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Degoumois padre e hijo, Barale y Ghio

Imputaron a los 4 abogados detenidos y se les concedió la libertad con restricciones y fianza real de $20 millones

El juicio oral para Degoumois por abusos sexuales de una menor, se reanudará este jueves 12 de diciembre.

Ricardo Degoumois hijo y padre, Andrés Ghio y Daniel Baralle.

Los fiscales que representan al Ministerio Público de la Acusación (Valentín Hereñú, Juan Marichal, Georgina Díaz y Alejandra del Rio Ayala) imputaron los siguientes hechos delictivos:

Que previo a comenzar el juicio oral para el abogado Ricardo Degoumois, acusado de abusos sexuales en perjuicio de una menor de 14 años, él, junto a otros tres abogados: su hijo, Ricardo Rubén Degoumois, Daniel Baralle y Andrés Ghio, generaron varios encuentros presenciales con la madre de la menor víctima, valiéndose del poder que les otorga su rol de abogados en esa causa, violando los deberes que tienen, ya que saben que esa persona se encontraba en situación de vulnerabilidad, por ser madre de una niña víctima de abuso sexual, de escasos recursos económicos; y que además es tía de un imputado en otra causa penal por abuso sexual, donde es defendido por Degoumois.

Expusieron que el primer encuentro con la madre de la menor víctima de los abusos que le imputan a Degoumois, fueron en la casa donde vive uno de los integrantes del staff de su estudio jurídico: el Dr. Baralle (Moreno 1334). Quien llevó a esa mujer fue una empleada municipal: Paola Rivarola, quien bajo la orden de Degoumois facilitó ese encuentro, del que participaron Baralle y Degoumois, quienes le exhibieron fotos de su hija desnuda, amenazando con exhibirlas en las redes sociales si no declaraba a favor del hombre acusado de abusar de su propia hija. Además, le exigían que no designe abogado querellante. Le entregaron dinero en efectivo en tres oportunidades: la primera, de $200.000.-, a través de la empleada municipal Paola Rivarola (quien hizo en nexo); y otras dos entregas de $300.000.-, materializadas en la casa del abogado Andrés Ghio (Rivadavia 740) entre octubre y noviembre de este año. Además, le prometieron comprarle una moto, pero la exigencia era que influya sobre su hija para que favorezca al acusado de abusarla.

Además, le informaron al juez que en esos encuentros en la casa del abogado Ghio, en cumplimiento del "pacto venal", estando también Ricardo Degoumois hijo, le hicieron firmar una declaración con contenido falso, para usar en el juicio por abusos sexuales que se le sigue a Degoumois padre. Agregan que mientras le hacían firmar esa declaración forzada, Degoumois hijo la filmaba.

Como parte del "plan criminal", esa declaración falsa, gestada bajo amenaza y dinero, fue utilizada en el juicio por el propio Degoumois, lo que constituye delito, ya que la utilizó con la intención de tergiversar el juicio, pretendiendo engañar a los acusadores y al juez.

Calificaron los hechos como amenazas coactivas en calidad de coautores, en concurso real con falso testimonio.

OTRO HECHO DELICTIVO

Además, al abogado Andrés Ghio le imputaron otro delito: tenencia de arma de guerra y tenencia de arma civil, en concurso real entre sí, lo que eleva el reproche penal posible hasta la pena de 15 años de prisión. Es por las armas de fuego sin declarar y sin autorización que encontraron en su poder, "todas aptas para efectuar disparos", al allanar su domicilio el 6 de diciembre de 2024. La defensa dijo que esas armas fueron heredadas de su padre y que buscarán la documentación.

PEDIDO DE FISCALES

Los fiscales pidieron al juez que los cuatro abogados continúen en prisión preventiva para cautelar la investigación en curso, convencidos de que hay riesgos procesales de entorpecimiento probatorio, ya que es necesario asegurar declaraciones pendientes en el juicio. También refirieron al riesgo de fuga, a lo que se opusieron los defensores.

