El juez penal Gustavo Gon, dispuso este lunes 23 de septiembre de 2024, la inmediata detención de Carla Soledad Kaufmann, la mujer policía de 36 años que fuera condenada en juicio oral, por el juez Martín Gauna Chapero, a la pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva, por ser penalmente responsable del delito de estupro en perjuicio de un menor de edad, fallo que acaba de confirmar la Cámara de Apelaciones, con la firma del juez Eduardo Bernacchia.
Si bien el fallo aún no quedó firme, porque le queda a la defensa el recurso extraordinario ante la Corte, el fiscal del caso, Valentín Hereñú, pidió la inmediata detención, de manera preventiva, para evitar el riesgo de fuga, ya que se agotaron los recursos ordinarios con el doble conforme de la Cámara.
Cuenta con medios para evadirse y para afectar aún más a las víctimas, sostuvo el representante del Ministerio Público de la Acusación, quien, además, pintó un perfil aún más dañino de la condenada, ya que, luego de ser condenada, denunció al padre de la víctima por un supuesto abuso sexual con acceso carnal, lo que coincidió con el cambio de defensor. El juicio lo perdió con la asistencia del defensor público César Pérez; y la apelación con los abogados contratados: Sixto González y Agustín Bergel.
El fiscal le dijo al juez que esa denuncia implica una nueva exposición hacia la víctima y su familia, personas que no pueden dar vuelta la página. Esa denuncia parece una estrategia de defensa. Esa denuncia no coincide con nada de lo investigado, ni surge nada de los mensajes entre teléfonos y nadie hizo mención nunca a esa situación que surgió después de la condena. "Esto debe ser analizado entre los riesgos procesales", le remarcó.
Vale recordar que el fiscal siempre sostuvo que Carla Kaufmann abusó del hijo de su colega y superior en la Guardia Rural Los Pumas, "para vengarse" luego que se rompió la relación extramatrimonial que habían tenido.
A su turno, el defensor Sixto González pidió que continúe en libertad, caso contrario, que la prisión sea domiciliaria, argumentando que la condenada es único sostén y encargada de sus hijos de 7 y 11 años; y de una abuela de 80 años.
Argumentó el derecho superior de los niños, que están en una "escala superior" de los derechos en pugna. Recordó al juez que los menores tienen que ser protegidos.
Pidió al juez que tenga en su decisión, idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y racionalidad, y que no la envíe a la cárcel porque, además, no hay peligro de fuga, siempre estuvo a derecho; y que es una madre sola, con un padre que no se hace cargo de sus hijos de 7 y 11 años, en edad escolar, en total vulnerabilidad. Necesitan de su madre y demandan todo lo propio de esa edad.
Eso si, dijo el Dr. González al juez que no quiere que parezca que una mujer tiene privilegios sobre los hombres.
En su réplica, el fiscal dijo que al haber una persona condenada, la afectación al círculo familiar es inevitable. Hay que tratar que sea la mínima posible. En este caso, ella podrá mantener contacto con sus hijos en la cárcel. Y en cuanto al argumento de cuidar a la abuela, remarcó que la defensa no presentó siquiera un certificado de discapacidad que avale el pedido; y que la condenada no tiene arraigo, porque el contrato de locación está vencido desde febrero de este año y no acreditaron la renovación. Eso demuestra que no tiene arraigo, además de la escasa empatía con las víctimas.
En su réplica, el defensor señaló que la cárcel tiene días fijados para las visitas, mientras que los niños necesitan el "cuidado permanente" de su madre. Y ratificó el domicilio, que aunque el contrato está vencido sigue viviendo allí, y que tenía recibo de pago de septiembre, lo que es una prórroga tácita del contrato.
CARLA AL JUEZ:
"Estoy a cargo de mis dos hijos. Ellos dependen de mí, igual que mi abuela. Yo estoy sola con ellos. No tienen a nadie. Si voy presa, mis hijos quedan huérfanos y ella no se. Soy la que le cobra y la lleva al médico. Es cierto que necesita un familiar. Y llevo y traigo de la escuela a mis hijos", le dijo al juez la condenada.
Luego de escuchar a las partes (no hubo querellante) el Dr. Gon ordenó la inmediata detención, pero de carácter domiciliaria. Será en la casa que Carla Kaufamann alquila en la calle Santa Fe al 1417 de la Ciudad de Vera, donde seguirá conviviendo con su abuela, María Suárez, de 80 años; y sus dos hijos menores.
También le dio permiso para ausentarse ante necesidades urgentes de ellos, como por ejemplo, asistir a un centro de salud y concurrir mensualmente al banco a cobrar la jubilación de la anciana.
