La Cámara en lo Penal de Vera condenó por unanimidad a Carlos Oscar Molina, de 62 años, a la pena de dieciséis (16) años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su pareja en Reconquista. El tribunal estuvo integrado por los jueces José Mántaras (presidente), Carlos Damián Renna y Eduardo Bernacchia.

En primera instancia, al cabo del juicio realizado el año pasado, Molina había sido absuelto por el beneficio de la duda.

El fiscal que presentó la apelación fue Sebastián Marichal, argumentando que el fallo de primera instancia "era arbitrario". En cambio, en la segunda instancia, "los camaristas consideraron acreditados los hechos ilícitos con la calificación penal que propusimos desde la Fiscalía, y optaron por el mismo monto de pena que pedimos en la acusación".

Valoración de las pruebas

Marichal sostuvo que "en primera instancia, se pretendió imponer una exigencia probatoria contraria a los estándares para el análisis de los hechos de abuso sexual infantil e intrafamiliar".

El fiscal remarcó que "en el juicio oral se descartó sin argumentos valederos lo expresado por la víctima en cámara Gesell".

En la sentencia de alzada, el juez José Mántaras critica al tribunal del juicio porque "no ha dimensionado, ni mucho menos dado crédito, a las declaraciones de la menor". En esa línea, sostuvo que "lo expresado resalta por su natural espontaneidad, aspecto que frente a hechos de esta relevancia, despejan toda posibilidad de implantación narrativa, adquiriendo por ende un adecuado nivel de credibilidad". Los otros dos jueces de la Cámara adhirieron a sus consideraciones.

Por otro lado, Marichal señaló que "en la audiencia de apelación planteamos que las manifestaciones de la víctima son congruentes con los demás indicios del accionar delictivo del condenado. Entre otros elementos, hay un examen médico que los camaristas interpretaron como "una prueba determinante y no contradicha".

Además, el funcionario del MPA mencionó que "en el juicio oral se le dio preponderancia a la declaración de una adolescente del entorno familiar de Molina, quien tiene una palmaria animadversión contra la persona a la que él abusó". En cuanto a la valoración de ese testimonio, en la sentencia de la Alzada se advierte que "llama la atención que el Tribunal le otorgue entidad condicionante con relación al resto de la prueba, especialmente al abordaje de la menor víctima".

 

Fue abusada por Molina durante su infancia y su adolescencia, incluso delante de su hermana menor.

 

El fiscal refirió que "el condenado atentó contra la integridad sexual de la hija de su pareja entre 2016 y 2021", y aclaró que "la víctima –quien aún es menor de edad–, fue abusada por Molina durante su infancia y su adolescencia".

Marichal detalló que los abusos sexuales tuvieron lugar en diferentes inmuebles de la Ciudad de Reconquista, en los que el grupo familiar convivió". Indicó que "el agresor concretaba sus conductas delictivas en oportunidades en las que su pareja no estaba en el hogar"; y que "en ocasiones, la víctima era vulnerada frente a su hermana menor".

Calificación penal

Molina fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal reiterado, así como de abuso sexual gravemente ultrajante, cometido en perjuicio de una víctima menor de edad, agravado (por la convivencia y la guarda).

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Carlos Oscar Molina llegó al juicio imputado de haber abusado en número indeterminado de veces de su hijastra, desde que tenía 10 años y hasta los 14, por lo que el fiscal solicitó 16 años de prisión.

Al concluir el juicio, el tribunal compuesto por los jueces Gonzalo Basualdo, Sergio Olivera y Mauricio Martelossi como presidente, lo absolvió por el principio de la duda.

El fiscal Juan Marichal apeló, convencido que aportó las pruebas suficientes para la condena: la declaración de la nena en Cámara Gesell, el testimonio de otros dos psicólogos que dan verosimilitud al testimonio de la víctima, igual que los de la madre, la abuela, un primo, una amiga y el de la médica forense, todos cargosos para el imputado, "coherente y verosímil". Explicó que en casos de abusos sexuales, que ocurren en la intimidad y sin testigos, no hay otra prueba más que estas.

Cómo se judicializó el caso.

Los abusos fueron revelados en el año 2021 dentro del grupo familiar, en plena pandemia.

La víctima se lo contó primero a una amiga y después a un primo, vía mensajes, los cuales fueron resguardados y exhibidos en el juicio (tampoco eso convenció al tribunal). Ese primo se lo contó a la abuela, y la abuela a su madre, quien inmediatamente la retiró de la escuela y la llevo a una psicóloga, que vio verosimilitud en el relato, por lo que radicó la denuncia penal.

Según la acusación, Molina empezó con la mecánica habitual en los abusos intrafamiliares: primero con manoseos, para terminar con los accesos carnales, todo, reiteradas veces y durante cuatro años.

