 84 piezas muertas de patos silvestres de distintas especies: 73 patos Sirirí, 8 Crestones, 1 Capuchino; y 2 Cutiris.
MÁS DETALLES
La caza de Capuchinos y Cutiris está totalmente prohibida en la provincia de Santa Fe. Además, la cacería fue realizada ingresando sin autorización a inmuebles de terceros, sin licencia habilitante; y la gran matanza generalizada de aves de la fauna silvestre, cuya captura y/o comercialización están totalmente prohibida y/o vedada. También debe tenerse en cuenta que fue una actividad "organizada" entre varias personas identificadas.
INCUMPLIDOR, PERO IGUALMENTE LOGRÓ OTRO ACUERDO JUDICIAL
Vale mencionar que sobre Lutri tiene vigencia una orden con fecha 17 de octubre de 2023, firmada por el mismo juez Olivera, de esta misma circunscripción judicial, donde se le había impuesto la prohibición de arma de fuego o de cualquier tipo; y de cometer nuevo delitos dolosos. Esa sentencia consta en la carpeta judicial Nº21-08964599-6.
DEPREDADOR REINCIDENTE
En la madrugada del 5 de octubre de 2022, el mismo Roberto Ricardo Lutri fue sorprendido por un control caminero, en la misma Ruta Provincial 3 de este Norte Santafesino, con la misma camioneta Toyota Hilux que ahora otra vez se la regresaron.
Tenía esa camioneta especialmente acondicionada para transportar aves de manera ilegal.
En ese procedimiento, le habían secuestrado 106 aves; una ya muerta por el hacinamiento.
Llevaba hacia el mercado negro, especies que son "tesoro" de este Norte Provincial: Juan Chiviro pico naranja, boyeros de ala amarilla, alondras amarillas, alondras rojas, reinas mora azules, viva vira, cabecitas negras, cachilitos colorados, jilguero amarillo, cardenales, entre otras especies que se hace cada vez más difícil ver en nuestro querido Norte Santafesino, tan atacado por tantos predadores no naturales, con una historia horrible de impunidad en sus constantes viajes llevando
Hasta hace unos años, Lutri era reconocido oficialmente como uno de los operadores cinegéticos. Incluso aún figura en la web oficial del gobierno nacional (www.argentina.gob.ar). Si bien aclaran que la última actualización es del 22-02-2018, se presta para confusión y engaño. El gobierno debería actualizar ese listado, limpiando a los sancionados.
- - -
CALIFICACIONES LEGALES
El fiscal Gerosa entendía que Gustavo Javier Verón y los franceses Denis Poincheval y Jean Rabache, incurrieron en el delito de "tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional"; y Lutri, en el delito de "dación ilegítima de arma de fuego", calificación legal descripta en los artículos 189 bis, inciso 4º del Código Penal, en función de los artículos 1º, 3º, 14, 29 y 42 de la Ley 20.429; y artículos 3, 5, 54 a 56 y del 63 al 65 del Decreto Ley Nº 395/75, artículos 1 y 2 de la ley 24.492); en concurso real con infracción a la Ley Nacional Nº 22.421, artículo 16, incisos a y b; y artículos 25 y 26. Además, solo para Lutri, el delito de desobediencia a un mandato judicial, según Art. 239 del Código Penal. Pero vale remarcar que en el acuerdo judicial que aquí es noticia, solo se resolvió la situación de Lutri. Nada informó ni el Poder Judicial ni el Gobierno de Santa Fe sobre la situación de las demás personas que lo acompañaban, entre ellos los dos franceses.
- - -
MÁS CURIOSIDADES DEL CASO
Entre la "justificación de la cuantía de la pena seleccionada y acordada", el fiscal menciona informes de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, donde surge que el acusado tiene varios antecedentes de actuaciones administrativas por contravenciones a la ley de caza y/o Turismo cinegético; así también, la misma dirección informó el daño ambiental que estima como de muy difícil o imposible cuantificación, a partir de la contaminación ambiental por plomo producto de los perdigones que utilizan las escopetas de caza, la destrucción de habitats ecológicos y la muerte de ejemplares de fauna silvestre.
Por otro lado, "se trata de actividades realizadas de manera más o menos organizadas", en las cuales (según siempre la misma fuente de informes mencionada) se cobra alrededor de cuatro mil Euros (4.000) a cada turista; y al no estar inscripto ni habilitado para el ejercicio de la actividad, "Lutri evade todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones".
Sostiene el fiscal, además, que no puede dejarse de lado la circunstancia del préstamo o entrega de escopetas "de muy alto costo y poder de fuego a personas de las cuales se desconoce si poseen habilidades suficientes para su manejo sin peligro para terceros".
