Luciano Andrés Filippa, 24, fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión por haber provocado la muerte de cuatro adolescentes en el marco de un siniestro vial que sucedió en Suardi (departamento San Cristóbal, en este Norte Santafesino). Además, se le impuso una inhabilitación para conducir vehículos con motor por 10 años.
La sentencia fue resuelta por el juez Nicolás Stegmayer, en un juicio oral y público que finalizó el 24 de septiembre de 2024 en los tribunales de San Cristóbal.
La fiscal Hemilce Fissore expresó que "si bien aún no conocemos los fundamentos del fallo, valoramos positivamente que se haya condenado al autor de los ilícitos", y destacó que "el monto de la pena dispuesta es similar al que habíamos solicitado en nuestros alegatos" (pedía seis años de prisión).
El hecho
La fiscal recordó que, aproximadamente a las 05:30 de la madrugada del domingo 27 de diciembre de 2020, el condenado llevó a cabo su conducta delictiva mientras conducía hacia el Sur, por la Ruta Provincial 23, a seis kilómetros de Suardi, un automóvil Chevrolet Astra 2.0, patente HLW 169, ocasión en la que mató a cuatro adolescentes que lo acompañaban.
Relató que "de forma imprudente y violando los deberes de cuidado a su cargo, Filippa perdió el control del auto al atravesar un bache existente en la cinta asfáltica, se cruzó de carril, pasó por un pastizal e ingresó a un campo ubicado al este de la ruta, donde el vehículo dio varios vuelcos hasta que impactó contra un árbol. Como consecuencia del siniestro vial, perdieron la vida las cuatro adolescentes, quienes fueron despedidas del automóvil mientras se producían los vuelcos", detalló.
ALCOHOLIZADO A MÁS DE 140 KM/HORA CON 4 ACOMPAÑANTES
La representante del MPA afirmó que "el condenado actuó con un nivel de alcoholemia de 1,075 gramos por litro de sangre", y precisó que "de manera antirreglamentaria, viajaba a más de 30 kilómetros por hora por encima del límite máximo de velocidad permitido, que es de 110".
Homicidio múltiple culposo
Filippa fue condenado por homicidio múltiple culposo, ocasionado por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravado por el nivel de alcoholemia, por el exceso de velocidad y por la pluralidad de víctimas fatales.
LAS VÍCTIMAS DE FILIPPA
Loana Valdéz tenía 15 años; Julieta Rosario Gorosito y Clarisa Vanina Herrera tenían 16; y Camila Bazán, 17. Además del conductor, de esa tragedia sobrevivió uno de sus cinco acompañantes: Martín Solís, de 21.
Las víctimas eran de Morteros, provincia de Córdoba, a excepción de Loana Valdez, que era de la Ciudad de Córdoba capital; y había viajado a Morteros con su familia para celebrar la Navidad.
Entre Suardi, Provincia de Santa Fe (donde fue el siniestro) y Morteros, Provincia de Córdoba, hay solo 21 Km de distancia, unos 20 minutos de viaje a velocidad legal.
OTRO CONDUCTOR RECIENTEMENTE CONDENADO A PRISIÓN EFECTIVA
A las seis de la tarde del sábado 26 de noviembre de 2022, Juan Pablo Arroyo mató a Francisco Benjamín Ramírez, quien tenía 65 años y vivía en el Barrio Nuevo de la Ciudad de Reconquista.
Francisco circulaba en bicicleta, rumbo al Este, por el Km 2,3 de la Ruta Provincial 40, en el acceso Oeste a Reconquista, cuando fue atropellado por el motociclista Arroyo, quien conducía una moto Zanella ZB de 150 cc, altamente alcoholizado (acusó 2,84 g/l de alcohol en sangre); y a 70 km por hora, donde el máximo permitido es 60 km/h.
Ramírez murió por politraumatismos graves. Llegó con vida al hospital, pero inmediatamente entró en un paro cardiorespiratorio del que no lo pudieron sacar. Sufrió traumatismo de cráneo, tórax, abdomen, y una visible fractura expuesta en un tobillo.
