El 23 de septiembre de 2024, el Gobierno de Santa Fe envió una nota al Directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) informándole que -mediante un "análisis exhaustivo"- han detectado "una clara deficiencia en la administración de los recursos", y solicitaron medidas al respecto.
A partir del informe realizado en la última audiencia pública, surgió que, en 2023, "se alcanzaron y/o superaron" dos índices claves del 2020: el SAIFI, de índice de frecuencia de interrupción media por usuario, que mide la cantidad de veces que un usuario promedio sufrió una interrupción de servicio en un periodo determinado; y el SAIDI, índice de duración de interrupción media por usuario, que indica el tiempo total en que un usuario promedio no tuvo servicio en un periodo determinado.
Paralelamente, la EPE proyectó $85.569.903.000 en gastos de personal, resultando este uno de sus principales costos.
En ese sentido, el Gobierno observó que "en el sistema de ingresos actual no surgen indicios que demuestren que se busca la idoneidad de los nuevos integrantes de la empresa", ya que "los mecanismos de ingresos se contraponen a la Constitución Nacional y Provincial, impidiendo que personas ajenas a las asociaciones sindicales puedan acceder a cargos dentro de la empresa", sino que "el ingreso a la Empresa de Energía está priorizado por familiares y bolsa de trabajo sindical, limitando la apertura al resto de la comunidad santafesina".
Se indicó que "surge una clara demostración de una sociedad de estado arcaica donde existe "prerrogativas de sangre" a favor de familiares directos y una "prioridad de ingreso" como si fueran títulos nobiliarios de la edad media, donde la sola condición de hijo/viuda del fallecido otorga derecho o "prioridad" de ingreso a una empresa del Estado que presta un servicio público esencial para toda la sociedad santafesina".
"Y según registra la práctica, producida una vacante, la empresa define un perfil basado en nivel educativo, jurisdicción y tipo de tarea y se envía solicitud al gremio; la Entidad Sindical eleva el postulante (uno) y comienza el proceso de ingreso. Ante esto podemos afirmar que el ingreso está gerenciado por la Entidad Sindical", expresó el Gobierno.
Por todo esto, instó a la empresa que "utilice de forma más eficiente los recursos disponibles" y que, en el término de 15 días, elabore un "Plan integral de Recursos Humanos" que "aborde principal y fundamentalmente estas tres dimensiones: los ingresos, la capacitación, así como la adquisición de elementos necesarios para la seguridad y bienestar de los empleados (ropas, herramientas, etc.)".
En ese plazo, concretamente deberá dictar un "nuevo mecanismo de ingreso, adecuando la normativa a los preceptos establecidos en nuestra Constitución Nacional y Provincial, donde se realice un examen que refleje los conocimientos técnicos del personal que se incorpore a su planta permanente, así como la confección de perfiles de reclutamiento que se dirijan en este sentido, sin vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, pero garantizando sistemas de postulación abiertos, públicos que garanticen la idoneidad técnica de sus ingresos".
Asimismo, tendrá que diseñar un "Programa Integral de Capacitación" que "alinee las competencias del personal con las necesidades actuales y futuras de la empresa; el mismo deberá combinar las nuevas tecnologías y métodos de enseñanza y aprendizaje que permitan contar con empleados competentes y altamente capacitados para su desempeño laboral. Además, se debe asegurar la evaluación permanente de la idoneidad de los agentes".
"En base a la información recabada, los planes de capacitación y desarrollo actuales no satisfacen las necesidades organizacionales que se requieren, por lo que se considera necesario generar planes de formación innovadores que permitan desarrollar una fuerza laboral altamente capacitada, alineada con los requerimientos de la sociedad y con las necesidades de la organización. Esto deberá ser acompañado con una mejora en las herramientas, elementos y equipamientos que utiliza el personal y que resultan necesarios para una mejor calidad del servicio brindado", indicaron desde el Gobierno.
Asimismo, pidieron que el directorio de la EPE presente un informe de "los requerimientos de equipamiento necesarios; identificando de manera clara y organizada los recursos y herramientas imprescindibles para asegurar un funcionamiento eficiente"; e "inicie, ya sea de manera directa o a través de un tercero, un análisis funcional de la estructura organizacional de la empresa".
"Este análisis debe identificar las áreas estratégicas, así como los objetivos a mediano y largo plazo, con el fin de maximizar los recursos disponibles. En caso necesario, se deberá ajustar o actualizar la estructura para que cumpla con las exigencias actuales y futuras", aseveraron desde el Gobierno.