PEDIDO DE LOS DEFENSORES

Los imputados Degoumois padre e hijo estuvieron asistidos por el defensor público Orlando Toniolo; Daniel Baralle por Luciano Maidana y Sabrina Cainelli; y Andrés Ghio por Fabiola Piamonte, quienes sostuvieron que ya no hay riesgos procesales ni medidas a cautelar; y solicitaron una medida no privativa de la libertad, y ofrecieron una caución real de $5 millones en el caso de Andrés Ghio; y de $15 millones Degoumois padre e hijo, y Baralle.

DECISIÓN DEL JUEZ BASUALDO

Tras escuchar a las partes, el juez Gonzalo Basualdo resolvió disponer la libertad con restricciones de los cuatro imputados, bajo fianza real de $20 millones para cada uno, la que deben materializar en un plazo de 48 horas. Además, la prohibición de contacto y/o acercamiento por cualquier vía de manera absoluta (con la menor víctima, la madre de la misma y testigos), la prohibición de acercarse al Puerto de Reconquista, la prohibición de salir del País, la prohibición absoluta de exceder los límites de la provincia de Santa Fe, la obligación de presentarse dos veces por semana en el Ministerio Público Fiscal para dar su comparendo, la prohibición de tener y/o portar cualquier tipo de arma en la vía pública sin autorización, la prohibición de cometer nuevo delito doloso, y fijar domicilio.

El juez convocó para nueva audiencia a realizarse este miércoles 11 de diciembre, a las 10:30 horas, para tratar el pedido de apertura de los celulares secuestrados a los imputados.

PENAS POSIBLES

De acuerdo a las calificaciones utilizadas, para el MPA, por estos hechos imputados, las penas posibles llegan hasta 8 años de prisión para Degoumois hijo, hasta 11 años para Degoumois padre y Baralle; y hasta 15 años para Ghio, quien tiene el mayor posible reproche penal porque le encontraron armas, incluso de guerra, sin declarar. 

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ASÍ LO INFORMÓ EL MPA

Imputaron a cuatro abogados a los que se investiga por la coautoría de amenazas coactivas en perjuicio de la madre de una víctima en Reconquista

Cuatro abogados fueron imputados en el marco de una investigación penal por amenazas coactivas y falso testimonio cometidos en el marco de un juicio oral que se está desarrollando en Reconquista, y en el que uno de esos profesionales del Derecho está acusado de cometer delitos contra la integridad sexual en perjuicio de la hija menor de edad de la mujer amenazada.

Los imputados son Ricardo Degoumois (padre); Ricardo Degoumois (hijo); Andrés Ghio y Daniel Barale.

Las atribuciones delictivas fueron realizadas ante el juez Gustavo Basualdo por el fiscal Valentín Hereñú y las fiscales Georgina Díaz y Alejandra Del Río Ayala, en una audiencia que comenzó pasado el mediodía de ayer y finalizó luego de las 22:00 en los tribunales reconquistenses.

La investigación se inició a partir del testimonio que brindó la madre de la víctima de abuso sexual en el marco del juicio oral. "En su declaración, la mujer dio detalles de las amenazas que sufrió por parte de los cuatro imputados. Puntualizó que le hicieron decir en el juicio información falsa que ya habían incluido en una declaración previa que la obligaron a firmar bajo presión", señalaron los fiscales.

Amenazas y falso testimonio

Hereñú, Díaz y Del Río Ayala refirieron que "entre septiembre y noviembre de este año, ante el comienzo del juicio oral, los cuatro imputados generaron numerosos encuentros presenciales con la madre de la víctima".

"Los cuatro abogados conocían la situación de vulnerabilidad de la mujer y se aprovecharon de ello. También sabían del vínculo de parentesco y cercanía afectiva de ella con un hombre imputado en otra causa penal, quien es defendido por los letrados investigados", detallaron.

Los representantes del MPA explicaron que "para la primera reunión que concretaron con la madre de la víctima, una clienta de Degoumois –bajo órdenes de los cuatro imputados– se contactó con la mujer, coordinó el encuentro y la llevó hasta el lugar".

"Al llegar, le mostraron a la mujer evidencias que utilizarían en el juicio oral y con la que le dijeron que atacarían la dignidad y el honor de su hija", relataron los fiscales y sostuvieron que "tenían como objetivo que la mujer cambie la abogada que había elegido, y designe un profesional de confianza de los imputados".