Por este homicidio culposo, Juan Pablo Arroyo, DNI 33.128.436, alias "El tucumano", domiciliado en el Loteo Nardelli de la Ciudad de Reconquista, quien dijo ser changarín, fue condenado al cabo de un juicio oral y público, como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por conducir bajo los efectos del alcohol, según artículos 45 y 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal Argentino.
El fiscal Juan Marichal y la querella, habían solicitado la pena de cinco años de prisión efectiva, pero el juez penal Mauricio Martelossi dispuso en su sentencia del 16 de abril de 2024, tres años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación especial para conducir por el término de cinco años, más reglas de conducta: prohibición de acercamiento y/o contacto por cualquier medio con familiares de las víctimas, abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, prohibición de tener armas de fuego y de portar cualquier tipo de armas; y deberá someterse al cuidado y control del Patronato de liberados y/o organismo estatal similar.
Tras finalizar el juicio oral y público y la lectura del veredicto, el fiscal recordó que se constató que Arroyo mató conduciendo con más de 1 g/l, lo que agrava la pena posible de 3 a 6 años de prisión, dentro de lo que le pareció justo "cinco años de prisión efectiva. También el abogado querellante, en representación de la familia víctima, pedía la misma condena.
El juez Martelossi vio probado el delito con la agravante de la alcoholemia, pero decidió que la pena sea de solo tres años de prisión y condicional, lo que fue apelado, reclamando que Arroyo vaya a la cárcel por ese homicidio.
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REVOCATORIA
A menos de cinco meses de la sentencia de primera instancia firmada por el Dr. Martelossi, ahora es noticia que la Cámara Penal de Apelaciones, con la firma del juez José Mántaras, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el fiscal, y condenó al Sr. Juan Pablo Arroyo, a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, e inhabilitación especial para conducir todo tipo y/o especie de vehículo automotor por el término de cinco años, por resultar autor penalmente responsable de la comisión del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por conducir motocicleta con exceso de alcoholemia (culpa temeraria), según artículos 84 bis, primero y segundo párrafo; 40, 41 y 45 del Código Penal; y artículos 39, 48 y 51 siguientes y concordantes de la Ley 24.449 y sus modificatorias.
Además, ordenó librar oficio a la Agencia Provincial de Seguridad Vial y a la Municipalidad de la Ciudad de Reconquista, "a los fines de que adopten los recaudos que legalmente corresponden para el registro de la pena de inhabilitación y demás procedimientos administrativos que fueren de sus incumbencias".
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ACUSADORES
Durante el desarrollo del juicio, los acusadores le habían pedido al juez Martelossi que al establecer la pena tenga en cuenta que Arroyo mató a una persona conduciendo imprudentemente y de manera negligente, bajo efectos del excesivo consumo de bebidas alcohólicas.
Se apoyaron en el testimonio del médico forense Horacio Goldaráz, quien refirió que por la graduación alcohólica, Arroyo conducía la moto en un estado de fase hipnótica o de confusión, irritabilidad, somnolencia y nauseas.
Habían pedido al juez que tenga en cuenta que fue dentro del radio urbano de la Ciudad de Reconquista, plena tarde de un día laboral, con mucho tránsito.
APELACIÓN
Ya en la audiencia de apelación, ante la Cámara, el fiscal Marichal reprochó que quien mató conduciendo en esas condiciones no vaya a la cárcel, y cuestionó que el juez del juicio, Martelossi, no aplicó correctamente "el sistema de la semisuma del mínimo y el máximo". Para el fiscal lo justo eran cinco años de prisión efectiva.
Sostuvo el representante del MPA que la mecánica de los hechos no puede considerarse una atenuante, ya que el autor ha vulnerado dos deberes de cuidado que impone la norma, es decir, conducía con 2,84 gramos de alcohol en sangre y a exceso de velocidad. También pidió que se tenga en cuenta que, luego del choque, Arroyo intentó darse a la fuga, circunstancia impedida por los vecinos del lugar.