Carla debió nombrar un guardador (se aprestaba a hacerlo después de la audiencia) y deberá atender todas las obligaciones impuestas desde el 1 julio de 2024, con la excepción de comparecer en la comisaría donde reside. Y quedará bajo control del patronato de liberados de la provincia.
El juez ordenó notificar a la víctima lo resuelto.
Seguidamente, más fotos de la audiencia realizada este lunes 23 de septiembre de 2024 en los tribunales de la Ciudad de Vera.
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En Argentina, el estupro está reprochado en el artículo 120 del Código Penal, con pena de tres a seis años de prisión. Si hubiera algún agravante (no en este caso) es aún mayor: de seis a diez años de prisión.
Este delito se materializa cuando una persona adulta mantiene relaciones sexuales consentidas con una persona de entre 13 y 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual. La ley considera que, debido a la diferencia de edad, el consentimiento del menor no es válido en estos casos.
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REPASAMOS EL CASO:
El fiscal del caso, Valentín Hereñú, remarcó que "el contexto del caso es complejo porque la condenada cometió el estupro como parte de un plan para vengarse del padre de la víctima", sin dar más detalles, pero refiere a una relación que mantenían los colegas, lo que provocó un sismo familiar al quedar al descubierto. El pibe sabía del affaire de su padre, pero no conocía a la susodicha, hasta que ella le contó quien era, luego del abordaje sexual.
La Defensa planteó que "la pena impuesta era excesiva", pero para el camarista, "es razonable". La condena "es muy similar a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos", se conformó el fiscal, quien creía justo cuatro años de prisión.
Como ya había sucedido durante el juicio oral, en la apelación se debatió nuevamente acerca de la inmadurez sexual del adolescente. Para el abogado defensor, no era justo alegar inmadurez sexual del menor, siendo que había ingresado de manera indebida al local bailable para personas mayores de edad y, además, había consumido bebidas alcohólicas, cuya venta está prohibida para menores.
Pero para el fiscal, "de ninguna manera" esto es determinante para presumir la madurez sexual del adolescente.
El camarista coincidió con el juez de primera instancia, en que el adolescente no consintió los actos de contenido sexual que la persona de 36 años llevó a cabo bajo su exclusivo dominio. Además, avaló la afirmación del veredicto de primera instancia sobre la violencia psicológica y sexual a la que la víctima fue sometida por parte de la condenada.
El hecho
El abuso sexual (sexo oral) fue cometido alrededor de las 05:30 de la madrugada del domingo 11 de junio de 2023, en la vía pública, a la salida de una discoteca, en inmediaciones de calles Santa Fe y Alvear.
Para demostrar la planificación del delito, el fiscal Hereñú indicó que la abusadora obtuvo el número de teléfono del menor, a través de un amigo de éste, y le escribió mensajes de WhatsApp en los que lo invitaba a irse juntos de un boliche en el que ambos estaban. "Sin saber quién era la mujer", la víctima salió del local bailable y se encontró afuera con ella. Tras caminar unos metros, por un recorrido que la mujer iba indicando, "llegaron a un sitio oscuro en el que tuvo lugar el ilícito", detalló el fiscal. Añadió que, durante la situación abusiva, "Kaufmann instó a la víctima a no contarle a nadie lo sucedido, y le dijo que, si alguien se enteraba, ella iría presa por tener el doble de la edad de él". Sabía que estaba cometiendo un delito.
Luego del sexo oral, la mujer se identificó con su nombre y apellido, le aseguró al adolescente que sabía cosas de él, y le mencionó que estaba al tanto de que sus padres estaban de viaje, "lo cual era cierto", confirmó el fiscal Hereñú. Y si bien el menor no conocía físicamente a la condenada, cuando ella le dijo quién era, supo que se trataba de una persona con la que su padre había tenido un conflicto personal", concluyó. Carla tuvo sexo con el hijo de quien no quería ya estar con ella. Fue su "venganza".
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Carla Soledad Kaufmann, DNI: 33.071.286, oriunda de Malabrigo, es agente de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Por el hecho, la pasaron a disponibilidad y sigue cobrando un alto porcentaje del total del sueldo.
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La condena de primera instancia había sido firmada por el juez penal Martín Gauna Chapero, en el marco de un juicio oral y público que se llevó a cabo en los tribunales de esa ciudad, donde la acusada estuvo asistida por el defensor público César Pérez. Para la apelacion, Carla Kaufmann contrató a los abogados Sixto González y Agustín Bergel.
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El adolescente no conocía físicamente a Kaufmann, pero cuando después del acto sexual ella le dijo quién era, supo que se trataba de la persona con la que su padre había tenido problemas personales. Ella esperó terminar la secuencia abusiva para decirle quién era, lo que ocasionó un profundo sentimiento de rechazo y culpa en la víctima, por haberse sentido utilizado como una cosa, en el medio del conflicto de adultos.
