El Juzgado Federal de Reconquista tendrá como tribunal superior a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, ya no más la de Resistencia. Será a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en esta jurisdicción, lo que está anunciado para el 6 de septiembre de 2024. Todas las causas ya apeladas a la Cámara de Resistencia seguirán su curso allí.
"El árbol se conoce por sus frutos", respondió el Dr. Aldo Mario Alurralde ante la consulta de ReconquistaHOY, frente a los cambios que se vienen.
Y remarcó que "lo ideal" sería respetar lo que ordenó la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal, que la Cámara de Apelaciones esté en la Ciudad de Santa Fe.
En cuanto a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en esta circunscripción judicial, que implementa el sistema acusatorio y adversarial, que pone la investigación en manos del fiscal, entre otros cambios, explicó que es "muy parecido" al que posee la justicia penal provincial desde 2014, donde hay una parte que acusa, otra que defiende, y un juez que escucha y toma la decisión.
"Entiendo que, con la práctica, se van a ir viendo las virtudes y las debilidades del sistema, y se va a tener que ir reformando y, si no se hace, se alzará la voz de quienes somos operadores jurídicos pidiendo a los legisladores que lo hagan", advirtió Alurralde en ReconquistaHOY.
Las intervenciones telefónicas y los allanamientos seguirán siendo autorizados por el juez, a solicitud del fiscal. Lo que cambia es que "el resultado del allanamiento no se le comunicará al juez. El juez se limita a dar la orden, si encuentra suficiente fundamento; y después, el fiscal es el que va a ordenar la detención, el secuestro y todo lo demás".
Hablando precisamente de las investigaciones, en este nuevo sistema, el nuevo Código "prohíbe" a los jueces inmiscuirse en las investigaciones, de forma que "el fiscal ahora va a poder investigar y con su simple y solo criterio decir: esto no me interesa seguir investigando sin conocimiento del juez".
¿La implementación del nuevo código de procedimientos, va a mejorar el servicio de Justicia Federal?
El Dr. Alurralde respondió que el nuevo código "se basa en buenas ideas, pero a veces la implementación es tan mala, que uno termina oponiéndose a la buena idea. Por eso digo que hay que ver cuál es la implementación. Yo ya advierto que hay que hacerle algunas modificaciones , pero veremos en el tiempo".
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CÓDIGO NUEVO YA ENVEJECIDO POR EL CAMBIO POLÍTICO
Recordó que este nuevo código de procedimientos, "fue ideado hace muchos años, y obedece a tiempos políticos distintos a los que se viven actualmente, en donde lo que se busca es el combate claro, real, concreto contra lo que es el narcotráfico, que es un fenómeno delictivo que va variando y se ha incrementado en la Provincia de Santa Fe, como se ha visto en los últimos casos, el último año en Rosario".
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EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
Desde el Ministerio Público Fiscal explican que el nuevo Código Procesal Penal Federal que comenzará a regir ahora en la Región Reconquista, "establece un sistema moderno, desformalizado, oral y ágil, con la investigación exclusivamente a cargo de los y las fiscales". Ya rige en algunos otros lugares del país desde hace cinco años, como el caso de Salta y Jujuy; y desde hace pocos meses en Rosario.
El nuevo Código Procesal Federal establece un sistema adversarial, en el que tanto la fiscalía como la defensa esgrimen sus argumentos y elementos de convicción, y los/as juece/zas controlan y deciden, sin involucrarse en la teoría del caso esbozada por las partes. Exige una rígida separación de funciones.
En este marco, los y las fiscales promueven la acción penal y dirigen de manera exclusiva la investigación penal contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo. Luego, ese/esa mismo/a fiscal -otra novedad- deberá eventualmente sostener y acreditar su acusación en un juicio oral y público. Los jueces/as, en tanto, garantizan que se cumpla la ley durante el proceso, además de controlar las garantías constitucionales.
Todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas -donde se concentra la mayor actividad procesal posible- y sin un expediente. El Ministerio Público Fiscal forma un legajo de investigación al que no pueden acceder los/as jueces/zas. Se trata de una herramienta digital y desformalizada en la que el órgano acusador público registra la actividad investigativa desarrollada bajo los principios de lealtad procesal y objetividad, junto con el resultado de las medidas practicadas. Esta es otra gran diferencia con el actual sistema mixto, en el que la etapa de instrucción tramita exclusivamente por escrito y sus constancias son incorporadas a un expediente de libre acceso para el órgano judicial.
En efecto, en el marco del nuevo código de procedimientos (CPPF) quien juzga durante la investigación preparatoria de un caso es el juez o la jueza federal de garantías, que interviene en un caso exclusivamente cuando las partes promueven alguna actividad o planteos que requieren la intervención de la autoridad judicial, y conocen el caso a partir de la información que proporcionan las partes. Por su parte, los jueces/zas con funciones de revisión resuelven las impugnaciones durante esa etapa y realizan las audiencias de la etapa intermedia (audiencias de control de acusación).
La etapa de juicio está a cargo de los jueces con funciones de juicio, que continúan agrupados en tribunales. Las novedades introducidas por el CPPF para esta etapa, radican fundamentalmente en una marcada contradicción para introducir información y producir prueba en el contexto de absoluta inmediación del juzgador.
Las partes presentan sus casos mediante la realización de alegatos de apertura, examinan y contraexaminan a los testigos y peritos, y luego de producida la prueba concluyen con un alegato de clausura y petitorios. Luego de la deliberación, los jueces se pronuncian acerca de la inocencia o culpabilidad de las personas acusadas y, si determinan alguna responsabilidad penal en el hecho, de inmediato se realizará un nuevo debate, esta vez para determinar la pena que se impondrá.
Todo el proceso, incluidas las tres fases hasta una hipotética sentencia en juicio (de investigación preliminar, intermedia y de juicio) no puede prolongarse más allá de los 36 meses en total, con el siguiente detalle:
Investigación preliminar: duración máxima de un año, con la posibilidad de habilitar seis meses de prórroga.
Etapa intermedia: hasta 30 días de extensión.
Etapa de juicio oral: hasta cinco meses.
En cuanto a los casos de mayor complejidad, como el narcotráfico o la trata de personas, el CPPF establece la posibilidad de extender cada uno de estos plazos y una potencial duración máxima -para completar todo el proceso- de 6 años.
Además, el CPPF promueve la celebración de acuerdos de colaboración entre el MPF y los imputados, y el uso -en el marco del sistema estrictamente acusatorio- de técnicas especiales en la investigación, como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.
Al mismo tiempo, el nuevo CPPF también dota a los/las fiscales de mayores facultades para disponer de la acción y para arribar a acuerdos de conciliación y reparación integral en casos de menor complejidad, lo que tiende a descomprimir el sistema de administración de justicia penal y, al mismo tiempo, buscar una solución efectiva y pacífica del conflicto.
El nuevo código además le asigna al Ministerio Público Fiscal (MPF) el rol de procurar el decomiso de los bienes que hayan servido para cometer el hecho y, en la aplicación de formas de finalización de los casos como la suspensión del proceso a prueba o la reparación integral, promover soluciones que redunden en formas concretas de recomposición para quienes resultaron directamente afectados y/o para la comunidad en general.
Las fiscalías, que en el sistema mixto funcionan en espejo con los órganos jurisdiccionales, desarrollarán su actividad mediante una única unidad fiscal por cada jurisdicción, que asigna, organiza y distribuye sus recursos conforme criterios vinculados con la efectividad de su intervención.
COMPARACIONES
Desde el MPF señalan que "las ventajas" de la aplicación del nuevo sistema adversarial se aprecian en lo ocurrido durante estos casi cinco años en el distrito Salta, donde se alcanzó un promedio del 82% de resoluciones sobre los casos abiertos. En cambio, en el resto del país, con aplicación del sistema mixto, ese porcentaje llega al 43% de los casos.
En relación con los casos identificados como complejos se advierte que, en el distrito Salta, constituyen el 11% de los casos resueltos. Esa proporción disminuye al 6% entre los casos resueltos en el sistema mixto.
