LA SOSPECHA
¿Cómo se materializaba la estafa?
Mediante falsificación y adulteración de certificados médicos, acreditaban ante la caja que empleados públicos padecían enfermedades terminales, para cobrar el subsidio correspondiente, que va de dos a más de cuatro millones de pesos por cada afiliado. El monto depende de la categoría del empleado público (mayormente son policías, docentes y empleados de Salud).
¿Cómo surgió la sospecha?
Por el volumen de trámites. Desde Reconquista iniciaban más que Rosario y Santa Fe. De 145 expedientes en toda la provincia, entre abril de 2023 a la fecha, 45 comenzaron aquí. Al revisarlos, en 32 encontraron irregularidades en los certificados médicos. (Vale recordar que cada subsidio va de 2 a más de $4 millones).
¿Qué encontraron?
Certificados médicos firmados por distintos médicos, pero con los mismos errores; de los mismos médicos, pero con distintas firmas; y textos agregados burdamente con la mención de "enfermedad terminal". Algunos médicos consultados ya negaron que sean sus firmas, por lo que ahora hay que determinar la posible falsificación. Y una coincidencia: en todos esos trámites irregulares aparece como gestor el mismo abogado reconquistense, el Dr. Hugo Ruiz.
Defensa
Consultado por ReconquistaHOY, el abogado dijo que son los beneficiarios quienes le acercan el certificado médico para iniciar el trámite del subsidio.
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LA DENUNCIA YA ESTÁ EN LOS TRIBUNALES
Personalmente, la interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, Lorena Ulieldín, se constituyó el lunes 4 de noviembre de 2024 en los tribunales de Reconquista, donde presentó formalmente la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitando que se investigue la posible comisión de delitos mediante la falsificación y/o adulteración de documentos (certificados médicos) y el uso de documentos falsificados ante la Caja, para obtener réditos económicos.
Oficialmente, el gobierno ya informó que será querellante en esta causa penal "para contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados".
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EL SUBSIDIO
El Subsidio por Enfermedad Terminal está previsto en el artículo 46 bis de la Ley N° 13.758, que prevé que se otorgue hasta un 10% de anticipo del seguro por fallecimiento a aquellos afiliados que acrediten tres meses de afiliación cuando se comprobare que sufren una enfermedad terminal, acreditado con las correspondientes actuaciones médicas. Según la funcionaria, ese subsidio tiene montos que van de dos, a más de cuatro millones de pesos.
La funcionaria explicó que es sencillo el trámite del subsidio, que no es necesario un apoderado, puesto que son trámites "simples y gratuitos".
Reveló que algunos profesionales firmantes ya les negaron haber confeccionado esos certificados; y siendo que por año se tramitan 145 expedientes en toda la provincia por este beneficio, Reconquista es la ciudad que tiene más trámites iniciados, superando a Santa Fe Capital y Rosario.
Para contextualizar, explicó que el subsidio por fallecimiento del empleado público va de 20 a $44 millones; y el adelanto que se puede pedir en caso de enfermedad terminal, es hasta el 10% de ese monto. (de 2 a $4,4 millones).
En ese sentido, Ulieldín confirmó que la situación fue advertida producto de las medidas de control que viene realizando el Gobierno provincial en todas las áreas del Estado, y que han permitido detectar, entre varios casos, el funcionamiento anómalo de comedores infantiles que no eran tales, horas extras que no se pagaban pero no se cumplían en EPE o en ASSA; las licencias irregulares para cuidado de familiares de docentes, que al normalizarse bajaron un 70% en sus solicitudes; licitaciones de Obras Públicas que tuvieron ahorro de hasta 60% comparado con el año pasado, pese a la inflación, y compras de medicamentos y alimentos, con la misma característica.
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LAS DECLARACIONES DEL ABOGADO
Apenas concluyó la entrevista con la denunciante, ReconquistaHOY se comunicó con el abogado, también docente jubilado, Hugo Daniel Ruiz, quien reconoció que se dedica a gestionar esos subsidios.
Contrario a lo que opinó la interventora, el Dr. Hugo Ruiz dijo que hacer este trámite "no es tan fácil"; y si bien cualquiera lo puede hacer personalmente, "la gente lo que dice es que muchas veces se lo rebotan, que tienen muchos requisitos y entonces vienen, nos buscan a nosotros y se presenta el trámite como corresponde, siguiendo siempre las pautas de la Caja", argumentó.
Señaló que son los clientes los que solicitan los certificados a sus médicos correspondientes, éstos se lo entregan a él y, junto a la demás documentación, él se encarga de enviarlo a la Caja, que "lo chequea" y que incluso lo ha contactado antes para solicitarle el número de teléfono de un médico para cerciorarse que corresponde la enfermedad. Luego, quien confirma la enfermedad terminal es la médica asesora de la Caja, que "yo ni la conozco". He hablado con ella telefónicamente en algunas oportunidades por algunos casos que fueron rechazados como corresponde. Si ellos no dan el visto, lo rechazan", aclaró.
"Yo no hablo con ningún médico", deslindó, remarcando que son los clientes quienes le llevan el certificado de enfermedad terminal, "y yo cuento con la buena fe del cliente. No puedo saber. He visto casos de gente realmente mal y que le han rechazado. Hablé con la médica incluso en una oportunidad por una cliente que la habían rechazado, que es gente que realmente necesita y está en una situación muy de enfermedad. Algunos que han tenido ACV y le han rechazado", añadió Ruiz.
"Una explicación de por qué yo hago esos trámites es porque por ahí soy muy conocido en el ámbito docente", explicó. Profundizó que inició la carrera de abogado siendo docente y se recibió alrededor de los 40 años; y luego de jubilarse en la docencia, comenzó a dedicarse de lleno a la abogacía.
Está inscripto en el Colegio de Abogados de Reconquista. Fuimos a la dirección que figura en la web del Colegio, donde nos atendió un hijo y dijo que ya no tiene más allí el estudio jurídico.
Cuando lo llamamos en la tarde del lunes 4 de noviembre, apenas terminó de revelar la denuncia la funcionaria de la Caja, lo localizamos en Bariloche. Dijo que estaba haciendo unos trámites con su hija, quien vive allí.