Menciona además, que Letri tiene educación y edad suficientes para comprender la gravedad de las conductas achacadas Y entender la prohibición legal o las restricciones que la ley impone a la práctica de la caza deportiva o turismo cinegético tanto en cuanto al pago de Impuestos tasas o contribuciones la necesidad de inscripción y habilitación por autoridad pública competente los daños ecológicos Y los riesgos de la utilización de armas de fuego de gran calibre.
Reconoce el fiscal que Letri no tiene apremios económicos como para que eso pueda menguar el reproche penal, y remarca una vez más la evasión impositiva.
Y también señala como agravante, que "tiene un proceso anterior similar al presente, con una suspensión de procedimiento a prueba, por lo que no puede negar que conoce las implicancias de la actividad, y que aún así insiste en practicarla".
Como "circunstancias atenuantes de la culpabilidad y del reproche", señala que Letri "carece de condenas anteriores".
- - -
¿Y LA CAMIONETA?
Para justificar la devolución del bien utilizado en la comisión delictiva (la camioneta) el fiscal justificó que "no tiene vinculación exclusiva y excluyente con los delitos investigados".
Desde ReconquistaHOY preguntamos: ¿Se puede realizar una actividad así, organizada con turistas extranjeros, sin disponer de un vehículo?.
Queremos saber, porque detestamos los esfuerzos del Estado para hacer favores a los que depredan los tesoros naturales de este Norte Provincial, que es nuestro orgullo y reserva. Estamos convencidos que alguna vez se han de articular lo público y lo privado para desarrollar criteriosamente el turismo sustentable, para generar empleo genuino y hacer crecer nuestra economía.
Artículo 23 del Código Penal: En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
¿POR QUÉ LE DEVOLVIERON UNA ESCOPETA?
Sostiene el fiscal que "las escopetas son herramientas del delito contra la fauna silvestre. Son las herramientas que se proveen para extinguir esa fauna silvestre. Y son los objetos del delito de entrega ilegítima de arma de fuego. Estamos en presencia de un sujeto que entrega de manera ilegítima sus armas registradas a personas sin constancia de estar aptas para su uso con fines de caza. Son elementos con los que se comete el delito. Corresponde, en principio, su decomiso".
Sin embargo, para justificar la escopeta que acordó devolver, el fiscal dice que "su valor en condiciones de usada y en el estado en que se encuentra, es superior al monto de la donación realizada, e inferior a la de las otras armas, siendo comprensible y razonable que un amante del tiro deportivo, al platillo o de caza, tenga una escopeta para esos fines.
Y hace otros esfuerzos para justificar la devolución:
Menciona el inciso 2, parte final del artículo 189 Bis del Código Penal, que dice que "si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos párrafos que anteceden, fuere tenedor autorizado del arma de que se trate, la escala penal correspondiente se reducirá en un tercio del mínimo y del máximo".
"La misma reducción prevista en el párrafo anterior podrá practicarse cuando, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de utilizar las armas portadas con fines ilícitos".
Y añade: "Si bien no se trata de portación de armas, sino simple tenencia de armas registradas correctamente, la entrega a cazadores extranjeros que viajan más de 10.000 km. Para practicar esta actividad en lugares deshabitados, pagando un precio elevado como el que da cuenta la nota recibida de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, hace que dichas armas sean parte del negocio ilícito generado por el acusado. Por ende, se trataría de una aplicación analógica de una norma favorable al condenado, lo cual está permitido, máxime que la actividad irregular desde el punto de vista legal se ejecuta lejos de zonas pobladas y con escaso riesgo a la comunidad en general".
Sostiene que "el decomiso de los instrumentos del delito presenta las finalidades que la llevan a caracterizarse como una pena. La medida contiene una naturaleza penal ya que consiste únicamente en "afligir". La norma que regula el decomiso de los instrumentos le dice al ciudadano que no contradiga la norma, porque si lo hace además de la condena principal por el hecho ilícito tendrá consecuencias jurídicas sobre su patrimonio. Fuera de esta justificación, no existe ningún tipo de fundamento civil o administrativo para que el Estado tenga legitimación de privar a una persona de sus bienes adquiridos lícitamente".
"En este caso, causan un cierto nivel de peligro para la sociedad. Esta modalidad de decomiso se vincula con la culpabilidad del autor, como consecuencia de la infracción de normas penales. Por tal motivo, el decomiso de los instrumentos del delito tiene una naturaleza punitiva que depende de la condena del acusado, y que sólo puede adoptarse in personam, es decir, contra el condenado".