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"ENTENDEMOS QUE ESTO ES NECESARIO"
"Soy de un pueblo chico y todos conocemos que históricamente hay apellidos o familias que son empleados de la Empresa de Energía como si el resto no tuviera derecho a postular para ser examinado y acceder a la empresa si la idoneidad se lo permite. Privilegia a quienes son familiares de agentes de la empresa y es injusto para el resto de la sociedad, además que condena a la empresa quizás en alguna ocasión perderse la posibilidad de tener trabajadores con otra capacidad técnica", analizó el secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, en diálogo con ReconquistaHOY.
"Eso habla de una prerrogativa de sangre que no existe, que fue abolida en nuestro país", y por eso, remarcó que "lo que el Gobierno le está pidiendo al directorio es que envíe un plan alternativo para terminar con este mecanismo de ingreso a la EPE, tiene que haber un plan alternativo y un mecanismo de ingreso como dicta el artículo 16 de la Constitución nacional: que todos somos iguales ante la ley y el único requisito para ingresar a un empleo es la idoneidad, es saber hacer el trabajo para el cual a uno se lo está convocando".
"Trabajar en la Empresa de Energía no es algo que se puede transmitir de generación en generación como si fuera aprender a curar el empacho que se transmite de una abuela a una hija a una nieta el 24 de diciembre a la noche. Tenemos que poner a la empresa en términos de eficiencia, en términos de eficacia, prestar un buen servicio al menor costo posible para los usuarios y para el resto de los contribuyentes, y estas cosas no contribuyen de ningún modo", sostuvo el funcionario.
También hizo referencia al otro mecanismo de ingreso que existe y consiste en una "bolsa de empleo" donde "la empresa notifica o informa las vacantes que debe cubrir a la organización sindical, que es quien propone las personas o la persona que debe cubrir esa vacante". En síntesis, "dos mecanismos que se dan de frente con lo que dice la Constitución".
Entienden que estas medidas son necesarias frente a esta "importante irregularidad en la política de ingresos a la empresa", y "obviamente no es un hecho aislado".
Dijo que han estado evaluando la situación de las empresas públicas de la provincia y "si nos vamos a la empresa de ASSA (Aguas Santafesinas), también tenemos la responsabilidad de mejorar el costo operativo de la empresa para que no sea cubierta en su mayoría por los contribuyentes, que muchos no son usuarios de la empresa", ya solo presta servicio en 15 ciudades de la provincia y sin embargo el 80% del costo operativo de la empresa lo cubre el tesoro provincial porque no se alcanza a cubrir con la tarifa que pagan los usuarios de la empresa". "Ahora, eso tenemos dos vías para corregirlo: o aumentar todavía más del ajuste que está viendo en Argentina, las tarifas, o al tiempo de que todos hacemos un esfuerzo que la empresa también haga el esfuerzo de reordenar", explicó a continuación el funcionario.
De hecho, mencionó que en ASSA han suspendido los "beneficios extraordinarios" como el "plus por productividad", que todos los empleados cobraban independientemente de su productividad, entre 2.800 y 3 millones por año .
Además, "se logró suspender las nuevas contrataciones" y "se redujeron los cargos gerenciales", que "en esos cargos son 1.400 millones de ahorro, con el plus de productividad 4.000 millones de ahorro, 6.000 millones de ahorro controlando los adicionales".
Gracias a esto, anticipó que "la semana que viene la empresa va a anunciar planes de infraestructura" y "lo que vamos a ir ahorrando lo vamos a poner en mejorar las infraestructuras para brindarle la sociedad mejores servicios públicos, lo mismo pasa con la EPE".
En el caso de la EPE, precisó que del 2020 al 2023 aumentó más de un 8% la cantidad de cortes de energía y aumentó más de un 23% la duración de esos cortes, y "obviamente eso nos lleva a todos a ver que está pasando dentro de la empresa y cuáles son las razones que explican la desinversión en materia de la calidad del servicio".
En esa misma línea, ratificó la necesidad de un plan de capacitación y de formación, como así también mejorar la medición. Por eso dijo que están implementando la telemedición, "para tener un mejor control del consumo y reducir esa cantidad de energía que se pierde por hurto, que es cerca de 4.200 millones de pesos por mes".
Anticipó que van a "recuperar algo que para el Norte es muy importante que es el FER, el Fondo de Electrificación Rural para hacer cada vez más obras que permitan tener a donde no hay energía y, donde hay energía precaria, energía segura para la población, en especial del Norte que es la que más se ha visto beneficiada por el FER, pero también para la productividad del Norte provincial".
"Esas cosas se pueden hacer siempre y cuando las empresas funcionen bien... Estamos estudiando mucho lo que pasa en Vialidad porque tampoco vamos a permitir abusos en Vialidad Provincial, y en ninguna otra repartición de la provincia. Seguramente cuando tengamos terminado una evaluación de lo que está pasando vamos a tomar las medidas que corresponde", aseguró ante la consulta de ReconquistaHOY.
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