Añadió que Arroyo siguió conduciendo y violando conductas que le estaban impedidas, resaltando que jamás intentó reparar los daños o disculparse. Y por último, recurrió a varias citas jurisprudenciales en abono de su postura.
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DEFENSA
Durante el desarrollo del juicio, la defensora había pedido al juez que tenga en cuenta "la trayectoria de vida del causante (Arroyo), quien ni siquiera "pudo terminar" la escuela primaria; y junto a su pareja (Srta Báez) tienen que mantener dos hijos menores de edad; y que es un "buen padre". También destacó el conceptuoso testimonio del patrón; y que durante el proceso, Arroyo cumplió con la regla de no conducir vehículos. Sostuvo que el propio Arroyo se siente "mal" por la muerte del señor Ramírez.
En la apelación, la defensora pública María Noel Severo pidió que se tenga en cuenta que Arroyo dio muestras de arrepentimiento, pero que no pudo pedir perdón a los familiares de la víctima por mediar una prohibición de acercamiento.
Con relación a los alcances del art. 26 del Código Penal, expresó que la Corte Nacional tiene dicho que no es conducente la pena efectiva de prisión para casos menores, entendiendo que ello supera el concepto retribucionista de la pena. Pidió que se confirme el fallo de primera instancia.
En esa misma audiencia de la apelación, Arroyo pidió "perdón" a los familiares de la víctima.
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LA LETRA DEL JUEZ QUE MANDA AL CAUSANTE A LA CÁRCEL:
Para el juez de la apelación, José Mántaras, está "probado y sin discusión" que Juan Pablo Arroyo, conduciendo su motocicleta Zanella de 150 cm, embistió violentamente por detrás a Ramirez quien se trasladaba, por la misma mano y mismo sentido de circulación, en su bicicleta.
Mencionó el relato de una testigo presencial del hecho, quien declaró que en ese momento estaban en la vereda tomando mates luego del partido de la selección argentina y que en ese momento saludaron a un ciclista conocido que pasaba por el lugar, para luego advertir una motocicleta que circulaba en zig zag en la misma dirección, y escucharon el ruido de un golpe. Era el choque. Y que el motociclista pretendía fugarse, y que estaba borracho y lo retuvieron.
Citó también que el personal policial actuante realizó el test de alcoholemia a Arroyo, cuyo resultado arrojó 2,84 gramos de alcohol en sangre, "un poco menos a 3 gramos que se necesita para el coma alcohólico", remarcó.
Que al acercarse a Arroyo para obtener su identidad, el Oficial Correa no pudo lograr el cometido por el evidente estado de ebriedad, el que además pudo percibir un fuerte aliento etílico. Esto fue corroborado por el Oficial Magneago, de la Policía de Seguridad Vial, dando cuenta que Arroyo "no estaba en pleno uso de sus facultades, era una persona que estaba ajena a la situación, aparentemente no comprendía la gravedad de la situación, no se movía naturalmente y que ni siquiera pudo firmar el ticket de la prueba de alcoholemia".
Venía una moto haciendo zig zag y de pronto sentimos un golpe fuerte ... el tipo venía por la misma mano de la bicisenda...estaba el señor caído en el suelo ...todo ensangrentado...estaba quebrado ...el de la moto quería salir disparando y lo detuvimos. Estaba muy borracho, no se podía sostener parado.
Testimonio de una testigo del choque.
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El descontrol conductivo de la motocicleta llegó al extremo de salirse de la cinta asfaltica de la RP40 para invadir e impactar por detrás a la bicicleta que circulaba por la bicisenda. Para el juez Mántaras, esto "no hace más que evidenciar la gravísima responsabilidad de Arroyo".
El peritaje demostró que el motociclista nunca frenó.
"Estamos en presencia de un acto ilícito cometido mediante un accionar irresponsable y temerario, cuyo resultado fatal es la muerte de una persona. El imputado, consciente de su exorbitante estado de ebriedad, asumió el riesgo de conducir su motocicleta por una ruta", sentenció.
