A través del Decreto 168 del jueves 6 de febrero de 2025, el gobernador Maximiliano Pullaro transformó el retiro voluntario del subcomisario Adrián Aníbal Lamazón en destitución.
Cabe recordar que él, en 2021, había sido condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial, como autor penalmente responsable de los delitos de "apremios ilegales en concurso real con incumplimiento a los deberes de funcionario público", hecho del que fue víctima Julián Soto, un joven de la ciudad de Avellaneda.
"Surge claramente que el empleado policial (R) Lamazón se desinteresó de los deberes esenciales a los que debía someterse como empleado de la Repartición, siendo su función principal la de velar por la manutención del orden público, actuando como auxiliar permanente de la justicia y bregando por la vida, los bienes y demás derechos de la población, máxime si se tiene presente que un empleado policial tiene como función básica la de prevenir la comisión de delitos por parte de los ciudadanos y no ser parte de ellos", se expresó en el documento.
Se tuvo en cuenta también que "el causante no aportó ningún elemento que pueda desvincularlo de los hechos atribuidos", y "que estas conductas atribuidas al administrado resultan reprochables no sólo en el ámbito penal, sino también en el administrativo, y que como talafectan el prestigio de la Institución policial y por consiguiente la dignidad de los funcionarios".
RECORDAMOS EL CASO
La persecución penal estuvo a cargo del fiscal Alejandro Rodríguez y el abogado Lucas Acosta en representación de la víctima como querellante. De asistir al imputado se ocupó la defensora pública María Noel Severo; y el juez que dictó la sentencia de primera instancia es Gonzalo Basualdo.
El hecho imputado ocurrió en el mes de julio de 2017, en la Comisaria III de la ciudad de Avellaneda.
El juicio comenzó el lunes 10 de mayo y concluyó con la sentencia tres días después.
Al comenzar el juicio el fiscal Rodríguez le dijo al juez que "demostraré que ocurrieron hechos ilícitos, que sucedieron, existieron, y que existe un autor responsable de esos hechos que es el imputado en la presente causa que es el señor Lamazón".
Sostuvo que "demostraré" que el 11 de julio de 2017, en horas de la mañana, Lamazón concurrió al domicilio de Julio Soto, hablo con su madre, le manifestó que necesitaba mantener una conversación y que lo trasladaría a la Comisaria de Avellaneda. La madre le manifestó que ella también quería ir a la Comisaria, "accedió, vino, subieron al móvil policial, llegaron a la Comisaria y allí Mónica Coronel -madre de Soto- fue derivada hacia el Hall y Lamazón quedó con Soto, lo ingreso a la parte de los pasillos donde funcionan los dos calabozos y propinándole golpes, agresiones, vejaciones, para interrogarlo respecto de un hecho, achacándole un hecho contra la propiedad... el hecho existió, Mónica Coronel se acercó a la guardia de la Comisaria donde fue atendida por la funcionaria policial, a la que le manifestó que le vaya a decir a Lamazón, que deje de pegarle a su hijo porque escuchaba". Al respecto, pidió que en el juicio declararen esa mujer policía; y dos médicas, Cian y Cerf, para corroborar que ellas constataron las lesiones que tenía Soto. Y también cuatro personas más que por aquel entonces eran menores de edad, quienes estaban alojados en la celda de la Comisaria y observaron cuando Lamazón le pegaba e interrogaba a Soto; y más policías quiénes estaban en la Comisaria en el momento del hecho.
El fiscal siempre se mostró convencido que iba a demostrar en el juicio que los hechos ilícitos sucedieron, que el policía Lamazón fue autor de apremios ilegales e incumplimiento a los deberes de funcionario público, ya que no puso en conocimiento del Ministerio Público de la Acusación las actividades realizadas, su accionar no fue conforme a lo que establece el Código Procesal Penal.
El abogado Lucas Acosta, en representación de la víctima, reprochó a Lamazón "haber realizado conductas ilícitas, prohibidas por nuestro Código Penal" y que adhería a lo manifestado por el fiscal en cuanto a los hechos sucedidos, la calificación penal y el reproche pretendido.
Insistió en reprochar que el policía incumplió con su obligación de dar conocimiento al director de la investigación penal preparatoria, que es el fiscal de turno en ese momento, y con quien ahora acusa. Remarcó que según la legislación vigente, el policía debe darle conocimiento al fiscal "de toda medida que haya practicado o que este pendiente de practicarse en relación a este presunto hecho contra la propiedad que habría cometido la persona a quien estaba interrogando, "totalmente improcedente", calificó.
Detalló el querellante que "en inmediaciones del pasillo de los calabozos", Soto "fue sorprendido con un golpe de puño en su rostro cerca de su oreja" y Lamazón "le exigió" que se saque la ropa, que se arrodille, y entonces "arremetió físicamente" propinándole golpes de puños y rodillazos, principalmente en el pecho y en la zona intercostal izquierda, mientras lo amenazaba con vincularlo a otras causas si no le decía donde estaban las computadoras robadas.
Además, Lamazón incumplió su deber como funcionario público, "llevando a cabo diligencias investigativas contra el joven sin haberle dado conocimiento al director de la investigación, conducta ilícita que se suma a la anterior mencionada, totalmente reprochable por un funcionario público".
Dejó claro que aquel 11 de julio de 2017, Lamazón actuó "solo", no reprochó ninguna complicidad de otro policía, tampoco el fiscal.
Finalmente repudió el "delito cometido en un contexto de violencia institucional por un funcionario del estado, obrando con medidas ilegítimas contra una persona cuya autonomía de la libertad no la pudo utilizar de manera plena, socavado y golpeado a más no poder en los confines del calabozo mencionado ".
De asistir al imputado se ocupó la defensora pública, ya que Lamazón no contrató abogado particular. La Dra. María Noel Severo sostuvo que "estamos frente a una persona inocente"; y pidió al juez que tenga en cuenta que "está en juego el futuro de una persona que afirma su inocencia, una persona honrada que hace casi 20 años se gana el pan diariamente sirviendo a la comunidad con su trabajo y es sostén de familia".
Video del veredicto y las repercusiones. ReconquistaHOY transmitió en vivo-directo. Ofrecimos la palabra al condenado, a su defensora, a la víctima, a su madre y al fiscal.
A continuación podés leer el decreto completo:
