En este artículo, el autor trata sobre la necesidad de que el Poder Judicial sea no solo eficaz, sino también eficiente y efectivo. Eficacia es alcanzar los resultados esperados, eficiencia es lograrlos optimizando recursos, y efectividad es transformar estrategias en resultados concretos.
Sostiene que el Poder Judicial debe utilizar sus recursos humanos y materiales de manera eficiente para brindar un servicio de justicia efectivo y comprensible para la sociedad, adoptando un lenguaje claro y manteniendo un contacto adecuado con la prensa y otros poderes del Estado.
Opina que la independencia judicial es vital, pero no debe impedir la interacción y cooperación con otros poderes y la sociedad para mejorar continuamente el sistema judicial.
En resumen, opina que el juez debe ser transparente, activista y adaptado a la realidad social.
A continuación, el texto del autor, Dr. Aldo Mario Alurralde, juez federal de Reconquista, doctor en Ciencias Jurídicas, docente e investigador.
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Hacia un poder judicial eficaz, eficiente y efectivo, de cara a la Sociedad
Tomar la iniciativa, no significa ser insistente, molesto o agresivo. Sino que significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.
Stephen R. Covey.
Sabido es que los poderes del Estado se encuentran constantemente interpelados por su destinataria que es la Sociedad y en lo que atañe al Poder Judicial le compete no solo la administración de justicia sino también que la misma se desarrolle, entre otras, en forma rápida y eficiente, lo cual implica lograr los mejores resultados con la menor cantidad posible de tiempo y dinero o, desde otro punto de vista, con los mismos recursos, lograr resultados superiores.
Debemos diferenciar la eficacia, la eficiencia y la efectividad, conceptos estos que muchas veces se confunden. La primera tiene que ver con el alcance de los resultados u objetivos esperados, en cambio, la eficiencia implica alcanzar dichos resultados, pero sabiendo aplicar estrategias y optimizar o maximizar los recursos disponibles.
A su vez, la administración de justicia debe ser efectiva; es decir, transformar la estrategia planteada en algo concreto, es en síntesis la suma de la eficacia y la eficiencia.
Brindaremos un ejemplo sencillo aunque advertimos es autorreferencial: recuerdo que mi madre, viuda a cargo de un Quiosco, cumplía cada mes su objetivo que era el de mantener el stock de mercaderías para vender y obtener un rendimiento que le permitiera solventar los gastos de la casa (que incluía asegurar, el estudio de cuatro hijos menores a cargo); es decir, fue eficaz. A su vez, al estar ubicado el Quiosco al lado de un Sanatorio, comenzó a extender el horario de cierre e incorporar la venta de productos que podrían ser demandados por los asistentes a dicho nosocomio (mamaderas, talco y perfumes para recién nacidos, chupetes, fajas para operados, viandas para los acompañantes, vendas elásticas, etc.) lo cual incremento notoriamente sus ventas; es decir, cumplió con lo planificado, y además aumentó sus ventas utilizando de mejor manera su único recurso disponible; es decir, también fue eficiente. Por último, gracias a esta estrategia, logró solventar el estudio de sus cuatro hijos menores; es decir, fue efectiva.
Entendemos que, salvando las distancias por lo complejo de la temática en trato, algo similar debe ocurrir con la administración de los fondos públicos destinados al Poder Judicial, analizando como hacer más eficiente la estructura edilicia con que cuenta, y los recursos humanos -que sin dudas son altamente capacitados- que se emplean con base en cantidad de causas, carga y horarios de trabajo, reordenando en caso de ser necesario el mapa judicial, para alcanzar los objetivos de resolver los conflictos sociales en forma eficiente al utilizar mejor los recursos y logrando en forma efectiva el servicio de justicia para alcanzar la paz social.
Ningún Poder Judicial que se encierre en fastuosos edificios y sus habitantes, salvo algunas excepciones, que tomen decisiones que solo los especialistas en derecho puedan llegar a entender, es decir, sin un lenguaje claro, desarrollando inclusive un escaso o nulo contacto con la prensa, logrará que el ciudadano pueda comprender y valorar el verdadero alcance del servicio público de justicia que se le brinda. Menos aún si se manejan recursos públicos en forma ineficiente, con reparto discrecional y sin una planificación previa, y sin los debidos controles.
Debemos pensar a la administración de justicia como un sistema, no como un mero régimen, entendido este último, entre otros, como un conjunto de juzgados y fueros que posibilitan establecer y regular el funcionamiento de la justicia. En cambio, el sistema va más allá, ya que configura un conjunto armónico de partes que forman un todo reunido como un plexo hacia una misma unidad de fin; es decir, planificado, con lineamientos claros en una constante y perpetua reforma judicial adaptada a los tiempos.
En este punto cabe preguntarnos como podemos los jueces adoptar una visión progresista, evolutiva, reformadora y adaptada a la realidad de la época y los valores esenciales en vigor, si permanecemos aislados e inclusive indiferentes a lo que la sociedad nos exige en la propia materia que administramos teniendo como destinatarios justa y paradójicamente a dicha sociedad. No podemos ser caros y encima ineficientes.
Es por todo lo expuesto que se requiere un nuevo perfil de juez, que conciba la tarea judicial de cara a la Sociedad y no de espaldas a ella por lo que los magistrados deben dar cuenta de sus actos e informar en lenguaje claro y cuando les sea requerido, el porqué de las medidas que tomaron y de este modo, evitar malas o tendenciosas interpretaciones sobre sus decisiones y, en el cumplimiento de sus funciones, deben ir más allá asumiendo actitudes activas y activistas siempre en procura de un mejoramiento del sistema judicial y conforme con el ordenamiento jurídico vigente.
Queda fuera de discusión la necesaria independencia del poder judicial respecto de sus decisiones, pero ello no implica que no se deben llevar adelante iniciativas de acercamiento institucional con la sociedad, la prensa y los restantes poderes del Estado. Ningún Poder del Estado debe ser un compartimiento estanco. Así, por ejemplo, ¿cómo no interactuar con los representantes del Poder Legislativo, a fin de requerir y aportar experiencias de la función en la creación de leyes que luego a los magistrados nos tocará interpretar y aplicar?. ¿Cómo no hacer saber las necesidades logísticas y aportar datos estadísticos para creación de un mapa del delito por parte del Poder Ejecutivo?.
En conclusión, no puede existir un juez mudo, abstraído de la sociedad y de los tiempos que en el ejercicio de su función le toca transitar.
Opinión del Dr. Aldo Mario Alurralde, Juez Federal de Reconquista, Doctor en Ciencias Jurídicas, docente e investigador de la Universidad Católica de Santa Fe.