"Es evidente, al extremo de resultar irrefutable, que Arroyo careció por completo de capacidad conductiva, pero tratándose de un birrodado, sorprende que todavía contaba con una mínima aptitud para mantenerse al filo de la caída, circunstancia que se manifiesta con su conducción descontrolada, ergo, sinuosa y/o zigzagueante con el agravante de exceder la máxima velocidad autorizada en la zona.- Huelga decir, que no existen atenuantes para menguar su responsabilidad, remarcó el magistrado.
Además, se apoyó en el informe del médico forense, quien declaró que "el alcohol en sangre tiene efectos desinhibitorios y sedativos y que a partir de 0,5 a 1 ó 1,5, tiene efectos desinhibitorios progresivos que llevan a la perdida de equilibrio, pero a partir del 1,5, hay un treinta por ciento más de riesgo de tener accidentes de cualquier tipo. A partir de 1,5, llegando a 2 ó por encima de 2, los efectos ya son sedativos..la persona va a tender a dormirse, a tener lentitud, letargia , mucha dificultad en el habla, en la atención, en los reflejos ...basicamente en todas las conductas".
Añadió el forense que si bien los efectos dependen de cada persona, se tiene comprobado que a partir del grado 1,5 se tiende a inhibirse , "...cuanto más alto sea el nivel de alcohol, los reflejos estarán más alterados ..la persona que está en estado de ebriedad no percibe su falta de coordinación ..."
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Nunca supo ningún juez del caso si Arroyo tenía habilitación para conducir.
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Los peritos informaron que al momento del choque, "las condiciones de visibilidad eran buenas, todavía era de día, estaba despejado".
INCORREGIBLE
El camarista también mencionó en su veredicto, tener información de testigos de que luego de haber matado, Arroyo seguía tomando, concurriendo a eventos políticos y conduciendo una motocicleta.
FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CICLISTA
Para el juez Mántaras, igual que para Martelossi, "la falta de casco o de espejos retrovisores en la bicicleta de Ramirez, de ninguna manera han aumentado o contribuído a que genere el riesgo propio de la actividad que realizaba".
El occiso presentaba múltiples lesiones; traumatismo encéfalo craneal grave, traumatismo toraxico abdominal cerrado, escoriaciones múltiples y fractura expuesta de tobillo derecho.
Arroyo conducía su motocicleta de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria, en una zona de mucha circulación vehicular y con el grave e inexcusable aditamento de hacerlo con un tremendo grado de alcohol en sangre, prácticamente y como ilustraron los especialistas, al borde del coma alcohólico, todo ello sin dejar de considerar que conducía a exceso de velocidad. Encima nunca ofreció ni aportó su licencia de conducir.
El delito cometido por Arroyo, tiene prevista una sanción de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación especial de cinco a diez años para conducir y de acuerdo a las gravísimas circunstancias del caso, para el Dr. Mántaras, lo justo son tres años de prisión efectiva y la inhabilitación para conducir durante cinco años.
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LA SOCIEDAD RECLAMA
El camarista menciona en su setencia que "la sociedad en su conjunto transmitió sus reclamos de justicia... logrando aumentos de penas, con clara intención del legislador de sancionar la reforma para permitir el cumplimiento efectivo de las condenas cuando mediaren las circunstacias que enuncia la norma". Y recordó la condena de prisión para Miguel Alberto Luna, quien mató a Mónica Raffin cuando aún no regían los actuales agravantes. Ese hecho ocurrió el 25 de diciembre de 2013.
Su conducta temeraria y desaprensiva, provocó la muerte de una persona, demostrando un índice de absoluta irreverencia a las normas y sin lugar a dudas de peligrosidad social.
Su intentona elusiva inmediatamente posterior al siniestro, es otra clara muestra de su indiferencia, al extremo de ni siquiera intentar dar las explicaciones a los familiares de Ramirez, a pesar de que su hijo es prácticamente vecino, como tampoco comparecer ante la citación de la Justicia Municipal de Faltas.
La condena condicional no resulta razonable.
Dr. José Mántaras - juez de la Cámara Penal de la IV Circunscripción Judicial
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