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LA DEFENSA DE KAUFMANN
Tras perder el juicio de primera instancia con la asistencia del defensor público, César Pérez, Carla Kaufmann cambió de defensores. Para la apelación, contrató los servicios de Agustín Bergel y Sixto González, quienes opinaron que la condena era "excesiva"; y lo había atribuido a "una irregularidad tremenda desde la defensa técnica", tanto en la investigación penal preparatoria como en el juicio oral y público.
Entrevistado por ReconquistaHOY, el Dr. Bergel sostuvo que "el concepto de la inmadurez sexual hoy cambió", que el Código Penal "redactado hace aproximadamente 60 años" está desactualizado, porque "las épocas cambiaron", ya que ahora, la introducción a la vida sexual activa de un menor no es más a los 19 años (es mucho antes); y pidió "desmentir este tabú, porque esto puede ser muy peligroso, no solamente para la sociedad, sino también para la justicia".
Señaló que si bien la figura delictiva permanece dentro del avejentado Código Penal, "ya en numerosos fallos, los jueces aplicando su sana crítica, su ciencia y conciencia, entienden que este concepto quedó totalmente atrasado".
Yo creo que este chico sabía lo que se le estaba haciendo.
Una y otra vez reclamó eliminar el concepto de "inmadurez sexual". Además, entiende que "no tendría que estar en un marco legal, sino que tendría que estar en un marco más material, donde en un juicio, a través de los psicólogos y los peritos expertos, se manifiesten si es o no maduro o inmaduro sexualmente, no una Cámara Gesell, para que un pibe relate un hecho extemporáneo que pasó hace cuatro meses, y que posiblemente esté viciado por lo que el padre o la madre le digan, sino que haya una tarea de un equipo interdisciplinario que refleje si era o no maduro sexualmente en el momento".
LO QUE REALMENTE PERTURBÓ AL MENOR
Para el Dr. Bergel, lo que perturbó al menor no fue el acto sexual, sino cuando Carla Kaufmann le dijo quién era ella en la vida del padre; y volvió a lamentar la mala defensa que tuvo la condenada en el juicio, lo que esperaba poder revertir en la Cámara de Apelaciones, pero no tuvo éxito.
Para el profesional, si el pibe no hubiera querido el sexo oral, con 20 kilos y 10 centímetros más de estatura, podría haber repelido la acción.
Cree que el propio fiscal tiene una confusión, porque habló de dos acciones diferentes. Sostuvo que la acusada lo engañó al menor mediante un ardid y lo manipuló psicológicamente, pero también dijo que lo sacó; es decir que acusó dos cuestiones muy puntuales que no pueden concurrir, siendo que el derecho penal es taxativo: ¿lo engañó o lo sacó?. Si lo sacó, materialmente la distorsión entre ambos físicos es totalmente un indicio de que, si no quiero que me practique sexo oral, te empujo. O sea, no me voy a dejar bajar los pantalones y culminar el acto sexual", opinó.
Volvió a juzgar fuera de época al Código Penal cuando protege la inmadurez sexual a los menores de 18 años, pidió considerar las estadísticas sobre cuando se pierde la virginidad, que "no es a los 18 años. Hoy son datos concretos, creció masivamente el consumo del porno, crecieron masivamente las relaciones sexuales en cuanto a la minoría de edad. Esto no es del 2024".
A continuación, recordamos lo que dijeron en declaraciones a Radio HOY el acusador y el defensor, tras el juicio.
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OTRO CASO EN EL RECUERDO
OTRA MUJER CONDENADA POR ABUSAR DE UN MENOR
¡UN CASO DE PELÍCULA!
Luciana Soledad Vera, 34 años al momento del hecho, fue condenada el 13 de junio de 2019 a la pena de tres (3) años de prisión condicional y a pagar una indemnización de $92.000.- a quien fue su víctima, un menor de 15 años.
La condena en firme fue por los delitos de hurto, amenazas, abuso sexual con acceso carnal aprovechándo la inmadurez sexual de la víctima y coacciones reiteradas, todo en concurso real de delitos.
La autoría de esos delitos habían sido reconocidos y firmados conforme por Luciana Vera, asistida por su abogado particular (fue Oscar Cacho Vázquez +qepd) y delante de la jueza, pero, en declaraciones a la prensa negó el abuso diciendo que el sexo fue consentido, y dejó claro que ella no siente culpa por el daño psicológico causado al menor.
Dijo que ella no salió a vociferar que tuvo sexo con el pibe, que además fue él quien le envió la solicitud de amistad en el Facebook y quien le pidió el número de celular para comunicarse por WhatsApp, ya que se habían hecho amigos jugando al voley. Ni menciona el vínculo de la víctima con su hijo.