MÁS VENTAJAS
En cuanto a salidas alternativas, como la suspensión de juicio a prueba, la comparación también favorece al sistema acusatorio. Mientras con el proceso mixto esa solución es aplicada en un 0,8% de las causas, en el acusatorio representa el 4,7% de casos totales resueltos. A la vez, alcanzar esta clase de soluciones exige, en el sistema acusatorio, casi la mitad del tiempo que demanda en el sistema mixto.
Las claves del sistema son sus principios:
Oralidad: El expediente en papel desaparece y los planteos que realizan las partes son resueltos por el juez en audiencia.
Contradicción: Es el método de conocimiento para el descubrimiento de la verdad, mediante el que las partes, desde posiciones equivalentes, plantean su visión del caso al juez o tribunal, que decidirá con imparcialidad y solo con la información que le proporcionen las partes. El juez no puede suplir la actividad de las partes, y debe considerar sólo lo que hayan discutido.
Concentración: Debe desarrollarse la mayor actividad procesal posible en audiencias multipropósito. Su interrupción solo puede suceder por razones debidamente justificadas.
Inmediación: La prueba debe ser producida por las partes en presencia de los jueces, quienes luego, en función del conocimiento adquirido y los planteos que reciban deberán adoptar decisiones.
Publicidad: Las audiencias podrán ser presenciadas por la ciudadanía, salvo que se acredite algunas de las excepciones contempladas legalmente.
Simplicidad y celeridad: Las etapas del proceso tendrán plazos breves y se desarrollarán de manera ágil y dinámica, sin demoras innecesarias, procurando únicamente obtener la información útil para la solución del caso.
Desformalización: Las investigaciones se llevarán a cabo de manera eficiente, sin ritos excesivos que atenten contra la eficacia de las medidas adoptadas.
COMUNICADO OFICIAL DE LA CORTE NACIONAL
La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el Juzgado Federal de Reconquista tendrá como tribunal superior a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario una vez que entre en vigencia el Código Procesal Penal Federal en el ámbito territorial de ese juzgado. Asimismo, exhortó al Ministerio de Justicia de la Nación a que adopte medidas de apoyo institucional.
Con el dictado de la Resolución 2185/2024, firmada el 28 de agosto por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y el ministro decano, Juan Carlos Maqueda, el Máximo Tribunal exhortó al Ministerio de Justicia de la Nación -en razón al inminente vencimiento del plazo fijado en su resolución 148/2024- a que, en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas de apoyo institucional de los órganos involucrados que posibiliten la implementación del Código Procesal Penal Federal. Ello, teniendo en especial consideración las circunstancias de la jurisdicción señaladas por la cámara de Rosario y el juzgado federal de Reconquista.
En el expediente en el que se dictó la Resolución 2185/2024, estos tribunales solicitaron a la Corte la adopción de medidas apropiadas con respecto a "la incertidumbre imperante" vinculada a la situación del juzgado, como consecuencia del dictado de la ley 27.715 -de fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe-. Esa incertidumbre se vincula con la modificación del tribunal superior del mencionado juzgado, así como con las necesidades que afronta esa jurisdicción para la adecuada implementación del Código Procesal Penal Federal.
La Corte recordó que, con las modificaciones implementadas por la ley 27.715, se instituyó a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario como tribunal de alzada del Juzgado Federal de Reconquista en todas las materias que integran su competencia. Por su parte, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia mantiene sobre este juzgado la competencia respecto de las causas que se encuentran en trámite.
Esta previsión, contenida en el artículo 27 de la nueva ley y que incluye la superintendencia, dijo la Corte, está supeditada y regirá a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito territorial del referido juzgado.
En ese contexto, la Corte también resolvió "exhortar al Ministerio de Justicia -en razón al inminente vencimiento del plazo fijado en su resolución 148/2024- a que, en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas de apoyo institucional de los órganos involucrados que posibiliten la implementación del Código Procesal Penal Federal", finaliza el comunicado de prensa.