"Asimismo, un asunto no considerado por muchos autores con la aparición de la constitucionalización del derecho privado a partir del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, es que a la luz de las disposiciones del actual Código Civil y Comercial unificado, el cual ha producido un posicionamiento de la persona y sus derechos fundamentales que la coloca como epicentro del sistema jurídico, se amplía la función de la responsabilidad civil a través de la prevención del daño e incorpora la posibilidad de reclamar daños ante la afectación de derechos colectivos. Debía agregarse a cualquier concepción sobre la naturaleza del decomiso de los instrumentos del delito, la prevención del daño como factor excluyente de la pena".
"La prevención del daño a la fauna se conseguiría con el decomiso de las armas. Pero, siendo pena el decomiso, se le aplica el principio de proporcionalidad, que significa que toda reacción del derecho criminal debe guardar relación con la gravedad del hecho y los fines de la pena. Este principio no tiene una regulación textual de la Constitución Nacional, aunque suele ser atribuido con base al principio de igualdad (Art. 16 CN) y al mandato de regulación razonable (Art. 28 CN)". Sujeto a interpretación, el fiscal la utiliza a favor de Lutri. Beneficio para el predador.
"La cuestión sobre la proporcionalidad de las multas y el decomiso de los bienes ha sido un gran tema de discusión en otros países debido a su excesiva aplicación por parte de las autoridades. A la luz de este principio, es posible limitar total o parcialmente la aplicación del decomiso de los instrumentos cuando resulte ser desmesurado y afecte el principio proporcionalidad o de humanidad de la pena"; y cita un fallo de Buenos Aires, concluyendo que, en este caso, "luce exorbitante la pérdida de las tres armas, dado su valor patrimonial, como primera sanción al acusado". Desconoce el fiscal los antecedentes que él mismo citó en el acuerdo. En este acuerdo, todos saben quién es Lutri.
Al fin y al cabo, el fiscal argumentó, en representación del Ministerio Público de la Acusación, "el decomiso de dos de las tres escopetas", no así la que al condenado "le interesa preservar".
Parece tierno el fiscal frente al deseo de Lutri de preservar esa escopeta.
Impacta la dedicación del representante del Estado para justificar la devolución de un arma y un vehículo a una persona que el mismo Estado tiene identificado como repitente y desobediente de decisiones judiciales.
- - -
EL MINISTERIO DE AMBIENTE FUE INFORMADO PREVIO A FIRMAR EL ACUERDO
El fiscal hizo saber que antes de firmarlo, puso en conocimiento del acuerdo a la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, quienes además conocen el historial de Lutri.
Desde esa repartición oficial contestaron que "no pueden recibir dinero en efectivo", por lo que sugirieron "que los montos correspondientes sean convertidos en insumos o elementos necesarios que permitan mejorar las actividades que desarrollamos en pro de la conservación de nuestros recursos naturales".
Resaltaron "las inversiones que realiza el Estado para intentar hacer cumplir la ley, lo que incluye los gastos de combustible, la utilización y el desgaste de los vehículos oficiales en situaciones generalmente adversas, más los gastos de los agentes que dejan sus actividades cotidianas y personales (por lo general, los operativos suceden los fines de semana y/o días no laborables) para poder cumplir con estos compromisos".
En su escrito, desde el Ministerio de Ambiente también mencionann "el daño que se le realiza a los servicios ecosistémicos, que son muy difíciles de mensurar, pero que forman parte de un ecosistema que debemos proteger. Estamos degradando estos ecosistemas no solo por la extracción desmedida de ejemplares a través de la caza furtiva, sino también por la contaminación generada por el uso de municiones de plomo, que están prohibidas debido a su alto nivel de toxicidad para los seres vivos".
- - -
4.000 EUROS POR TURISTA
Los turistas franceses indicaron que cada uno abonó cuatro mil euros (4.000 euros). Lo mencionaron desde el Ministerio, para que el fiscal tenga en cuenta de que "el valor de esta infracción debe ser ejemplificador en relación a la multa que se debe aplicar y por las formas en que usted ha conducido este operativo, para que todos los demás fiscales puedan tomar este caso como modelo a seguir. Por lo tanto, apelamos a su criterio para que el monto a aplicar cubra los gastos invertidos por el Estado y que, mínimamente, estas personas que decidan delinquir queden expuestas a recibir un daño mayor al que están generando, impidiendo que perciban un beneficio por el mismo".
- - -
OTRA OPINIÓN
"Estamos trabajando para fortalecer los controles de fauna, pesca y bosques nativos. La provincia cuenta con un marco legal que reglamenta estas actividades y no vamos a tolerar que se viole la ley", expresó mediante un comunicado oficial el ministro de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Enrique Estevez, al celebrar el acuerdo.
- - -
¿Es un fallo justo?
También nos interesa tu opinión. Favor enviala al whatsapp de ReconquistaHOY 3482-552285
Gustavo Raffin