"Además, le dijeron que si ella lograba influir sobre su hija para que desista de sus acusaciones, le comprarían una moto y le entregarían dinero", remarcaron los fiscales del MPA.

Por otra parte, los fiscales informaron que "en tres oportunidades, le entregaron dinero a la mujer, la primera de ellas a través de la persona que coordinó los encuentros, y la segunda y tercera a través de uno de los abogados imputados".

Declaración con contenido falso

Hereñú, Díaz y Del Río Ayala indicaron que "en uno de los encuentros, obligaron a la madre de la víctima a firmar una declaración con falso contenido, para luego utilizarla como declaración previa en el juicio", y subrayaron que "todo esto se dio en un contexto intimidatorio mientras la mujer era filmada suscribiendo el documento".

"En la audiencia del juicio realizada el jueves 5 de diciembre, el acusado de delitos sexuales utilizó la declaración previa mientras ejercía su propia defensa técnica", recordaron los fiscales y añadieron que "en ese acto, el documento quedó incorporado al proceso, y a partir de dicha instancia se generó el peligro concreto de que las falsas declaraciones contenidas en el mismo indujesen a error a la Fiscalía y al tribunal del juicio".

"Los abogados imputados lograron el objetivo que se habían fijado en el marco del plan criminal, es decir, que la madre de la víctima y testigo del juicio –que estaba declarando bajo juramento–, admitiese como verdaderas las afirmaciones falsas contenidas en el documento, todo a partir del temor en ella provocado, lo que le impidió el libre desarrollo de sus actos", argumentaron los fiscales.

Armas

En relación al imputado Ghio, los fiscales agregaron que "en el marco de un allanamiento en su casa, se encontraron dos escopetas, una carabina y una pistola calibre 9 milímetros, las cuales eran aptas para efectuar disparos, y de las cuales no tenía la debida autorización legal".

Delitos

Los cuatro abogados fueron imputados como coautores de los delitos de amenazas coactivas y falso testimonio (en calidad de autores mediatos).

Por su parte, a Barale y Ghio también se los investiga por el delito de encubrimiento.

A su vez, Ghio fue imputado por el delito de tenencia de arma de guerra y tenencia de arma civil.

Medidas cautelares

Los representantes del MPA confirmaron que "desde la Fiscalía solicitamos que los cuatro imputados queden en prisión preventiva" e indicaron que "el juez consideró suficientes las evidencias presentadas para sostener la materialidad y la autoría de los hechos imputados; dijo que son correctas las calificaciones penales escogidas por la Fiscalía y también sostuvo que están presentes tanto la posibilidad de entorpecimiento probatorio, como el peligro de fuga".

"Sin embargo, el magistrado evaluó que los riesgos procesales podían neutralizarse con medidas menos gravosas que la prisión preventiva, y por eso dispuso una cantidad importante de normas de conducta", especificaron los fiscales.

Entre las normas de conducta ordenadas por el magistrado, se les impuso a los cuatro imputados una prohibición de contacto total y absoluta, y por cualquier medio, con la víctima y con testigos; prohibición absoluta de acercarse al puerto de Reconquista y prohibición de salir de la provincia y del país. Además, deberán presentarse dos veces por semana en el MPA y se estableció una fianza de 20 millones de pesos para cada uno.

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JUEVES 12 DE DICIEMBRE

SE REANUDA EL JUICIO ORAL PARA DEGOUMOIS POR ABUSOS SEXUALES DE UNA MENOR 

En relación al juicio oral que se venía desarrollando, el tribunal dispuso la suspensión. A raíz de esa decisión, los fiscales Hereñú, Díaz y Del Río Ayala pidieron a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Reconquista que el debate oral se reinicie de forma inmediata.

"Es de suma importancia que se reanude el juicio oral, de conformidad al principio de celeridad y a las obligaciones internacionalmente asumidas, en tanto al tratarse de un caso de violencia sexual contra una adolescente, conforme los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), convierten al caso en prioritario en orden a la celebración de audiencias que permitan el avance del proceso", solicitaron en el escrito.

Luego de la presentación que hizo la Fiscalía, la OGJ notificó a las partes que el debate se reanudará el jueves a las 8 de la mañana.