La Cámara de Diputados de la Nación debatió en sesión especial la Ley Nº 27.757 de Financiamiento Universitario que establece una recomposición de salarios desde diciembre 2023 hasta diciembre de 2024, de forma mensual de acuerdo a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La votación obtuvo votos 160 positivos, 85 negativos y 5 abstenciones, no alcanzando los dos tercios de los votos de los presentes para rechazar el veto a la Ley.
Cabe recordar que el proyecto, aprobado en Diputados, había sido sancionado definitivamente por el Senado de la Nación. Luego, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 879/2024, por el cual se observó totalmente y se devolvió el proyecto al Congreso Nacional.
Al comienzo, la diputada Vanina Biasi (FIT) manifestó su rechazo al veto presidencial: "Nuestra lucha se tiene que profundizar porque no tenemos asegurado el presupuesto para las universidades"; mientras que su par Osvaldo Llancafilo (Mov. Popular Neuquino) pidió "tener una mirada federal en relación a las universidades" y "actualizar el presupuesto".
Por su parte, la diputada Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) argumentó: "Sabemos que el ajuste es necesario, pero no con la educación que es el futuro de un país".
Desde el MID, el diputado Eduardo Falcone expresó su postura a favor del veto, al considerar: "Creemos que es una buena oportunidad para discutir el rol de la Universidad y de ampliar la oferta universitaria para sectores que son necesarios para el desarrollo nacional".
En tanto, el diputado Maximiliano Ferraro (CC) manifestó su apoyo a "la Ley de Financiamiento Universitario"; mientras que su par Pamela Calletti (Innovación Federal), puntualizó: "No estamos debatiendo solo gastos sino también la situación de emergencia en la que se encuentran las universidades".
A su turno, el diputado Miguel Ángel Pichetto (EF) planteó que "van a ratificar la decisión de acompañar la insistencia y de estar al lado de las universidades públicas como la defensa de un valor", al tiempo que, desde la UCR, el diputado Rodrigo de Loredo cuestionó la falta de "propuestas del Gobierno" destinadas a "mejorar las universidades".
Desde el Pro, Silvia Lospennato subrayó: "Nosotros queremos universidad pública y gratuita, pero no vamos a insistir con una Ley que no votamos". "Necesitamos un Estado ordenado que no gaste mas de lo que recauda", concluyó.
A modo de cierre, el jefe de bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, reconoció el "reclamo legítimo de las universidades", pero informó que "el impacto fiscal de esta ley es de 1.200 millones de dólares".
Luego, el diputado Germán Martínez (UxP) se manifestó en defensa de "la educación pública y de las universidades", y en ese sentido, Cecilia Moreau (UXP) ratificó el voto de su bloque "a favor de la ratificación de la Ley".
Por su parte, desde el bloque de La Libertad Avanza, José Luis Espert remarcó que "la educación universitaria pública no está en peligro, aunque cuenta con problemas". Y cuestionó: "Heredamos un sistema educativo básico destruido, el 46% de los estudiantes universitarios tardan diez años en terminar carreras, solo cuatro de diez estudiantes son regulares, solo el 12,4% de los jóvenes más pobres van a la universidad y menos de la mitad la termina".
En el mismo sentido, la diputada Mercedes Llano dijo que este debate es "reduccionista" y que "debe darse en paritarias".
CÓMO VOTARON LOS LEGISLADORES DE SANTA FE
Se expresaron en contra del veto Germán Martínez, Florencia Carignano, Eduardo Toniolli, Magalí Mastaler, Diego Giuliano y Roberto Mirabella, por Unión por la Patria; Mario Barletta y Melina Giorgi, por la UCR; y Mónica Fein y Esteban Paulón por el Partido Socialista.
Por otra parte, acompañaron al Gobierno: Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, Alejandro Bongiovanni, José Núñez, Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini, del PRO; y Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza.
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EL COMUNICADO QUE EMITIÓ EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL TRAS LA VOTACIÓN:
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) repudia la postura de diputadas y diputados nacionales que le dieron la espalda a nuestras universidades públicas al apoyar su desfinanciamiento. Este reclamo es genuino y así lo manifestó la sociedad en su conjunto en las marchas federales del 23 de abril y del 2 de octubre.
Por supuesto, agradecemos el profundo compromiso de esos 160 diputados y diputadas que comprendieron el enorme desafío y la responsabilidad de defender la educación pública universitaria de nuestro país. Esas mujeres y hombres votaron con el convencimiento de resguardar el futuro de Argentina. No alcanzó pero no bajaremos los brazos, porque hay estudiantes que se lo merecen, y las y los trabajadores también.
Hoy el sistema universitario público tiene el 70 % de los salarios docentes y nodocentes por debajo de la línea de la pobreza; las partidas asignadas ni siquiera son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura y están paralizadas las obras; se encuentra en peligro la continuidad de las becas universitarias, único instrumento para construir igualdad de oportunidades; y no se invierte en investigación, ciencia y tecnología, fundamentales para el desarrollo de un país soberano. Nada de eso les importó. Privilegiaron su metro cuadrado, sus argumentos pequeños, su mirada corta y su visión egoísta.
La universidad es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como nación. Es el presente y el futuro del país y un orgullo de las y los argentinas y argentinos. No vamos a permitir que se destruya.