"Él fue a mi casa, yo no lo obligue a nada, tuvimos relaciones sexuales una sola vez, jamás le dije que estaba embarazada, si le dije que presentaba un atraso, de todas maneras yo no tengo ningún tipo de resentimiento con él por todo lo que pasó, no tuvo ninguna culpa, fuimos una especie de amigos, tuvimos relaciones sexuales solo una vez, pero lamentablemente todo se infló y terminamos en éste escándalo que nos afecta a todos".
Los hechos condenados
Los hechos condenados ocurrieron entre los años 2016 y 2018 en Villa Guillermina (Región Reconquista), donde Luciana Vera trabajaba para una mutual que otorgaba préstamos.
En la audiencia imputativa realizada en Marzo de 2019, el Fiscal le imputó a Luciana Vera, los delitos de Hurto en Concurso Real con Amenazas , Abuso Sexual con Acceso Carnal Aprovechando la Inmadurez Sexual de la Víctima y Coacciones reiteradas, en calidad de autora, todo conforme a lo previsto en los artículos 162,149 bis primer párrafo primera parte,120,149 bis segundo párrafo, 55 y 45 del Código Penal.
Los delitos de hurto y amenazas fueron perpetrados en perjuicio de dos personas mayores de edad quienes hicieron las denuncias pertinentes, mientras que el abuso sexual con acceso carnal aprovechando la inmadurez sexual de la víctima y coacciones reiteradas, fue en perjuicio de un menor de 15 años de edad.
"El hecho no hubiese ocurrido, no hubiese existido si la víctima no tenía medios. La victimaria sabía exactamente quién iba a ser su víctima y por eso lo manipuló. Si el chico no hubiera tenido acceso a dinero, ella no hubiera hecho eso" , sostuvo el fiscal del caso entrevistado por ReconquistaHOY. Es que el menor víctima es hijo de comerciantes y con acceso a dinero, de lo que se aprovechó Luciana Vera.
Los padres del menor descubrieron la situación a partir de un mensaje que mandó el menor usando el teléfono de la mamá.
Luciana accedió a su víctima porque es amigo de su hijo y compañero de voley, sostuvo el fiscal. Todo comenzó cuando Luciana le pidió al pibe dinero que le devolvería "en especie", es decir con sexo, lo que se consumó. Y esa situación aprovechó para simular un embarazo y plantearle la necesidad de abortar, para lo cual le exigía al pibe que consiga el dinero. Así lo puso en apuros y en ese trance le sacó a sus padres $45.000.- que ni se dieron cuenta, ellos son comerciantes.
La presión exigiéndole dinero y hablándole de paternidad y aborto al menor lo llevaron a sufrir depresión. Ya no quería ir ni a la escuela ni a vóley.
El uso del Facebook para captar a un menor.
Si bien Luciana conocía a quien eligió como su víctima porque es amigo de su hijo, el acecho lo inició desde la red social Facebook enviandole una invitación para ser "amigos", lo que el pibe aceptó ya que la conocía, señaló el fiscal.
Al entrar en confianza le pidió prestado $1.000.- asegurándole que se los iba a devolver. En inmediaciones del negocio de los padres del menor se encontraron donde él cumplió su pedido.
Pasó una semana y media y como Luciana no devolvía el dinero, el pibe le escribió el recordatorio; y allí fue cuando ella le propuso devolverle de otra manera, teniendo relaciones sexuales, y le mandó fotografías de sus pechos y vagina.
Luego le pidió que le lleve $10.000.- que el pibe le llevó a la casa, donde Luciana lo hizo pasar a la habitación, le indicó que deje el dinero sobre la mesita de luz, que se acueste y se saque el pantalón mientras ella se desnudó quedando solo en corpiño y lo sometió sexualmente sobre la cama rompiendo la virginidad de su víctima, quien no tenía experiencia sexual.
Lo sometió sexualmente sobre la cama rompiendo la virginidad de su víctima, quien no tenía experiencia sexual.
El plan estaba en marcha. Ella le dijo que se cuidaba con pastillas para no quedar embarazada, y luego le inventó el embarazo que se lo comunicó por WhatsApp para seguir presionándolo por más dinero para abortar. "$6.000.- para las pastillas y $4.000.- para la doctora que le haría la prescripción de las pastillas abortivas, y que necesitaba todo el dinero junto", le inventó la embaucadora. Fue creciendo la preocupación como una catarata en el pibe: dinero-embarazo-paternidad-aborto, hasta llevarlo a la depresión a la que los padres encontraron explicación cuando encontraron el mensaje que fue la punta del ovillo.
Luciana Soledad Vera es oriunda de Villa Guillermina y tras ser condenada se vino a vivir a la Ciudad de Reconquista. Mientras le duró la condena condicional, tuvo prohibido regresar a Villa Guillermina, donde vive el menor víctima.
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