Sumando críticas al fallo de primera instancia, el representante del Ministerio Público de la Acusación recordó que es obligación del Tribunal resolver con perspectiva de género y atendiendo también los compromisos mundiales de Argentina de proteger a la niñez, recordó el fiscal, agraviado por la decisión de los jueces.

Molina llegó al juicio en estado de libertad, luego de un tiempo en prisión preventiva.

El acusado vive actualmente en el Barrio 314 Viviendas de Reconquista y trabaja como empleado público en la Admisión del Hospital Regional.

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"LA GUERRA" ENTRE JUECES Y FISCALES

Cuando salió el veredicto del juicio, absolviendo a Molina, Gustavo Raffin le preguntó al Dr. Marichal si esta decisión del tribunal de bajarle el pulgar a su capacidad probatoria, podría tener relación con lo que el periodista percibe como "la guerra entre jueces y fiscales", con varias absoluciones en los últimos tiempos que incluyen reproches, retos y hasta escraches a fiscales, incluso delante de las víctimas que se van sin la condena del acusado; el Dr. Marichal respondió que él cree que cumple con su rol y que "no hay nada personal con nadie".

Recordó que después de las acusaciones, son los jueces quienes deciden qué casos irán a juicio, que para eso está la audiencia preliminar; y que si pasa el tiempo y una persona sigue presa, y no hay actividad procesal, es el juez quien tendría que dejarlo en libertad, que eso es parte de la normalidad del proceso.

Sostuvo que "nunca hice un señalamiento personal a un juez, sí cuestionamos, a veces, la falta de fundamentos o fundamentos arbitrarios, y apelamos, y muchas veces se dan vuelta en Cámara" Penal de Apelaciones.

Dejó claro que tampoco le gustó que hubo jueces que indicaron a algunos fiscales que vayan a estudiar y hacer curso de género, lo que consideró que "lisa y llanamente, es una falta de respeto. Una falta de respeto que no podemos dejar pasar, porque todos somos personas capacitadas, todos los fiscales de acá tienen posgrado, especialización en maestría y han hecho los cursos de capacitación en perspectiva de género y todas las demás cuestiones que exige la ley provincial, la ley Micaela. Y los casos que llevamos a juicio tienen el resultado de la preparación y también de las circunstancias del juicio, que el testigo muchas veces dice cosas o no dice cosas que son importantes".

En ese sentido, sostuvo que "los juicios tienen un componente de aleatoriedad, también". Que "no hay ningún testigo que uno pueda manejarlo por control remoto. Primero,  porque sería una falta de ética absoluta y, segundo, porque no existe. Uno puede hablar con un testigo para que cada uno sepa para qué va y qué es lo que se supone que cada uno va a aportar en un juicio, pero después, llegado el momento del debate, hay cosas que ocurren durante el proceso, dice una cosa, omite decir otra, y eso pasa, y va a seguir pasando. Pasa con personas formadas y no formadas, y eso no es culpa de que la fiscalía lleve mal un caso, no prepare bien a la persona, sino que un componente de aleatoriedad de lo que implica ir a declarar en un juicio. Por eso, muchas veces tratamos de cerrar procedimientos abreviados porque estas cosas pasan, y no es mala o buena fe de la fiscalía. Principalmente, es una cuestión de la naturaleza humana, de lo que implica sentarse en un banquillo y tener que hablar".

Le preguntamos si no hay un giro de parte de los jueces que antes condenaban por el testimonio único de quien decía haber sido víctima de abuso, y ahora se pusieron más exigentes. Esa respuesta también la podés escuchar en la entrevista que aquí también compartimos. También lo que respondió cuando referimos a la supuesta vulnerabilidad que supone que cualquier mujer pueda denunciar a cualquier hombre por abuso, en la confianza que a la mujer se le cree todo y al hombre, nada. Un anticipo de su respuesta: que no van a juicio solamente con una palabra o con un relato en Cámara Gesell.

Y en cuanto a la posibilidad de inventar un relato, respondió -entre otras cosas- que no es fácil sostener un relato en todas las instancias de un proceso judicial; y que, además, la fiscalía cumple un rol muy importante en filtrar los casos, de manera que no llevan a juicios casos dudosos, casos donde no tienen suficientes pruebas, donde el testimonio no es sólido o evidencia ciertas contradicciones.

Explicó que se radican "entre 360 y 380 denuncias por año por abusos sexuales" y que se persiguen penalmente solo algunas; luego de pasar por el filtro de las evidencias, y por las retractaciones. 

LA SITUACIÓN DE MOLINA HOY

Carlos Molina continúa en libertad porque la jueza penal Claudia Bressán denegó el pedido del fiscal Marichal para que disponga la inmediata detención frente al riesgo de fuga, al saber que de adquirir firmeza este fallo, debería estar 16 años en la cárcel. Esta fue la última audiencia del caso, realizada el viernes 16 de agosto de 2024 en los tribunales de Reconquista. Al imputado lo asiste la defensora pública María Noel Severo.