La jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 10a Nominación de Santa Fe, María Romina Kilgelmann, emitió una nueva resolución el miércoles 2 de octubre de 2024 respecto a la demanda de inconstitucionalidad de la votación de la reforma jubilatoria sancionada por la Legislatura santafesina el jueves 12 de septiembre pasado, la cual fue presentada por el bloque de diputados "Somos Vida", que lideran Amalia Granata y el reconquistense Emiliano Peralta.
En primer lugar, la magistrada rechazó la medida cautelar solicitada, con la que se pretendía que se suspenda la aplicación de la Ley 14.283 de Emergencia Previsional que, a su parecer, "goza de presunción de legitimidad" y, "aun cuando mediare la posibilidad de un perjuicio irreparable -lo que no ocurre en autos-, se impone una estricta apreciación de las circunstancias del caso con relación al peligro en la demora".
Entendió que no se logró acreditar el requisito de "peligro en la demora" que se "invocó como fundamento de pretensión cautelar". Además, en segundo lugar, impuso las costas a la actora.
"Era una de las posibilidades. Lo he visto en la práctica profesional y muchas veces uno piensa una cosa y hay otra parte de la biblioteca jurídica que piensa otra, entonces lo tomo con cierta naturalidad, pese a que yo tenía la expectativa de que se haga lugar a la medida... Son criterios judiciales y uno los respeta pero también tenemos el derecho a la segunda instancia así que a ver qué opina el cuerpo colegiado en la sala de cámara que toque", analizó el legislador Peralta en diálogo con ReconquistaHOY, confirmando que han apelado a la denegatoria de la medida cautelar, de forma que pasará a la Cámara correspondiente, mientras que el proceso judicial continuará en trámite.
Explicó que para el bloque sí estaba acreditado el peligro en la demora, y por dos razones: primero, porque la aplicación de la reforma ya está afectando derechos de trabajadores activos y jubilados; y segundo, porque la Cámara de Diputados necesita una certeza sobre la interpretación del reglamento para evitar que estas situaciones vuelvan a suceder.
"Si mañana tenemos un debate de este tipo nuevamente con el tema Ley de Reforma de la Constitución, vamos a seguir teniendo la duda de cómo son el tema de las mayorías simple o de dos tercios", ejemplificó.
La jueza había citado a la Provincia de Santa Fe para que responda a la demanda en un plazo de 10 días hábiles, con una prórroga adicional de un día de gracia, aunque el legislador recordó tener en cuenta la Ley 7234 que otorga al Estado una duplicidad de términos: "El hijo del vecino tiene 10 días para contestar, el Estado tiene 20, eso hace que el juicio sea siempre un poco más largo cuando está litigando contra el Estado".
De todos modos, no cree que sea un juicio excesivamente largo porque "esta es una cuestión de pleno derecho, o sea, de interpretación de la ley, no hay que hacer mucha prueba o no hay hechos controvertidos"; y "quizás podamos tener sentencia sobre el fondo de la cuestión para fin de año, o bien para los primeros meses del año que viene".
A continuación, podés leer la resolución completa:
